El fiscal general Johel Zelaya no ha nombrado un nuevo director en la la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) tras la salida de Soraya Cálix del puesto, y ha mantenido a cargo al subdirector que está desde 2015, pese a que la Ley del Ministerio Público y el Reglamento de la DLCN no contemplan la delegación de funciones a este funcionario en ausencia de un director. La omisión de este nombramiento se da un año después de que una comisión especial del Congreso Nacional (CN) sugiriera la intervención de la DLCN tras identificar «posibles actos constitutivos de delito» a lo interno de esa unidad del Ministerio Público (MP).
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
«Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, la DLCN del Ministerio Público ha ejecutado 370 investigaciones, capturado a 336 personas, incautado 4,296 kilos de cocaína, más de 634 millones de lempiras en bienes y erradicado miles de cultivos ilícitos», explicó el Ministerio Público (MP) en un video publicado el 6 de mayo de 2025. En la grabación, el fiscal general Johel Zelaya no solo presta su voz como narrador, sino que también aparece en varias escenas participando —o al menos supervisando— lo que parecen ser operativos de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Aunque el MP imprimió a su producción audiovisual un aire cinematográfico digno de la serie de Netflix Narcos, lo cierto es que, a casi dos años de haber asumido el cargo, el fiscal general no ha movido ficha para nombrar a un nuevo director de la DLCN. Desde la salida de Soraya Cálix en 2023, la dirección ha permanecido en manos del subdirector Jaime Quintanilla, quien ocupa ese cargo desde julio de 2015, tras ser nombrado por el entonces fiscal general Óscar Chinchilla.
Sin embargo, ni la Ley del Ministerio Público ni el Reglamento de la DLCN facultan al subdirector para ejercer las funciones del director, ya que ambas normativas no contemplan una suplencia indefinida. El reglamento establece 28 funciones que son exclusivas del director e indelegables al subdirector, lo que mantiene al principal brazo operativo del MP encargado de investigar y ejercer la acción penal pública contra el narcotráfico en un «vacío de poder». Además, el marco legal establece que la designación y remoción del director y subdirector son atribuciones exclusivas del fiscal general.
Pese a ello, Zelaya —quien asumió oficialmente como fiscal general el 1 de marzo de 2024, tras haber ocupado el cargo de forma interina desde noviembre de 2023— no ha hecho uso de esa facultad en el caso de la DLCN. En contraste, sí lo ha hecho en otras dependencias clave: durante su primer año de gestión, nombró a Arnold Cantarero como titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y a Mario García como director de Medicina Forense.
Una de las primeras decisiones que tomó Zelaya en relación con la DLCN fue, precisamente, ampliar las atribuciones del subdirector. Así quedó establecido en el Acuerdo FGR-006-2024, del 21 de marzo de 2024 —20 días después de que asumió el puesto—, mediante el cual reformó el artículo 35 del Reglamento de la DLCN para otorgarle al subdirector Quintanilla el control de actividades técnicas, operativas y administrativas que antes no estaban bajo su responsabilidad.
Contracorriente consultó a la Dirección de Comunicación Institucional del MP para conocer si existe un proceso en marcha para nombrar a un nuevo director de la DLCN. Sin embargo, desde el 8 de mayo no se ha recibido respuesta. El silencio institucional alimenta la incertidumbre, sobre todo porque el reglamento de esta dirección no contempla, de forma explícita, la delegación de funciones al subdirector en casos de vacancia prolongada, como la provocada por la salida de Soraya Cálix.
El artículo 35 del Reglamento de la DLCN establece que el subdirector únicamente puede sustituir al director en «ausencias temporales, excusas o recusaciones que se presentaren». Sin embargo, desde 2023 no se ha designado a un nuevo titular, una omisión que, a juicio del abogado constitucionalista Oliver Erazo, merece ser cuestionada, ya que, en la práctica, la DLCN opera sin una autoridad plenamente legitimada desde entonces.
«Es verdaderamente preocupante que a estas alturas no se haya nombrado un zar antidrogas. Esto es una cuestión de seguridad nacional y genera una serie de suspicacias: ¿hay una doble intención detrás de esto? ¿Verdaderamente no hay una persona que satisfaga al fiscal general para ocupar ese cargo?», se preguntó Erazo.
El abogado también advirtió sobre los riesgos de mantener vacante la dirección de una unidad como la DLCN. «Al ser inexistente la titularidad de este cargo, se crea un vacío institucional. Y seré claro: la historia nos ha demostrado que los vacíos en instituciones de este tipo solo benefician al crimen organizado», señaló.
