Hasta agosto, Honduras registró más de 160 muertes violentas de mujeres y más de 50 000 llamadas a la línea de emergencia, pero muy pocos casos interpuestos a los operadores de justicia, dejando a las víctimas en total indefensión, denuncian organizaciones feministas.
Texto: Fátima Romero (Honduras)
Ilustración: Colectiva.nic (Nicaragua)
En Honduras, hasta el 31 de agosto de 2020, se registraron 163 muertes violentas de mujeres, de las cuales 94 ocurrieron en el contexto de toque de queda nacional decretado por el Gobierno el 15 de marzo pasado para prevenir más contagios por la COVID-19, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), organización feminista que elabora sus reportes con monitoreos diarios a medios de comunicación del país y con datos que obtienen de operadores de justicia como el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Fiscalía y la Dirección General de Medicina Forense.
Las estadísticas revelan que, entre enero y agosto de 2020, el 55 % de los feminicidios —equivalente a 90 muertes violentas— ocurrieron en Francisco Morazán (61) y Cortés (29), departamentos con las ciudades más importantes en términos de aporte a la economía hondureña. En tanto, a nivel de país, el 65 % de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, es decir, 105 muertes registradas al octavo mes del presente año.
Otro indicador que alarma a las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres es que el 69 % de los victimarios aún no ha sido identificado por los operadores de justicia. «Que haya tantos casos donde el agresor no está identificado no es extraño. Hay un cuello de botella para encontrar justicia en el proceso de investigación. Es lógico que se haga la denuncia porque fue encontrado el cuerpo de la mujer, una muerte no puede ser ocultada tan fácilmente. El problema es la falta de investigación y, por ende, de cómo encontrar justicia contra las mujeres que son asesinadas», explica Helen Ocampo, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM.
De acuerdo con Ocampo, a pesar de los esfuerzos por obtener información precisa, uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones está en que tanto medios de comunicación, como la Policía Nacional, no reportan incidencias en los departamentos de Intibucá, Ocotepeque, La Paz, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, que en conjunto suman cerca de 760 000 habitantes, un 9 % de los 9,5 millones de hondureños, según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Por lo anterior, Ocampo señala que la falta de datos exactos impide el desarrollo de políticas públicas que ataquen de raíz la violencia contra las mujeres.
En Honduras, hasta el 31 de agosto de 2020, se registraron 163 muertes violentas de mujeres, de las cuales 94 ocurrieron en el contexto de toque de queda nacional decretado por el Gobierno el 15 de marzo pasado para prevenir más contagios por la COVID-19, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), organización feminista que elabora sus reportes con monitoreos diarios a medios de comunicación del país y con datos que obtienen de operadores de justicia como el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Fiscalía y la Dirección General de Medicina Forense.
Las estadísticas revelan que, entre enero y agosto de 2020, el 55 % de los feminicidios —equivalente a 90 muertes violentas— ocurrieron en Francisco Morazán (61) y Cortés (29), departamentos con las ciudades más importantes en términos de aporte a la economía hondureña. En tanto, a nivel de país, el 65 % de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, es decir, 105 muertes registradas al octavo mes del presente año.
Otro indicador que alarma a las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres es que el 69 % de los victimarios aún no ha sido identificado por los operadores de justicia. «Que haya tantos casos donde el agresor no está identificado no es extraño. Hay un cuello de botella para encontrar justicia en el proceso de investigación. Es lógico que se haga la denuncia porque fue encontrado el cuerpo de la mujer, una muerte no puede ser ocultada tan fácilmente. El problema es la falta de investigación y, por ende, de cómo encontrar justicia contra las mujeres que son asesinadas», explica Helen Ocampo, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM.
