Servir y proteger en tiempos de pandemia 

Entre marzo y junio, 47,060 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda decretado por el gobierno de Honduras como respuesta a la pandemia por COVID-19. Las detenciones fueron por un máximo de 24 horas y muchas de ellas arbitrarias haciendo que miles de ciudadanos fueran sometidos a tratos indignos y puestos en riesgos de seguridad y contagio. Eso ocurrió mientras las capacidades de la Policía Nacional han sido reducidas en plena pandemia. 

Astrid Ramos, abogada de la Red Lésbica Cattrachas, fue detenida el 2 de julio en la ciudad de Comayagua junto a su tío, Darwin Alexis Ramos, en una situación que muestra el desorden y la arbitrariedad con la que las autoridades hondureñas enfrentan la pandemia. La municipalidad de Comayagua determinó el cierre de calles alrededor del mercado para evitar que las personas se aglomeraran, pero no dejó acceso a los residentes de los alrededores quienes quedaron encerrados. 

Darwin Ramos iba camino a sacar su vehículo de un estacionamiento público cuando la policía lo detuvo, Astrid intervino y fue detenida también. «Me dijeron que era una “mercadera”, que ellos no me creían que era abogada, que era una gritona y hacía escándalo. Además, me rompieron mi camisa dejando entrever uno de mis pechos, que por suerte estaba cubierto por mi brassier. Luego me trasladaron a una celda enfrente de donde estaba mi tío y yo le dije que exigíamos una llamada. Hicieron caso omiso, no nos dijeron bajo qué cargos estábamos detenidos a pesar de que lo exigimos en varias ocasiones», cuenta Ramos.

Astrid Ramos y su tío Darwin estuvieron detenidos durante 4 horas sin ninguna medida de bioseguridad como mascarillas, gel de alcohol y distanciamiento.

En mayo, un grupo de organizaciones internacionales de sociedad civil publicaron un comunicado en el que denunciaron que los defensores de los derechos humanos y los activistas anticorrupción no podían circular libremente para informar sobre la crisis, proteger los derechos de los ciudadanos y fiscalizar. «La organización de derechos humanos Cofadeh, documentó solo en las primeras semanas de la pandemia que 45 defensores de los derechos humanos sufrieron ataques, hostigamiento o represalias por el trabajo que llevan a cabo durante la crisis y que 7 periodistas fueron agredidos, detenidos y se les quitó el equipo y se borró el material grabado», indica el informe.

La Policía Nacional de Honduras ha sido considerada como una de las más corruptas y violentas de América Latina, situación que ha dado lugar a múltiples procesos de reforma tal como lo plantea el informe Reforma Policial en Honduras: El Papel de la Depuración y la Comisión de Transformación policial, del Wilson Center. Pero la violencia y la corrupción ha sido el resultado de la larga situación de precariedad institucional y laboral en que se encuentra la Policía. Por esto, la manera en que esta institución ha sido afectada por la pandemia se suma a la crisis social que vive el país. 

A lo largo de estos cuatro meses de cuarentena, las responsabilidades de la fuerza policial han aumentado al tiempo que enfrenta una reducción del personal policial contagiados por la COVID-19 y otros fallecidos por la misma causa.

La Policía Nacional cuenta con 18 000 agentes en todo el país. El comisionado Jair Meza, portavoz de la Policía Nacional, asegura que todos están trabajando, pero según datos de la Secretaría de Seguridad otorgados a este medio, en la institución policial hay 402 casos confirmados de COVID-19. Meza asegura que los oficiales enfermos están aislados obligatoriamente en instalaciones autorizadas por la Policía Nacional, donde están siendo atendidos por el personal médico de la institución. Estas instalaciones están ubicadas estratégicamente en cada región del país para atender a los agentes policiales que están en la fase 1 de la enfermedad. Si uno de ellos muestra síntomas graves, es trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o al Hospital Militar. Meza comenta que esta decisión se tomó para no saturar el sistema de salud con pacientes que no necesitan de tanta atención médica y porque la salud de los agentes es una prioridad para la institución. «Más de 60 aún están a la espera de resultado y hay 102 agentes recuperados», agregó el portavoz Meza.

Según datos de la Secretaría de Salud, entre el 26 de marzo y el 12 de junio se realizaron 1602 pruebas a agentes policiales, apenas el 8.6 % del total de agentes. Actualmente, según Meza siguen trabajando en la vigilancia del cumplimiento del toque de queda, intervención de barrios y colonias, cierre de negocios y comercios no esenciales o no incluidos en la reapertura inteligente, operativos de bioseguridad, desalojo de vías públicas y retenes o puestos de control policial.  

