Mientras en la comunidad de Sazagua, departamento de La Paz, defensores del territorio han sido criminalizados por oponerse al proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que ha amenazado su modo de vida y limitado su acceso a la tierra, empresas como Uber e instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han compensado su impacto ambiental comprando créditos de carbono generados por este mismo proyecto hidroeléctrico. El mismo BCIE financió los estudios de factibilidad y diseño de la hidroeléctrica, y la venta de los créditos de carbono fue utilizada como garantía para el pago de una deuda adquirida con un banco nacional para financiar el proyecto. A pesar de todo el impacto en su forma de vida, las comunidades no han recibido compensación directa por la venta de estos créditos.