Erazo recordó que, tras el asesinato —por órdenes del narcotráfico— del general Arístides González, quien estuvo al frente de la DLCN desde 2003 hasta su muerte en 2009, la dirección quedó en manos de un interinato, a cargo de Patricio Mercado, hasta 2012. Durante ese periodo, el narcotráfico también alcanzó uno de sus picos más altos en Honduras, según testimonios presentados ante cortes federales de Estados Unidos.
Erazo también reflexionó sobre algunas medidas tomadas por el Gobierno de Xiomara Castro en su política antidrogas, como la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos el 28 de agosto de 2024 y la amenaza que se hizo a inicios de 2025 de retirar la base militar estadounidense ubicada en Comayagua. La denuncia del tratado de extradición fue suspendida el 18 de febrero de 2025, y dicho convenio será reanudado el 27 de enero de 2026, cuando la nueva administración asuma el Ejecutivo en sustitución de la presidenta Castro.
Aunque el fiscal general busca protagonismo en el combate contra el narcotráfico, su política aún no muestra resultados concretos, dice Erazo. Tras el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el MP anunció, el 6 de agosto de 2024, un listado de personas de interés por supuestos vínculos con narcotraficantes condenados en Estados Unidos.
La lista incluía a los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, así como a actuales diputados y exdiputados del Congreso Nacional (CN), entre ellos Mauricio Villeda, Reynaldo Ekónomo, Yani Rosenthal, Óscar Nájera y Carlos Zelaya Rosales. También figuraban exfuncionarios como Miguel Pastor, exministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y Mario Coto, exsubgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado ningún requerimiento fiscal contra ellos.
«En lugar de ejecutar acciones concretas contra personas con evidentes nexos con narcotraficantes, personas señaladas o que aparecen en videos negociando sobornos a cambio de favores políticos, tenemos un fiscal general que se excede en sus funciones, que pretende protagonismo y afán de ser noticia semanal, pero que no ofrece respuestas a la población como rector de este órgano operador de justicia», añadió.
Johel Zelaya fue juramentado como fiscal general el 28 de febrero de 2024 por el entonces secretario del CN, Carlos Zelaya Rosales. Siete meses después, el 3 de septiembre, el medio InSight Crime publicó un video de 2013 en el que aparece Zelaya Rosales en negociaciones de sobornos con narcotraficantes como Devis Leonel y Javer Heriberto Rivera Maradiagan, líderes del clan Los Cachiros. Aunque fue llamado a declarar por la Agencia Técnica de Investigación Criminal del MP, la Fiscalía no ha emprendido ninguna acción legal en su contra.
El 25 de septiembre de 2024, Contracorriente reveló en una investigación que el MP engavetó un caso por lavado de dinero y narcotráfico que implicaba al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, sus hermanos Marco Antonio y Carlos Armando Zelaya, y su hijo José Manuel Zelaya Rosales. La documentación incluía comunicaciones entre fiscalías hondureñas y colombianas, interceptaciones telefónicas y registros de adquisición irregular de propiedades.
Fiscal Zelaya no ha tomado cartas en el asunto, según el Congreso Nacional
El 24 de abril de 2024, una comisión especial del Congreso Nacional (CN) conformada por Silvia Ayala, Ramón Barrios, Hugo Noé Pino y Ligia Ramos, entre otros y otras congresistas, presentó un informe ante el pleno sobre la situación del Ministerio Público (MP). Contracorriente accedió a la sección dedicada a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en la cual se señala a la exdirectora Soraya Cálix por el presunto encubrimiento del «extravío de evidencias, dinero y otros bienes decomisados en allanamientos».
El informe también acusa a Cálix de «obstrucción de funciones, emisión de órdenes ilegales, relevos arbitrarios de cargos, acoso laboral vertical» y de haber ejecutado «acciones concretas en calidad de exdirectora para proteger al cartel Hernández Alvarado», en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, ambos hallados culpables de narcotráfico y actualmente cumpliendo sentencias en cárceles federales de Estados Unidos.
Según una declaración jurada presentada por parte de un testigo protegido de la Fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el expresidente Hernández le garantizó al narcotraficante Geovanny Fuentes —sentenciado a cadena perpetua en 2022— que Óscar Chinchilla, fiscal general entre 2013 y 2023 y quien nombró a Cálix, protegerían sus cargamentos de droga.
Aunque el actual fiscal general Johel Zelaya recibió dicho informe, ninguna de las recomendaciones emitidas por el Congreso se ha materializado: la DLCN sigue sin un titular, el subdirector —designado durante la gestión de Chinchilla— ejerce con atribuciones limitadas, y Soraya Cálix continúa siendo funcionaria activa del MP, como lo demuestra su código de empleada, el 00919, aún presente en la planilla de sueldos y salarios correspondiente a abril de 2025.
