Diputados oficialistas que apoyan a Luis Redondo como presidente del Poder Legislativo sesionaron este miércoles en el Congreso Nacional y aprobaron varios decretos que cumplen con algunas promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. En ese contexto, se aprobó una ley propuesta por el diputado Rasel Tomé, que condena el golpe de Estado, 12 años después de los acontecimientos. Dicha ley incluye un decreto de amnistía que favorece a defensores de la soberanía, tierra y fuentes de agua, pero que también daría impunidad a funcionarios públicos del periodo entre 2006 y 2009, a quienes se les podrían extinguir causas por delitos relacionados con corrupción.
Texto: Fernando Silva
Fotografías: Jorge Cabrera
El Congreso Nacional en Honduras sigue sin una junta directiva legal. En ese contexto, los diputados que apoyan la presidencia de Luis Redondo —el candidato que resultó de la alianza entre Libre y el Partido Salvador de Honduras— se reunieron el 1 y 2 de febrero en las instalaciones del hemiciclo, obviando por completo la ausencia de 43 diputados nacionalistas, 14 liberales y 17 del Partido Libre. Allí, sin una cuenta clara de los asistentes y ausentes, iniciaron la sesión con una oración cristiana y discutieron una serie de proyectos, dos de ellos enviados por el Poder Ejecutivo.En la sesión del 2 de febrero donde aprobaron los proyectos presentados, Luis Redondo anunció que se encontraban dos diputados suplentes del Partido Liberal, sustituyendo a sus propietarios: Mauricio Villeda y José Rosario Tejeda.
La primera iniciativa enviada por la presidencia, que finalmente se aprobó en el pleno, fue un proyecto de decreto dirigido a reformar la Ley General de la Industria Eléctrica para que 1,335,000 familias que consumen hasta 150 kilovatios hora no paguen energía. Luego se aprobó una reforma a la Ley de aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio, que permitiría la reducción de 10 lempiras en los precios del combustible a nivel nacional.
Posteriormente se aprobó una ley que condena al golpe de Estado, propuesta por el diputado Rasel Tomé, que incluye la derogación del decreto 141-2009 que emitió el Congreso Nacional en ese entonces para separar del poder a Manuel Zelaya Rosales. Además, oficializar una plaza con el nombre de Isis Obed Murillo —primer mártir del Golpe—, y la autorización para que la presidenta Castro pueda firmar un convenio para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción.
En esa misma ley, Tomé propuso un decreto para conceder amnistía para la liberación de presos políticos, quienes tienen procesos judiciales vigentes relacionados con motivaciones políticas, y funcionarios públicos del Gobierno del expresidente Zelaya entre 2006 y 2009.
En un principio este decreto no plantea una comisión evaluadora independiente que, en el caso de los funcionarios, defina quiénes pueden calificar para la amnistía y quiénes no.
En ese sentido, Rasel Tomé aseguró la noche del martes, que él mismo podría aplicar a la ley de amnistía pues asegura que es uno de los políticos perseguidos tras el golpe de Estado. En 2019, el Tribunal de Sentencia condenó con tres años de reclusión a tres excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre ellos a Rasel Tomé, quien fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad cometido en la administración de Zelaya de 2006-2009.
Ley de amnistía e impunidad
Al finalizar la sesión del martes, Rasel Tomé atendió a los medios de comunicación sobre la propuesta que había hecho ante el pleno, allí explicó que será el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), quien definirá a los activistas sociales encarcelados que podrán aplicar a la amnistía,sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos no dejó claro quiénes podrían ser beneficiados y quién analizará los casos.
«En el caso de los funcionarios públicos es evidente a quiénes nos han perseguido, aquí el pueblo sabe quienes hemos pasado 12 años de frente a la dictadura, quienes se tuvieron que ir, yo por ejemplo estuve en el exilio, estuve en República Dominicana», aseguró Tomé.
Rasel Tomé fue entre 2006 y 2008 comisionado de Conatel, nombrado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quién acompañó en el exilio tras el golpe de Estado, y con quién también ha tenido enfrentamientos públicos por el liderazgo del Partido Libre. En junio de 2019 Tomé fue condenado a tres años de prisión por resultar culpable del delito de abuso de autoridad en el ejercicio de ese cargo, una pena conmutable, pero que representa la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el pasado lunes en un escrito remitido al Poder Legislativo.