La Policía Nacional tiene a sus agentes expuestos en las calles todo el día con el mínimo de protección: mascarilla y gel de alcohol y a veces les toca realizar acciones de mayor riesgo de contagio como el traslado de ciudadanos enfermos a los centros asistenciales. En varios municipios alejados de las ciudades no hay ambulancias y es la Policía Nacional quien brinda la ayuda. Diariamente, entre 10 y 15 patrullas son utilizadas como ambulancias en los municipios del interior del país. 

A pesar de tener más responsabilidades durante la pandemia, Meza asegura que el cuerpo policial sigue realizando operativos para controlar la violencia y la delincuencia en el territorio nacional. Agrega que ellos han visto una reducción de delitos como hurto, robo y femicidios y menciona que los homicidios han bajado un 4 % en comparación a otros meses. 

«Hay que reconocer que el crimen no para, tanto el crimen organizado como el crimen común. Se han realizado operaciones importantes, se ha decomisado dinero, se ha decomisado droga en grandes cantidades, se han decomisado carros —permitidos por las excepciones—, que han sido utilizados para cometer ilícitos, por eso los entes de seguridad y la policía deben estar en todo», comentó. 

Pero la violencia no se ha reducido como se esperaba tras las medidas de confinamiento y mayor presencia policial en las calles. El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) y el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), presentó un informe en el que indican que se registraron 443 homicidios, un promedio de 7 víctimas diarias, entre marzo y mayo.  La disminución del flujo de personas en las calles y las restricciones del gobierno ante la pandemia, no coinciden con el número de homicidios, indica el boletín que contiene información brindada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), el Sistema Nacional de Emergencias (911) y el Instituto Nacional de la Mujer. 

A pesar del mandato de no circular los fines de semana, es durante esos días que se presenta la mayor incidencia de homicidios con un 33.2 % del total de víctimas. Durante los primeros meses del año se han registrado 15 homicidios múltiples en los que murieron 56 personas y el 60 % de esos eventos ocurrieron durante el confinamiento obligatorio en Francisco Morazán (4), Cortés (4) y Ocotepeque (1).

A esta información se suman los hechos de violencia doméstica e intrafamiliar que han afectado la vida de niños y mujeres. En las primeras 11 semanas del año (de enero a la primera quincena de marzo) se registraron 18 936 denuncias, lo que equivale a 1792 denuncias semanales. Cuando iniciaron las medidas de confinamiento por la pandemia, solamente en las primeras 6 semanas se reportaron 12 544 denuncias, en la mitad del periodo anterior, hubo un aumento del 4.1%, dejando ver que la violencia no está solo en las calles.

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La aglomeración en los mercados: un punto de conflicto 

La decisión que se tomó en Comayagua de cerrar la calle alrededor de los mercados, refleja una una realidad que se replica en todos los municipios del país: la aglomeración incontenible en las zonas comerciales. En Tegucigalpa, los mercados han sido zonas de aglomeración y conflicto, las autoridades han intentado cerrarlos, la policía los ha desalojado con gas lacrimógeno y no hay manera de evitar la aglomeración. Se enfrentan allí la necesidad de sobrevivir y el riesgo de contagio. 

La Policía ha logrado, a través de pequeñas reuniones, que al menos en el mercado Zonal Belén se llegue al diálogo. Se ha discutido la identificación y señalización de los locales, cómo va a funcionar cada comercio dependiendo del rubro y las medidas de bioseguridad a tomar en cuenta, túneles de desinfección, uso correcto de mascarillas y dispensadores de gel desinfectante.

Edwin Molina, vicepresidente del Zonal Belén, menciona que tienen más de 4 meses trabajando con la Policía Nacional, desde el 15 de marzo, período en el que han logrado evitar enfrentamientos. Agregó que el acordonamiento del mercado, la estructura de ingreso controlado y el protocolo de bioseguridad, han sido logros del entendimiento entre ambos grupos.

«Se ha brindado un carné de identificación y un certificado de ingreso a los adjudicatarios, a los proveedores y colaboradores. Eso nos ha llevado a fortalecer las medidas de bioseguridad para que el mercado no colapse con una aglomeración como en días normales, en los que llegaban hasta 50 000 personas», puntualizó Molina. Con estas medidas se busca reducir la cantidad de clientes en horas pico para evitar contagios que los lleven a cerrar nuevamente los locales.

