Honduras cumple un año bajo un estado de excepción decretado por el Gobierno para combatir el crimen organizado. Sin embargo, desde 2017, el Ministerio Público no había presentado tan pocos requerimientos fiscales por delitos de asociación ilícita y extorsión como en 2023. En cambio, gran parte de las detenciones en el marco del estado de excepción son por «violencia doméstica» o «maltrato intrafamiliar»; sin embargo, esto no significa un mayor acceso a la justicia para las víctimas.
Texto: Celia Pousset
Con reportes de Vienna Herrera
Portada generada con IA de Canva
Villanueva es una de las colonias más pobladas de Tegucigalpa y forma parte de la lista de barrios intervenidos por el estado de excepción desde diciembre de 2022. Es un territorio diverso: hay sectores casi moribundos, abandonados por sus habitantes que huyeron ante la presión del Barrio 18 en una pelea de territorios con la mara rival, la MS-13, y sectores llenos de vida que tratan de curar las heridas dejadas por la violencia y lidian con el estigma de la pobreza.
Karol, maestra en una pequeña escuela pública improvisada en una iglesia evangélica, relató cómo algún día de octubre de 2022 perdió a más de la mitad de sus alumnos y alumnas que vivían en el sector 8 de Villanueva: «De esos niños no volví a saber nada, desaparecieron y no sé adónde se fueron». Un año después del suceso, Contracorriente volvió al sector 8 y las calles siguen desiertas. De las familias que huyeron, ninguna ha regresado.
En Villanueva, como en otras colonias, el plan antiextorsión decretado en noviembre de 2022 y el estado de excepción no han cambiado nada en la vida de sus habitantes. Según el pastor de la Casa de los Milagros —que sirve de refugio para el aula de Karol— la problemática de inseguridad y extorsión en su barrio siguen iguales.
El estado de excepción pretendía ser una herramienta para investigar y combatir más eficazmente el crimen organizado, pero los datos que Contracorriente analizó muestran una realidad muy alejada de las intenciones del Gobierno. De hecho, según datos brindados por el Ministerio Público, este año fue marcado por una baja drástica de requerimientos fiscales presentados por los delitos de asociación ilícita y extorsión. En 2022, hubo 65 requerimientos por asociación ilícita y 177 por extorsión, mientras que hasta noviembre de 2023 se contabilizaron, respectivamente, 27 y 94.
Desde hace un año, el Poder Ejecutivo publica un nuevo decreto (PCM) cada mes para prolongar la figura del estado de excepción, prevista en la Constitución de la República en caso de «grave perturbación de la paz». Tanto la Policía Nacional por medio de sus comunicados como los decretos posteriores justifican la ampliación de esta medida por sus «muy buenos resultados».
Sin embargo, estos resultados podrían deberse a la falta de rigurosidad de las estadísticas relacionadas con el estado de excepción, o un intento deliberado por manipular los datos. Según los PCM, los delitos perseguidos son los que se relacionan con el crimen organizado: extorsión, asociación ilícita, homicidios, tráfico de droga y de armas, y robo.
Contracorriente solicitó, vía acceso a la información pública, el listado de las detenciones efectuadas en el marco del estado de excepción entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, y los delitos correspondientes. En el documento Excel remitido, pudimos comprobar que dos de los delitos mayoritariamente representados son violencia doméstica y maltrato familiar.
De las 22,100 detenciones registradas en ese tiempo, 1,981 corresponden a violencia doméstica, 105 a violencia contra la mujer, 2,743 a maltrato familiar y 163 a violencia intrafamiliar.
En comparación, aparte del tráfico de droga (4,604 arrestos), todos los otros delitos relacionados con el crimen organizado presentan cifras menores a las de violencia doméstica y maltrato familiar: extorsión (377 arrestos), asociación ilícita (387 arrestos), tentativa de homicidio (353 arrestos), homicidio (730 arrestos), amenazas (562 arrestos), tenencia ilegal de armas (705 arrestos), robo (730 arrestos), contrabando (163 arrestos).