Cálix dejó la dirección de la DLCN, pero actualmente se desempeña como fiscal titular IV de la Fiscalía de Delitos Comunes, según la planilla institucional y una declaración de 2023 del portavoz del MP, Yuri Mora.
Ramón Barrios, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la comisión especial, reconoció que las recomendaciones del informe —incluida la destitución de Cálix como fiscal— no han sido ejecutadas por el fiscal general, incluso un año después de haber sido emitidas. No obstante, aclaró: «El Congreso Nacional es respetuoso de la división de poderes».
«Ese informe final lo presentamos aquí y también lo entregamos personalmente al fiscal general. Le entregamos las investigaciones, los testimonios, los nombres de las personas que, desde dentro de la fiscalía, habían manipulado expedientes para evitar la presentación de requerimientos fiscales o proteger a ciertos fiscales», afirmó Barrios a Contracorriente.
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Consultado sobre la falta de un nombramiento en la titularidad de la DLCN, el legislador sostuvo que, aunque Libre propuso al fiscal general, «existen fuerzas internas en el MP que generan impunidad».
«Nosotros nombramos a un fiscal general, pero dentro del Ministerio Público sigue funcionando una estructura heredada de gobiernos anteriores. Sentimos que los mandos intermedios son los mismos que existían hace cinco o diez años, y son estos quienes perpetúan la impunidad», añadió.
Sin embargo, el abogado Oliver Erazo contradice la versión de Barrios y sostiene que Libre no ha logrado encontrar una figura afín a sus intereses para dirigir la DLCN. En su opinión, no existe justificación válida para la omisión en el nombramiento de un nuevo titular.
«Me parece que no han encontrado un candidato idóneo, alguien de Libre que pueda jugar el juego de Libre, y que además sea manipulable por el fiscal general. El subdirector se ha mantenido, tal vez con la esperanza de que lo nombren, acomodándose en una temporalidad que la ley define como transitoria. Lamentablemente, en Honduras, lo temporal se vuelve permanente», comentó Erazo, insistiendo en que el Reglamento de la DLCN no faculta al subdirector para asumir funciones de director, lo que genera un «vacío de poder».
El informe también menciona el incumplimiento de la aplicación de pruebas de confianza e investigaciones patrimoniales a agentes de la DLCN. «Esta disposición no se cumple, y se ha señalado que varios agentes poseen bienes, tanto muebles como inmuebles, que no se corresponden con sus ingresos», señala el documento.
Barrios explicó que durante la elaboración del informe se identificaron entre 10 y 12 expedientes que reflejaban estas inconsistencias patrimoniales.
«Nos encontramos con agentes que tenían tres carros, tres casas, propiedades en la playa… y eso nos pareció increíble. Documentamos cada uno de esos casos y los entregamos al fiscal general, pero la impunidad continúa», subrayó.
Al final del informe se incluyen dos recomendaciones puntuales. La primera: «Respetuosamente recomendamos al fiscal general de la República intervenir la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico para investigar la gran cantidad de denuncias por posibles actos constitutivos de delito». La segunda: «Suspender del cargo que actualmente ocupa la abogada Soraya Carolina Cálix Ponce e iniciar una investigación en su contra, con base en la información contenida en las diversas denuncias que se acompañan». Sin embargo, ninguna de las dos se ha materializado.
El 29 de agosto de 2023, Contracorriente también publicó una investigación que cuenta el testimonio de un exagente de la DLCN, Josías Aguilar, quien relata cómo denunció al exfiscal general Óscar Chinchilla y a su entonces jefa, Soraya Cálix, por supuestamente encubrir a una red de narcotraficantes vinculada al expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio Hernández. Dicha red incluía a Mario José «Cubeta» Cálix —primo de Cálix, extraditado en 2024— y a Alexander «Chande» Ardón, recientemente detenido por autoridades hondureñas tras cumplir su condena en Estados Unidos y ser deportado el pasado 7 de abril de 2025.
Debilitamiento de la DLCN
Según el artículo 48 de la Ley del Ministerio Público, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) es el órgano encargado de «investigar, ejercer la acción penal pública y combatir en forma organizada y eficaz el narcotráfico». Sin embargo, depende de otras instancias, como la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) para presentar requerimientos fiscales, y de las Fuerzas Armadas, para ejecutar operativos antidrogas. Entre 2016 y 2024, se presentaron 491 requerimientos fiscales por tráfico de drogas y 112 por lavado de activos tras la remisión de expedientes investigativos desde la DLCN hacia la FESCCO, de acuerdo con información que entregó el MP a Contracorriente a través de una solicitud de información pública.
