Ramiro Lara, defensor de derechos humanos y ambientalista en el occidente del país, fue objeto de un atentado el 15 de septiembre de 2023. Contra su casa impactaron 22 disparos de arma de grueso calibre. Él cree que este hecho tiene origen en la defensa de un bosque en una aldea de Santa Rosa de Copán.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Archivo Contracorriente
El viernes 15 de septiembre el defensor de derechos humanos y el ambiente José Ramiro Lara sufrió un atentado en su vivienda ubicada en Santa Rosa de Copán, zona occidente del país. A las 11:38 p.m., pistoleros aún no identificados dispararon en 22 ocasiones contra la viviendade Lara y su familia.
Al momento del atentado, en la vivienda se encontraban el activista ambiental, su esposa y dos de sus hijos. Lara sostuvo que aunque los disparos despertaron a su familia, él no se imaginó que eran tal cosa así que tranquilizó a su esposa diciéndole que eran petardos. Al siguiente día, al ver los agujeros en las ventanas y paredes de la casa, se percataron que habían sido víctimas de un atentado. El momento quedó registrado en un video de cámara de seguridad en el cual se observa el momento en el que cuatro personas se acercan a la vivienda de Lara y uno de ellos empuña el arma y realiza los disparos. Segundos después se alejan del lugar.
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— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) September 17, 2023
Tirotean la casa del ambientalista Ramiro Lara en Santa Rosa de Copán. pic.twitter.com/M2kkW7WySm
Lara contó a Contracorriente que en los últimos meses él ha formado parte de un equipo que está en defensa de un bosque en la parte alta de Santa Rosa de Copán. En ese lugar se han deforestado más de seis manzanas de bosque, se sospecha que con fines habitacionales.
Lara mencionó que aunque uno de los señalados de ser responsable de la deforestación manifestó que es para hacer milpa y sembrar café, la gente de la comunidad está convencida de que en la zona quieren hacer un complejo habitacional. «Estamos apoyando la lucha de una comunidad que se llama El Carrizal, ellos están luchando por detener una deforestación en la parte alta porque afecta a cuatro fuentes de agua», dijo Lara, quien en ese momento comentó que no se encontraba en su casa como una medida de seguridad.
Lara explicó que esta deforestación tiene lugar en una zona de recarga para un fuente que provee a Santa Rosa de Copán el 25 % del agua que se consume. El ambientalista sospecha que sus acciones en defensa del bosque lo han puesto como blanco de los dueños de este terreno: «Aparentemente los propietarios de esa deforestación han mostrado su malestar a la comunidad por estar protestando, han tratado de intimidar y la comunidad pasa esos mensajes y quiérase o no genera un impacto negativo», dijo.
La defensa del medio ambiente sigue siendo uno de los oficios más peligrosos en Honduras. Los defensores del ambiente como Ramiro Lara, viven en permanente riesgo.
En lo que va de 2023, ocho activistas han sido asesinados en Honduras. Estos crímenes permanecen en impunidad. Antes de esto, de acuerdo con la oenegé Global Witness, entre los años 2012 y 2021, 117 ambientalistas fueron asesinados en el país.
En el 2016, fue asesinada en su vivienda la luchadora ambiental Berta Cáceres, por cuyo asesinato la justicia hondureña condenó a siete personas—las sentencias van de 30 a 50 años— pero la familia continúa exigiendo que se juzgue a los autores intelectuales. En la década de los 90, se registraron las muertes de Jeannette Kawas y Carlos Escaleras.
De hecho, no es la primera vez que Ramiro sufre un atentado. En el 2018 su vida corrió peligro. En aquella ocasión, él cree que los autores de las amenazas estaban vinculados a la empresa Minerales de Occidente S.A, subsidiaria de la canadiense Aura Minerals, que opera en el occidente del país.
Esta empresa tiene una operación de minería a cielo abierto en el municipio de la Unión, Copán. Ahí, para sacar oro de las entrañas de la tierra, desplazaron a una comunidad de un sitio a otro y después, buscando más oro, incluso quisieron mover el cementerio de la comunidad de Azacualpa. Exhumaron cadáveres hasta que fueron detenidos por un amparo.
Después del atentado, Lara estuvo con medidas del mecanismo de protección, que le fueron retiradas en 2019 cuando se estimó que las amenazas se habían reducido. «Ellos hacen una evaluación y al bajar la intensidad del riesgo, toman la decisión de suspender las medidas, en ese momento el riesgo venía del sector minero», dijo el ambientalista.
Lara expuso que en aquella ocasión pasó por alto hacer la denuncia ante la Policía Nacional, pero esta vez, el sábado 16 de septiembre, fue acompañado por un amigo, a poner en conocimiento a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de este nuevo atentado. Dijo que las autoridades ya han iniciado las investigaciones y que le manifestaron que había un contingente «pendiente» de cualquier movimiento frente a su casa.
Ramiro está dedicado a la defensa de los derechos humanos y el ambiente desde el 2000, actualmente trabaja con la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (Asonog), que emitió un comunicado condenando el atentado y explicando que Lara en los últimos meses ha estado involucrado en la lucha contra la «alarmante deforestación en sitios aledaños a Santa Rosa de Copán». El comunicado apunta que la valiosa labor de denuncia realizada por Ramiro «ha provocado un acto cobarde en su contra».
Asonog realizó un llamado a la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos para que se unan a la causa de exigir justicia para Ramiro y «todos aquellos que sufren injusticia en Honduras».
Desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) se condenó el ataque contra el defensor y se instó al Estado a actuar para proteger su integridad personal. «Hacemos un llamado al Estado a proteger su vida y la de su familia, y realizar una pronta investigación de los hechos y sanción de los responsables», mencionó OACNUDH en redes sociales.
A través de la red social X, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Campos de María, manifestó que el mecanismo de protección «ya estaba activado y la policía estaba vigilante», pero en el momento de la conversación con Ramiro, él se encontraba en una casa en Santa Rosa de Copán y desconocía las medidas que se tomarían para protegerlo.
La Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado instó a la Policía Nacional a que se brindara la seguridad necesaria a Ramiro y su familia. También pidió al Ministerio Público realizar una «investigación exhaustiva, transparente e imparcial».
