La propuesta de Presupuesto General de la República para el 2024 registra un aumento del 3.6 %. Sin embargo, el analista económico Wilfredo Díaz recuerda la baja eficiencia en la ejecución presupuestaria del 2023 y el riesgo de continuar con los mismos mecanismos de ejecución para el año entrante.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
El 8 de septiembre, la presidenta Xiomara Castro aprobó en Consejo de Ministros cuatro decretos, entre ellos, la propuesta de Presupuesto General de la República para el año 2024 que sería enviada al Congreso Nacional. Este presupuesto —que asciende a más de 400 mil millones de lempiras— presenta un aumento de 3.6 % en comparación al presupuesto del 2023, lo que representa un aumento absoluto de 14,060 millones de lempiras, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Wilfredo Díaz, analista económico y consultor, indica que, si bien el incremento en esta propuesta es positivo, una de las mayores debilidades del gobierno actual en materia económica ha sido la baja ejecución presupuestaría o ejecución de fondos. En su análisis, son distintos los factores que influyen en esto, entre ellos: una nueva administración en las finanzas públicas, la ejecución presupuestaria de años anteriores (por medio de normativas como fideicomisos) y la falta de eficiencia en la ejecución de recursos.
Para el economista Julio Raudales, es importante considerar que el presupuesto general es un instrumento de planificación que debe estar atado a un grupo de objetivos y a elementos que tienen que ver con evaluaciones tanto antes, durante y posterior a la ejecución del presupuesto.
Sin embargo, opina Raudales, como el presupuesto hondureño no está atado a ningún instrumento de planificación, no tiene sus objetivos definidos y no se sabe a que van dirigidos los esfuerzos de gasto público, «no pasa nada si este no se ejecuta», es decir, no existe un mecanismo que castigue o reconozca a los funcionarios responsables de ejecutar los recursos del Estado.
«El presupuesto simplemente en términos prácticos para Honduras, es la justificación legal que tiene la gente del gobierno para gastarse la plata en las cosas que a ellos les parecen pertinentes para su bienestar personal y no necesariamente para el bienestar del país, ya que no se tiene alguna meta definitiva, y no se sabe a dónde va la plata», indica Raudales a Contracorriente.
Según el Fosdeh, hasta julio de 2023, la administración central había ejecutado apenas un 35% del presupuesto aprobado para este año, y la administración descentralizada un 43%. De este presupuesto, la deuda pública fue el pago con el mayor gasto presupuestario con 19 mil 596 millones de lempiras, y el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social fue la institución con menor ejecución presupuestaria con 3 millones de lempiras.
Además, en este mismo estudio el Fosdeh revela que, en cuanto a la inversión pública, en el sector salud solo se ha invertido un 18%, en educación 12.2% y en agua y saneamiento un 1.8%. Por otra parte, en energía se ha invertido un 52.7%, en recursos forestales y ambientales 34.9% y en modernización del Estado un 28%.
Sobre la nueva administración, Wilfredo Díaz detalla que, si bien es costumbre rotar a casi todo el personal de las instituciones cuando hay un cambio de gobierno, esto puede repercutir en el desconocimiento de cómo realizar los procesos en el sistema de compra y pagos. Además, el experto en temas económicos indica que, aunque se contraten personas capacitadas para los puestos de trabajo siempre se pierde a personal técnico y esto entorpece la ejecución de recursos.
Añadido a esto, Díaz estima que el personal asignado a las finanzas del país ya debería de haber cumplido la curva de aprendizaje de los últimos dos años con procesos afianzados para la ejecución del presupuesto 2024.
«Este sería el último año de oportunidad para cometer errores, porque al final van a suceder dos cosas: uno, va a haber una afectación en la economía nacional según los resultados del presupuesto general, porque si la ejecución es mala no va a tener incidencias; y dos, esta administración va a correr el riesgo de que la población vaya por otra opción a la hora de votar», señala el analista.
