El 3 de febrero de 2022, Rosaura sobrevivió al ataque de un hombre que la acosaba y hostigaba desde hacía tiempo. Con un machete, cercenó sus manos mientras ella estaba en la orilla de un río cerca de su hogar, en Choluteca, al sur de Honduras. Después de tres meses, Rosaura aún no tiene justicia y su agresor está prófugo. A pesar de las promesas del nuevo Gobierno de frenar los femicidios y la violencia contra las mujeres, sobrevivientes como ella siguen enfrentándose a la desidia estatal.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
El 3 de febrero de 2022, Rosaura se levantó a la una de la madrugada a preparar suficientes tortillas para ir a vender a la iglesia. Aquel día se llevaría a cabo la celebración al Día de la Virgen de Suyapa, una festividad católica celebrada en Honduras. «Prendí el fuego, me puse a moler, y, una vez terminé, me fui con mis hijas para una alborada de la iglesia a las cuatro de la mañana», cuenta, recordando ese día.
Rosaura Herrera López, de 35 años, es originaria de Santa Teresa, una aldea perteneciente al municipio de El Triunfo, Choluteca, zona sur de Honduras. Ella vive en un caserío conocido como «El Marañonal», llamado así por la abundancia de esta fruta astringente que se cosecha, sobre todo, en tiempo de verano. Su casa está en las cercanías de un río en donde acostumbraba a desgranar maíz, prepararlo para su cocción y amasar tortillas.
En ese mismo lugar, Rosaura fue atacada a machetazos por un hombre que identifica como un vecino, y que usualmente la invitaba a salir. Explica que nunca cedió a las citas e insinuaciones del agresor y que este, enfurecido, intentó matarla.
Transcurrió una hora en la alborada, cuando Rosaura se despidió de sus hijas y les dijo que tenía que quebrar el maíz de ella y de una vecina. A las cinco de la mañana llegó al río, pero al querer avanzar al otro lado, alguien impidió su camino. «De aquí no vas a pasar, no nos vamos a tardar mucho», cuenta Rosaura que le dijo un hombre, a quien en ese entonces no reconoció.
Antes de siquiera cuestionarlo, Rosaura sintió la primera herida de machete en su cabeza y por poco cayó desmayada, pero siguió soportando las heridas posteriores. Sus hijas la encontraron tendida a la orilla del río después de escuchar su grito de auxilio.
Para este momento el agresor ya había huido del lugar, y actualmente continúa prófugo de la justicia.
Rosaura llegó en ambulancia al Hospital Regional del Sur, inconsciente debido a lo profundo de sus heridas. Después de estar hospitalizada cinco días en ese hospital, fue remitida al Hospital Escuela Universitario en Tegucigalpa, capital del país, a más de 184 kilómetros de distancia de su casa.
El caso de Rosaura se volvió mediático tras su llegada a la capital; pero después de su hospitalización por unos días, no volvieron a saberse más noticias sobre ella.
Los servicios médicos detallaron que sufrió cuatro machetazos en su espalda, cuatro más en su cabeza y, en el esfuerzo de protegerse del ataque, el agresor cercenó por completo su mano derecha y cuatro dedos de su mano izquierda. Los médicos tuvieron que colocar un injerto en su cabeza utilizando piel de una pierna.
«Se había enamorado de mí. Ya me había propuesto cuatro citas y me insistía con que saliéramos a comer, él teniendo su esposa e hijos y sabiendo que yo tengo a mi marido. Me dejó muerta en vida», cuenta Rosaura.
Solo en tres meses de 2022, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) ha registrado 82 muertes violentas de mujeres, siendo el mes de marzo el que más contabiliza muertes, comparado al 2021 en el cual se registraron 86 muertes en enero, febrero y marzo. El arma blanca continúa siendo el tercer tipo de arma más utilizado en los casos de femicidio, luego del arma de fuego y de objetos no identificados.
Sumado a esto, el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (OV-UNAH), detalla en su infográfico «Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios», con datos de enero a diciembre de 2021, que cada 27 horas con 33 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras, y que es entre las edades de 30 a 59 años dentro de las cuales las mujeres son más violentadas y asesinadas.