A pesar de los esfuerzos realizados en conjunto entre los locatarios y la Policía Nacional, no todos los vendedores son beneficiados. A lo largo de estos 4 meses, los vendedores ambulantes de las zonas aledañas al mercado se han visto afectados. En la misma semana que se afinaron los detalles para la reapertura del Zonal Belén, varios vendedores fueron desalojados con bombas lacrimógenas y su mercadería fue confiscada por la Policía Nacional y la Policía Municipal. Los ciudadanos aseguran que a pesar de comprender cuál es la situación que vive el país, la necesidad de llevar comida a casa es más grande ahora que no tienen espacios para trabajar. Otros vendedores comentaron que el decomiso de verduras, frutas y demás mercadería por parte de los agentes policiales, es injusto.

Las detenciones de la Policía 

La abogada Astrid Ramos, fue detenida junto con su tío por la Policía Nacional debido a que, por disposiciones municipales y del Sinager, se instalaron portones de lámina para rodear el Mercado San Francisco y las casas aledañas a la zona comercial, lo que dejó encerrados a los residentes entre 5 p. m. y 7 a. m., por lo que deben buscar otro lugar para estacionar sus vehículos. 

El departamento de Comayagua reporta el 0.8 % de casos de COVID-19 a nivel nacional, según los datos estadísticos de Sinager y la Secretaría de Salud. En la ciudad de Comayagua se reportan entre 2 y 4 casos por cada barrio o colonia, es por esto que en la tercera semana se detuvo la reapertura inteligente de la economía y regresaron a la fase 0. 

La respuesta de la Alcaldía ante la pandemia ha sido la entrega de alimentos a las personas que residen en las afueras de la ciudad y el cierre de los accesos al mercado más transitado de Comayagua. La ciudad no cuenta con centros de triaje y a diario solo se realizan 70 hisopados en el centro de salud.

La zona del Mercado San Francisco está bajo el control de la Policía Nacional y el decreto del toque de queda ha venido a justificar detenciones ilegales según Astrid Ramos.

«Lo que sucedió es que uno de mis tíos salió aproximadamente como a las 4 de la tarde para ir a traer el carro que tenía estacionado en una calle aledaña a esa zona y luego ir a estacionarlo en el parqueo del supermercado, entonces él fue y pudo sacar el vehículo hasta pasadas las 5:30 de la tarde. Mi casa está aproximadamente a una cuadra y media del estacionamiento y en medio de ese trayecto está precisamente uno de los portones con candado. Cuando mi tío llegó, tocó el portón y le dijo a los policías que resguardaban allí que por favor le abrieran, los policías le dijeron que no, que dejara de estar haciendo escándalo, que él no tenía por qué andar en la calle», narra Ramos.

Ante esta situación, su tío, Darwin Alexis Ramos, ya molesto, les dijo que él no se iba a exponer a caminar de regreso a esa hora porque ellos no querían abrir el portón. Llamaron al 911 y una patrulla lo trasladó a la posta policial. Mientras eso ocurría, un policía municipal llegó a abrir el portón y los vecinos que estaban oyendo todo, avisaron a la familia del detenido.

«Al momento que a él lo subieron por la fuerza a la patrulla yo decidí también montarme a la patrulla voluntariamente repitiendo que él tenía derecho a la defensa y que yo era abogada y defensora de derechos humanos. En el transcurso del camino hacia la posta policial me comuniqué con Indira Mendoza, coordinadora de la red lésbica Cattrachas, para que hicieran las diligencias pertinentes. Pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, sobre mi situación, ya que en el camino los policías me estaban amenazando con detenerme a mí también en mi carácter de persona natural y a pesar de que le repetí en distintas ocasiones que era defensora de derechos humanos y que soy abogada, ellos hicieron caso omiso e incluso se burlaron mí y de mi profesión», explicó Ramos, en una nota de voz, momentos después de su detención. 

Al llegar a la posta policial, el señor Ramos fue llevado a una celda en la parte trasera de la Policía Departamental de Comayagua, mientras Astrid siguió comunicándose con la fiscal de Derechos Humanos y con la Fiscalía de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En ese momento, un agente le arrebató su celular y otros cuatro procedieron a detenerla y esposarla.