Otra de las razones por las cuales no ha existido una buena ejecución de recursos por parte de la administración actual, según Díaz, es por la eliminación de procesos o estructuras para ejecutar recursos, como es el caso de los fideicomisos u otros mecanismos.
En mayo de 2022, el Congreso Nacional derogó 19 fideicomisos aprobados desde 2008 a 2021. La finalidad de esto —según el ejecutivo que fue el que envió esta propuesta al legislativo—, es regresar los fondos que antes estaban en la banca privada a la Secretaría de Finanzas a través de la caja única de la tesorería.
El economista continúa explicando que, si bien estos decretos fueron eliminados por temas de incumplimiento en su finalidad, transparencia y por estar ligados a corrupción, este mecanismo pudo haber funcionado para ejecutar fondos de forma más eficiente siempre y cuando se rindieran cuentas en portales de transparencia.
Aumento en infraestructura para año electoral
Uno de los puntos más destacados de la propuesta de presupuesto general es el incremento del 87% de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) —que equivale a más de 5 mil millones de lempiras— comparado con el presupuesto de 2023. En detalle, la SIT pasó de tener un presupuesto de 6 mil 580 millones de lempiras a 12 mil 281 millones.
Este incremento a la SIT, —secretaría que se encarga de operar en el sector de infraestructura a nivel nacional en cuanto a la construcción de carreteras, urbanismo, edificaciones públicas y obras de mitigación— se da en el año destinado a elecciones primarias en Honduras.
Julio Raudales, doctor en economía, indica que el incremento en la infraestructura previo a un año electoral es algo recurrente en Honduras, y que es por esta razón que se debe observar detenidamente en qué se destinará el presupuesto asignado no solo a la SIT, sino a todas las secretarías e instituciones.
«Hay que ver cuáles son los elementos de este presupuesto que están destinados a la política, considerando que viene la campaña electoral. Eso fue más o menos lo que hizo el Partido Nacional durante los tres gobiernos que tuvieron, hacían que los presupuestos tanto del año previo a las elecciones como el del año de las elecciones estuvieran muy dirigidos a financiar temas que tienen que ver con asuntos electoreros», aseguró Raudales a Contracorriente.
Por otro lado está la disminución del presupuesto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en un 43 %, pasando de 21.8 millones de lempiras a 12.4 millones. Sin embargo, la Enee se mantiene como la institución en la administración descentralizada con mayor asignación presupuestaria con más de 46 mil millones de lempiras.
Lo anterior significa que, aunque la Enee sea la institución con mayor asignación presupuestaria en la propuesta de presupuesto para 2024, funcionará con 43 % menos de fondos respecto al 2023.
Entre las instituciones que mantienen su presupuesto para el próximo año están el Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Secretaría de Recursos Naturales (SAR), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la presidencia de la República.
Para el economista Wilfredo Díaz, es positivo el aumento en asignación presupuestaria a instituciones y secretarías para el próximo año, sin embargo, señala la necesidad de que se detalle hacía dónde van estos recursos.
«No es suficiente solo haber asignado esos recursos, sino que también saberlos ejecutar bien, que es digamos una de las debilidades que ha tenido este gobierno en sus primeros dos años, como lo hemos venido viendo en su ejecución presupuestaria», dijo Díaz a Contracorriente.
Acuerdo con el FMI compromete a la ENEE y manda a ordenar la administración tributaria
En septiembre de este año, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo por 822 millones de dólares a favor de Honduras con el objetivo de respaldar los esfuerzos en materia de gobernanza, transparencia y combatir la corrupción en el país.
En este acuerdo, los directores del FMI señalaron que el objetivo del programa es crear un espacio fiscal para aumentar el gasto social y la inversión, implementando en este sentido la reforma tributaria prevista.
Ante esto, la presidenta Xiomara Castro y funcionarios del gabinete económico —entre ellos la secretaria de finanzas, Rixi Moncada— celebraron este acuerdo con el FMI y destacaron la aprobación del Proyecto de Ley de Justicia Tributaria (LJT) por este ente financiero.