Según el OV-UNAH, cada 27 horas con 33 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras.
Sandra Herrera es hermana de Rosaura y ha sido parte fundamental en su proceso de recuperación, aunque afirma que no tiene la disponibilidad económica de comprar todos los medicamentos y cubrir todas las necesidades que requiere el tratamiento médico.
Cuando llegamos a casa de Sandra, nos manifestó que solo quedaba un cartucho de pastillas disponibles para aliviar los dolores de Rosaura, que estas fueron «fiadas» y que estaba empezando a buscar medicamentos alternativos debido a que los dolores de su hermana son cada vez más insoportables.
«Soy una madre soltera, tengo seis hijos, pago casa, luz, agua, el colegio de mis dos hijos menores, entre otros gastos. No me ajusta (el dinero), tengo tres meses de alquiler de casa encima porque el dinero que tenía para pagar lo gasté en el proceso de Rosaura», explica. Sandra vive con recursos financieros limitados, pero es la única que se ha encargado de atender a su hermana, junto a otra hermana solo de madre de Rosaura.
En Choluteca, Rosaura no recibe apoyo financiero y vive en situación de pobreza. Su pareja no tiene la mano derecha y no puede utilizar la izquierda, por lo que él tampoco puede aportar con el sustento de su hogar, ya que no puede trabajar en el campo. A Rosaura solamente le ha quedado la solidaridad de su hermana, quien, además de asistir a Rosaura también se encarga de sus dos hijas de 17 y 13 años, y su hijo de 5 años.
La importancia de un proceso investigativo con enfoque de género
Rosaura interpuso la denuncia al mismo tiempo que estaba hospitalizada en el hospital Regional del Sur, en Choluteca. Su caso lo está llevando la Asociación Calidad de Vida, sin embargo, hasta el momento las autoridades le han informado que continúan en investigaciones y no saben nada de su agresor. Ana Cruz, directora de Asociación Calidad de Vida (ACV), asegura que los operadores de justicia hicieron su trabajo al tomar la denuncia, pero que es lamentable la poca agilidad en la investigación de estos casos.
La abogada Ana Cruz también explica que en la asociación procuran ir más allá en la atención a mujeres víctimas de violencia, incluyendo esto el seguimiento de los distintos casos y ejercer presión sobre los operadores de justicia para que estos realicen las respectivas investigaciones con la celeridad establecida en las leyes.
En el caso de Rosaura, la abogada expone que no ha sido fácil, pues las autoridades le han dicho que su denuncia está apenas en la etapa del libramiento de requerimiento fiscal y que no se ha registrado avances en la investigación. Tampoco han detenido al agresor.
«Solo sabemos que ya hay una orden de captura girada para la persona que le hizo esto a Rosaura», señala Ana Cruz, quien a su vez explica que en casos como estos es muy difícil dar más información porque esto puede obstaculizar las investigaciones.
La directora de ACV indica que la investigación de estos casos tiene que ir más allá por parte de las autoridades, en vista de ser una tentativa de femicidio. Además, desde la Asociación están abogando para que el Estado se haga cargo de todas las niñas y niños huérfanos a causa de femicidio, que este tiene la obligación de protegerlos.
El cuadernillo «Prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de las mujeres por parte del sistema operativo de justicia en los casos de violencia contra las mujeres y los femicidios en Honduras», de la Asociación Calidad de Vida, explica que el Estado debería de ser responsable y estar comprometido en dar una respuesta oportuna y eficaz a la probematica de violencia que sufren las mujeres y las niñas en Honduras.
Del mismo modo, el cuadernillo señala que la violencia contra la mujer no es un asunto privado y que «Si el Estado no asume dicha responsabilidad y no actúa con la debida diligencia, está incurriendo en una violación a los derechos humanos de las mujeres». De esta manera, los entes estatales están reproduciendo la violencia contra las mujeres a través de la violencia intitucional que se traduce en la inacción de los agentes estatales, indica el material.
