El pasado 15 de febrero el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto para declarar en estado de emergencia fiscal y financiera a Honduras, ese mismo día fue aprobado. Distintos parlamentarios aseguran que el decreto fue ratificado sin la discusión debida, sin embargo, Pastor de María y Campos, secretario de la Presidencia, indica que esto era necesario debido a que el Estado de Honduras está en quiebra.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), presentó el pasado martes 15 de febrero, un decreto orientado a declarar estado de emergencia fiscal y financiera del sector público en Honduras para reformar el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, esto publicado en el Diario oficial La Gaceta, el 17 de diciembre de 2021.
El dictamen señala que el presupuesto general aprobado el año anterior carece de legalidad y transparencia y favorece la corrupción, la ineficacia e ineficiencia administrativa del Estado de Honduras. En este presupuesto no está contemplada la deuda a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los 70 fideicomisos que se han suscrito al Estado hondureño, ni a las 11 asociaciones público-privadas y tampoco la deuda de las municipalidades, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).
El proyecto señala que es por medio de esta emergencia fiscal que el Estado de Honduras podrá acceder a crédito del Banco Central de Honduras (BCH), para que este «nos permita apoyar el financiamiento requerido para cubrir las obligaciones heredadas y el primer trimestre», señala el documento.
En la sesión legislativa de ese día también estuvo presente la subsecretaria de finanzas y presupuesto, Elizabeth Rivera, quien explicó que este trimestre Honduras ya está en un estado de emergencia, debido a que no existen los recursos suficientes para pagar los gastos que están contemplados en el presupuesto de la República.
«Esta declaratoria de emergencia es importante porque tenemos una insuficiencia de recursos para pagarlo todo, y el objetivo de declarar emergencia es porque esto nos va a permitir obtener préstamos con el BCH, porque en el artículo 40 de su ley, para prestarnos algunos de sus fondos, es necesario declarar la emergencia fiscal y financiera en la que ya estamos y legalizarla», continuó explicando la subsecretaría.
En esto coincide el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, quien también fue presidente del Banco Central y ministro de Finanzas en el país. El congresista puntualizó en la sesión legislativa que en el primer trimestre del presente año, específicamente en el mes de marzo, el Estado de Honduras tendrá que pagar bonos soberanos, los cuales representan una gran cantidad de recursos de la deuda interna.
«Los bonos soberanos vienen del déficit fiscal de 2013, año electoral en donde el Partido Nacional utilizó dos bonos soberanos de 500 millones de dólares a tasas de interés prohibitivas, una a 8.75 %, cuando las tasas de interés estaban bajas en el mercado internacional, y otra a 6.65 %. Lo que está haciendo el Gobierno de Xiomara Castro es pagar esas deudas que nos pusieron sobre la carga», manifestó el economista Hugo Noé Pino.
Además, señaló que en 2008 la deuda pública de Honduras era de 3000 millones de dólares, y que hoy esta cantidad ronda los 16,000 millones de dólares. El secretario de la Presidencia, Pastor de María y Campos, concuerda con estas cifras e indica que se desconoce el paradero de esa suma de dinero, lo que ocasiona que aún no se pueda saber quién podría encargarse de condonar la deuda y tampoco se pueda definir una estrategia para disminuir la misma.
«Aún no sabemos quién condonaría esta deuda y no está planteada una estrategia aún. La última vez que se condonó una deuda fue entre 2005-2006, años en los que teníamos una deuda fuerte e importante. Hubo un proceso complejo para lograr los consensos y que se lograra condonar gran parte de esta deuda, a partir de ahí teníamos una deuda mucho menor, en donde era de 3000 millones de lempiras en 2009, pero en eso dan el golpe (golpe de Estado), y a partir de ahí la deuda se multiplica para terminar actualmente entre unos 13,000 a 17,000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ¿a dónde se fue ese dinero?», aseguró a este medio el ministro de gabinete.
El economista Julio Raudales, docente universitario, explica que las declaratorias de emergencia fiscal se hacen fundamentalmente cuando el Gobierno no tiene liquidez suficiente para cumplir con sus compromisos de corto plazo. Es por ello que, dentro de los activos que tiene, siendo préstamos o financiamientos que ya están comprometidos con los distintos organismos, busca el dinero líquido en ellos, y pide a los organismos que le permita utilizar recursos para cumplir con estos organismos. Es por esto que los organismos multilaterales ponen como requisito al Gobierno que someta a discusión una emergencia fiscal, y, de ser aprobada, esta ya está respaldada y se otorgan los recursos para ser utilizados en lo que el Gobierno necesita.
