La empresa Sulambiente reclama a la Municipalidad de San Pedro Sula el pago de una deuda por 817 millones de lempiras, acción sustentada en un informe del Tribunal Superior de Cuentas. El alcalde Roberto Contreras y el vicealcalde, Omar Menjívar, rechazan ese informe mientras que un grupo de regidores han adoptado una posición diferente y presionan para que la municipalidad haga un acuerdo de pago con la empresa. Para el vicealcalde Menjívar, este conflicto tiene su origen en el tráfico de influencias de un negocio millonario que ha saqueado la alcaldía de la ciudad más próspera de Honduras.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Amílcar Izaguirre y Jorge Cabrera
El 16 de abril de 2023, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un informe en el que se recomienda a la Municipalidad de San Pedro Sula pagar a la empresa Sulambiente, sin afectar la factura mensual, la suma de 817 millones de lempiras. Este documento salió a la luz después de que el alcalde Roberto Contreras solicitó al TSC una auditoría de los contratos, documentos, soportes y la operación de la Municipalidad entre el año 2014 y 2022. Entre todos los asuntos revisados está el contrato de la empresa Sulambiente, que provee los servicios de recolección de basura, barrido de calles y gestión del relleno sanitario en San Pedro Sula.
El alcalde Contreras pidió la intervención del TSC después de que en noviembre de 2022 dijo que se estaba gestando «un golpe de estado municipal» en su contra. En ese momento, la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) investigaba una red interna que supuestamente opera en la municipalidad y que ha sido beneficiada con jugosos contratos.
Aunque ahora el alcalde Contreras y Omar Menjívar hacen un bloque común en contra del informe del TSC, en aquellos días el alcalde sampedrano apuntaba su dedo acusador contra Menjívar y contra el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, a quienes acusaba de urdir conjuntamente un plan para derrocarlo.
En busca de protección contra el supuesto plan para sacarlo de la Alcaldía, Roberto Contreras —que ganó las elecciones de noviembre de 2021 gracias a una alianza con Omar Mejívar por medio del Partido Libre—, llegó incluso a felicitar públicamente al exalcalde de la ciudad por el Partido Nacional, Armando Calidonio —actual regidor en la comuna sampedrana— quien durante la campaña fue su principal adversario político. Ahora, según Menjívar, el exalcalde Armando Calidonio es uno de los principales impulsores para que la actual administración pague los 817 millones de lempiras a Sulambiente.
El vicealcalde Menjívar explicó a Contracorriente que las ideas de Contreras no eran correctas, pues las diligencias de la Uferco no están dirigidas contra él sino que esa unidad investiga la operación de un grupo que ha logrado contratos en la Municipalidad de San Pedro Sula realizando maniobras indebidas.
Pese a que Sulambiente aparece en el contrato como la empresa encargada del barrido de calles en San Pedro Sula, Menjívar sostiene que este trabajo no es manejado directamente por esta empresa. A juicio del funcionario, Sulambiente presta su nombre a una empresa —cuyo nombre no reveló—- que forma parte de un grupo que Menjívar considera que se ha hecho de varios negocios en la municipalidad utilizando sus influencias en los políticos locales. En el contrato con Sulambiente también se incluye el servicio de recolección de basura y el manejo del relleno sanitario, que aunque están contemplados en un mismo contrato, se cobran con facturas y estándares diferentes.
El reclamó administrativo que hace Sulambiente, acompañado por el informe del TSC, está basado en un término que aparece en la Ley de Contratación del Estado denominado «costos mayores». El vicealcalde Omar Menjívar aseguró que Sulambiente no había reclamado antes estos valores; «ahora hay un gran debate, que a mí me ratifica que todo esto se mueve a través de esta red, que ha manipulado los negocios aquí en la alcaldía», dijo Menjívar.
