Texto: Fernando Silva
Fotografía de portada: Agentes formados durante su ascenso a oficiales de la Policía Nacional de Honduras, Tegucigalpa. /Archivo de la Policía Nacional de Honduras.
“Es para honrar y glorificar el nombre de Cristo”, dijo el Comisionado de Policía Leonel Sauceda, el domingo 9 de febrero, antes de bajar del escenario del Centro Cristiano Internacional (CCI) donde minutos antes el pastor evangélico y miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Alberto Solórzano, había dirigido una oración en su favor. Una semana antes, Sauceda había sido ascendido al grado de Comisionado General de la Policía Nacional.
Dos días después del acto religioso en que participó agradeciendo su ascenso a Dios junto con el depurador policial, fue capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dependencia especializada del Ministerio Público, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos al no poder justificar un aproximado de 16 millones de lempiras contenidos en sus cuentas bancarias.
La captura de uno de los rostros más mediáticos de la Policía Nacional en el país, quien además ha sido catalogado como la reserva moral de esa institución, ha agudizado el debate sobre la efectividad de un proceso de depuración al que han señalado de responder a intereses políticos, separar a miembros de la policía sin justificación y liderar el descrédito que provoque la desaparición de la Policía Nacional hondureña.
La Policía Nacional en Honduras desde su creación a través de la ley orgánica en 1988, ha mantenido grietas institucionales que impidieron su consolidación absoluta y el desarrollo de la confianza ciudadana, al menos eso indican las valoraciones de un informe del Wilson Center presentado en mayo de 2019, en el que se describe a la crisis política de 2009 y la inclusión de elementos de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) -institución militar previa a la Policía Nacional- como elementos de contexto en la debilidad institucional que llevó a que en 2012 los índices de confianza pública en la policía cayeran a un 28.7 por ciento.
Ese mismo informe señala como factor la evidencia de infiltración de la policía por el crimen organizado.
En ese contexto, en agosto de 2013 un tribunal concluyó que los responsables de ejecutar a los universitarios Rafael Alejandro Vargas, y su amigo, Carlos Pineda en la madrugada del 22 de octubre de 2011 fueron cuatro miembros de la Policía Nacional. Rafael era hijo de Julieta Castellanos, en ese entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Este crimen y los señalamientos de que altos mandos de la policía estuvieron involucrados en los asesinatos de Alfredo Landaverde y el zar antidrogas Julián Arístides González potenciaron en el país un movimiento de diversas organizaciones de sociedad civil que impulsaron un proceso de depuración y reforma de la Policía Nacional que daría como primer resultado la juramentación en 2012 de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP).
Josué Murillo, excoordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), explica que “previo a la comisión de depuración, logramos que se conformara una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, encargada de diseñar y planificar el proceso de transformación y reforma de la policía nacional, Ministerio Público y Poder Judicial”.
Murillo cuenta que la comisión trabajó en el periodo de Porfirio Lobo como presidente de la República y generó un paquete de reformas que se presentaron en el Congreso Nacional. Las reformas incluían la creación de una policía netamente civil, la despolitización de los cargos en el sistema de seguridad pública y quitarle poder a los diputados en la elección del Fiscal General.
“Cuando Juan Orlando vio que ellos eran independientes y estaban apuntando a las raíces del problema, los destituyó, anuló la comisión de reforma y conformó esta comisión depuradora”. En la última sesión de su legislatura como presidente del poder legislativo, Hernández se encargó de borrar del mapa a la comisión.
En ese momento la apuesta principal para la seguridad pública por parte de Hernández era la creación de la Policía Militar, que finalmente se oficializó mediante decreto legislativo en 2013. Una policía que muchos sectores han señalado como la guardia personal y represora del presidente que en 2017 sería inconstitucionalmente reelegido en unas elecciones con muchas irregularidades.
Finalmente, en 2016 es creada la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional y nombrados como comisionados el pastor evangélico Alberto Solórzano, la abogada Vilma Morales, señalada en medios de comunicación por actos de corrupción en su mandato como presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); y Omar Rivera, un cuestionado dirigente de sociedad civil que ahora ostenta el cargo director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC).
La creación de esta instancia y su ampliación en 2018 permitió la instalación de Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), encargada según su sitio web de “investigar todas las faltas cometidas por parte de los miembros de la carrera policial y empleados de la Secretaría de Seguridad”.