Otros delitos registrados en el marco de las detenciones por el estado de excepción son: allanamiento de morada, conducción temeraria, encubrimiento, deforestación, delito contra el medio ambiente, desobediencia, actos de lujuria, violación, aborto…
Durante la conferencia de prensa organizada por la Secretaría de Seguridad el 8 de diciembre de 2023 sobre los resultados de los PCM, Contracorriente preguntó al ministro Gustavo Sánchez por qué aparecían detenciones por violencia doméstica y maltrato familiar en el listado del estado de excepción, y qué pasaba después con los agresores detenidos. Contestó: «El caso número uno de denuncias recibidas por la Policía son de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y violencia de género. Por eso, se destina una patrulla al día en cada jefatura policial para atender la denuncia, realizar la aprehensión y remitir a las autoridades competentes. Estamos también relanzando la línea 114, que se dedicará únicamente a la atención de esos problemas de violencia enquistada en nuestra sociedad y patrones culturales».
Para Iliana Licona, investigadora del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), «estamos viviendo un abuso de la figura de estado de excepción» que se refleja en la prolongación injustificada de la medida y en la indeterminación de los delitos perseguidos.
En febrero del año pasado, el Conadeh ya había señalado la confusión que reinaba en el registro de las detenciones, revelando que la mayoría de los casos eran por faltas y no por delitos, y que la gran mayoría de las personas detenidas salían libres después de 24 horas.
En su trabajo de análisis de las quejas recibidas por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza en el estado de excepción —que alcanzaron 330 en octubre—, Iliana Licona destacó un gran número de denunciantes mujeres que señalaron comportamientos intimidatorios, e incluso violentos, por parte de la Policía Nacional y de la Policía Militar durante los operativos. Explicó que las mujeres se sienten muy vulnerables porque las autoridades pueden ingresar a una casa sin orden judicial, y muchas veces en los hogares están acompañadas por menores de edad. Nos comentó el caso de una mujer que denunció una violación por parte de miembros de la Policía Militar, que regresaron a su casa después de que detuvieran a su esposo, a sabiendas de que ella se encontraba sola.
A Iliana Licona le sorprendió que gran parte de las detenciones en el estado de excepción fueron por violencia doméstica y maltrato familiar, porque no corresponde a la función de la medida, que además caracterizó como una «pura política de mano dura sin enfoque de género».
Una política de seguridad que ignora a las mujeres
En noviembre, la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, manifestó que se registraron 333 muertes violentas de mujeres de enero a octubre de 2023. En la lista de detenciones en el marco del estado de excepción, la Secretaría de Seguridad contabilizó 43 arrestos por femicidios.
Pese a este alarmante contexto, el Ministerio Público registra este año una baja de requerimientos fiscales presentados por los delitos de violencia contra la mujer, y también por maltrato familiar.
En 2022 hubo 2,054 requerimientos presentados por maltrato familiar, pero hasta noviembre de 2023 se registraron solo 881. El número de requerimientos presentados por violencia contra la mujer pasó de 74 en 2022 a 55 en 2023.
«Estamos sumamente preocupadas» dijo Ana Cruz, de la Asociación Calidad de Vida, encargada de gestionar casas refugio para sobrevivientes de violencia doméstica. «No hay ningún avance en materia de protección a las mujeres con este Gobierno; no se ha aprobado ninguna política pública. Vivimos un aumento de femicidios. La Ley de Casas Refugio está engavetada, y mientras se despilfarran millones para cambiar la grama de un estadio de fútbol, las mujeres siguen muriendo. Constatamos que no hay ningún interés en el tema, el índice de impunidad por femicidios continúa siendo del 95 %».
Actualmente, en Honduras, no existen albergues estatales para sobrevivientes de violencia doméstica. Son organizaciones no gubernamentales las que administran los refugios. Un proyecto de ley fue redactado para corregir esa laguna, pidiendo para su ejecución diez millones de lempiras, un presupuesto muy modesto en comparación con lo que fue asignado a la Secretaría de Seguridad en 2023. Aparte de 10,202,258,600 de lempiras, el artículo 293 del Presupuesto General autorizó una asignación presupuestaria de 1,000 millones de lempiras para el «fortalecimiento y la continuidad del Plan Antiextorsión». Un plan que no tiene resultados, mientras que hasta la fecha la Ley de Casas Refugio no ha sido discutida en el Congreso Nacional.