El informe provocó división en la corporación municipal
Para el vicealcalde Omar Menjívar, hay situaciones que han rodeado la elaboración de este informe y su traslado a la alcaldía que no parecen apegadas a la norma. Sostiene que, en principio, ese informe debió ir dirigido al alcalde municipal Roberto Contreras como representante legal de la municipalidad, pero en lugar de eso, se lo entregaron al gerente financiero, cuando este es un asunto administrativo.
Después de haber sido entregado al gerente financiero, el informe llegó a la sesión de corporación municipal, contó Menjívar, quien añadió que «con todo el dolo del mundo y el conocimiento, no lo hicieron a través de la secretaría; eso lleva un propósito, porque es un asunto meramente administrativo, no le compete a la corporación. Lo hicieron para que los regidores tuvieran un pronunciamiento en el tema y eso fue lo que se intentó en la última sesión de corporación que se llevó a cabo. Uno de los regidores presentó una moción».
Menjívar explicó que antes de las sesiones de corporación, los regidores reciben con tres días de anticipación la información necesaria sobre los temas a tratar y las mociones que se van a introducir. No obstante, en la sesión número 62, llegado el momento de los puntos varios, el regidor del Partido Liberal, Antonio «Toñito» Rivera, introdujo una moción en la que, en resumen, propuso que se instruyera a la gerencia financiera y a la tesorería a presentan un plan de cumplimiento de la recomendación del TSC, o sea, pagar los 817 millones de lempiras.
El vicealcalde sostuvo que el regidor Rivera aprovechó el momento para presentar esta moción, «que nadie sabía que se iba a presentar y nadie la tuvo a mano por escrito» y una vez aprobada no habría más que ejecutarla. «Si ahí se toma una decisión ejecutiva, al alcalde, como autoridad, le toca ejecutar lo que dispone la corporación municipal», sostuvo Menjívar.
Después de presentar la moción —explicó Menjivar— siguió la etapa de «sensibilización» de los regidores, en la que el mismo Antonio Rivera reconoció que era un tema administrativo y, en su discurso a sus compañeros regidores, les dijo que «el Tribunal remitió tendenciosamente el informe a la corporación con lo cual, oficialmente, nos está haciendo del conocimiento y estamos obligados a pronunciarnos y a tomar una decisión al respecto; si no lo hacemos, corremos el riesgo todos los miembros de esta corporación de ser reparados». Después de decir esto, Menjívar aseguró que Rivera sacó el historial de las veces que él como regidor ha recibido reparos en su gestión por parte de las autoridades de control financiero y administrativo.
Rivera ha sido regidor en cuatro ocasiones contando el actual período; en la primera ocasión fue por el Partido Liberal, luego en dos ocasiones por Libertad y Refundación y ahora nuevamente por el partido Liberal; en las últimas tres elecciones fue candidato a la alcaldía pero perdió dos veces contra Calidonio y una contra Contreras. Para contrastar la versión del vicealcalde, Contracorriente se comunicó con el abogado Rivera, pero no respondió la solicitud de entrevista para hablar del tema.
El exalcalde Armando Calidonio también dio un discurso en apoyo a la moción de Rivera.
Cuando Calidonio fue alcalde, durante los primeros nueve meses del segundo período (2018-2022), la alcaldía sampedrana estuvo pagando a Sulambiente el concepto de costos mayores, pero luego, estos pagos fueron interrumpidos sin reclamo de la empresa, aseguró Menjívar.
Menjívar, que estuvo presente en la sesión de corporación número 62, consideró que la moción de Rivera era improcedente porque la alcaldía tiene derecho a disentir con el informe del TSC y a «expresar su desacuerdo a través de una oposición formal mediante un procedimiento administrativo que está contemplado en la ley, la alcaldía tiene derecho a defenderse de ese planteamiento del Tribunal; tiene 15 días para impugnar ese informe». El vicealcalde sostuvo que le solicitó al regidor Rivera que retirara la moción al calificarla de inoportuna y también porque estaba claro que la propuesta iba a ser aprobada, «es momento de defendernos y oponernos», le dijo.
