El pasado 12 de mayo el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. La iniciativa, presentada desde el Poder Ejecutivo, generó inconformidades entre distintos grupos pertenecientes al sector eléctrico en Honduras; entre estos, las autoridades de la EEH, que denunciaron tratos intimidatorios y desconocimiento en materia de energía por parte de funcionarios de Gobierno y el actual ministro de Energía, Erick Tejada.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El 12 de mayo de 2022, en horas de la madrugada, el Congreso Nacional aprobó la «Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social», también conocida como Ley Especial de Energía. La exposición de motivos de dicha ley indica que esta tiene la finalidad de «dar solución a uno de los principales problemas que atraviesa el país».
La Ley Especial de Energía ordena a la ENEE revisar todos los contratos de generación suscritos y que no han iniciado operaciones a ajustar el inicio de su operación según lo establecido en la nueva ley. Del mismo modo, la junta directiva y la gerencia general de la ENEE están autorizados a efectuar una revisión del recurso humano y una reestructuración administrativa y técnica de la empresa.
Según el Boletín Estadístico Febrero 2022 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la estatal mantiene 90 contratos con distintos generadores de energía privados, los que desglosados quedan en: 41 contratos con generadores de energía hidráulica, 17 con generadores de energía solar o fotovoltaica, 13 contratos con generadores de energía a base de biomasa, 3 contratos con generadores de energía eólica, 1 contrato con generadores de energía a base de carbón y 1 contrato con generadores de energía a base de geotermia. En comparación al Boletín del 2019 de la ENEE, la estatal rescindió 9 contratos con generadores privados de energía.
La Ley contempla declarar en estado de emergencia en materia energética al país, y, basados en esto, el Poder Ejecutivo y la empresa estatal tendrán que implementar un Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas para iniciar la evaluación y contratación para la construcción de represas de generación de energía con recursos renovables y para el control de inundaciones.
De esto se encargará la Comisión Nacional de Auditoría, integrada por delegados de la Secretaría de Desarrollo Económico, Transparencia y Anticorrupción, Aduanas, Finanzas, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), quienes también realizarán una auditoría a los estados financieros de las empresas generadoras de energía.
El ministro de Energía, Erick Tejada, manifestó que aprobar la ley era necesario porque Honduras cuenta con 300,000 hondureños sin acceso a la energía eléctrica, más de 16,000 millones de lempiras adeudados a los generadores privados de energía, y una deuda acumulada de más de 75,000 millones de lempiras de la estatal eléctrica, la cual representa el 10 % del Producto Interno Bruto actualmente.
La Ley Especial de Energía fue presentada al Congreso Nacional el 3 de mayo de 2022 por la presidenta Xiomara Castro. La implementación de nuevas políticas en el sector energía fue una de las propuestas de campaña de Castro previo a las elecciones del 28 de noviembre de 2021 y también lo recordó en su discurso alusivo a los 100 días de su mandato.
Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a la presidenta en su visita a Honduras el 6 de mayo de 2022: «Apoyamos la iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta Xiomara Castro en beneficio del pueblo de Honduras, sobre todo de la mayoría del pueblo, que va a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica barata y precios justos. Felicidades», manifestó el presidente mexicano mientras estrechaba la mano de Castro Sarmiento.
Por otro lado, la bancada del Partido Nacional expresó estar en contra de la aprobación de la Ley Especial de Energía si esta no era socializada previamente con los generadores de energía, las autoridades de EHH y los empresarios del sector energético en Honduras.
El diputado nacionalista Tomás Zambrano, presidente de bancada, aseguró a Contracorriente que la figura de justiprecio, contemplada en el artículo 4 de la Ley, es un sinónimo de «expropiación», lo que significa que el Estado «quite un bien a un privado para temas de interés público».
Según Erick Tejada, actual ministro de Energía, la ENEE enfrenta una deuda acumulada de más de 75,000 millones de lempiras.
«Nacionalizar a las empresas privadas generadoras de energía es un riesgo, todos sabemos que el Estado no es el indicado para administrar negocios, esto nos quitará inversión, y así ningún inversor va a querer venir a Honduras», afirmó Tomás Zambrano.
El artículo 5 de la Ley Especial de Energía establece estrictamente que, de no existir un acuerdo en la renegociación de los contratos entre la ENEE y las generadoras de energía eléctrica generada a partir de tecnología hídrica, solar y eólica, la estatal eléctrica podrá poner fin a la relación contractual y adquirir la planta energética previo el «justiprecio» mediante bonos del Estado.
