Después de que Contracorriente publicara un reportaje revelando la compra de créditos de carbono por parte de la multinacional Uber y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a un proyecto hidroeléctrico irregular en Honduras, ambos negaron su responsabilidad a este medio, vía correo electrónico. La compra de estos créditos ha servido como garantía de pago de la deuda a la banca nacional por la construcción de la hidroeléctrica denunciada por no respetar los derechos indígenas ni las tierras de reforma agraria.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen
«El BCIE está comprometido con la sostenibilida ambiental y social de los países que servimos, aplicando una política ambiental y social sólida», contestó el Banco Centroamericano de Integración Económica a este medio de comunicación, después de la publicación de un reportaje que revela cómo el banco y otras empresas han comprado créditos de carbono para compensar su contaminación al ambiente a través de una hidroeléctrica con irregularidades en Honduras.
En el reportaje contamos cómo el BCIE, además de comprar créditos de carbono en 2022 al programa Guacamaya Small Scale Hydropower Program —el cual contiene tres hidroeléctricas en Nicaragua, Costa Rica y Honduras—, también financió los estudios de factibilidad para la hidroeléctrica Puringla-Sazagua en Honduras en 2009, con 315 mil dólares, lo que equivale a 5,922,000 de lempiras de ese entonces.
Sobre esto, el BCIE dijo en su respuesta vía correo electrónico que en 2008 aprobaron una cooperación con recursos del Fondo Español de Consultoría para financiar estos estudios, que finalizó en 2010, pero que no participaron en el financiamiento de la construcción de dicho proyecto y que no han tenido vinculación con él más allá del financiamiento de los estudios, datos que mencionamos.
De este modo, el banco asegura desconocer las irregularidades reveladas en este reportaje, y también niega haber realizado un proceso de compra o venta de créditos de carbono relacionado con el proyecto, lo cual contradice el certificado de compra de créditos de carbono que se reprodujo en el reportaje, que está disponible en registro de programas y proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
En el caso de Uber, una empresa multinacional que ofrece servicios de transporte y es predominante en Latinoamérica, la respuesta que dieron fue asegurando que la empresa solo invierte en proyectos debidamente certificados y con el respaldo de varias entidades.
«Uber solo invierte en proyectos que cumplen con estrictos estándares de debida diligencia y son certificados, rastreables y auditables por Verra, las Naciones Unidas, Gold Standard y Climate Action Reserve», dijo la empresa a este medio de comunicación vía correo electrónico, apuntando que estas son las entidades responsables de que todo esté en orden con los programas o proyectos mediante los cuales se efectúa la venta de créditos de carbono.
La empresa también puntualizó que, en este caso, Anaconda Carbon es la que se encarga de medir, mitigar y compensar mediante la compra de certificados de bonos de carbono la huella producida por los vehículos arrendados mediante la aplicación de Uber, y que, mediante este mecanismo, han logrado compensar 120 mil toneladas de gases de efecto invernadero en Latinoamérica.
Christian Giles, uno de los socios y director de Anaconda Carbon, dijo a este medio de comunicación que desconocía de irregularidades en el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, el cual se construyó en tierras destinadas a la reforma agraria, sin una consulta previa libre e informada a la población lenca del lugar, y con irregularidades en el trámite de su licencia ambiental, como la solicitud de cambio de la potencia en su fase de operación. Además, se ha criminalizado a los campesinos lencas, que han sido acusados de usurpar sus propias tierras.
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En sus declaraciones para el reportaje previamente publicado por este medio, Giles dijo que, de existir irregularidades, la certificación de los bonos de carbono no podría ser efectiva, y que tanto Naciones Unidas como la fundación Gold Standard no darían su certificación para la venta de créditos de carbono.
La venta de créditos de carbono fue una de las fuentes para financiar la construcción de Puringla-Sazagua, los cuales fueron utilizados como garantía de pago de una deuda de 22 millones de dólares, unos 429 millones de lempiras en ese entonces, contraída con Banco Atlántida. El préstamo con el banco fue con la condición de que los ingresos generados a partir de la venta de créditos de carbono fueran destinados al pago de la deuda exclusivamente, según lo estipula el contrato firmado entre la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), empresa desarrolladora de la hidroeléctrica, y Banco Atlántida.
«Los ingresos provenientes del carbono están descritos en el acuerdo de pago entre Banco Atlántida y el dueño del proyecto, por lo que se concluye que los ingresos provenientes de la captura de carbono ayudaron a superar el obstáculo de financiación del proyecto», indican los documentos de monitoreo del programa.
En este tipo de tratos, las comunidades locales no tienen voz ni voto, y tampoco reciben una compensación. La edificación de la hidroeléctrica ha representado el despojo y la escasez de agua para la población lenca de Sazagua, en el departamento de La Paz, que enfrenta un proceso de criminalización y no tiene conocimiento de que mediante este proyecto las empresas pueden compensar su contaminación al ambiente.
En sus redes sociales, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) expresó su indignación ante un mecanismo que opera mediante un proyecto que ha desplazado y amenazado a una población indigena. Además, agregaron que el Gobierno no garantizó la participación de las poblaciones indígenas en este mecanismo cuando se aprobó una ley que permitirá al Estado regular las transacciones de carbono.
Los bonos de carbono son una estrategia de despojo de los territorios indígenas. Honduras aprobó un esperpento de ley de injusticia Climática, sin haber efectuado consulta previa. https://t.co/EXNMgOS2DP
— ofraneh (@ofraneh) December 7, 2024
En otra publicación de este medio de abril de 2024, que revela irregularidades en el diseño de un proyecto para la captura de carbono en La Moskitia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, dijo que con la aprobación de esta normativa se violentaba la consulta a los pueblos originarios.
«Yo creo que es totalmente nefasto que, en nombre del ambientalismo y de la protección de los recursos, se esté violentando el derecho a la verdadera consulta a los pueblos indígenas y originarios, que han vivido durante siglos en estos territorios», dijo Miriam Miranda en esa ocasión.
Mientras los pueblos originarios continúan siendo despojados y criminalizados por defender sus territorios, las empresas tienen la posibilidad de compensar su contaminación al ambiente mediante proyectos como estos, que no han traído desarrollo y que han generado conflictos en las comunidades donde se han instalado.