De acuerdo con Ocampo, a pesar de los esfuerzos por obtener información precisa, uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones está en que tanto medios de comunicación, como la Policía Nacional, no reportan incidencias en los departamentos de Intibucá, Ocotepeque, La Paz, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, que en conjunto suman cerca de 760 000 habitantes, un 9 % de los 9,5 millones de hondureños, según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Por lo anterior, Ocampo señala que la falta de datos exactos impide el desarrollo de políticas públicas que ataquen de raíz la violencia contra las mujeres.
Reportes del CDM indican que niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son el grupo poblacional más vulnerable. Del total de feminicidios ocurridos hasta agosto (64, es decir, el 39 % de los casos de todo el año) las víctimas tenían edades comprendidas entre los 10 y 29 años.
Otra iniciativa que da seguimiento a los feminicidios a partir del monitoreo a las noticias es el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que recientemente publicó el informe Muertes violentas de mujeres y femicidios en el contexto de COVID-19 en Honduras, con cifras del 15 de marzo al 6 de junio. El boletín reveló que el 50.9 % de los asesinatos de mujeres ocurrieron en las vías públicas y el 26.3 % en la vivienda de la víctima. El restante 22.8 % se registró en centros penitenciarios, negocio propio de la víctima, solares baldíos o dentro de vehículos.
El organismo mostró que, durante los meses analizados, el 71 % de las muertes de mujeres pasaron en el área urbana y el 29 % restante en el área rural. Para ampliar sobre las estadísticas, se envió una solicitud de entrevista vía correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto a la directora del ONV, Migdonia Ayestas, pero —para la fecha de esta publicación— no dio respuesta.
Diferentes formas de violencia
«En este período de la pandemia, si algo hemos reconocido a nivel de Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Atlántida es que son las regiones que mayores denuncias de violencia ha habido al 911 (sic) y la atención a esas llamadas de violencia convertidas en denuncia es mínima, porque apenas 2.5 % de las mujeres denuncian las violencias, por lo que se queda en la total indefensión», dijo Cristina Alvarado, terapeuta del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, durante una conferencia virtual organizada por la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), con el apoyo del proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres de Oxfam y la cooperación canadiense.
La especialista destacó el esfuerzo de las organizaciones feministas y de mujeres por «precisamente intervenir y atender toda esta problemática que está descuidada y desatendida, pero sobre todo invisibilizada a nivel de políticas públicas y de la intervención que hizo el Gobierno de Honduras en el abordaje de la pandemia del (sic) COVID-19». En su participación en el webinar, Alvarado expuso que el Estado debe fortalecer los procesos de atención oportuna y seguimiento a las denuncias de las víctimas.
El Sistema de Emergencia Nacional registró más de 50 000 personas que denunciaron ser víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar en el primer semestre del año. Sin embargo, la gran mayoría de estas denuncias quedaron en la impunidad porque no han sido judicializadas ante los órganos competentes, según los datos oficiales del Juzgado de Violencia Doméstica de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Pese a la cantidad considerable de llamadas de denuncias, solo 1258 de los casos fueron interpuestos ante los órganos de justicia. De este total, 259 denuncias fueron interpuestas en el Juzgado personalmente por las afectadas y otras 999 denuncias fueron remitidas por el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones a la entidad judicial.
Tal tendencia fue la constante durante la década recién pasada, plantean los hallazgos de la Alianza por la Paz y la Justicia en su tercer Informe de Impunidad en Homicidios (2010-2019). Durante esos años, se registraron 4769 muertes de mujeres, de las cuales se judicializaron 1818, lo que reflejó un acumulado de judicialización en el período de 38 %. El grupo más afectado fue el comprendido entre los 15 y 39 años.
«En el marco de la emergencia nacional por la covid-19, las denuncias aumentaron al 911 (Sistema Nacional de Emergencias) entre el 16 % y 20 %. La violencia más frecuente a nivel nacional es la psicológica, pero la que detona el evento de la denuncia y hace que la víctima acuda al sistema es la física», dice Alma Coello, coordinadora de la Unidad de Prevención de Violencia del Instituto Nacional de la Mujer en Honduras (INAM).