Además, el artículo 18 de la Ley autoriza a la ENEE para realizar una reestructuración del recurso humano y administrativo de la estatal eléctrica conforme lo indique la Junta Directiva y Gerencia General de la ENEE.
Horas después de que fuera presentada la Ley Especial de Energía al hemiciclo legislativo, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Farnsworth Dogu, expresó vía Twitter que el escrito de la Ley Especial de Energía a presentarse en el Congreso Nacional provocaba «preocupación» sobre el «efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora». Seguidamente, la embajadora sostuvo reuniones con Erick Tejada, secretario de Estado en los despachos de Energía y gerente temporal de la ENEE; Rixi Moncada, secretaria de Finanzas; Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, y con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en los días posteriores a sus declaraciones.
Para comprender más acerca de las posturas y apertura a la Ley Especial de Energía, Contracorriente contactó al Cohep, a la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), y a los ministros mencionados anteriormente, sin embargo, este medio no obtuvo respuesta por parte de ninguno de estos grupos luego de las reuniones sostenidas con la embajadora de EE. UU., Laura Dogu.
El ministro de Energía, Erick Tejada, expresó que la Ley Especial de Energía busca complementar la Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada en 2014, agregando el componente humano y reivindicando el servicio de energía eléctrica como un derecho humano.
La Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), según lo indica en su objetivo, se aprobó con la finalidad de regular las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio hondureño, la importación y exportación de energía eléctrica, y la operación del sistema eléctrico nacional, lo que incluye la relación de sistemas eléctricos vecinos, su sistema eléctrico y el mercado eléctrico regional centroamericano.
El ministro de Energía aseguró que la Ley Especial de Energía contiene una radiografía de la «crisis heredada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica», y la reforma a 10 artículos de la Ley de Industria Eléctrica (2014), mismos que «planteaban un mercado liberalizado y que no se acoplaban a la realidad nacional». De esta manera, se reformaron los artículos 1, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 27, 28 y 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica.
La Ley Especial de Energía fue aprobada con 75 votos a favor, dentro de los cuales se incluyen a las bancadas del partidos Libre, Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Liberal, mientras que la bancada del Partido Nacional se posicionó en contra.
✅ APROBADA EN SU TOTALIDAD: Ley Especial para garantizar la energía eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional. pic.twitter.com/HbB6vaMNRq
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) May 12, 2022
Amenazas y tratos intimidatorios denuncia Empresa Energía Honduras
Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional y vicepresidente del Legislativo, aseguró que previo a la aprobación de la Ley Especial de Energía esta fue socializada con empresarios, miembros de sociedad civil y representantes locales, por lo cual todos coincidieron que «el subsector eléctrico era un desastre». Sin embargo, los apoderados legales de la Empresa Energía Honduras (EEH) manifestaron que su postura y las negociaciones sostenidas con los funcionarios hondureños no fueron escuchadas, y que, en su lugar, están siendo señalados injustamente en el artículo 8 de la Ley Especial de Energía.
El artículo 8 de la Ley Especial de Energía ordena a la Empresa nacional de Energía Eléctrica a informar al pueblo hondureño acerca de las «irregularidades en la forma de contratación de la Empresa Energía Eléctrica» y, seguidamente, presentar una denuncia formal al Ministerio Público para que este investigue el proceso de negociaciones efectuadas desde Colombia, Panamá y Honduras, antes y después de la adjudicación del contrato. Además, ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuar una auditoría de inteligencia financiera y cumplimiento legal en un plazo máximo de 30 días luego de la publicación de la Ley Especial de Energía.
«Se le ha querido vender a la sociedad hondureña que fue EEH quien vino a Honduras a buscar una relación contractual, cuando en realidad fue el Estado de Honduras quien después de andar en distintos países no encontró eco a la inversión que pudiese tener cualquier empresa en el extranjero con la ENEE. Fue precisamente Empresa Energía Honduras quien aceptó las condiciones de venir a invertir a Honduras, sacar el dinero de su bolsa para generar proyectos y más inversión dentro de la ENEE», manifestó en la conferencia de prensa Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de Empresa Energía Honduras.
