Programas asistencialistas: un patrón que se repite en elecciones generales

Guías de familia | Partido Nacional | Vida Mejor 2021

En plena campaña electoral, el Gobierno aprobó 1350 millones de lempiras para la entrega del Bono Vida Mejor-Bicentenario, a través del Programa Vida Mejor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), cuestionada por vínculos con actos de corrupción y  por utilizar los fondos con fines clientelistas utilizando a activistas del Partido Nacional, un panorama parecido a las elecciones de 2013 y 2017.  

Texto: Francis Cálix
Fotografías: Martín Cálix


Queda menos de un mes para las elecciones generales y el Gobierno comienza a activar los programas asistencialistas. El último y más reciente apareció publicado en el diario oficial
La Gaceta nro. 35,755, el 26 de octubre de 2021. En el artículo 9 de este decreto PCM 118-2021 se instruye a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) a «asignar, reorientar y asegurar la disponibilidad de recursos hasta por el monto de un mil trescientos cincuenta millones de lempiras exactos (HNL 1,350,000,000), con el propósito de realizar pago de transferencias monetarias para los beneficiarios del “Bono Vida Mejor-Bicentenario”», incluyendo todos los gastos operativos que requiera. 

Este bono pretende beneficiar a 170,000 hogares con la entrega de 7000 lempiras a cada familia. Es decir, 1190 millones serán utilizados para entregar a los hogares beneficiados y 160 millones se utilizarán en los gastos operativos. 

Según el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 30 de agosto inició el período de propaganda electoral, 90 días antes de los comicios. Asimismo, ese día era la última fecha para realizar campañas de promoción del gobierno central y gobiernos locales. Sin embargo, el Bono Vida Mejor-Bicentenario aparece durante el período de campañas electorales y nueve meses después de la crisis económica durante la pandemia por COVID-19. 

Anteriormente, el 1 de octubre de 2021, mediante decreto PCM 103-2021, el Gobierno aprobó el «Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático» que se incorporó a la Plataforma Vida Mejor ejecutado por la Sedis. Este bono se aprobó de manera tardía, casi un año después de los huracanes Eta y Iota, registrados en noviembre de 2020, con una inversión de 1,687,308,000 de lempiras (USD 70 millones) a través de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

En teoría, con este bono, se pretende beneficiar a 234,579 hogares en zonas afectadas por el riesgo climático, con una única transferencia de 7000 lempiras. De acuerdo con el monto aprobado se estarían utilizando más de 1640 millones de lempiras para entregar a los hogares y 45 millones en gastos operativos. 

En La Gaceta del 5 de octubre de 2021, tras el decreto PCM 109-2021, se instruyó a la Sefin de «realizar una incorporación presupuestaria por ampliación hasta un monto de cuatrocientos cincuenta y un millón de lempiras exactos  (HNL 451,000,000) a la Secretaría de Estado en el Despacho  de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), con el propósito de complementar el pago de transferencias monetarias a beneficiarios del “Programa Bono Vida Mejor”». 

Un estudio del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) denominado «La política pública de asistencia social del partido de gobierno: origen, trayectoria y propósito  de los programas y proyectos sociales», indica que «es posible establecer que entre el 2014-2020, el presupuesto aprobado (para Sedis) ha alcanzado 14,000 millones de lempiras, pero el presupuesto realmente ejecutado ha sido estimado en 17,415 millones. Y a lo largo de este período, en los años que más incremento ha experimentado son los años 2016 y 2017, así como en el 2020 y 2021, coincidente los años del fin del gobierno y del proceso electoral». 

El Bono Vida Mejor-Bicentenario y otros programas asistencialistas comenzaron a gestionarse a pocos días de las elecciones generales, por lo que Asís Castellanos, sociólogo e investigador del Cespad, dijo a Contracorriente que «esta última aprobación del Bono Vida Mejor-Bicentenario completa este rompecabezas de la manera cómo el Partido Nacional ha industriamentalizado los recursos del Estado». Asimismo añade que «lo que se ve este año es muy coherente con el patrón que tuvo en el proceso electoral de 2013, el ciclo electoral de 2017 y este no es la excepción, más bien corresponde a un patrón de comportamiento en cómo el Partido Nacional ha utilizado los recursos del Estado». 

Contracorriente trató de contactar a Nely Amador, coordinadora de comunicaciones de Sedis, para concertar una entrevista con Gustavo Adolfo Cruz Gómez, de la subsecretaría de Estado de Gestión del Programa Vida Mejor, para conocer sus declaraciones al respecto, sin embargo las llamadas no fueron atendidas. 

