En la casa, en su trabajo, en la policía, en los juzgados, en organizaciones de Derechos Humanos.
Las mujeres han denunciado hostigamiento y violencia sexual en todos los espacios, las cifras señalan que la mayoría de los agresores conocen a sus víctimas. Menos de la mitad de las denuncias que llegan al Ministerio Público en Honduras entran a un proceso judicial, y de las que sí lo hacen, apenas la mitad recibe sentencia condenatoria. En ese contexto en que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia de género, no hay espacio seguro. Incluso las organizaciones de derechos humanos, esas que deberían velar cuando el Estado falla, no están exentas de esto.
Texto: Vienna Herrera
Ilustraciones: Ambar Nicté
Análisis de datos: Jennifer Avila y Otto Argueta
En mayo de 2019, Wilfredo Méndez, director por ocho años del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), fue denunciado públicamente por nueve instituciones defensoras de mujeres y de derechos humanos por acosar laboral y sexualmente a empleadas de la organización.
Las organizaciones hicieron la aparición pública en una conferencia de prensa después de que Méndez elaborara y enviara una carta al director regional de la organización sueca DIAKONIA interponiendo una denuncia: «Contra la representación de DIAKONIA Honduras, por atentar contra la oficina que represento y por impulsar una campaña de desprestigio en mi contra, que tengo una larga y respetable trayectoria como defensor de derechos humanos». En la carta, Méndez denunciaba a Reina Rivera Joya por «utilizar sus influencias para impulsar múltiples acciones para destruir mi imagen y atentar contra la estabilidad de nuestra oficina», Méndez hizo la acción pública a través del programa En la Plaza, de Radio Globo.
Durante la conferencia de prensa la directora del Movimiento Visitación Padilla, Merly Eguigure, señaló: «Si esto lo sacamos a la luz pública es porque hoy Wilfredo Méndez empezó a ponerlo en el escenario público», añadió que en su organización tienen dos denuncias y afirmó que su carta solo refleja «desesperación por tapar las denuncias en su contra».
Berta Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), dijo que el país se enfrentaba a uno de los peores momentos desde el Golpe de Estado: «Tenemos la información, inclusive cómo han venido trabajando desde inteligencia militar para ir socavando las agencias de cooperación, y teníamos también nombres de las agencias de cooperación que eran y son blancos. Esto no es casualidad porque el fondo es exhibir y demandar que se vaya una agencia que ha hecho historia en el tema de Derechos Humanos como es DIAKONIA».
Por su parte, el secretario general de DIAKONIA, Georg Andrén, firmó una aclaración pública en la que rechazaban las declaraciones y acusaciones; señaló que «el acompañamiento de las denuncias sobre acoso y violencia sexual se ha realizado desde la posición de Reina Rivera Joya como asambleísta de CIPRODEH y no como representante de DIAKONIA».
Meses después de que este caso se publicara y ya cuando los debates han ido pasando al ámbito más privado, Jessica Sánchez del Grupo de Sociedad Civil (GSC), nos recibió en su oficina para una entrevista. Ella fue la primera en recibir las denuncias de los empleados de CIPRODEH, dijo haber recibido amenazas de querellas por dar acompañamiento: «Uno lo espera de un militar, de la policía, pero de un defensor de derechos humanos, nunca», añade.
En ese momento ya se hablaba de querellas, entonces el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tabora, ofreció su apoyo legal al considerar que se trataba de un tema de libertad de expresión: «Porque hemos escuchado a Wilfredo decir que va a proceder legalmente y lo que podemos hacer es acompañar estos casos contra la libertad de expresión y creo que es un reto muy importante para las organizaciones fortalecer los mecanismos internos para darle trámite a las denuncias».
En su declaraciones a medios, Méndez dijo que todo se trataba de una campaña de desprestigio y una persecución política, que demandaría a quien tuviera que demandar: «Yo ahora tengo que replantearme muchísimo, estoy replanteándome porque siempre he sido abanderado del feminismo».