«La Alcaldía tiene derecho a disentir con el Tribunal y expresar su desacuerdo a través de un procedimiento administrativo que ya está contemplado en la ley», Omar Menjívar, vicealcalde de San Pedro Sula.
Después de la discusión de la moción, el alcalde Contreras finalizó abruptamente la sesión número 62 sin llegar a la votación. Las siguientes tres convocatorias para reunir a la corporación no tuvieron éxito pues los seis regidores que apoyaban la moción de hacer un trato con Sulambiente no asistieron. Según Menjívar, estaban presionando para que se sometiera a votación la propuesta. Desde entonces —y cuando hablamos con el vicealcalde Menjívar el jueves 18 de mayo— tres sesiones de la corporación no se habían podido realizar por falta de quórum. Para la tercera convocatoria, los seis regidores se excusaron a través de un solo documento, exponiendo desacuerdos con el alcalde Contreras. Además, de Rivera, los regidores que no asistieron a las reuniones son Armando Calidonio(PN), Luis Cardona(PN), Francis Rodríguez(PN), Vicente López(Libre) y Carmen Elena Paz(Libre).
La excusa de los regidores inicia así: «Nosotros, los abajos firmantes, miembros todos de la honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula, electos por el voto popular y directo de los vecinos del municipio, nos excusamos justificadamente para la sesión ordinaria número 63, convocada para el jueves 18 de mayo».
Después, el documento expone los motivos que llevaron a los regidores a tomar esta decisión: «En la revisión de la agenda de la sesión convocada, vemos que no se incluye la ratificación del Acta 61 en su totalidad y en donde a la moción presentada por el regidor Antonio Rivera y secundada por la mayoría de miembros de la Corporación Municipal, no se le cedió la palabra a varios regidores y muchos menos se llevó a cabo la votación, ya que la cesión fue cerrada por un exabrupto del alcalde en franco exceso de sus atribuciones y en pleno irrespeto al órgano deliberativo y ente superior».
Además, en la excusas los regidores aclaran que el alcalde y vicealcalde no han sido autorizados para representar al cuerpo colegiado, que es la corporación, «lo que ha generado es un clima adverso e innecesario a lo interno de la corporación con el ente contralor [TSC] con rango constitucional; queremos dejar claro que las declaraciones vertidas por ambos no representan el parecer de este órgano superior, quienes respetamos y apoyamos la institucionalidad de los diferentes órganos del Estado».
Mencionaron en el comunicado que todas esas «acciones arbitrarias» han creado un clima adverso en contra de los seis regidores, «quienes consideramos en peligro nuestra seguridad personal y nos imposibilita comparecer de manera presencial en el salón consistorial». Luego solicitan que la reunión se realice el 25 de mayo de forma virtual y que en la misma se incluyan los aspectos señalados en la moción.
Con intención de ampliar la posición de este grupo de regidores, Contracorriente contactó a la regidora Carmen Elena Paz, quien inicialmente aceptó conversar sobre el tema pero después ya no respondió a los mensajes. En declaraciones a medios de comunicación ella expuso que no estaban dispuestos a soportar más el irrespeto del alcalde Contreras. «No tenemos ni oficina en la Municipalidad, y no solo eso, son varios temas», dijo.
El 22 de mayo, finalmente la Corporación llevó a cabo la reunión que había sido pospuesta en tres ocasiones, pero la confrontación siguió. Los seis regidores antes mencionados impusieron la agenda ante la molestia del alcalde Contreras. No obstante, la moción que propuso el regidor Rivera sobre seguir las recomendaciones del TSC no fue aprobada en la sesión.
Fue un error pedir el informe
Para Menjívar, los hechos actuales demuestran que haber solicitado la intervención del TSC, en lugar de ser una decisión acertada del alcalde, «parece que fue un error ya viéndolo a estas alturas, aunque el alcalde lo hizo con la mejor intención; fue abrir una oportunidad para que esta red identificará una forma de obtener un informe que le avalara para reclamar lo que no habían reclamado antes», dijo.
