El lunes 6 de marzo, en una aldea de Comayagua, nueve personas fueron asesinadas en una emboscada, de las cuales seis eran miembros de una misma familia. El suceso conmocionó al país ya que fue parte de una serie de homicidios múltiples ocurridos desde principios de 2023 en plena vigencia del estado de excepción. Esta última tragedia simboliza el fracaso del plan de seguridad del Gobierno y ejemplifica la desprotección en que viven los que quedan después de una masacre, abandonados por la institución policial que les prometió protección.
Texto : Célia Pousset
Fotografías : Jorge Cabrera
Son casi las ocho de la mañana y un grupo de niños y niñas caminaban hacia la escuela «Dulces Sueños» en donde estaban apunto de comenzar las clases. Caminaban en la carretera de tierra entre la aldea Ojo de Agua y Corralito con su uniforme de camisa blanca a la orilla de los cafetales empolvados de esta región montañosa, a cincuenta kilómetros al norte de Comayagua. A la misma hora, cuesta arriba, enfrente de la casa de los Aguilar Del Cid, arrancó un convoy de vehículos transportando seis ataúdes.
Tres patrullas policiales y tres pick-up privados, acompañados por un puñado de motos, emprendieron un viaje hacia el cementerio de La Laguna. Llevaban seis de las nueve víctimas de la masacre del lunes 6 de marzo, la novena registrada desde principios de 2023 en un país bajo estado de excepción.
Los que se aglomeraban en silencio alrededor de los ataúdes transportados en las pailas de los pick ups, son los que habían asistido al velorio de Linder Aguilar del Cid, Miguel Aguilar del Cid, Carlos Humberto Alguilar del Cid, Henry Ismael Aguilar Del Cid, Ismael Aguilar Morales y José Aguilar Morales. Eran cuatro hermanos de entre 20 y 29 años y dos de sus tíos ; todos acribillados en una vuelta de esa misma carretera de tierra. Iban de regreso a casa después de haber dejado al padre y hermano en el hospital San Felipe en Tegucigalpa, en donde iba a someterse a una cirugía.
En el pick-up emboscado iban también Rosa Delia Canales, oriunda de Corralito, y los pastores Hernán Dominguez y Edwin Anael Hernández quienes habían pedido aventón hacia la comunidad y también fueron asesinados.
Mientras el convoy funerario avanzaba a baja velocidad entre baches y piedras, pasó enfrente de la casa de la familia de Rosa Delia. «Van a bajar después a la maestra», explica Esmeralda, prima de los cuatro hermanos asesinados. Aquí todos llaman a esa mujer «la maestra» ya que solicitaba una plaza para enseñar en la zona de Corralito. A ella también la van a enterrar en el cementerio de La Laguna esta mañana del miércoles 8 de marzo.
Esmeralda llevaba dos días sin dormir, pasó una noche en la morgue de Tegucigalpa y otra en el velorio. «Nadita pudimos dormir desde que la policía nos trajo a la capital para recuperar los cuerpos», dijo. Se quedó un día entero en Medicina Legal, tramitando constancias para obtener donaciones de ataúdes y esperando que los peritos terminaran las autopsias. Pero Esmeralda no era la única esperando. Aquel día, además de los 9 de Comayagua, 6 cadáveres más ingresaron a la morgue del Ministerio Público por muerte violenta.
En la morgue, los familiares de las víctimas se las ingeniaron para cumplir con todos los requisitos. A Doña Sonia, viuda de Hernán Dominguez, una técnica forense le exigió una foto de su esposo sonriendo. «Tiene que sonreír porque debemos verle los dientes», insistió la funcionaria ya que esto les facilita la identificación de los cuerpos. Doña Sonia había llegado con su hijo de 18 años y lo único que tenían a la mano era el documento de identidad de Hernán. Con la mirada vacía, buscaron en un celular su sonrisa. «Miren ¿Hay alguien en su casa? Deberían de llamar para que les mande una foto de un cuadro», les sugirió Rosa Ondina del Cid, mientras esperaba los cuerpos de cuatro sobrinos y dos hermanos.