Sobre esta sentencia, el abogado Obed López —diputado suplente de Tomé– aseguró que la condena no es efectiva en el caso de su compañero, y asegura que «él solo fue inhabilitado para no dirigir otra vez Conatel, además de que no es funcionario público, sino que es diputado electo por el pueblo». El Código de conducta ética del servidor público desmiente a López, y define en su artículo 3 a un servidor público (o funcionario) como cualquiera que labore en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipalidades, entre otros.
Algunos de los delitos que incluye el decreto de amnistía política están relacionados con actos de corrupción como el que suscribe la sentencia en contra de Tomé, por ejemplo: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Contracorriente le consultó a Tomé sobre qué otros funcionarios podrían aplicar esta amnistía, a lo que se limitó a contestar que podrían ser “bastantes funcionarios públicos que están en el exterior exiliados desde el Golpe”.
Entre los funcionarios que han enfrentado acusaciones judiciales por actos de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya se encuentra Marcelo Chimirri, sobrino de la presidenta Xiomara Castro, declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito mientras ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007, quien guarda prisión actualmente; y el exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, acusado por el Ministerio Público por el delito de malversación de caudales públicos, quien se encuentra prófugo de la justicia en el extranjero.
Sobre sus compañeros perseguidos tras el Golpe de Estado, Tomé explicó en la sesión del pleno que las víctimas del golpe de Estado “no son sólo los mártires”, agregó que son muchas familias que han sido expatriadas, y recordó que un día después de ser los honorables funcionarios “eran parias, perseguidos, estigmatizados, los cuatreros, los que venían con los maletines, los saqueadores, después de ser los funcionarios del gobierno constitucional, después de estar todos los días con sus actividades cotidianas”.
Tomé también recordó a su compañero funcionario Enrique Flores Lanza, “¿por qué no decir el oprobioso daño que se la hecho a una familia como es el caso del colega y amigo Enrique Flores Lanza, un hombre que ha estado totalmente fragmentada su familia, satanizados, oprimidos, yo conozco el exilio y por eso les hablo de esto”
“Hoy sin temor les decimos que esta amnistía corresponde a restituir el daño que han hecho durante este oprobioso golpe de Estado y que nos arrastró durante 12 años”, concluyó.
Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ Honduras, en una entrevista con Contracorriente recordó que tras el Golpe de Estado ya se había emitido un decreto de amnistía para los involucrados, beneficiando tanto a Manuel Zelaya, por la supuesta violación a la constitución por buscar realizar una consulta popular que habría allanado el camino a la reelección; y los militares que consumaron el Golpe. Ese decreto al que se refiere Ramírez fue aprobado por el Congreso Nacional el 27 de enero de 2010, y no incluía delitos relacionados con corrupción.
“No sé por qué se debería llamar ley de condena al Golpe de Estado si en aquel momento ya hubo una amnistía para los involucrados”, apunta el experto.
Sobre los otros sujetos de esta amnistía como los defensores de la tierra y manifestantes sociales, Ramírez apunta que son hechos que no surgen en el marco del Golpe de Estado, sino en un contexto de conflictividad social, por lo que explica que, aunque la revisión de los casos de personas criminalizadas es necesaria de analizar, no están relacionados con lo que la ley propone.
Uno de los casos que podría llegar a resolución con esta ley sería el de los defensores del río Guapinol, quienes este martes cumplieron 29 meses de permanecer en prisión preventiva por los supuestos delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad.
Porfirio Cedillo, José Cedillo, Orbin Hernández, Kelvin Romero, Arnold Alemán, Ewer Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez, fueron acusados a raíz de la defensa que ejercían en el parque nacional Carlos Escaleras, donde protestaron contra la empresa minera Inversiones Los Pinares cuyo proyecto en esa área protegida ponía en peligro las fuentes de agua para las comunidades. La etapa de juicio oral y público de esta causa concluye este viernes.
Previo a la aprobación de la amnistía no hubo socialización con los representantes legales de los defensores de Guapinol, en ese sentido el abogado Edy Tabora del bufete que lleva la defensa del caso, apuntó que tendrían que revisar el contenido del decreto ya que hay parámetros que deben cumplirse en el caso de amnistías.
En este contexto, Lester Ramírez apunta que normalmente los procesos de amnistía se dan tras la implementación de una comisión de la verdad, y un proceso de reconciliación que implica justicia restaurativa, por lo que asegura que con esta ley “sólo se está limpiando cualquier tipo de enjuiciamiento penal”.
“Queda corta la amnistía en el sentido de que no hay reconciliación, no hay derecho a la verdad de los sucesos, y no hay proceso de reparación para las víctimas, hay una serie de vacíos en estos procesos. El país no se va a reconciliar, lo que se está dando es un indulto más que una amnistía”, aseguró.