Vida Mejor: el intercambio del voto

Doña María (nombre ficticio para proteger su identidad) comentó a Contracorriente que hace poco fue contactada para recibir un bono del Gobierno: «Mi amiga me dijo que estaban dando ese bono y ella me apuntó, todavía no lo han dado, ella dice que lo van a dar, pero no le puedo decir si es verdad» dijo. 

La amiga de doña María forma parte de Guías de Familia del Programa Vida Mejor, quienes se encargan de gestionar los bonos y ayudas en las comunidades, así como trabajar en actividades del Partido Nacional. 

Para recibir el bono, doña María cuenta que le pidieron dos cosas: «Que diera mi cédula, nomás eso y que votara por “Papi a la orden”».  Asimismo comenta que en las elecciones primarias su amiga le dijo: «Usted vote por quien le ayude». 

 Esta no es la primera vez que doña María es contactada para recibir ayudas del Gobierno. En 2017, un familiar de doña María que «era gran nacionalista», como lo describe ella, consiguió que les regalaran la mitad del techo aluzinc para su casa que se estaba desmoronando en ese año y, además, le entregaron un ecofogón. «Eso fue todo lo que nos dieron a cambio de que le diéramos el voto a Juan Orlando», comenta. 

Programa Vida Mejor y sus nexos con la corrupción 

El Programa Vida Mejor es un proyecto en el que Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García Carías trabajaron desde 2006 y a partir de entonces se convirtió en un pilar fundamental en la campaña política de Hernández. En ese mismo año se crea la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer en Honduras (Fundeimh) que se inscribieron a nombre de la primera dama.

Estas organizaciones se encargaban de la compra y distribución de ecofogones, viviendas saludables, letrinas, pisos, creación de microempresas y capacitaciones dentro del marco del Programa Vida Mejor entre 2014 y 2018.  En el 2019, fueron vinculadas al Caso Pandora por el desvío de fondos públicos a través de convenios con fondos provenientes de la Sedis.

Juan Orlando Hernández | 2021 | Partido Nacional | Ana García
Juan Orlando Hernández y Ana García Daría durante los actos protocolarios del 15 de septiembre frente a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica. Tegucigalpa, 15 de septiembre de 2019. Foto: Martín Cálix.

Asimismo, la hermana fallecida de Hernández, Hilda Hernández, fue ministra de Sedis y se le vinculó con el caso «Corrupción sobre Ruedas» donde se detalla como funcionarios de Casa Presidencial y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) desviaron HNL 11 millones destinados al «Bono 10 mil» para la renta de vehículos  y gastos de hospedajes para la movilización de activistas del Partido Nacional en 2014. De igual forma, fue vinculada al «Caso Hermes» donde se descubrió la compra con fondos para proyectos sociales de 7500 sándwiches para alimentación en la toma de posesión de Hernández en 2014.

Leer más: Sedis: La maquinaria del clientelismo 

Asís Castellanos considera que «este bono aprobado hace unos pocos días a finales de octubre (el Bono Bicentenario) tiene claramente una dedicatoria político electoral (…)  tiene una función meramente transaccional, en el sentido que claramente es un dinero que tiene la función de pedir el voto».

En ese sentido, Berta Oliva, del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), dijo a Contracorriente que la aprobación del Bono Vida Mejor-Bicentenario «para utilizarlo en el marco de la compra de conciencia es inhumano», asimismo manifestó su preocupación porque «lo están haciendo justamente con la intencionalidad de aprovecharse de la necesidad en la que ellos mismos tienen a la ciudadanía». 

Honduras figura como uno de los países latinoamericanos donde más aumentó la pobreza durante la pandemia por COVID-19, las cifras indican que de 20 % aumentó a 26, 1 %  según el informe anual Panorama Social de América Latina 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Según el Banco Mundial, antes del impacto de la pandemia por COVID-19 y de los huracanes Eta y Iota, el 14 % de la población hondureña vivía con menos de USD 1.90 por día (aproximadamente HNL 50), además casi la mitad de la población vivía con USD 5.50 al día (aproximadamente HNL 130). 

Según el portal web del Programa Vida Mejor este proyecto «por sí mismo no reduce la pobreza», sino que forma parte de una estrategia del Gobierno para «reducir carencias». En opinión de Castellanos «la política asistencialista que solo transfiere bonos, que regala dinero es totalmente insostenible», ya que contribuye a aumentar la deuda externa, puesto que los fondos son financiados a través de préstamos internacionales, asimismo enfatiza que esto «profundiza la pobreza extrema».

Sobre

Pasante de periodismo en UNAH. Reportera en Contracorriente.

Fotógrafo
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Escritor y fotoperiodista. Actualmente director de fotografía en Contracorriente.

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