Para la funcionaria, la violencia contra las mujeres «no ha tenido cuarentena y lo que ya era una problemática, ahora es emergencia, y está es la otra pandemia de la que nadie habla». Coello agrega que muchas mujeres agredidas, en la mayor parte de los casos por sus parejas y desde el noviazgo, no se reconocen como tal. «Los conflictos son normales en la conducta humana, pero la violencia no se justifica. Hay que romper el silencio, toda expresión de violencia no es natural, no debemos tolerarla».
Lourdes (22 años), vendedora ambulante en Atlántida, al norte de Honduras, aún sigue sin recuperarse emocionalmente de la violencia provocada por su pareja desde que ella tenía 16 años. «Tenemos un hijo de tres años y con esto del coronavirus teníamos demasiados problemas en la casa, pero no nos faltaba el pan. Lo que pasó fue que yo ya no soportaba que él se quisiera ir a la calle como si no pasara nada allá afuera, porque nos podía contagiar».
La joven recuerda que, en un día de julio y cuando aún las restricciones en la circulación de personas por el toque de queda eran estrictas: «él quería salir y yo lo detuve, y me golpeó, pero en ese momento no dudé en denunciarlo y así lo hice. Se fue cuando escuchó que yo llamé a la Policía… se llevó su ropa y no ha vuelto a la casa. Vive con sus papás y ahora solo llega para dejar dinero para el niño», relata.
En retrospectiva, para la comerciante, el haber denunciado a su agresor fue determinante para mejorar su calidad de vida y ahora aguarda que el proceso judicial en contra de su expareja avance pronto. «Una mujer nunca debe permitir que su pareja la golpee. No hay que permitir que se salga de control. Ojalá que denunciar evite que pase una desgracia», refiere Lourdes.
En criterio de María José Gálvez, coordinadora de la Defensoría de la Mujer en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres tiene que ver con «la falta confianza hacia las mismas autoridades, porque sabemos los obstáculos a los que se enfrenta una mujer cuando quiere interponer una denuncia». En algunos casos, las víctimas van a la posta policial a interponer la denuncia, pero los agentes la minimizan «porque esperan que la mujer llegue súper golpeada y quizás han sufrido agresión física en otro momento, pero ese día pudo salir de su casa y tomó el coraje de denunciar a su agresor».
Gálvez define la violencia de género como «un problema de salud pública de proporciones epidémicas», basándose en el estudio global sobre la violencia física o sexual contra las mujeres que elaboró hace siete años la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Todavía nos hemos quedado cortos como Estado en brindar una atención efectiva a estos casos y en dar acompañamiento a la víctima, porque su situación no es nada fácil».
Gálvez reconoce algunos avances del Gobierno, aunque reitera que aún hay mucho trabajo por hacer para erradicar la problemática: «El 25 de agosto entraron en vigor las medidas especiales de difusión, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, contempladas en el decreto 99-2020, a manera de promover acciones para garantizar la igualdad de género durante la emergencia nacional a raíz de la COVID-19».
El decreto en mención estableció que al finalizar cada una de las cadenas nacionales para brindar información sobre los avances de la pandemia en Honduras, se debe incluir un espacio donde se presenten estadísticas del comportamiento de la violencia contra las mujeres a nivel nacional y los servicios del Gobierno para atender a las víctimas.
En Honduras, en abril de 2013 entró en vigor la regulación del femicidio en el Código Penal. No obstante, según reportó Contracorriente, los registros del Ministerio Público reportan casos de ese delito a partir de 2017, cuatro años después. A finales de junio, entró en vigencia el nuevo Código Penal que proyecta una pena por femicidio que va de los 20 a los 30 años de cárcel, una reducción de penas con respecto del Código Penal anterior.
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Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investigación, da clic en este enlace.
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Violentadas en cuarentena, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la COVID-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.