Hasta 2014, el director de la DLCN era seleccionado a partir de una terna propuesta por el extinto Consejo Nacional Contra el Narcotráfico (CNCN), que era enviada por la Presidencia de la República al fiscal general. No obstante, el 4 de agosto de ese año, el expresidente Juan Orlando Hernández derogó vía Consejo de Ministros el decreto legislativo 35-1990, que había creado el CNCN. Desde entonces, la designación del director de la DLCN quedó como una atribución exclusiva del fiscal general.
Así, el 16 de diciembre de 2015, el entonces fiscal general Óscar Chinchilla nombró a Soraya Cálix como directora de la DLCN, un cargo que en el pasado fue ocupado por personas ajenas al MP, especialmente por oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Entre ellos figuran el general Arístides González, quien dirigió la DLCN desde 2003 hasta que en 2009 fue asesinado por órdenes de narcotraficantes, y el coronel Isaac Santos, que asumió la dirección entre 2012 y 2015. También, a inicios de la década de 2000, ocupó el cargo el médico forense Dennis Castro Bobadilla, ex vicepresidente del Congreso Nacional (CN).
Para el abogado Oliver Erazo, la ausencia de una designación oficial para dirigir la DLCN es solo una consecuencia más de la degradación progresiva a la que ha sido sometida esta unidad, un deterioro que —según él— comenzó en 2014 con la eliminación del proceso anterior de selección.
«Esa reforma lo único que hizo fue otorgar una concentración de poder al entonces fiscal Chinchilla. Es decir, centralizó la toma de decisiones en una sola persona, en una institución cuyos resultados tienen impacto nacional e internacional, porque el narcotráfico es un delito transnacional», expresó.
El problema de fondo, asegura Erazo, es que el fiscal general es electo por el Congreso, donde hay diputados y diputadas que, afirma, representan intereses ligados al narcotráfico y la criminalidad organizada.
«Entonces, cuando tú dejas a la subjetividad de un funcionario que fue electo por políticos, y que estos políticos llegaron a ocupar el poder porque les financiaron sus campañas o porque anduvieron pidiendo dinero a grupos del narcotráfico… ¿a quién van a elegir en la DLCN? ¿A quién va a elegir esa persona?», ironizó.
El debilitamiento de la DLCN también es sistemático. Es la dirección con el presupuesto más bajo dentro del MP, según una revisión realizada por Contracorriente del presupuesto de la Dirección de Administración de esa institución, que incluye los presupuestos asignados entre 2017 y 2024. En el último año, la DLCN recibió 148 millones de lempiras, lo que representa apenas el 5.96 % del presupuesto total de 2,479,283,987.00 lempiras.
En contraste, en 2024 la ATIC recibió 210 millones; Medicina Forense, 354 millones; la Dirección de Administración, 202 millones; y la Dirección General de Fiscalía, más de 1,250 millones de lempiras.
Para Erazo, el debilitamiento también se manifiesta en la desprotección de los funcionarios de alto nivel de la DLCN frente a las amenazas del crimen organizado. Desde su creación, la DLCN ha sido blanco de ataques por parte de grupos narcotraficantes, e incluso ha sido enlutada por estos hechos. El 8 de diciembre de 2009, su entonces director, el general Arístides González, fue asesinado mientras se trasladaba en su automóvil por una calle de la capital Tegucigalpa. El 7 de diciembre de 2011, el ex subdirector Alfredo Landaverde también fue asesinado en esa ciudad, en similares circunstancias.
Durante los juicios por narcotráfico desarrollados en Estados Unidos, se reveló que ambos asesinatos involucraron a los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, líderes del clan Los Cachiros, y a Alexander «Chande» Ardón, entre otros narcotraficantes. Todo esto ocurrió con el aparente consentimiento o complicidad de exoficiales de la Policía Nacional, como José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid, quienes escalaron hasta la cúpula de la institución policial.
El 15 de abril de 2016, el New York Times publicó una investigación que señalaba al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, y al exministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, de haber tenido acceso a un informe de la Inspectoría General de la Policía que implicaba a varios oficiales en la planificación del asesinato de González, sin que tomaran medidas al respecto.
Juan Carlos Bonilla admitió su culpabilidad por cargos de narcotráfico el 6 de febrero de 2024 en una corte federal de Estados Unidos, y fue condenado a una sentencia de 19 años de prisión el 1 de agosto de ese año.
Para esta nota contactamos al Fiscal General Johel Zelaya y a la exdirectora de la DLCN, Soraya Cálix; sin embargo, hasta el momento de la publicación no hubo respuesta de ninguno.