Cambios en la política fiscal del país
En cuanto al rumbo de la política fiscal del país, el secretario de la Presidencia, Pastor de María y Campos aseguró que este es un tema del cual debe encargarse el Servicio de Administración de Rentas (SAR), pero que desde la secretaría de la presidencia están comprometidos con ampliar la base gravable, es decir, que se amplíe la cantidad de personas a las cuales se les va a cobrar algún tipo de impuesto para que se pueda tener impuestos progresivos.
Pastor de María y Campos explicó que con esto se cobrarán más impuestos a quienes más tienen dinero en el país, y menos a quienes tienen menos. «Es cierto que en este país hay una política fiscal regresiva, quiere decir que se cobran menos impuestos a los que más tienen, y más impuestos a los que menos tienen, y por eso hay un serio problema de riqueza y desigualdad económica en el país. Honduras es un país rico en todos los sentidos, sin embargo, esta riqueza se ha concentrado por una política fiscal regresiva. Es por eso que tenemos ese compromiso de crear condiciones más justas para que quienes más se han beneficiado de ese crecimiento también puedan compartir ese beneficio con quienes han sido excluidos y marginados históricamente», añadió el ministro de la presidencia, quien a su vez recordó que la emergencia fiscal también implica subsidiar de manera más focalizada y dar un beneficio a las personas que más lo necesitan.
Pastor de María y Campos también manifestó que el proceso de transformación prometido por la presidenta Xiomara Castro es algo que tomará tiempo y no se podrá realizar de la noche a la mañana. «Se debe ser honesto con el pueblo hondureño y decirles que este descalabro de las distintas instituciones gubernamentales, de los sistemas públicos y de la economía y finanzas del país no es algo que se solucionará inmediatamente. Esto es de tal gravedad que, aquí vamos a poder echar a andar una recuperación, pero esa recuperación total va a tomar varias administraciones y quizás varias generaciones», dijo.
El Secretario de la Presidencia, Pastor de María y Campos, asegura que la recuperación total del Estado hondureño podría tomar varias administraciones.
El ministro agrega que la presidenta Xiomara Castro tiene una visión muy clara en cuanto aliviar la emergencia fiscal, y para hacerlo ha controlado los precios del gas licuado, de los de los combustibles y aquí también entra el subsidio a las personas consumen a partir de cierto nivel de energía para que no tengan que pagar energía eléctrica.
«Es una intervención de emergencia y focalizada para apoyar a los sectores más vulnerables en esta economía», indicó Pastor de María y Campos, quien dice que esto representa el inicio de soluciones a mediano y a largo plazo, debido a la magnitud de la crisis que se está heredando del gobierno anterior.
Contrario a esto, Julio Raudales, economista, asegura que esta determinación del Gobierno puede carecer de sentido, debido a que el Estado, por una parte, está dando subsidios que implican gasto público mientras pone más impuestos a la población. «Yo siento que debería de haber una política fiscal un poco más coherente y que no le de tanta incertidumbre a la población», indica Raudales.
Emergencia fiscal provocada por un Estado «en quiebra»
Pastor de María y Campos asegura que previo a presentarse el proyecto de decreto declarando un estado de emergencia fiscal y financiera al Congreso Nacional, el tema del presupuesto y finanzas de Honduras fue debidamente analizado por la abogada Rixi Moncada, Ministra de Finanzas, quien expuso que el país estaba altamente endeudado y en quiebra, y con una deuda de alrededor de 15,000 millones de dólares, la cual representa más del 70 % de nuestro producto interno bruto (PIB), indicó el ministro.
«Si bien hay un presupuesto aprobado por el Congreso anterior, esto no nos garantiza que haya dinero para que las instituciones de Gobierno puedan operar. Cuando alguien toma esa proyección del presupuesto y se investiga dónde están los fondos de ese presupuesto te das cuenta que no están ahí, y que para empezar a pagar la deuda en este primer año, esto va a implicar que el 60 % de ese presupuesto se dedique a ello», explicó Pastor de María y Campos.
El ministro del Gabinete, Pastor de María y Campos, indica que, si bien hay un presupuesto aprobado el año anterior, este no garantiza que las instituciones gubernamentales tengan el dinero para operar debidamente.