Menjívar explicó que en la Ley de Contratación del Estado está contemplado el reconocimiento de costos mayores pero en el caso de contratos de obras públicas que, según él, no es el caso del contrato suscrito con Sulambiente que cae en la categoría de prestación de servicios o suministros.
Contracorriente buscó conocer la versión de Sulambiente, pero se nos hizo saber que dicha empresa ha dejado clara su posición mediante un comunicado en el que expresa literalmente «que el contrato de prestación de servicios entre la Municipalidad de San Pedro Sula y Sulambiente, incluye el Régimen Económico (cláusula 20) y el Equilibrio Económico Financiero, que establece las causas y el mecanismo de autorregulación para el reconocimiento de mayores costos».
En el comunicado, la empresa resalta «que la municipalidad tiene dos contratos a largo plazo y siendo que ninguno de ellos es contrato de obra pública, y según criterio muy subjetivo de los asesores municipales, los mayores costos y el equilibrio financiero aplica solo a uno de los contratos y no al de Sulambiente, pese a que ambos tienen el mismo origen legal, lo que evidencia un desconocimiento de la ley y un intento más de confundir a la opinión pública. No permitiremos que se pretenda engañar a la ciudadanía de SPS».
La Ley de Contratación del Estado, en el Capítulo III sobre la estructura administrativa, artículo 31 inciso 9, que trata sobre las funciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, menciona que esta oficina debe «estudiar y preparar fórmulas para el reconocimiento de escalamiento de precios y de mayores costos en la contratación administrativa, según dispone la presente Ley, y someterlos al Poder Ejecutivo para su aprobación». Este artículo no es nada específico. También en la sección de derechos de contratistas se menciona el reconocimiento de mayores costos.
En el Capítulo V, que trata sobre los contratos de obra pública, artículo 75, menciona que el reconocimiento se aplicará durante el plazo original del contrato y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas. La figura de mayores costos no es mencionada en las secciones de la ley que se refieren a otro tipo de contratos como el de suministros o consultorías.
Ahora, la alcaldía ha impugnado el informe emitido por el TSC, que no fue validado por el pleno de ese tribunal ya que el abogado Roy Pineda renunció para asumir el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y su sustituto todavía no ha sido nombrado. En una comparecencia en Televicentro, el alcalde Roberto Contreras descalificó el informe emitido pues no estaba firmado por los tres magistrados. No obstante, en el mismo programa, el presidente del TSC, José Juan Pineda, dijo que el «informe es válido, aunque no lo acepte la alcaldía». Con un confuso juego de palabras, el magistrado explicó que el informe en mención recomienda a la alcaldía que respete lo estipulado en el contrato, pero de ninguna manera le está diciendo que pague o no.
El vicealcalde Menjívar declaró que él y el alcalde están convencidos de que el monto sugerido por el TSC no debe ser pagado, y que más bien Sulambiente debe reponer a la municipalidad más de 400 millones que le fueron pagados durante los nueve meses del segundo período municipal de Armando Calidonio. «Yo casi tengo la seguridad que esto va a terminar en una demanda judicial porque ellos ya presentaron el reclamo a través de la secretaría, un reclamo administrativo que es el requisito previo para presentar una demanda en contra de cualquier institución del Estado. Adelanto que ese será declarado sin lugar porque desde el alcalde y todos los que estamos involucrados estamos convencidos que eso no se debe pagar. La alcaldía tiene el respaldo legal suficiente para negarse a eso, quien está tratando de abusar de las finanzas municipales es Sulambiente», dijo.
El vicealcalde Menjívar calificó de grave la actuación del TSC en esta controversia, pues afirmó que Sulambiente no estaba reclamando ningún pago y que ahora parece «que el Tribunal se coloca en una posición de gestión de cobros de la empresa».
Contracorriente buscó la posición de todas las partes involucradas, con poco éxito. También se comunicó con el encargado de prensa del TSC, Rodolfo Isaula, quien no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas sobre el tema con el objetivo de esclarecer la posición del ente contralor del Estado.