Sánchez cuenta que cuando una de las empleadas de la organización, que Méndez lideraba, le confesó que fue víctima de violencia sexual, ella recordó un encuentro que tuvo con él en un espacio: «Cuando yo lo confronto y le digo que es un misógino y un violador de Derechos Humanos me dijo “eso conmigo no va a funcionar porque a mí las feministas me aman”, entonces era un tipo que era aceptado en ciertos círculos de organizaciones feministas».
Las víctimas le comentaron a Sánchez que por esa razón acudían a ella y no a una organización de mujeres porque Méndez les había dicho que tenía pactos con ellas. Sánchez, tiempo después, fue a comprobar la información y estas le respondieron que no era así: «El tipo armó una red, de tal manera que ellas desconfiaban de todo el mundo, de las organizaciones de mujeres y de las sociales, entonces fue una cosa bien construida, es literalmente como una araña chiquitita que van tejiendo redes y envuelven a mucha gente».
Pero esto no es un caso aisaldo. Sánchez comenzó a recibir más denuncias. Si en Honduras no ha estallado aún un #MeToo, esto podía desatarlo.
El patrón: los agresores cuentan con una red de cómplices dentro de sus organizaciones. «Hay un patrón. Algunos casos fueron en el marco de un viaje de equipo, él llevaba dos personas que custodiaban y justifican diciendo que a ella le gustaba o quería pasar una noche».
De acuerdo con estudios de diferentes universidades estadounidenses publicados en el New York Times, este tipo de conductas no son extrañas entre abusadores: «Pueden asociarse con otros que también cometen abuso sexual. Por lo general niegan que han violado mujeres, incluso a pesar de admitir que se trató de sexo no consensuado».
Las investigaciones señalan que generalmente hay una desconexión para entender la violación. «Al preguntarles a los agresores si las habían penetrado sin su consentimiento los individuos respondían que sí. Al preguntarles si habían cometido un acto “parecido a una violación”, la respuesta era casi siempre negativa». Los expertos además revelaron que algunas características que comparten los hombres que han violado es que ellos no creen ser el problema, tener grupos de amigos que utilizan lenguaje hostil para describir a las mujeres, la presión social para tener sexo y los mitos de violación como la idea de que «no» significa «sí».
Wilfredo Méndez salió de CIPRODEH a finales de mayo y no tuvo repercusiones dentro de la organización por las denuncias.
La información oficial del Ministerio Público señala que existe una denuncia por violencia sexual en los últimos 10 años donde el agresor es una persona de una organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos, la denuncia fue ingresada en 2019 y aún se encuentra en proceso de investigación.
Encuesta
Con el objetivo de generar información sobre las acciones asociadas a la violencia sexual, y basada en género, en las organizaciones sociales especializadas en derechos humanos en Honduras, Contracorriente realizó una encuesta, para que sumado a las entrevistas y testimonios, se revelen no solo situaciones relacionadas a la violencia sexual en estos espacios, sino también las respuestas formales e informales por parte de las organizaciones a tales situaciones. El análisis de los datos se hace desde una perspectiva de género que abarca, además de las expresiones violentas, una amplia gama de prácticas e imaginarios que reproducen y justifican relaciones sociales basadas en la inequidad, desigualdad, discriminación, injusticia y estigmatización por razones de género. En el centro de ese análisis están las relaciones de poder que tienen, entre otras, una expresión a través de la violencia sexual.
El universo de la encuesta es la sociedad civil hondureña. Se utiliza aquí un concepto limitado de sociedad civil en el que se incluye a las expresiones organizadas de la misma. Se excluye de esta definición a las expresiones de la sociedad civil no organizadas o informales.
De ese universo, la investigación se centra en una población de personas que laboraban (independientemente del tipo de contratación) en una organización de sociedad civil formal en el momento en que la encuesta se realizó.
Todas las preguntas del cuestionario indagan sobre información que es, o debería de ser, pública. Las personas fueron contactadas a título personal y se obtuvo su consentimiento para aplicar el instrumento. Los datos de identificación de las personas encuestadas son confidenciales así como los datos sobre las organizaciones seleccionadas. No se consultó sobre personas beneficiarias de las organizaciones como se puede ver en el cuestionario utilizado. La selección de organizaciones se hizo de acuerdo a una serie de criterios que incluyen el carácter formal de la organización, su acción pública en materia de derechos humanos y el tiempo de existencia como organización formal. Para seleccionar a las personas de cada organización se usó un criterio de proporcionalidad de género (50-50% hombres y mujeres) y se buscó abarcar la mayoría de opiniones de acuerdo a la estructura estándar de las organizaciones que abarca desde puestos de dirección hasta puestos de servicio y apoyo técnico.