Contra todos los pronósticos, siguiendo instrucciones d la Presidenta @XiomaraCastroZ; el Gabinete Económico concluye con éxito Programa con el FMI, aprobado este día por unanimidad. La Ley de Justicia Tributaria q evidenció la vileza y podredumbre del sistema, está incorporada.
— Rixi Moncada (@riximga) September 22, 2023
La LJT fue presentada en el Congreso Nacional en mayo de este año y posteriormente fue socializada con los distintos sectores de la economía. Sin embargo, hasta el momento no se ha discutido en el pleno del legislativo y tampoco se ha establecido fecha para que esta sea discutida.
Sin embargo, el economista Wilfredo Díaz asegura que no es primera vez que el FMI ha recomendado la suspensión gradual de exoneraciones —algo que contempla esta normativa— tomando en cuenta que Honduras es uno de los países con más gasto tributario en la región.
Entre los ajustes y medidas que propone la LJT están la eliminación de regímenes especiales como las Zonas Libres y el régimen de importación temporal que exoneran todos los impuestos por períodos de más de 70 años; la eliminación de la condonación de deudas tributarias y la eliminación del sector bancario para fines tributarios.
Según el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe de 2023» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde 2000 el ratio de impuestos y Producto Interno Bruto (PIB) más alto de Honduras fue de 22% en 2016, y el más bajo fue de 17.2% en el 2000.
Wilfredo Díaz indica que el espíritu de la LJT es adecuado debido a que «se han otorgado muchos beneficios tributarios a agentes privados sin límite de tiempo y de los cuales se han aprovechado a través del tiempo», y que además es necesario consolidar todos los beneficios fiscales que están dispersos en un solo marco legal.
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Sin embargo, el analista opina que lo mejor hubiese sido introducir las reformas que contempla la LJT de forma gradual y así evitar el rechazo por una parte del sector empresarial.
El 13 de septiembre, Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), presentó una demanda pública ante el Ministerio Público con pruebas en contra de «empresarios de la cúpula».
Esto se dio después de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instara a Ochoa a presentar pruebas en el MP, luego de que el titular de la SAR publicara en su cuenta de X que «Honduras está controlado por una mafia de 10 familias exoneradas por el Cohep, que a través de su brazo narco político BOC [Bloque de Oposición Ciudadana], busca imponer su fiscal [general] de la impunidad. Es lamentable que, por anuncio publicitario, algunos medios se presten a manipular la población».
@contracorrientehn El ministro de la Secretaría de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, se presentó hoy al Ministerio Público con decenas de cajas en las que él asegura que hay pruebas sobre corrupción público privada en la que incurren en delitos ex funcionarios del gobierno, empresarios hondureños y empresas transnacionales. Esta acción se dio en respuesta a un reclamo que realizó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) después de que el ministro acusara a esta representación empresarial de ser parte de una mafia que ahora financia al Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) que según el gobierno de Xiomara Castro conspira para dar un golpe de Estado y defiende los intereses de las grandes familias que se han enriquecido de las exoneraciones fiscales. #noticias #Honduras #periodismo #MinisterioPúblico #JusticiaTributaria #empresarios ♬ sonido original - Contracorriente
Otra de las observaciones que realiza el analista en temas económicos es que este acuerdo con el FMI contempla el tema de pérdidas y sostenibilidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), lo cual puede representar un riesgo considerando que el gobierno anterior tenía un acuerdo con el FMI en el cual el centro era el programa de reducción de pérdidas y mantener la sostenibilidad de la Enee y que este fracasó.
Aunque el acuerdo actual con el FMI no contempla exclusivamente a la Enee y la empresa estatal no es el centro del programa, para Díaz este acuerdo que fracasó en la administración anterior vuelve a tomar relevancia si la Enee no cumple con los indicadores del FMI y si tampoco se ejecuta de forma eficiente el presupuesto.