Menjívar manifestó que la alcaldía tiene el soporte legal para ganar una eventual demanda, pero que si la demanda fuera declarada con lugar, «ahí no solo van a reclamar los millones, si no también los intereses y las costas del juicio, podría subir a más de mil millones, pero nosotros confiamos en que los jueces sabrán aplicar la ley de forma correcta y, si hacen eso, no hay forma que le den razón a Sulambiente», afirmó.
Sulambiente y los negocios
Sulambiente opera una concesión que se aprobó en el 2001 durante la administración del liberal Roberto Larios Silva —no obstante el contrato con la empresa fue firmado hasta el 2014 con la administración de Armando Calidonio— su finalización está pactada para el 2028 y, como traspasa varias administraciones, el contrato tuvo que ser aprobado por el Congreso Nacional porque así lo establece la ley.
En el Registro Mercantil de la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (CCIC), entre los socios capitalistas de Sulambiente aparecen sociedades como HECA S.P.A, ACEA S.P.A y la Constructora ETERNA S.A, de la cual es socio el exdesignado presidencial por el Partido Nacional, Alberto Díaz Lobo. En el Registro aparecen como representantes: Augusto Montanary, Roy Morales, Patricia Ciro, Alexa María Soto, German Martell, Felipe Fernando Kafati Chapa, Johny Kafati Sugebre, Juan Manuel Gómez y Salomón Andrés Kafati Chapa.
La historia entre Sulambiente y la alcaldía no comenzó bien. Ha sido una relación de desencuentros. Tras ser aprobada la concesión en el 2001, en el siguiente período, el alcalde Óscar Kilgore se negó a firmar el contrato. La empresa demandó y en el 2005 un juez sentenció a la alcaldía a pagar 5.9 millones de dólares por daños y perjuicios a Sulambiente sin que ésta haya recogido una bolsa de basura, pero no los pagó la administración de Kilgore. En el período 2010-2014, cuando era alcalde el doctor Juan Carlos Zúniga, los ingresos de la municipalidad fueron embargados dejando sin recursos a la administración para pagar salarios y ejecutar proyectos.
Sulambiente provee servicios a la municipalidad sampedrana de recolección y manejo de basura y barrido de calles por los que percibe entre 20 y 30 millones de lempiras en facturas mensuales. Estos valores están fuera de los mayores costos que después del informe del TSC está cobrando Sulambiente. Menjívar cuenta que la empresa también manejaba un contrato para limpieza y mantenimiento de bulevares, parques y solares baldíos, pero que ahora lo está realizando la alcaldía con su personal con lo que se ahorra entre el 40 % y 60 % por ciento de los valores que invertía cuando el trabajo lo hacía Sulambiente.
En el año 2016, durante la primera administración de Armando Calidonio se renovó el contrato con Sulambiente. La Municipalidad publicó las tarifas que la empresa comenzó cobrando por los servicios prestados y luego las que cobra ahora más el concepto de costos mayores. Por ejemplo, en el 2016, en el servicio de recolección se cobraban 211 lempiras por tonelada recolectada y para el 2022, con mayores costos incluidos, la tonelada estaría valorada en 656 lempiras. El aumento más evidente se da en el barrido de calle en el que el kilómetro lineal —medida para cobrar este servicio— comenzó costando 98 lempiras en el 2016, pero para el 2022 la tarifa había aumentado a 677 lempiras.
En un documento compartido por la Municipalidad se menciona que la tarifa del barrido de calles es la que más ha aumentado porque se aplicaron ajustes semestrales en un «evidente incumplimiento del contrato firmado, además de incluir el componente reconocimiento por mayores costos». Respecto al aumento de tarifas, la municipalidad expone que estas serán ajustadas después del primer año de vigencia según el Índice de Precios al Consumidor que emite anualmente el Banco Central de Honduras (BCH). Además, si la inflación aumenta más allá del 8.5%, la tarifa también se puede revisar con base al índice de inflación.