Además, el apoderado legal de EEH indicó que, hasta septiembre de 2021, la empresa Manitoba Hydro International Ltd. (MHI), de origen canadiense, certificó el buen rendimiento en el control de pérdidas por parte de la Empresa Energía Honduras, y que, actualmente, el Estado está perdiendo 110 millones de lempiras mensuales al no instalar 164,000 contadores disponibles, función que antes era responsabilidad de la empresa colombiana y ahora está nuevamente a cargo de la ENEE.
«Se habla de que la ENEE está en la quiebra, y está teniendo pérdidas millonarias, pero hay algo que Erick Tejada no dice, y es que existen cualquier cantidad de instituciones del Estado que no pagan energía eléctrica», indica el apoderado legal de EEH, quien asegura que son 3,800 millones de lempiras los que distintas instituciones del Estado le adeudan a la ENEE, según datos de EEH.
Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de la Empresa Energía Honduras (EEH), denuncia que actualmente el Estado de Honduras está perdiendo 110 millones de lempiras mensuales, según informes de EEH.
Los intentos de entrevista por parte de Contracorriente al ministro de Energía, Erick Tejada, fueron postergados por días y no atendidos al cierre de esta nota.
Claudio Salgado, doctor en Economía, explicó a Contracorriente que una modificación al subsector eléctrico hondureño es algo que impacta directamente al bolsillo de la población, esto debido a que cuando se vende la energía a un alto precio y esta es tomada en cuenta como un insumo, lo mismo sucede con los productos en venta.
El doctor Salgado agregó que no será fácil el proceso de renegociación en los contratos con los distintos generadores de energía, pero que el enfoque de la energía como un derecho humano podría impactar de manera favorable a la población. Además, recomienda a la población no dejarse engañar por la postura de los empresarios, quienes plantean que lo primordial son las pérdidas, cuando estos se han beneficiado con grandes fortunas a través de contratos con el Estado.
Desaparición de la CREE y cancelación de la ODS
La Comisión Reguladora para la Energía Eléctrica (CREE) fue creada en 2013 bajo el artículo 3 de la Ley General de la Industria Eléctrica, el cual detalla que esta comisión será integrada por tres comisionados propuestos por una Junta Nominadora y nombrados por el presidente de la República. Entre las funciones de la comisión estaban: realizar inspecciones para confirmar la veracidad de los informes presentados por empresas del sector eléctrico, establecer las tarifas de transmisión y distribución de energía, otorgar licencias de operación para la transmisión y distribución de energía, y aplicar las sanciones correspondientes a las empresas.
Con la aprobación de la Ley Especial de Energía el 12 de mayo de 2022, la CREE desaparece y sus funciones pasan a ser administradas por el Centro Nacional de Despacho (CND), una entidad de carácter público y que formará parte de la estructura de la ENEE. El CND estará integrado por cuatro funcionarios designados por la presidenta, Xiomara Castro. El artículo 10 de la Ley Especial de Energía justifica la desaparición de la CREE «por ocasionar perjuicios económicos a los consumidores y a la ENEE en virtud de aumentar de forma injustificada el precio del costo base de la potencia firme de energía».
En el artículo siguiente, la Ley ordena la cancelación del Operador del Sistema (ODS) como una Organización No Gubernamental a cargo de garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la coordinación del sistema de generación y transmisión al mínimo costo. Esta función ahora será responsabilidad del Centro Nacional de Despacho.
Lo anterior fue criticado por congresistas del Partido Nacional; entre ellos, Marco Midence, exministro de Finanzas, quien manifestó estar en desacuerdo con que el ODS volviera a ser administrado por la ENEE, argumentando que esto significaba regresar a «prácticas oscuras del pasado». Por otra parte, Mauricio Castellanos, diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), expresó que ahora con el Centro Nacional de Despacho se sabrá «realmente» qué empresas serán rentables para invertir en el país.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) congratuló en un comunicado al Poder Ejecutivo por la aprobación de esta Ley y, conforme a la cancelación del ODS, instaron a los funcionarios que ahora integrarán el Centro Nacional de Despecho y a la Junta Directiva del mismo «apegarse estrictamente a lo emanado por la Constitución de la República, velando siempre por el interés de la población, con un enfoque basado en derechos humanos».
Las solicitudes de entrevista a funcionarios que integran la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) por parte de Contracorriente no fueron atendidas.