Alan Argeñal, titular de la DIDADPOL, cuenta que ante los señalamientos a miembros de la policía que presuntamente estaban involucrados en el crimen organizado, surgieron una serie de preguntas, “¿qué hacer con la Policía Nacional? ¿Desaparecerla o fortalecerla?.”
Argeñal dice que finalmente se decidió crear un mecanismo para rescatar la institución conformando la comisión depuradora y posteriormente la DIDADPOL para investigar y separar a los culpables de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
“La mayor incidencia de faltas es por el abandono de servicio policial, por negligencia del servicio policial, conocimos un caso de paro ilegal, también por manifestar inconformidad en el servicio policial”, señala.
Sin embargo, mujeres policías han denunciado que algunas de sus compañeras que siempre han cumplido con los reglamentos reciben bajas repentinas, presumen a causa de las denuncias que ellas mismas han interpuesto por el acoso sexual y laboral que ejercen sus superiores.
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Según datos de la Comisión Depuradora proporcionados por Omar Rivera, se han depurado un aproximado de 6.500 elementos policiales y de ese total solo se han remitido un 33% al Ministerio Público.
Para Murillo, la Comisión Depuradora “se quedó muy corta” al no presionar a las instituciones u organizaciones que tenían que llevar los procesos de investigación de los oficiales que separaban de sus cargos.
“Lo que se hizo fue nutrir a los entes criminales, por eso yo siempre he criticado, porque desde su génesis tenía un error ya que la iglesia no tuvo que estar involucrada, la sociedad civil perdió su papel”, concluye.
Captura de Leonel Sauceda y depuración policial
El martes 11 de febrero de 2019, los medios de comunicación de todo el país, despertaron con la noticia de la captura del comisionado Leonel Sauceda y su esposa Patricia Estrada acusados por la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF-Adpol) por el delito de lavado de activos.
Sauceda servía en la institución policial desde 1992 ocupando diversos cargos dentro de su estructura, mano derecha del exministro de seguridad Oscar Álvarez y un reconocido religioso que además formaba parte de organizaciones como la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ahora Sauceda guarda prisión preventiva en el Primer Batallón de Infantería.
María Luisa Borjas, comisionada retirada de policía y ex diputada de oposición, señaló que “la comisión depuradora quedó en evidencia con esta captura y el previo ascenso como Comisionado; además, a Sauceda se le había abierto expediente desde 2002 en la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad por vínculos con el narcotráfico cuando con otros oficiales bajaron una narcoavioneta en Choluteca”.
María Luisa Borjas asegura que la razón por la que durante todos estos años permitieron su ascenso en la institución es justamente por ser la mano derecha del exministro de seguridad y militante del Partido Nacional, Oscar Álvarez.
Según esta mujer que ha ganado y perdido batallas en su esfuerzo por cumplir el deber policial, la intención de crear esta comisión era destruir la principal institución de seguridad civil del Estado; dejar a los oficiales que estaban involucrados en actos ilícitos y expulsar de la institución a los honestos.
Borjas dice que “la comisión sacaba a los depurados de los listados que les daban oficiales corruptos, y depuraban a los policías que les estorbaban a los superiores para realizar las actividades delictivas”.
Por su parte, Jair Meza, vocero de la Secretaría de Seguridad, dice que “al ser la única institución del Estado que es evaluada, todas las actuaciones se vuelven transparentes”.
Sobre la captura del Comisionado General Leonel Sauceda y la efectividad de la depuración policial, apunta que la institución policial lleva el proceso de reestructuración desde hace cinco años por lo que todavía hay investigaciones pendientes que el Ministerio Público está llevando.
“Todos estamos sometidos a este proceso, así que no hay que asustarse”, asegura y recuerda que Sauceda puede reintegrarse a su puesto en cuanto el juzgado decida otorgarle una sentencia absolutoria.
Para Meza existe un claro antes y después en la operatividad de la corrupción dentro de la Policía Nacional, asegura que “había una policía abandonada totalmente y todo el Estado estaba permeado por el crimen organizado, principalmente el narcotráfico”.
Sin duda, las políticas de seguridad en Honduras tuvieron un punto de inflexión a partir de la llegada de Hernández a Casa Presidencial, y su ilegal enamoramiento con la titularidad de ese poder del Estado.
Por ejemplo, en diciembre de 2014 el gobierno de Juan Orlando Hernández nombró al general Julián Pacheco Tinoco como titular de la Secretaría de Seguridad. El primer militar activo en asumir ese cargo desde que la Policía Nacional pasó al poder civil en la década de los noventa.