Los resultados tienen un alcance delimitado y no pretenden dar cuenta de tendencias ni generalizaciones. Son indicios de situaciones que podrían dar lugar a más preguntas e investigación.
A QUIENES ENTREVISTAMOS (LA MUESTRA)
Se escogieron 17 organizaciones de las cuales se encuestaron un máximo de 8 personas y un mínimo de 4, según el tamaño de la organización y tomando en cuenta que el 50% de la muestra debía ser femenino y 50% masculino
Tres organizaciones de las seleccionadas solicitaron que el personal de Recursos Humanos viera el instrumento primero, y que dicho departamento eligiera quienes llenarían la encuesta. En esos casos, la encuesta no fue realizada dado que un condicionamiento de ese tipo rompe el principio de anonimato y condiciona los resultados ya que desde ese departamento se deriva la evaluación del personal y podría implicar consecuencias laborales para los encuestados. Eso impidió que se realizara la encuesta en una organización en su totalidad y, en las otras dos, a los miembros de la dirección. De esta manera la muestra se vio reducida.
Casa Alianza se encontraba en la muestra inicial. De las tres organizaciones fue la única que dio respuesta de manera institucional a la petición y explicación enviada por correo electrónico en la que se le indicaba que al no aceptar la encuesta podía brindar una entrevista para aclarar la respuesta negativa. La organización no permitió hacer la encuesta porque sus protocolos internos dicen que el personal de recursos humanos debe revisar el instrumento «con el propósito de que no se vaya a someter al personal, de manera innecesaria, a estrés».
El método de aplicación de la encuesta considera el anonimato como un principio fundamental en este tipo de recursos de investigación. En ese sentido, cualquier condicionamiento proveniente de las organizaciones encuestadas (selección de las personas por parte de algún directivo o personal administrativo) distorsiona los resultados y la calidad del estudio, además que expone a la persona y condiciona sus respuestas.
Eso implica que una selección hecha por el personal de Recursos Humanos que solicitó Casa Alianza introduciría un sesgo inevitable por el hecho de que es de ahí de donde proviene la evaluación de desempeño que sustenta la contratación de las personas. Casa Alianza señaló en una entrevista sí tener una política de género, pero que están conscientes que debe ser actualizada debido a que fue concebida desde una perspectiva de mayor acceso a trabajos y oportunidades, pero no incluye igualdad y equidad en información, toma de decisiones, de protección, promoción de la igualdad.
En el caso del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) que solicitaron una carta de parte del medio, vía correo electrónico, al cierre de este texto, seguían sin enviar su respuesta.
POLÍTICA DE GÉNERO
Se les preguntó a las encuestadas y los encuestados sobre las políticas y protocolos con los que su organización cuenta para la prevención y tratamiento de la violencia basada en género. Las mujeres, en su mayoría, dijeron conocer la política de género, a diferencia de los hombres. Los hombres que dijeron sí conocerla apuntaron haberlo hecho a través de inducción al trabajo. Las mujeres, en su mayoría dijeron haber conocido la política porque participaron en su elaboración. La participación desigual de hombres y mujeres afecta la vigencia de la política de género, partiendo de que por ser política debe ser pública y bien conocida por las personas impactadas por ella, en este caso las empleadas y empleados de la organización.
En este punto las mujeres dijeron conocer sobre un reglamento de aplicación de la política de género, a diferencia de los hombres, de los cuales más del 50% respondió no saber sobre un reglamento. Sin embargo, una tercera parte de las mujeres contestó que la política de su organización no cuenta con reglamento, lo que denota un vacío en la forma de aplicar la política.