María Ángela, viuda de José Aguilar –el hombre que manejaba el pick-up y que fue acribillado primero– iba y venía entre una silla de la sala de espera y un lugar afuera del edificio donde tres empleadas de la funeraria «La Príncipe» recibían a los familiares. Esa funeraria trabaja con la morgue judicial y, entre otros servicios, se encarga de proporcionar ataúdes y mortajas y de preparar los cuerpos a familias de escasos recursos.
José Aguilar cultivaba maíz y café, y tenía tres hijas. María Ángela no contaba con el dinero para pagar la sepultura, por lo tanto se convirtió también en una beneficiaria de los denominados «ataúdes del pueblo», una iniciativa de la Municipalidad de Tegucigalpa implementada por primera vez por el exalcalde Nasry Asfura. De las nueve víctimas de la masacre, siete familias tuvieron que solicitar esa ayuda de la municipalidad y los otros dos ataúdes fueron donados por la funeraria «Divino Redentor» de Comayagua.
En las primeras horas después de la tragedia y mientras la familia pasaba su luto en medio del terror, miembros de la policía trasladaron a los familiares de Comayagua a Tegucigalpa y aseguraron el transporte de los cuerpos. Al regreso, fueron los militares los que se encargaron de llevar los ataúdes a casa. Pero el apoyo de estas instituciones no duró mucho. Al día siguiente, nada podía hacer la Policía Nacional para ayudar a la familia Aguilar Del Cid pues no tenían capacidad para movilizar una patrulla para llevar a Dionisio al hospital, tampoco podían resguardar su casa y protegerla de un posible ataque. Pocas horas después del shock, la indiferencia estatal adquiría su dimensión más perversa.
En la carretera zigzagueante entre Ojo de Agua y Corralito, algunos metros antes de llegar al cementerio, el convoy pasó frente a la escuela «Dulces Sueños» donde los alumnos esperaban sentados detrás de sus mesas. El timbre que anuncia el cambio de clases sonó, pero nadie escuchaba, pues la profesora, parada en el umbral de la puerta, fotografiaba con su celular la procesión de los seis cuerpos de los miembros de la familia campesina de Comayagua.
«Sólo Dios sabe por qué»
Para la gente de Corralito y de las aldeas vecinas, el motivo de la masacre es un misterio. O así dicen. Nadie se atreve a hacer suposiciones de por qué se emboscó a la familia Aguilar Del Cid. El silencio está cargado de miedo y recelo. Unas 300 personas asistieron al entierro, algunas de ellas no eran de la comunidad. «Vienen de lejos», dijo Don Gustavo, un hombre con sombrero ancho que habita La Laguna desde hace 67 años.
Don Gustavo aseguró que la zona era «sana» y que nunca había vivido algo parecido, pero que últimamente ha empezado a haber más movimiento de personas «ajenas a la comunidad». Contó que aquella tarde de la masacre se celebraba un cumpleaños y que los cohetes resonaban en el aire. Cuando escuchó la balacera –que «duró bastante»– pensó «Eso no es el cumpleaños». Pero, como la mayoría de los demás en el velorio, no tiene idea de lo que pudo ocurrir, «Nadie sabe, sólo Dios sabe».
Rosa Ondina del Cid, tía y hermana de los difuntos, negó que haya problemas de tierra en la comunidad y mencionó rumores de una amenaza que estaría pesando sobre la familia Aguilar Del Cid. «He oído hablar de un mensaje que dice que van a matar a toda la familia», murmuró mientras se abrían por última vez los ataúdes, dejando entrever las caras de los muertos. Rosa Ondina no sabe de dónde viene el rumor. No ha visto el mensaje ni sabe quién puede tenerlo.