Según el CNA, la estimación en viáticos para los congresistas propietarios es de 2 mil lempiras al día por tres sesiones ordinarias a la semana.
En términos generales, el economista menciona que, si bien este acuerdo tiene como finalidad preservar la sostenibilidad de la deuda, aumentar la inversión pública y generar un impacto en el bienestar de la población, es decir, temas macroeconómicos, pueda que en temas de país la sociedad hondureña no vea estos beneficios directamente.
Congreso Nacional con aumento del 5.2% a pesar de incertidumbre y baja producción legislativa
Otro aspecto importante de la propuesta de presupuesto para el 2024 es el aumento de 5.2% en la asignación presupuestaria para el Congreso Nacional. Para el economista Wilfredo Díaz será importante conocer cómo se desglosará este presupuesto, considerando la baja producción legislativa y los largos periodos en los que el legislativo no sesiona.
El Congreso Nacional no ha regresado a sesionar desde el 31 de agosto, después del segundo intento para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Rafael Sarmiento, jefe de bancada del Partido Libre, anunció que hasta que no haya consensos para la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, los congresistas no regresarán a sesionar.
Ante esto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, determinó el 17 de octubre como fecha límite para establecer consensos para la elección de los titulares del Ministerio Público, esto después de haber nombrado una «Comisión Especial de Diálogo y Consensos» conformada sólo por diputados del Partido Libre con excepción del presidente Redondo, que pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH).
El presidente del poder legislativo advirtió que, de no elegir a las nuevas autoridades del MP antes del 17 de octubre, se procederá a discutir en el Congreso la derogación del decreto 117-2019 — el cual blinda a congresistas de responsabilidad civil, penal o administrativa por acciones y conductas como legisladores— y las reformas al Código Procesal Penal para dar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) facultades para «investigar, acusar y llevar a juicio hasta su respectiva sanción los delitos y conductas de personas naturales y jurídicas en materia de corrupción pública y privada».
Luego de tres semanas sin que en el Congreso Nacional se logren consensos para elegir a un nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto, el presidente Luis Redondo creó una «Comisión de Diálogo» para conversar con las diferentes bancadas. pic.twitter.com/ZLeVmUh5cZ
September 26, 2023
Según el informe «El eterno receso legislativo» del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la estimación del total en viáticos por congresistas propietarios es de 6,429,651.75 de lempiras mensuales por tres sesiones ordinarias a la semana.
Según el CNA, la estimación en viáticos para los congresistas propietarios es de 2 mil lempiras al día por tres sesiones ordinarias a la semana.
Ante la pausa en las sesiones del Congreso, el diputado Jorge Calix publicó en su cuenta de X una solicitud al Congreso Nacional para exigir no recibir salario hasta que se regrese a sesionar al hemiciclo legislativo. Sin embargo, según el informe del CNA, Jorge Calix está en el top 10 de congresistas con mayor inasistencia, con apenas 3 días de asistencia hasta julio de este año.
En cuanto a recomendaciones para la ejecución presupuestaria del Congreso Nacional, el CNA sugiere al legislativo elaborar una planificación estratégica y operativa realista y enfocada en necesidades y prioridades sociales, publicar en el Portal Único de Transparencia la liquidación de los fondos otorgados a diputadas y diputados por concepto de «subvención» en el mes de diciembre de 2022, y programar que las sesiones del Congreso Nacional deben realizarse en horarios ordinarios.
Ante este panorama, el economista Wilfredo Díaz señala que es importante mantener un equilibrio entre el cumplimiento de los ideales políticos por parte de la administración actual y las metas en materia económica.
«Hay que saber cómo llevar estas dos realidades y encontrar un equilibrio que cumpla en alguna medida con las aspiraciones ideológicas o políticas de la administración actual y que cumpla con las eficiencias que busca el mercado y el bienestar de la población en general» subrayó Díaz.