«El problema en la Policía Nacional es que ellos no están utilizando un protocolo con enfoque de género, están utilizando un manual único de investigación, utilizándose las mismas hipótesis en las investigaciones de hombres y mujeres. Si se aplicara un protocolo de género en las investigaciones, su planteamiento cambiaría», indica Ana Cruz.
Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, asegura que la Policía Nacional debería de utilizar un protocolo de enfoque de género en la investigación de muertes violentas de mujeres.
Ley de Casas refugio aún sin aprobación
Ana Cruz explica que previo al 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer en el que Asociación Calidad de Vida salió a las calles a pedir la aprobación de la Ley de Casas Refugio, se tuvo una reunión con 27 diputadas del Congreso Nacional, mismas que se comprometieron con la aprobación de la Ley, sin embargo, esto ha pasado a segundo plano en el Legislativo.
«Básicamente la ley está parada actualmente», manifiesta Ana Cruz, quien a su vez señala que en vez de politizarse la aprobación de la misma, las mujeres en el Congreso deberían de pensar que esto será algo que beneficia a todas las mujeres del país.
Cruz explica que en el caso de Rosaura esta Ley sería importante debido a que su agresor aún no ha sido capturado por la Policía y ella podría estar en peligro en todo momento. Una Casa Refugio podría ser un lugar en el que ella se sintiera a salvo, y, además, en sitio en donde se le pueda dar el seguimiento en cuanto a talleres o charlas para brindarle alternativas de trabajo condicionadas a la discapacidad que adquirió. Además, a sus hijos se les brindaría la atención psicológica y educativa que necesitan.
La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, asegura que esta ley aún continúa en etapa de análisis presupuestario debido a la reformulación del Presupuesto General de la República, y agregó que por parte de la presidenta Xiomara Castro sí hay un interés claro en la aprobación de esta ley y de mejorar las acciones de protección hacia la mujer.
«Estoy segura que la Ley de Casas Refugio, que me parece es un proyecto de verdadera urgencia en el país, va a ser apoyado por parte del presidente del Congreso y por todas las bancadas. Creo que en el Legislativo todos nos identificamos con la necesidad que tienen las mujeres que son abusadas y violentadas», afirma la congresista.
El informe sobre la situación de los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) menciona a los sevicios como Ciudad Mujer, el Sistema de Emergencia 911 y a la Dirección de la Policía de Investigaciones como la respuesta del Estado a los casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, advierten que se requiere de una mayor articulación entre estas antidades, ampliar su cobertura geográfica y los horarios de atención, así como incrementar los recursos para brindar una atención integral a las víctimas.
El 8 de marzo de 2022, la presidenta Xiomara Castro envió al Congreso Nacional la Ley Integral contra la Violencia de Género y la propuesta de distintas organizaciones de elevar a rango ministerial el Instituto Nacional de la Mujer (INAM). Sin embargo, Ana Cruz, directora de ACV, asegura que la Ley Integral contra la Violencia de Género no debe de confundirse con la Ley de Casas Refugio, pues estas son solamente complementarias.
«La Ley de Casas Refugio lo que hace es regular todo lo que es una casa, como los ingresos, egresos, que tipos de violencia se atienden, la forma en la que se van a atender, los presupuestos para garantizar la sostenibilidad de que al menos haya una en cada departamento, entre otras cosas. Así que las diputadas del Congreso Nacional están confundidas si creen que se trata de lo mismo, pues en la Ley Integral contra la Violencia de Género el tema de las casas refugio no se habla tan ampliamente», manifiesta la directora de ACV.
Según esta organización, actualmente existen 10 casas refugio, de las cuales Asociación Calidad de Vida tiene tres, sin embargo, la abogada indicó que esto puede cambiar para peor debido al nuevo Gobierno y al cambio de autoridades municipales en donde existen casas refugio. «Empezaré una etapa de búsqueda de las nuevas autoridades municipales, porque si el nuevo alcalde –que generalmente son hombres– no tiene la sensibilidad ni conocimientos, a lo mejor y estas casas refugio están cerradas», sostiene.