Poco a poco, grupos de personas treparon hacia las alturas del cementerio donde se habían abierto las fosas. Algunas más se esparcieron entre las tumbas, e inmóviles como espantapájaros, observaban desde lejos los ataúdes que bajaban en la tierra.
Los allegados empezaron a echar puñados de tierra en los ataúdes. María Ángela se encontraba al borde de la fosa de su esposo fallecido José Aguilar cuando un hombre se acercó a ella. «En cuanto esté más tranquila, mañana o pasado, que vaya a hacer los trámites para recuperar el carro decomisado –le aconseja– hay que reparar la carrocería y venderlo». María Ángela contestó «gracias» y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca me hubiera imaginado vivir eso», dijo cuando el hombre se alejó. Su hija menor, quien se acurrucó entre sus brazos, empezó a chupar la cadena dorada que colgaba de su cuello.
Sobreviviente de masacre sin protección
En la casa de la familia Aguilar Del Cid, aun después del entierro, las velas iluminaban un altar. Debajo de los retratos colgados en la pared, seis vasos de agua estaban cubiertos por ramas de hierba en señal de ofrenda. El olor a morfina inundaba el cuarto. De regreso del entierro, la familia se sentó afuera en las sillas pláticas prestadas por la iglesia para el velorio.
Dioniso Aguilar, el patriarca de la familia, enseñó a Contracorriente las plantaciones de café que rodean su propiedad. Posee tres manzanas de tierra en Corralito y seis manzanas más en Torriles, donde trabajaban sus cuatro hijos y sus dos hermanos asesinados.
«No entiendo cómo sucedió. Me llevaron al hospital. Pero no me operaron porque al rato me llamaron para decirme que me habían fregado los hijos» contó Dioniso. Dijo que no recibieron amenazas y que no tenían problemas con nadie, «andábamos trabajando limpio, no teníamos enemigos».
– ¿ Quién le avisó ?
– Mi hijo mayor, el que se salvó.
Sentado en la tierra, con una rama en la mano y jugando con una hormiga, el hombre a quien señaló Dioniso escuchaba sin decir nada. Tenía los ojos enrojecidos y dirigió su mirada hacia su reloj de manera obsesiva.
Es el testigo protegido que la Policía no está protegiendo y la fuente que el canal de televisión HCH expuso en una entrevista sin proteger su identidad. La Policía condenó esa exposición pública a través de un comunicado exigiendo la supresión de la entrevista.
Al cabo de algunos minutos, sin soltar su rama, el hombre de 30 años contó a Contracorriente lo que ha vivido, entre frases breves y sonrisas perdidas: «Eran las 4 :30 de la tarde. Eran entre 12 y 15 personas armadas. Yo estaba en la paila. Mataron primero al chofer que frenó y después hubo una balacera desde la derecha y los cuerpos cayeron sobre mí. Logré saltar de la paila. Me escapé. Reconocí a cuatro hombres que había visto en partidos de fútbol. Corrí una hora en el monte. Me siguieron. Llamé al 911 pero no contestaron, llamé a mi mujer, a mi padre […]»
«Yo también llamé al 911 y tampoco contestaron –añadió su esposa– le rogué a Dios que lo salvara porque no se podía contar con la Policía».
A la pregunta de por qué alguien podría querer dañar a su familia, el hombre mencionó a un primo que fue asesinado en junio del 2022 y a una familia de la zona que fue capturada por el hecho y que luego fue liberada. Dijo que cree que aquella familia pudo sospechar que los Aguilar Del Cid denunciaron a sus miembros. «Pero, no, no denunciamos a nadie» afirmó Dioniso.
Negligencia estatal en la protección de la familia
Durante su interrogatorio, el sobreviviente de la masacre declaró a la Dirección Policial de Investigación (DPI) que había reconocido a cuatro hombres y brindó sus nombres. Pero a pesar del alto riesgo de sufrir represalias, la policía no estaba cerca de la casa de los Aguilar Del Cid para proteger a sus miembros y tampoco sacó inmediatamente al testigo protegido de la comunidad.