La abogada Glenda Ayala, comisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), comentó que ante la alta cantidad de personas detenidas por violación al toque de queda, el mecanismo realizó visitas a las postas en distintos puntos del país y «se encontró que en muchas de estas postas no se aplican las medidas establecidas por Sinager. Es imposible aplicar un distanciamiento social cuando las celdas son de tamaño reducido y hay más de 30 o 40 personas que ingresaron de manera apretada», expresó Ayala.

El MNP-Conaprev ha recibido denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales, que en muchas ocasiones han utilizado bombas lacrimógenas para dispersar aglomeraciones que pudieron haber sido evacuadas de manera pacífica. La abogada Ayala, agrega que la Policía Nacional tiene conocimiento de la escala de proporcionalidad del uso de la fuerza y las armas de fuego, pero esto no es tomado en cuenta y de manera desproporcionada e innecesaria reprimen al pueblo.

También han podido observar que no hay un criterio definido por parte de la autoridad policial para realizar detenciones, que en muchos casos son masivas y no se toma en cuenta si la persona salió a comprar comida para su familia o tiene una emergencia. La comisionada Ayala, agregó que estas detenciones masivas sin la aplicación de los protocolos de bioseguridad podrían aumentar el contagio de la COVID-19 en distintos sectores del país. Esto también pudo afectar a los miembros de la fuerza policial contagiados. 

En algunas ocasiones, los ciudadanos detenidos no son llevados a postas policiales o establecimientos adecuados o autorizados por la ley. El mecanismo recibió la denuncia de que algunas personas detenidas en Comayagua fueron trasladadas al Gimnasio León Alvarado, donde eran obligadas a realizar actividades físicas que van en contra de la dignidad humana. También en Tegucigalpa, más de un centenar de detenidos fueron llevados a una cancha de fútbol en la colonia Kennedy.

A nivel nacional, la Policía ha habilitado 20 unidades departamentales y municipales de prevención que albergan a los arrestados. La cantidad de espacios habilitados en cada unidad oscila entre 2 y 26, para un total de 287 áreas con celdas.

El MNP-Conaprev, en vista de estos sucesos, envió un oficio a la dirección de la Policía Nacional en el que solicitaron información acerca de los centros de detención que se han habilitado en el marco de la pandemia, sobre todo para las detenciones masivas. A la fecha, no han recibido respuesta y esto impide una vigilancia eficiente.

La comisionada Ayala del Conaprev se refirió al caso de la abogada Astrid Ramos y su tío Darwin Ramos, diciendo que fue muy preocupante que no se les facilitó el uso de la mascarilla ni se le informó cuáles eran los motivos de la detención. 

El MNP-Conaprev elaboró un informe acerca de este suceso y lo han hecho llegar a la dirección de la Policía Nacional. El documento contiene recomendaciones para que se respeten los derechos de las personas detenidas, que están establecidos en la Constitución de la República y otras leyes. Solicitan que se garanticen las salvaguardas en las primeras horas de la detención, ya que se han reportado otros casos en los que niegan la comunicación con un familiar o con un abogado defensor así como el reconocimiento médico. Los centros de detención no cuentan con información acerca del estado físico en el que ingresó la persona detenida, no hay un médico que practique las evaluaciones pertinentes, lo que permite abuso de autoridad por parte de los policías, manifiesta el informe.

Ante estas denuncias, el comisionado Meza puntualizó que el ente encargado de observar esto es la Dirección de Asuntos Disciplinarios de Policiales. Los casos están siendo revisados y se deducirá responsabilidad a cada uno de los agentes que hayan hecho un uso excesivo de la fuerza o abusaron de su autoridad.

Mientras la Policía Nacional mantiene a sus 18 000 agentes trabajando a nivel nacional, ya sea acompañando brigadas médicas, trasladando ciudadanos enfermos a los centros asistenciales, dispersando aglomeraciones o en retenes de tránsito, se hace más evidente que el mando está en los militares, que demuestran su autoridad en acciones que deberían ser realizadas por la Policía Nacional como la revisión de salvoconductos y la autorización para el paso de automóviles o peatones. Incluso, en ocasiones los militares buscan aprobar o regular la labor informativa de los medios de comunicación.

La arbitrariedad es terreno fértil para las violaciones de derechos humanos. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) ha recibido de marzo a mayo, tras la instauración del toque de queda, 1398 denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin que en alguna se haya deducido responsabilidades. 

La población se enfrenta a esto en plena pandemia, a la arbitrariedad, la precariedad, la desinformación y el abuso de unas autoridades y funcionarios que tampoco están libres de contagiarse y quedar en las manos del propio Estado al que representan.