EL 90% de las personas que contestaron no conocer la política de género dijeron que sí es necesaria y apuntaron que las razones por las cuales debería haber una política de género son:
1. Porque hay muchas cosas que pasan en la organización que se resolverían con una política de género.
2. Porque es una vergüenza no tener política de género siendo organización de derechos humanos
COHERENCIA
En esta sección de la encuesta se leyó una serie de afirmaciones con las cuales las personas podían estar o no de acuerdo. En las afirmaciones que se refieren a la utilidad de la política de género los números entre hombres y mujeres no varían, es claro que las personas encuestadas hablan desde su posición en la organización, sin embargo cuando se habla de conductas, comportamientos y dinámicas sociales, las respuestas varían y va poco a poco desmenuzando la realidad que el discurso suele rodear.
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Entrevistas
Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos
«Los hombres debemos de tener el valor de enfrentar a otros hombres y señalar qué es lo que estamos haciendo mal, no es suficiente con quedarnos callados y decir: “Yo no digo esto, no cuento chistes homofóbicos”. No, tenemos que dar el paso y decirlo».
Mejía señala que en las organizaciones, para que los protocolos funcionen deben ser políticas institucionales que vayan a la par de un proceso de formación y concientización hacia los hombres: «Creo que es sumamente fundamental entender que lo personal es político porque no podemos exigir la democratización del país si en lo privado somos unos pequeños dictadores en el hogar, en las relaciones laborales y en las organizaciones, y eso implica renunciar a privilegios»
Jessica Sánchez, Grupo de Sociedad civil.
«Sabemos que el sistema judicial no va a estar de nuestra parte, sabemos que es una lucha desigual, pero vamos a seguir. Estamos ante un monstruo que no solo es el sistema, es el patriarcado porque tienen pactos entre ellos. Sabemos que estas cosas se dan en las organizaciones y todo el mundo las calla, todo el mundo las piensa mejor. Esto debe aceptarse, tiene que parar y debemos tener protocolos».
Jessica Sánchez dice que estas políticas no deben ser únicamente requisitos solicitados por la cooperación: «Estos tipos que hacen acoso, violencia sexual, que tienen relaciones con sus empleadas (que no debería ser porque es una cuestión de poder), son muy apoyados por algún tipo de cooperación. Yo no sé si saben, pero sí creo que los cooperantes deben tener un código de ética sobre acoso y violencia sexual para que las organizaciones que trabajen con ello y reciban sus fondos se comprometan a no hacer ciertas cosas».
POLÍTICA CONTRA EL ACOSO
Aunque la mayoría de las personas encuestadas sabía de una política de género en su organización, en el caso de una política específica contra el acoso sexual, la mitad dijo saber y la otra mitad no saberlo, sin distinción de género. Cuando hablamos del tema de acoso sexual, desde la percepción hasta conocimiento de casos, frecuencia y probabilidad de que ocurra en la organización, los hombres se mostraron más renuentes a hablar sobre acoso y las mujeres más abiertas para hacerlo.
COHERENCIA
En esta sección de la encuesta se leyó una serie de afirmaciones con las cuales las personas podían estar o no de acuerdo. En las afirmaciones que se refieren a la aceptación del acoso sexual como algo normal y quizá ahora tomado de manera «exagerada», los hombres manifestaron estar de acuerdo, a diferencia de las mujeres que se mostraron intolerantes a cualquier justificación para el acoso sexual.
Para abordar el tema de acoso sexual se preguntó sobre conocimiento de casos, frecuencia en que estos suelen suceder dentro de la organización y acciones que se realizan institucionalmente o que se adoptan como colectivo para enfrentar la situación.
ACOSO SEXUAL
Las personas encuestadas, en su mayoría dijeron no conocer sobre casos de acoso en su organización, sin embargo, el número que dijo que sí, en su mayoría mujeres, apuntaron que sucedía tanto en el cumplimiento de labores, como en los espacios fuera del ambiente laboral y contra personas que son externas a la organización. Aunque la mayoría se apegó a la coherencia entre el discurso basado en políticas de género o conocimiento del tema que se ha dado en la organización, cuando se preguntó si hubo acoso y cómo se abordó, la mayoría dijo que tanto los victimarios como las víctimas no quisieron hablar del tema, que «no se supo». Un porcentaje que marcó «otro» y especificó que no hubo casos, esto fue solo el 15%, el 85% dijo que no se supo, en un porcentaje menor que se aplicó la política y en otro que se llevó a los tribunales el caso.