Además, la policía había prometido a la familia apoyar con el traslado de Dioniso al hospital de Comayagua debido a su deteriorado estado de salud, pero según uno de los familiares, nadie en la Policía contestó el número de teléfono que les habían proporcionado.
Cuando este medio intentó saber por qué no se había dado apoyo a la familia, el vocero policial, Norman Velásquez, admitió que no había ninguna patrulla disponible. «Tenemos un motín en el Centro Penal de Comayagua y no podemos movilizar un vehículo para la petición, porque si no otras zonas del departamento estarán desprotegidas –informó– pero mañana, pueden llamarnos y les brindaremos asistencia».
Al día siguiente, la familia se preocupaba aún más por Dioniso, que no había comido ni dormido desde la masacre. Pero la respuesta fue la misma por parte de la policía. «Fíjese licenciada que se nos dañó un vehículo –detalló el vocero– y que los otros están ocupados».
Lo que se percibía como una negligencia cobró más fuerza cuando la familia llamó a Contracorriente para avisar que «hombres armados» vigilaban su casa desde un promontorio y que se sentían desprotegidos porque la Policía no estaba. Este medio llamó a la Policía para alertar y una patrulla se movilizó hasta la casa familiar.
Según la Policía, las seis personas eran «gente común» y no andaban armadas. «Estamos mandando patrullas en la zona. La policía realiza trabajos de prevención con diferentes operativos de registros donde se dio el lamentable hecho. Además ofrecemos una recompensa de 300,000 lempiras a la persona que brinde información sobre el paradero de los responsables», aseguró Velásquez.
Después del suceso –señal de la zozobra y la paranoia en las que viven los que apenas empiezan el duelo– una parte de la familia fue trasladada a otro lugar por seguridad.
Según las últimas informaciones brindadas por las autoridades, hay cuatro órdenes de captura y una persona habría sido puesta a disposición del Ministerio Público de Comayagua.
Policía Nacional: «La violencia no es un problema policial, sino un problema social»
La masacre en Comayagua ocurrió dos días después de la de Comayagüela, en el Distrito Central, en la que siete personas perdieron la vida. En Honduras, tanto las áreas urbanas como rurales están viviendo una ola de violencia que el Gobierno no logra detener.
En un discurso proclamado a un año de haber tomado posesión de la presidencia, Xiomara Castro alardeó los buenos resultados del estado de excepción en términos de reducción de homicidios. Hoy, el mensaje ha cambiado y se hace alarmista. En un tweet publicado a las 5 de la mañana del día siguiente del asesinato múltiple de Comayagua, la Presidenta dio un ultimatum a la Secretaría de Seguridad: «Todo lo que me han solicitado se los he resuelto. Control Nacional de los Centros Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, Estado de excepción y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional. No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios, entre otros. ¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡Se terminó el tiempo de espera!»
La Secretaría de Seguridad organizó el mismo día una conferencia de prensa para presentar los avances investigativos sobre los casos de Comayagua y Comayaguela. El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, estaba presente pero se quedó sentado, no contestó las preguntas de periodistas y se conformó con decir que «los hechos trágicos están bajo la lupa de la investigación criminal» y que «no es fácil cambiar una conducta que viene desde hace años».
A su vez, el director de la Policía, Gustavo Sánchez, apuntó un problema de presupuesto y de conducta social del pueblo hondureño. «Honduras es un país pobre, no tenemos todos los recursos disponibles. Tuvimos una depuración de la policía que nos privó de un tercio de los efectivos. Ahora tenemos 20,000 agentes policiales y la meta es de 28,000 […]. Estamos trabajando fuerte, pero hay una conducta social que desestabiliza todas las estrategias que estamos implementando. Recordemos que la problemática es social, no es policial». Añadió que en Honduras «tenemos un problema de convivencia en las zonas rurales causado por el uso de bebidas alcohólicas».