Dos leyes, pero poca justicia
Honduras cuenta con dos aparatos legales para enfrentar el fenómeno de violencia machista. Por un lado, existe una Ley de Violencia Doméstica cuya ejecución sirve para otorgar medidas cautelares a las víctimas, y por otro lado existe el Código Penal que criminaliza el delito de «violencia contra la mujer». El Código Penal solo tipifica la violencia física y psicológica, dejando de lado la violencia patrimonial y la violencia sexual doméstica que aparecen en la ley de violencia doméstica. Para feministas e investigadoras como Ana Cruz, o Lara Bohórquez, del Centro de Derechos de Mujeres, esa dualidad es problemática y es necesario reformar el código penal.
«La Ley de Violencia Doméstica es el fruto de una visión más integral y cercana a la realidad de las mujeres, pero existen problemas de aplicación, ya que los agresores pueden evadir los procesos de reeducación pagando una multa», estimó Lara Bohórquez, y añadió: «Son bastante ineficientes los procesos de resolución de situaciones de violencia doméstica».
Estos procesos consisten en que, después de una denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación investiga el caso y remite un informe al Ministerio Público, que a su vez realiza su investigación antes de presentar un requerimiento fiscal. Según la investigadora del Centro de Derechos de Mujeres, «ese proceso es muy lento y revictimizante», y por lo tanto muchas mujeres prefieren ir a denunciar directamente a los juzgados de violencia doméstica porque el proceso es más ágil.
En Honduras solo existen dos juzgados especializados en violencia doméstica, y se ubican en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
En general, en 2023, se observó que los juzgados de letras y de paz en materia de violencia doméstica conocieron también una inflexión en las cifras de casos ingresados, en comparación con los años anteriores.
Preguntamos a Lara Bohórquez si la baja de requerimientos fiscales y de casos ingresados en los tribunales significa una disminución del fenómeno. Su respuesta fue que el número de denuncias que llegaron al Ministerio Público entre enero y junio de 2023 fue menor, ya que se contabilizaron «solo 2,500 denuncias», pero que se debió probablemente a la huelga masiva de los fiscales en marzo, que duró más de 60 días. «Dijeron que estaban recibiendo denuncias; sin embargo, nosotras sabemos que no es cierto», aseguró.
Además, el fenómeno no solo se puede medir a través de las denuncias o de los procesos judiciales, ya que «muchas mujeres desconfían de la justicia en Honduras y la mayoría de los casos terminan en procesos caducados porque las mujeres abandonan la denuncia o no se le da seguimiento». Pero, según la investigadora, las llamadas de emergencia reflejan una realidad distinta de lo que el sistema de justicia procesa: «El Sistema Nacional de Emergencias registró entre enero y junio 19,142 llamadas por violencia doméstica y 26,672 por maltrato familiar”.
Según la primera encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres y niñas de 15 años y más, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, una de cada dos mujeres ha experimentado violencia en algún momento de su vida, y nueve de cada diez no denunciaron esta situación.
Estado de excepción todo el tiempo, en todas partes
El estado de excepción se extiende en el tiempo y el territorio, justificándose en sus «buenos resultados», pero se contabilizan arrestos por delitos que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Mientras tanto, las víctimas de violencia doméstica y de maltratos familiares tienen menos acceso a la justicia que en los años anteriores.
El último PCM sobre el estado de excepción fue el 46-2023, que entró en vigencia sin ratificación del Congreso Nacional, dada la crisis prolongada de la institución, a pesar de que el artículo 187 de la Constitución establece como obligación parlamentaria el control de esa medida excepcional.
Las analistas feministas que entrevistamos para este reportaje no consideran el estado de excepción como un aliado en la lucha contra la violencia de género, sino todo lo contrario.
Para Lara Bohórquez, «el estado de excepción es una medida punitivista que criminaliza la pobreza y no sirve tampoco para prevenir la violencia hacia las mujeres». Para Ana Cruz, «el estado de excepción no tiene ninguna validez para las mujeres». Por su parte, Iliana Licona se pregunta: «¿Estamos viviendo una situación excepcional de perturbación de la paz como para justificar tal medida, o estamos viviendo un problema estructural que necesite de políticas específicas?».
La criminalidad organizada, como la violencia machista, son problemas estructurales. La primera se beneficia de un estado de excepción ineficiente: el Conadeh reportó en su primer informe sobre el estado de excepción que la mayoría de detenciones solo duran 24 horas y no avanzan a un proceso de judicialización. Mientras tanto, la violencia machista registra cifras muy altas, sin perspectiva de mejora a corto plazo. Así es como cerramos un año bajo la nueva normalidad en materia de seguridad.
