En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual y a la defensa de derechos humanos. Vicky fue asesinada en la noche del Golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, por agentes policiales. Ahora, 14 años después, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con las medidas reparatorias dictadas por la CIDH.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen
El 13 de marzo de 2023 la Red Lésbica Cattrachas —una organización que se dedica a la defensoría de Derechos Humanos de las personas Lgtbiq+—, entregó a la Secretaría de Seguridad de Honduras, 472 expedientes de muertes violentas que han contabilizado en el Observatorio de Muertes Violentas Lgtbiq+ desde 1994.
Estos datos, contenidos en 16 folios, contribuyen al cumplimiento del punto resolutivo número 17 dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Crear un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas Lgtbiq+».
Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas manifestó que no importa que algunas de estas muertes hayan ocurrido en 1994, «las familias biológicas y sociales (de estas personas) estamos siempre buscando justicia».
«A partir de la entrega de los expedientes por parte del observatorio y también con capacitaciones, Cattrachas va a estar conjuntamente con los investigadores de la DPI cuando hayan sucesos», señaló Mendoza, quien además detalló que esto forma parte del enfoque diferenciado que deben tener la policía y demás instituciones en sus investigaciones.
La entrega de estos expedientes se da en el marco del lanzamiento del proyecto «Vicky Hernández y Otras vs Honduras», un proyecto de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Red Lésbica Cattrachas. Además, esta iniciativa, —en la que también participa la Secretaría de Seguridad y cuenta con el apoyo financiero de la Cooperación Española—, tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. Sin embargo, el evento no contó con la presencia del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, ni de la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque. En lugar de Sabillón, un policía recibió los expedientes brindados por Cattrachas.
«Esperamos que esta impunidad disminuya considerablemente, y que los nuevos hechos de violencia —que también esperamos que no sucedan— no queden en la impunidad», apuntó Indyra, quien añadió que la entrega de estos expedientes representa un mensaje: no se puede matar a personas Lgtbiq+ ni a mujeres en este país sin tener consecuencias graves.
El 26 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, el 28 de junio de 2009. Esta sentencia contiene una serie de medidas reparatorias que el Estado de Honduras debe cumplir, entre ellas, una Ley de Identidad de Género que le permita a las personas trans identificarse con su identidad sexual y nombre de elección.
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Sobre esto, el subprocurador de la República, Tomás Andrade, explicó que «se ha avanzado mucho» en el proceso de la Ley de Identidad de Género, pero que esto también requiere de «cambios estructurales», entre ellos, reformas a la Constitución de la República.
«La Ley de Identidad de Género es un proceso que se está socializando y que se está llegando a acuerdos con el Registro Nacional de las Personas (RNP), institución del Estado responsable de la inscripción y naturalización de todas las personas, y cualquier acción de reformas que se puede llevar a caso debe ser ejecutada por el RNP. En este sentido, los comisionados del RNP están conscientes de la necesidad de reformar la legislación nacional y acomodarla a la jurisprudencia emitida por la CIDH y que está de conformidad a la Convención Americana de Derechos Humanos», expresó el subprocurador de la República, sin embargo, no adelantó cuáles son los avances en la creación de esta Ley.
Por otro lado, Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas aseguró que la falta de avances en la presentación de la Ley de Identidad de Género no se trata de algo técnico, sino del «fundamentalismo religioso que forma parte de los partidos políticos».
«El cambio de nombre, que también forma parte de la sentencia, está totalmente parado, más que por situaciones técnicas por el fundamentalismo religioso que forma parte de los partidos políticos», explicó.
Entre las medidas reparatorias que el Estado de Honduras debe cumplir luego de la sentencia dictada por la CIDH están: una beca educativa a favor de Argelia Johana Reyes Ríos, familiar de Vicky; la creación de la beca educativa «Vicky Hernández» para mujeres trans en Honduras; la formación, sensibilización y capacitación para cuerpos de seguridad; la adopción de protocolos especiales de investigación y el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.