Sánchez estimó que la Policía Nacional ha logrado una disminución sostenida de los homicidios, y mostró, a modo de prueba, una tabla que compara los años 2021, 2022 y 2023. Pero últimamente la reducción se hace poco evidente pues hasta el 7 de marzo de este año se registraron 60 homicidios, contra los 64 del mismo período en 2022.
Las masacres ocurren en medio de la crisis del Sistema Nacional de Emergencia 911 cuyas cámaras no funcionan de manera adecuada y cuya línea telefónica no cumple con su función.
En el caso de Comayagua, un sobreviviente de la masacre llamó varias veces al 911 mientras huía de la escena del crimen, pero sus tres llamadas no fueron atendidas.
En 2022, la Policía Nacional registró 55 homicidios en el municipio de Comayagua. En comparación, se reportaron 362 homicidios en el Distrito Central, 246 en San Pedro Sula, 116 en Choloma, 86 en Catacamas y 82 en La Ceiba. Según el portavoz de la Policía de Comayagua, Norman Velásquez, el municipio presenta « índices de violencia con menor incidencia» y «los delitos por los que más se remiten capturados al Ministerio Público son por violencia doméstica y maltrato familiar».
La situación de violencia en el departamento de Comayagua se deterioró en los últimos años. En 2021, el boletín regional del Observatorio de la Violencia que cubre Comayagua, La Paz e Intibucá, registró una tasa de homicidios de 46,1 por cada 100,000 habitantes, lo que representó un aumento de 12,6 % respecto a 2020. Ese año fue inaugurado el aeropuerto internacional de Palmerola, un proyecto que generó incomodidad por parte de los habitantes que temían el auge de las actividades delictivas. El boletín detalla los posibles móviles de los homicidios en el departamento: el ajuste de cuentas (sicariato) representa el más alto porcentaje con 31.1% de los casos, seguido por las riñas interpersonales con un 30.3% y los robos.
De manera general, las zonas rurales no están bajo el control de pandillas, pero ejercen influencia en esas zonas a través de la venta de droga en el mercado local.
El portavoz negó a Contracorriente que Comayagua sea un corredor de la droga, ya que «sólo se incautan pequeñas cantidades de sustancias ilícitas». Respecto a la masacre, aseguró que «es un tema familiar, nada de maras. Son personas que buscan arreglar problemas por sus propias manos».
La «vendetta» es el móvil que la Policía Nacional ha puesto en primer lugar en su discurso ante la ciudadanía. En la conferencia de prensa realizada al día siguiente de la masacre, el director de la institución, Gustavo Sánchez, declaró que el «móvil está bajo reserva», pero el vocero de la PN, Miguel Martínez, evocó «problemas de tierra entre familias».
El lunes 13 de marzo, a las 6 de la tarde, la Presidenta Xiomara Castro convocó a la Secretaría de Seguridad, la Dirección de la Policía y de la Policía Militar en Casa Presidencial para que presenten «resultados y propuestas para detener la escalada de violencia». Fue una reunión a puerta cerrada donde participaron también Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, y Rebeca Ráquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero al salir de ella, no hubo declaración de ninguna de las partes presentes y se reprogramó una reunión para el jueves.
Mientras tanto, la familia Aguilar Del Cid sigue esperando protección. Esmeralda, la prima de los cuatro hermanos, envió un mensaje a Contracorriente diciendo que«hay bastante temor en la familia. Yo tengo miedo. Imagínese, ya cuántos de mi familia murieron. Lo que ha pasado es algo muy difícil de poder asimilar y poder entender por qué seres queridos ya no están con nosotros. Algunas personas dicen que han dejado un rótulo indicando que van a acabar con toda la familia. No sabemos si eso es verdad, pero imagínese, hasta a nosotros nos pueden matar. A mí, a mis hermanos, a mi familia».