Cuando se preguntó sobre las relaciones de poder entre victimarios y víctimas, la mayoría se abstuvo de contestar, sin embargo el segundo porcentaje mayor dijo que el victimario tenía un puesto de poder. Esto se cruza con el hecho de que la mayoría dijo de que ante un caso de acoso no hay acciones para resolverlo y se intenta, al contrario, esconder el hecho.
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Cuando a las personas se les coloca frente una serie de argumentos sobre si el acoso ocurre en la organización y que esto responde a relaciones de poder desiguales, responden negando que eso sea así, aislando los casos de un comportamiento institucional.
La percepción general de las personas encuestadas, sin embargo, es que las mujeres son en su mayoría las víctimas de acoso y los hombres, los acosadores. Aceptando un patrón social que va más allá de lo institucional
VIOLACIÓN SEXUAL
Las personas encuestadas, en su mayoría dijeron no conocer sobre casos de violación sexual en su organización, sin embargo el número que dijo que sí, en su mayoría mujeres, apuntaron que sucedía entre personas que no trabajan juntas. Aunque la mayoría se apegó a la coherencia entre el discurso basado en políticas de género o conocimiento del tema que se ha dado en la organización, cuando se preguntó si hubo violación y cómo se abordó, la mayoría dijo que no ocurrió nada y que tanto los victimarios como las víctimas no quisieron hablar del tema, que «no se supo».
Cuando se preguntó sobre las relaciones de poder entre victimarios y víctimas, la mayoría dijo que no tenían relación de trabajo, sin embargo el segundo porcentaje mayor dijo que el victimario tenía un puesto de poder.
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Cuando a las personas se les coloca frente a una serie de afirmaciones (técnica de afirmaciones hipotéticas) sobre si la violación ocurre en la organización y que esto responde a relaciones de poder desiguales, responden negando que eso sea así, aislando los casos de un comportamiento institucional.
Cuando preguntamos de violación sexual y la percepción sobre víctimas y victimarios, las mujeres respondieron que las mujeres no suelen ser víctimas de violación y los hombres, al contrario, las ubican como potenciales víctimas. La negación de las mujeres ante esto refuerza su respuesta con respecto al conocimiento de casos. Los hombres admiten más conocer casos y que esto es probable, frecuente, las mujeres no.
TESTIMONIOS
LUISA
Luisa llevaba años trabajando en una organización de derechos humanos, había normalizado muchas cosas: trabajar todo el día y los fines de semana, los pleitos por protagonismo e incluso los malos tratos. Pero algo le incomodaba constantemente, sentía que su jefe en varias ocasiones la besaba muy cerca de la boca o le tocaba los pechos. Luisa llora al contar su historia, dice no entender por qué no pudo controlar la situación «uno debe pasar y decirle “bueno y a usted ¿qué le pasa?” se lo dije a una compañera una vez y ella me dijo que había sentido algo similar» cuenta Luisa.
«Fue una cosa en la que uno misma trata de pensar que no es así, que de repente es cariñoso o que tal vez malentendió las cosas porque una es cariñosa» Luisa cuenta que sus intenciones quedaron claras cuando él comenzó a enviarle mensajes diciendo que ella no había entendido que la quería de otra forma y le pedía verla a solas para hablar. Aunque ella le respondió recordándole que él era su jefe, él insistía.
Desde ese entonces la vida laboral de Luisa cambió para siempre «lo que hacía era nunca estar a sola, nunca encontrármelo a solas y como siempre he sido en mis trabajos: trataba de no convivir mucho más que como jefe-empleada». Luisa llegó a sentirse acosada constantemente, incluso cuando su jefe buscaba verla a sola en viajes de trabajo.
Luisa dice que cuando su jefe comprendió que no iba a acceder, comenzó a ejercer acoso laboral en su contra. En ese momento ella se preguntaba por qué después de tantos años para él ya no era buena empleada, ya no hacía bien su trabajo, «él percibía que no me estaba dejando, no me gustaba, lo estaba repeliendo y siempre que podía en espacios públicos hablaba duramente sobre el hostigamiento sexual» toda la situación le produjo ansiedad y ahora tiene que vivir dependiente de medicamentos. Aunque Luisa amaba y necesitaba su trabajo, decidió renunciar.