Los pagos se realizan luego de la verificación que hace la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (Dirse) oficina a la cual llega la factura y se verifica que el valor que se está cobrando es el correcto. El vicealcalde Menjívar contó que desde el 2001, la misma persona estuvo a cargo de esa dirección, «esa persona trabajaba más para los concesionarios que la alcaldía, siempre validaba las facturas y ahora que ya se cambió esta persona, con las verificaciones correctas, la factura ha bajado».
La investigación
De acuerdo con el relato del abogado Omar Menjívar, el embrollo en el que está la alcaldía tiene su origen en la investigación que realiza la Uferco y por la cual el alcalde solicitó la revisión y auditoría al TSC del contrato con Sulambiente. «La investigación sigue, lo que pasa que son investigaciones complejas. Lo que yo denuncié es cómo esta red maneja las cosas de tal manera que se asegura que los contratos se les adjudican a ellos».
Sobre la capacidad de maniobra de esa red, Menjívar sostiene que ha llegado a influir en los términos de referencia publicados para la adjudicación de contratos y así ellos se aseguraron que iban a cumplir tales requerimientos para que se le asignara determinado contrato. El abogado aseguró conocer un caso en el que en los términos de referencia se mencionaba que la empresa ganadora de la licitación debía poseer un camión con determinadas características y resulta que el camión lo había comprado justamente el grupo que denuncia Menjívar, «eso no estaba en los términos habituales para la adjudicación ese contrato, pero como ellos compraron ese camión, lo pusieron en los términos de referencia».
El vicealcalde contó que en el inicio de la administración de Contreras hubo una licitación que no fue pública acerca de la limpieza para lugares públicos y solares baldíos, que se convertían en potencial criadero de zancudos porque venían las lluvias y había que limpiarlos, pues había un dictamen de la gerencia de salud que decía que ese era un escenario peligroso. «Se decretó una emergencia y se autorizó que en lugar de hacer una licitación pública se haga privada en la que se manda una carta de invitación a determinadas empresas a proveedores que aparezcan como tal en la base de la municipalidad», dijo Menjívar.
El funcionario mencionó que ellos, al ser nuevos en la corporación, pensaron que en la licitación, a la que llegaron tres propuestas, todo estaba bien. «Al final, las ofertas presentadas fueron: Sulambiente, la del grupito este, y la otra que ellos subcontratan. El acuerdo era que la oferta más baja la iba presentar Sulambiente, las otras bien arriba. Así lo manejan, los nuevos que estábamos aquí cuando miramos las tres empresas dijimos “al menos tres aceptaron” y son lo mismo [se ríe], pero si uno no está atento puede caer porque en apariencia todo está bien», aseguró.
«Lo que llega a la corporación municipal en el contrato y lo demás uno lo ve al revés y derecho y está bien, va bien cuadrado con la ley, pero toda la historia que hay detrás y la manipulación, eso no se conoce», remató Menjívar.
Las denuncias de Menjívar encuentran eco en el historial de corrupción de la Municipalidad sampedrana. En 2008, el excalde nacionalista Óscar Kilgore (2002-06) fue encontrado responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Ha estado emplazado en los juzgados por más de 15 años, siendo absuelto por la justicia en 12 ocasiones . En 2015 fue nuevamente acusado y encontrado culpable de no poder justificar un capital personal de 8,9 millones de lempiras. Fue enviado a prisión hasta que en 2018 el nacionalista fue absuelto.
También el exalcalde liberal Rodolfo Padilla Sunseri fue acusado por abuso de autoridad en 2015. Tuvo que pagar una millonaria suma para recibir casa por cárcel, pero, en 2017, la medida fue revocada y se ordenó que fuera a prisión. Desde entonces, el exedil permanece prófugo de la justicia. En 2022, su caso recibió sobreseimiento definitivo por el delito de abuso de autoridad tras haberse acogido a la amnistía aprobada por el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, pero Padilla Sunseri aún tiene una causa abierta en su contra por malversación de caudales públicos. No es nada nuevo hablar de corrupción en la Alcaldía sampedrana.