Para María Luisa Borjas, como Juan Orlando Hernández no ha logrado elevar la Policía Militar a un rango constitucional, está acabando con la policía civil para que la Policía Militar ocupe su espacio. Después de más de seis años de gobierno las fuerzas militares han tomado la titularidad de sectores imposibles de imaginar que tomarían, como el discurso religioso, la educación en valores y el sector agrícola.
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Ramírez del Cid y filtraciones en el programa El Perro Amarillo
Siete días después de la captura de Leonel Sauceda, en el programa “El Perro Amarillo” transmitido a través de Facebook Live, un ex comisionado depurado de la Policía Nacional, entregaba en manos del comunicador social y sociólogo Milton Benítez, un disco duro con supuesta información que relaciona al gobierno de Juan Orlando Hernández y algunos de sus más cercanos colaboradores con el crimen organizado.
Ramírez del Cid fue cancelado por la Comisión Depuradora en 2016 después de que un reportaje del New York Times lo señala de haber organizado el asesinato del General Julián Arístides González, el zar antidrogas; y Alfredo Landaverde, político y asesor de seguridad en el Ministerio Público.
En el caso de Landaverde, un mes antes de su asesinato había nombrado a Ricardo Ramírez del Cid en un popular foro televisivo, en el que se refirió a él como “quien conoce a los jefes del crimen organizado en Honduras, en cada departamento, en cada municipio, en cada ciudad grande”.
Landaverde señaló públicamente a los altos mandos de la Policía Nacional de servir al crimen organizado y un mes después fue acribillado en la ciudad de Tegucigalpa.
Según un documento oficial de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga miembro del cartel de narcotráfico “Los Cachiros”, admitió estar involucrado en el asesinato de Landaverde y al menos 77 personas más.
Al consultarle a Milton Benítez, director del Perro Amarillo, sobre la fiabilidad de su fuente ante las menciones en el reportaje del New York Times, aseguró que tienen pruebas de que los informes de la Policía Nacional que se utilizaron para la pieza periodística tienen firmas falsas y seguirán en proceso de investigación; aunque aclaró que no lo hacen por defender a Ramírez del Cid.
“Ricardo Ramírez del Cid nos buscó a nosotros porque teníamos esta información hace un año, pero solo teníamos las transcripciones de los audios que ahora nos proporcionó”, y explica que lo que recibieron no es una filtración, ya que, según él, eran documentos que habían ocultado durante mucho tiempo pero habían sido investigados y archivados dentro de la Secretaría de Seguridad.
El programa de Milton Benítez es visto por miles de personas, y desde la entrega de la información su audiencia ha escuchado una serie de audios que, según él, selecciona su equipo de trabajo, y que presuntamente involucran las voces de testigos protegidos en diversos casos del crimen organizado e incluso contienen el audio que han identificado en este programa como el de Alexander Mendoza “alias El Porkis” que el 14 de febrero fue liberado ilegalmente en una operación ejecutada por personas vestidas de agentes policiales.
Aunque el vocero de la Secretaría de Seguridad no quiso referirse a la información vertida por Ramírez del Cid por no formar parte activa de la institución policial, mencionó que siempre están listos ante los requerimientos del Ministerio Público que se puedan emitir ante denuncias públicas o privadas de la ciudadanía, aun si les tocara hacer cumplir un requerimiento en contra del presidente.
La comisión depuradora seguirá en funciones hasta 2022, al preguntarle a Benítez sobre esto, afirma sin dudar que se cumplió la función para la que fue creada. “La depuradora fue muy bien pensada para desaparecer a la Policía Nacional y militarizar el país, ahora entregar a un policía como Leonel Sauceda es riquísimo porque así los militares son los buenos pero los policías son los malos”, concluye.
Según información de diversos medios de comunicación nacional con origen en el Ministerio Público, Leonel Sauceda era investigado desde 2002 cuando fungía como jefe regional de tránsito del departamento de Choluteca, donde se creó un expediente en el que se le señalaba de formar parte de un grupo criminal encargado de coordinar el aterrizaje de avionetas cargadas con droga.
Hasta que la comisión depuradora termine su mandato se espera que las capturas y cancelaciones de policías involucrados en ilegalidades continúen, aunque en muchas de esas separaciones no haya mayor investigación. De la misma forma se espera el seguimiento de la depuración de oficiales honestos, en función de una depuración que aparentemente ya ha logrado debilitar los cimientos del ente de seguridad civil en Honduras.