Aunque Luisa quisiera hablarlo públicamente, la detiene ver las respuestas que han tenido contra las mujeres que han hecho sus casos más públicos, no quiere que cuestionen por qué no habló en su momento. Luisa perdió su celular hace poco con las pruebas del acoso, «ahora siento que tengo nada más que mi palabra» sentencia.
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ANA
Ana comenzó a trabajar en una organización de derechos humanos al hacer entrevista y ganar un concurso. Al poco tiempo de estar en la organización fue víctima de abuso sexual por una persona con un puesto jerárquicamente mayor al de ella. Ana pasó en negación durante mucho tiempo y siguió su trabajo, sin contarle a nadie.
Con el paso del tiempo su vida laboral se fue volviendo cada vez más difícil. Su agresor se acercaba a ella y cuando podía le recordaba: «Todo lo que usted diga puede hacer crecer o destruir su carrera». Ana dice que vivió años de humillación, hostigamiento, silencio y dolor.
«Fue terrible porque ni siquiera recordaba lo que había hecho, eso había quedado guardado en mi subconsciente y salía cuando menos lo esperaba». Ana al principio se sentía culpable, se cuidaba mucho de no quedarse sola con él y cuando no pudo con la carga decidió contarle a una de sus compañeras de trabajo, pero ella le comentó a su agresor, entonces los ataques directos empezaron.
Ana dice el ambiente laboral se volvió muy difícil, otros compañeros se enteraron y comenzaron a tener represalias. «Probablemente se sintieron aludidos o cayeron en el nivel de manipulación que tiene, él decía que yo hacía esto para destruir a la institución y no porque yo tenía necesidad».
«Sé que no es fácil ahora y no va a ser fácil la cuestión es que no solo son compañeros que están en las organizaciones, sino que son otros directores de sociedad civil que se han apoyado entre sí. Son como grupos de machos que realizan estas prácticas de abusar de personas y ellos siguen operando, tienen contactos en todas partes y son como una pequeña red de corrupción».
Ana tuvo que renunciar a su trabajo, dice que durante el tiempo que intentó mantenerse en la organización le era difícil hacer su trabajo, concentrarse y sentirse bien con sus compañeros. «Sigo cargando con todo esto mientras mi agresor sigue por ahí intentando limpiar su cara. Sé que muchas otras mujeres en la misma organización han pasado por situaciones similares o peores, pero que no se atreven a denunciar porque también denunciar a un tipo como este significa que te bloqueen por completo en la sociedad civil».
RESPUESTA INSTITUCIONAL
A las personas se les preguntó qué tan probable es la violación sexual, el acoso sexual, el hostigamiento por denunciar o el apoyo por denunciar. Si tomamos los extremos, «nada» como referencia a cero probabilidad y «poco», «algo» y «mucho» como la probabilidad de que las cosas sucedan en diferente escala de percepción, tenemos un 60% de probabilidad que estos hechos ocurran. En ese sentido, la respuesta institucional debe ser tal que genere una percepción de ser fuerte, intolerante, sin embargo, las encuestadas y encuestados mostraron puntos en los que los protocolos se pueden ajustar para brindar mejor respuesta y leves problemas de coherencia sobre la cultura machista arraigada a pesar del discurso de defensa de derechos de las mujeres.
La encuesta permitió observar que muros culturales, políticos e ideológicos y miedos generados por relaciones de poder en el ámbito laboral persisten incluso en espacios en donde eso está llamado a ser superado. Si bien hay porcentajes que denotan la existencia de procedimientos formales (políticas), hay también porcentajes que denotan sus fracturas y que estas son, en algunos casos, minimizadas ante la prioridad otorgada a la acción política, al discurso o a una cultura generalizada que no otorga importancia a estos hechos. Así como los derechos humanos son dicotómicos (se cumple o no, sin términos medios) la coherencia respecto del discurso y las prácticas en materia de violencia basada en género también debería serlo. La encuesta en su totalidad denota que esto aún es un campo con márgenes borrosos en donde existe la probabilidad de ocurrencia de la violencia basada en género y la revictimización, por lo tanto, es posible.
