Un conflicto armado no sanado, un experimento anticorrupción recién desmantelado y la desigualdad profunda que aun quiebra a la sociedad, supuran en la herida de una Guatemala que puede dar una lección de democracia a la región.
Luego de que los militares asumieran el control de todas las cárceles del país por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, noticias falsas y campañas de desprestigio vinculan a defensores de derechos humanos y periodistas a estructuras del crimen organizado. Mientras el Estado no se pronuncia, el mecanismo de protección tampoco responde a las alertas de amenaza interpuestas y altos mandos de la policía militar replican discursos estigmatizantes en contra de organizaciones de derechos humanos.
Acepto este reconocimiento que no solo es motivo de gran alegría y satisfacción, sino que, sobre todo, me da la responsabilidad de honrar este oficio y ejercerlo desde la trinchera ética en la que he decidido estar.
En septiembre de 2022 se creó por decreto ejecutivo la Dirección General de Prensa e Información que funciona en la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) a cargo del ministro Ricardo Salgado. Esta dirección aumentó su personal en abril de 2023 y ahora emplea a 163 personas entre periodistas, comunicadores y personal que trabaja en los tres medios gubernamentales además de otro personal que realiza monitoreo de medios. Los gastos de contratación ascienden a 3,701,107.58 lempiras mensuales. El ministro Ricardo Salgado explicó que en esa institución se pretende crear una estrategia de comunicación integral sin censurar ni atacar a la prensa tradicional como ocurre en los países vecinos.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa encontró a los periodistas centroamericanos en una región convulsa y bajo una atmósfera de autoritarismo, que ha puesto al periodismo independiente como enemigo público. En Nicaragua 185 periodistas han sido expulsados del país de 2018 a la fecha. Costa Rica bajó 15 peldaños en el índice de la libertad de prensa y Honduras continúa en rojo, en el último año —con un cambio de gobierno— el país bajó cuatro peldaños.
El martes 31 de enero, el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, fue entregado a la Administración de Control de Droga de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) en la base aérea Soto Cano para ser extraditado a ese país, donde enfrentará un juicio por cargos relacionados con narcotráfico. Suman ya 36 hondureños extraditados a los Estados Unidos por esos cargos. A casi un año de la captura de Juan Orlando Hernández, el 15 de febrero de 2022, abrimos archivos fotográficos para contar, desde la vivencia de un fotoperiodista, las extradiciones más importantes que han pegado en la frente de Honduras la etiqueta de narco-Estado.
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