El Decreto Legislativo PCM 05-2022 decreta que el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) pasará a denominarse Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, como lo prometió Xiomara Castro el pasado 8 de marzo. A esta Secretaría se adscribe el Programa Ciudad Mujer como ente desconcentrado de esta Secretaría.
En la reasignación del Presupuesto General de la República, se otorgaron 53,388,673 de lempiras a la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer; a la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (PCM) se le asignaron 117,688,346 de lempiras.
Contracorriente contactó a Doris García, ministra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, sin embargo, no accedió a brindar entrevistas al cierre de esta nota.
Tatiana Lara, delegada presidencial del programa Ciudad Mujer, no respondió a los intentos de entrevista de Contracorriente.
Rosaura ha obtenido atención legal y ayuda humanitaria por parte de ACV, pero algo que la abogada Cruz considera urgente es la ayuda psicológica para ella y diseñarle un plan de vida para que pueda adaptarse a vivir con su nueva condición.
«No es que solamente ella diga “Ya me voy”, una vez que termine su tratamiento en Tegucigalpa, sino que hay que preguntarse: ¿De qué va a vivir? ¿Cómo se le puede ayudar para que ella sobreviva?», cuestiona la abogada Ana Cruz.
Amara Aguilar, presidenta de la Colectiva de Mujeres con Discapacidad, explica que actualmente en Honduras no existen datos que calculen cuántas mujeres con discapacidad adquirida hay en Honduras, y menos cuántas mujeres tienen esta discapacidad adquirida a raíz de un hecho violento.
La presidenta de la Colectiva de Mujeres con Discapacidad señala que es de mucho interés para la Colectiva informar acerca de estos casos y conocer a detalle cuántas mujeres hondureñas viven esta realidad, sin embargo, no está en las capacidades económicas de esta organización levantar una data conforme a esto. «Se debe visibilizar la falta de interés por parte de las autoridades competentes al encargarse de estos temas, sobre todo, por parte de la Policía, institución que debe de diferenciar el proceso de investigación cuando se trata de violencia hacia las mujeres», manifiesta Amara Aguilar.
El único dato que existe en Honduras sobre personas con discapacidad adquirida es del informe «Identificación y caracterización de las personas con discapacidad en Francisco Morazán», en 2017. Este informe detalla que de 15,680 personas encuestadas desde agosto de 2016 a marzo de 2017, 4 de cada 10 mil habitantes adquirieron una discapacidad debido a un hecho violento.
La investigación indica que la variable «actos de violencia» generó un sesgo de información y de selección, debido a que solo las personas sobrevivientes a un acto de violencia pueden formar parte de este grupo, quedando las personas que no reportaron el acto de violencia como una limitación físico-mental, sin ser tomadas en cuenta. Además, la investigación no detalla el sexo, edad, ni escenario en donde se dieron los hechos violentos de las personas que reportaron esto en la encuesta.
En otro apartado, el informe sugiere una campaña de paz y resolución de conflictos a los entes gubernamentales para evitar las discapacidades adquiridas. «Mediante una estrategia de mercadeo social de mensajes orientados a la sensibilización acerca de cultura de la paz y resolución de conflictos, seguridad vial, prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, entre otros que también influyen en la disminución de la prevalencia de discapacidad en este grupo», subraya el informe.
Sandra, la hermana de Rosaura, no quiere que ella se exponga al peligro regresando al lugar en donde fue atacada, y más sin conocer aún el proceso de investigación del agresor de su hermana. Además, tiene miedo de que en cualquier momento este regrese para atentar de nuevo contra la vida de su hermana y de sus hijos.
«Mi marido me dice que no quiere que lo deje solo, él quiere que esté allá en mi casa, aunque ya no voy a servir para lo que hacía, pero él dice que allá me quiere tener», dice Rosaura, quien espera recuperarse pronto para regresar a su lugar de origen, la misma comunidad donde fue agredida.
«Allá yo molía tortillas, le molía mensual a una señora por 500 lempiras. Y ahora, ¿cómo voy a moler? Ni siquiera puedo hacer tortillas para mí», dice, mientras espera poder regresar pronto a su comunidad, junto a su esposo y sus tres hijos.