Betty Vásquez coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
«Aún queda esa gran deuda sobre el respeto de nuestros cuerpos, a pesar de que se llamen compañeros, siempre están pensando en que las mujeres debemos aceptar piropos y no exigir respeto, que las mujeres deben someterse o sentirse halagadas por hombres mayores, aunque a quienes estén halagando, que en realidad es acoso, sean menores».
La coordinadora del MAS asegura que además el patriarcado es algo que alimenta al sistema capitalista por el que luchan los movimientos y las organizaciones. «El patriarcado es una cosa que al sistema capitalista le conviene mantenerlo y el machismo es un ingrediente fundamental para la opresión, represión y manipulación, no solamente de nuestras conciencias sino para la manipulación del acceso y la toma de decisiones para el poder».
Helen Ocampo, Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
«Por eso es importante que dentro de las organizaciones existan políticas y reglamentos internos funcionales que aborden la desigualdad, que puede ser desde salarios, acceso a puestos de trabajo porque normalmente las mujeres no suelen ser recomendadas para altos puestos de trabajo por el machismo¿cómo podemos tratar de defender eso a lo externo de la organización si no lo hacemos a lo interno?».
Ocampo añade que no importa el cargo que ostente el agresor o agresora sexual, «tienen que tomarse cartas en el asunto y tomar la denuncia y acompañar a la sobreviviente de violencia sexual de la forma en que requiera porque cada caso es distinto».
«No tengo más que mi palabra»
Romper el silencio tiene consecuencias negativas para quienes denuncian, las víctimas a las que Contracorriente tuvo acceso aseguraron que lo que las detiene de denunciar o hablar públicamente es el estigma que recae sobre ellas. Las mujeres, incluso si deciden someterse a un proceso judicial, son juzgadas en el proceso y fuera de él sobre si son ciertas sus historias o si ellas permitieron que sucedieran.
De acuerdo con un estudio publicado por la revista de Ciencias Forenses en Honduras, la revictimización en las instituciones es una causa del silencio de las víctimas. «En la mayoría de casos por agresión sexual, indirectamente conlleva a que la víctima sea revictimizada por los operadores jurídicos, exponiéndose a sufrir un mayor daño que el proporcionado por el delito en sí», manifiesta el documento.
A las víctimas el sistema judicial, policial y hasta el de defensores de derechos humanos parece condenarlas al silencio, la vergüenza y a la impunidad de sus agresores. La legislación no contempla los procesos de las víctimas y cómo a muchas les cuesta años entender que lo que les sucedió fue una violación. Tampoco parece que el sistema se esté enfocando en desarrollar métodos investigativos para comprobar las violaciones y hostigamiento sexual que en la mayoría de los casos se dan sin testigos presenciales.
El panorama judicial para las víctimas de hostigamiento o violencia sexual luce más desolador, el nuevo Código Penal reduce las penas. Los casos de hostigamiento sexual serán penados entre 1 a 2 años de reclusión, un año menos que antes, la pena sigue siendo conmutable y los agresores pueden seguir en libertad.
La mayoría de los casos de hostigamiento sexual no llegan a juicio, de acuerdo con la base de datos del Ministerio Público del 2016 a 2018 recibieron 415 denuncias por hostigamiento sexual de las cuales apenas cinco ingresaron a la Corte Suprema de Justicia y solo cuatro tuvieron resolución, tres sentencias condenatorias y un sobreseimiento.
En los casos de violencia sexual el Ministerio Público registró que entre 2016 y 2018 se registraron 2952 denuncias mientras que en la Corte Suprema de Justicia solo ingresaron 890, ni siquiera la mitad de los casos. De estos casos el 50% de los casos fueron resoluciones absolutorias.
En los casos de violencia sexual la situación ha sido denunciada en muchas ocasiones. El nuevo Código Penal rebaja las penas a los violadores al no especificar agravantes y encerrar a todos en penas de 9 a 13 años, la única excepción es si la víctima es menor a 14 años. El antiguo Código Penal contemplaba una pena mayor para quien «intencionalmente drogue o embriague a una persona con el fin de violarla». Mientras la nueva legislación no especifica el uso de drogas o estupefacientes, deja un margen más amplio en el tema y no añade años de reclusión.