Además, Ramírez apunta un vacío en esta ley, y es justamente la falta de una comisión independiente que analice cada caso de amnistía.
“Lo que se tiene que crear es una comisión de amnistía, esa comisión de amnistía es la que revisa los expedientes y verifica que las personas que tienen una investigación pendiente o un enjuiciamiento penal entran dentro de los beneficios de la amnistía”, apunta Ramírez.
En el Congreso se dispensaron los debates para la aprobación de esta ley, pero mientras se aprobaba el decreto específico que permite la amnistía, la diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras (PSH), solicitó justamente la creación de una comisión integrada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para determinar los casos en los que aplicaría esta ley.
Ligia Ramos afirmó en el pleno que apuntaba estas sugerencias porque “el espíritu de este decreto es de sacar a nuestros presos políticos y que puedan regresar las personas exiliadas, en ningún momento este decreto es para darle impunidad a ningún delincuente”.
La diputada Silvia Ayala del Partido Libre y líder de la comisión de dictamen, desestimó la propuesta de la diputada del PSH apuntando que “la instancia estatal será la Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con el Cofadeh, considerando lo expedito que se va a requerir”.
Hasta el momento ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre los procesos que tendrían que extinguir a raíz de esta amnistía, en gran parte debido a que el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo no ha sido reconocido legalmente por estas instancias. De hecho, el pasado 25 de enero, el Poder Judicial presentó su informe de logros del periodo anterior al Congreso Nacional liderado por Jorge Cálix, también lleno de vicios de nulidad en su elección, según expertos.
La votación para la aprobación de la ley que incluye la amnistía para presos políticos y perseguidos fue a mano alzada y se anunció que había sido aprobada de forma unánime; sin embargo, no hay listados oficiales sobre los diputados propietarios y suplentes que asistieron a esta sesión.
Nombramientos que surgen de un legislativo sin quórum
Tras la aprobación de la Ley de condena al Golpe de Estado que incluye la amnistía, casi a medianoche, los diputados presentes en el hemiciclo cerraron la sesión y propusieron el nombramiento del procurador general de la República y el subprocurador. Las personas propuestas fueron el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, y Tomás Andrade.
Tras 15 minutos de espacio, iniciaron una nueva sesión y aprobaron por unanimidad el nombramiento de ambos funcionarios. En el caso de Díaz Galeas, nombrado procurador, hasta diciembre de 2021 era el secretario general del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y Tomás Andrade, nuevo subprocurador, trabajaba como defensor de derechos humanos.
El pasado 27 de enero fue la primera vez que la junta directiva de ese grupo de diputados quiso nombrar a Galeas y Andrade; sin embargo, el abogado Ramón Enrique Barrios anunció que se abstendría de votar ya que no conocían la carrera profesional de los nominados, esto llevó a que la votación se pospusiera hasta la noche de este miércoles.
Previo a esta sesión, Barrios dijo a Contracorriente que el nombramiento de estos altos funcionarios no estaba en agenda, y aseguró que él manifestó al resto de los diputados y la opinión pública que debería haber un concurso público para elegirlos.
“Yo quisiera tener 20 o 30 hojas de vida, un procurador del Estado es un funcionario público de primera categoría y me parece que esto no se puede hacer a la ligera”, apuntó Barrios unas horas antes de que se omitiera este procedimiento sugerido.
Tras el nombramiento de los funcionarios, Tomas Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, apuntó en un comunicado que ninguno de los juramentados cumple con la formación profesional que exige la constitución, ya que ninguno es notario; además, denunció que la doctora en derecho y actual procuradora, Lidia Cardona, termina su periodo hasta junio de este año, por lo que no debieron nombrar a los funcionarios.
“Una nueva ilegalidad se suma a las muchas cometidas por este minoritario grupo de diputados que tiene tomado el hemiciclo legislativo”, apunta el comunicado emitido por la bancada del Partido Nacional.
Después de casi dos semanas desde que inició el conflicto en el poder legislativo, Luis Redondo ha tomado todos los recursos administrativos del Congreso Nacional y ha anunciado que el próximo paso del grupo de diputados que le apoyan será la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). La creación y derogación de estas leyes seguiría desarrollándose en un contexto en el que se conoce que sólo 53 de los diputados propietarios del Congreso Nacional están asistiendo a las reuniones, 12 menos de lo necesario para que sea considerado un proceso legal.
*Con reportes de Vienna Herrera y Leonardo Aguilar