El ministro continuó explicando que es por esta razón que las instituciones gubernamentales en realidad solo cuentan con el 40 % del presupuesto de la República, y que es por esta razón que no pueden operar debidamente. A ello añade el ejemplo de la secretaría que él dirige, en la cual hay personal de la administración anterior a quienes se ha nombrado por acuerdo, pero no se les puede realizar su pago debido a la falta de presupuesto, del mismo modo, es imposible que se agregue personal de confianza del ministro, quienes están trabajando ad honorem.
«Todas las Secretarías de Estado estamos de alguna manera con las manos amarradas. Este es un problema importante, y compromete nuestra capacidad de comenzar a trabajar y empezar a dar forma a los trabajos que la presidenta nos ha encomendado», puntualiza el ministro.
El secretario de la Presidencia sostiene que la emergencia fiscal es para aliviar un problema serio, y que en esta ocasión el Congreso Nacional obedece a declarar una emergencia para reconocer la realidad económica del país, en donde el dinero de la deuda existente no sirvió para cambiar al país, sino para aliviar el estado económico y financiero de algunos individuos, lo cual ha desencadenado en altos grados de pobreza y desigualdad económica, indicó el ministro.
Sin embargo el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, manifestó en la sesión legislativa en donde se aprobó este decreto, que la declaratoria de emergencia fiscal no se discutió debidamente, y que en el artículo 2 de la declaratoria de emergencia fiscal, en donde se contempla la contratación inmediata de préstamos internos o externos por parte de la Sefin hasta por 2000 millones de dólares, tampoco se habla del plazo ni la tasa de interés de este préstamo.
Marco Midence, actual diputado por el partido nacional y exministro de Finanzas, también expresó su descontento con la declaración de emergencia fiscal decretada, y aseguró que la lectura de la misma se dio de manera «fugaz» y que eventualmente afectará a las familias hondureñas.
«A partir de 2016, se maneja en una situación macroeconómica estable en Honduras, con una política fiscal responsable y sustentada en el marco legal y de la ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que es muy importante entender que ni en el momento cúspide de la pandemia y las emergencias ambientales más grandes que tuvimos, el Estado hondureño dejó de cumplir sus obligaciones», manifestó el congresista Marco Midence.
El diputado por el Partido Liberal, Mauricio Villeda, también se sumó a este argumento, y manifestó que dentro de las atribuciones del Congreso Nacional no está declarar una emergencia fiscal y financiera. En cambio el diputado Ramón Barrios del Partido Libre, aseguró que el Congreso Nacional sí está facultado para declarar una emergencia fiscal según el artículo 205 de la Constitución de la República, el cual establece en el numeral 36, que el Congreso Nacional puede aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el crédito público.
Otro tema que ha sido discutido estos últimos días en el Congreso Nacional es el proyecto de ley de supresión a las exoneraciones, que tiene como objetivo la devolución del 8 % del impuesto sobre la venta (ISV) al hacer compras con tarjetas de crédito y débito.
Además, este decreto, presentado por el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, pretende eliminar las exoneraciones del pago del impuesto sobre la renta (ISR) y retenciones por proyectos sea a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, contratadas para hacer estudios, ingeniería, construcción, y demás hasta por un periodo de cinco años.
Ante esta discusión el diputado por el Partido Nacional, Tomas Zambrano, aseguró que esto era grave, debido a que «ahora el que utilice tarjetas de crédito y débito tendrá que pagar por esas transacciones el 15 % de impuesto sobre venta», indicó a un medio de comunicación televisivo. Además, el parlamentario manifestó que esta ley pretende aplicar el 15 % de ISV a las remesas.
El doctor Claudio Salgado, economista, asegura que esto no puede ser así, debido a que no se pueden exonerar algo que no está agravado, en este caso, las remesas, y que las declaraciones del diputado Zambrano son más bien para crear una campaña política de la ahora opocisión nacionalista.
El economista Julio Raudales explica que este es otro decreto que la Secretaría de Finanzas presenta debido a que necesita recursos.
«Este tema de las tarjetas de crédito obedece a eliminar algunas de las exoneraciones de las que gozan muchos productores en el país, en algunos casos, la exoneración de la que gozamos los que usamos tarjetas de crédito y de débito, para no pagar parte del ISV, permite a los usuarios de tarjeta gozar de alguna especie de descuento por transacción con las tarjetas de debito y credito», explica el economista.
Raudales agrega que, al eliminarse esta ventaja, esto sí podría impactar en el sector construcción, debido a que también se eliminaría el ISR. «El problema es que el Gobierno necesita los recursos y tiene que echar mano de donde sea para poder conseguirlos», puntualizó.