La situación procesal y judicial para las víctimas es difícil, pero las consecuencias que tiene en salud mental incluso si no denuncian son graves, según Médicos Sin Fronteras (MSF). En los últimos tres años en MSF atendieron a 2,048 pacientes que presentaron diferentes afecciones psicológicas: trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, estrés agudo, más de la mitad de las sobrevivientes de violencia sexual asistieron después de las 72 horas, en un 28% fue por desconocimiento de un tratamiento y un 22% por afectación emocional.
Edgar Boquín, psicólogo y gestor de salud mental en Médicos Sin Fronteras (MSF), dice que en los casos de violencia sexual se debe buscar un tratamiento integral que evite la revictimización «que es cuando hablan en diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferentes personas sobre lo mismo que les pasó y expone mucho a las personas a evidenciar nuevamente los traumas, a sentirse juzgadas cada vez que lo cuentan».
El estudio publicado por la revista de Ciencias Forenses en Honduras dice que los profesionales encargados de recibir las denuncias de estos delitos «no asumen la mejor actitud hacia la víctima siendo indiferentes a su dolor, no demostrando consideración alguna por el sufrimiento en el que estas se encuentran, al parecer, se han sistematizado a tal punto, de llegar a la deshumanización».
Boquín señala que el estigma impide a las víctimas buscar apoyo porque genera estigma el hacerle creer a las víctimas que ellas se expusieron a que esto les sucediera: «Creo que somos conscientes de que nadie anda en la calle buscando que alguien le asalte o agreda sexualmente, es una situación que ya depende del momento de quien agrede y su condición emocional y de salud mental».
Además asegura que la revictimización genera consecuencias graves en la salud mental de las sobrevivientes: «El estigma también genera mucha sensación de tristeza y de separación de los vínculos de confianza en los pacientes que no sienten la facilidad para contarlo con alguien, ni siquiera en su círculo de confianza, por el temor a ser juzgados, estigmatizados frente a esta situación y que esto se vuelva algo público, del comentario boca a boca de que lo que le paso a la persona».
Dalila Flores del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla señala que en su organización reciben al menos un caso cada dos meses por hostigamiento sexual. «Han llegado muchos casos y pocos han podido llevarse a juicio porque no hay suficientes elementos de prueba. La prueba cae en quien denuncia, es quien se tiene que preparar para demostrar que efectivamente lo que está diciendo es verdad», además asegura tener denuncias registradas contra personas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Entre los casos que involucran a organizaciones de derechos humanos, a los que Contracorriente tuvo acceso, las víctimas señalaban tener miedo del cuestionamiento público que se les haría y el tener que confrontar a sus agresores, personas que tienen muchos seguidores. Es su palabra contra la palabra de sus agresores, admirados y escuchados por sus propuestas de cambio social. La coherencia de las organizaciones que defienden derechos humanos parte de la premisa de que los derechos son innegociables y no tienen matices, en esto incluido los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir en un espacio libre de acoso y violencia, si esta no existe en las organizaciones que señalan un sistema, cuyos datos nos dicen, es revictimizante. ¿Quién defiende a las víctimas de violencia sexual y quien defiende a las que defienden?
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3 comentarios en “Violencia sexual en organizaciones de sociedad civil, más allá del discurso”
Hijos sanos del patriarcado.
NO existen aliados…
Excelente Información
Wilfredo Méndez cuando supo de la seriedad de la denuncia en el MP se fue a Cuba acompañado por Jeniffer Matamoros. Ahi permaneció 4 días en casa de su amigo Andrés Pavon ex DDH y flamante embajador de JOH. No es difícil imaginar a qué fue. Después se fue a pasar 5 días en un hotel 5 estrellas en Varadero. La traición paga. El periplo no terminó ahí. Salieron de La Habana a Miami a reunirse con el oscuro personaje JJ Rendon, asesor del déspota. Seguro el abogado no tiene como pagar sus servicios especializados. Es fácil imaginar el paquete negociado con el regente. Abran los ojos bien.