Honduras enfrenta una crisis electoral que se agrava cada día. El 4 de agosto, la presidenta del CNE, Cosette López, convocó a otra reunión para buscar un acuerdo sobre la empresa que transmitirá los resultados, tras varios intentos fallidos. La renuncia condicionada de la consejera Ana Paola Hall y la negativa del presidente del Congreso, Luis Redondo, a someterla al pleno intensificaron las tensiones. Los desacuerdos sobre la transmisión y las amenazas de acciones violentas de los «colectivos» por parte del expresidente Manuel Zelaya profundizan la polarización y la fragilidad institucional, mientras analistas advierten que el país podría estar al borde de una ruptura democrática.
Texto: Allan Bu
Fotos: Fernando Destephen
«Se van, porque se van», dijo frente a cámaras de medios nacionales el diputado Jorge Cálix el pasado miércoles 30 de julio de 2025. Sus ojos aún lagrimeaban debido al gas lacrimógeno lanzado por la Policía Nacional para evitar que él y otros diputados liberales ingresaran al Congreso Nacional de Honduras a exigir las elecciones libres y que se aceptará la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, la representante del Partido Liberal en Consejo Nacional Electoral (CNE).
La escena retrata el clima de crispación en el que la clase política tiene inmerso al país, donde casi todos los días la crisis se alimenta y se transforma. Los últimos días han sido caóticos de cara a las futuras elecciones.
Este lunes 4 de agosto de 2025, la presidente del CNE, Cosette López, convocó a una reunión para retomar el diálogo institucional. «Es fundamental reanudar las discusiones para garantizar avances significativos en la preparación del proceso electoral», sostuvo la presidenta en la convocatoria. Algunos medios reportaron la presencia de los otros consejeros en las oficinas del órgano electoral, pero al momento de publicar esta nota no había información oficial.
El 30 de julio de 2025, Ana Paola Hall renunció de forma oficial y condicionada, y aseguró que estaba siendo amenazada. Luego, el mismo 30 de julio, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se negó a someter al pleno la renuncia y en su lugar suspendió la sesión e hizo un llamado al Ministerio Público (MP) a investigar las razones detrás de la misma.
Al día siguiente, el fiscal general Joel Zelaya afirmó que el MP «no está pintado» y aseguró que hay una conspiración contra las elecciones. Llamó a Marlon Ochoa, Cosette López y Ana Paola Hall a declarar como testigos y como investigados. La investigación gira alrededor de los supuestos delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo y violación de los deberes del funcionario.
Ese miércoles 30 de julio, el expresidente Manuel Zelaya anunció que tenía 30 mil colectivos para defender las posiciones de Libertad y Refundación y que no aceptarán la transmisión de resultados que propone la oposición. Muchos ven este mensaje como una amenaza. Ese mismo día, la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas contra diputados y simpatizantes del Partido Liberal que exigían la aceptación de la renuncia de Hall. Más tarde, la consejera presidenta Cosette López afirmó que era «insostenible continuar trabajando» en el CNE y denunció amenazas de muerte.
A todo esto, el cronograma electoral ya tiene fechas vencidas, pues la transmisión de resultados ya debería estar definida y adjudicada tras el plazo que se venció el 29 de julio. Parece una crisis sin fin, cuya gran víctima es un país que resiente en su economía, seguridad y democracia los efectos de esta situación.
Aníbal Cálix, exdiputado y miembro del Partido Salvador de Honduras, opinó que el país se ha ido degradando por dos razones. La primera es que no se ha crecido institucionalmente y la segunda es algo que atraviesa, a su juicio, el mundo entero y es la pérdida de valores, «eso se está manifestando mucho en nuestros liderazgos. Ahora para obtener los objetivos ya no importa el cómo, la situación es conseguirlo. En la clase política el objetivo es el poder y ya no se respetan los límites», dijo.
Por su parte, el analista Leonardo Pineda señaló que la situación que vive Honduras no es nueva y se ha venido gestando desde hace tiempo. «Obviamente hay una polarización que a todas luces no es espontánea; se percibe premeditada o alentada por estos discursos políticos. Por un lado, personas de la izquierda hablando de golpismo, de 12 años de narcodictadura, que no dejan de tener cierta base, pero esto se utiliza más como un arma de terrorismo semántico para atraer a una masa de votantes».
«Del otro lado, hay una rama más conservadora hablando de Chavismo, Cuba, Venezuela y de que vamos a perder la democracia y eso (estos dos frentes) nos han metido desde 2008 o 2009 en un problema bastante grave de polarización. Hemos tenido picos como el Golpe de Estado, la reelección ilegal y ahora esta polarización se agrava», sostuvo Pineda.
La confianza en la institucionalidad en Honduras es prácticamente nula, un sentimiento que se arrastra desde junio de 2009, cuando fue derrocado el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, hoy asesor presidencial.
Zelaya, quien impulsaba una consulta para reformar artículos pétreos de la Constitución con miras a la reelección, fue removido por las fuerzas conservadoras del país. Desde entonces, Honduras quedó dividida en dos bandos: golpistas y resistencia. El golpe provocó manifestaciones masivas, un marcado aislamiento internacional durante la administración de Porfirio Lobo Sosa y el inicio de una etapa en la que se recrudecieron la corrupción y las actividades del crimen organizado.
En ese periodo también salió a relucir el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por más de 7,000 millones de lempiras, que dio origen al Movimiento de las Antorchas, una cruzada genuina encabezada por una juventud que se identificaba como harta de la corrupción.
Luego, en las elecciones de 2017 se fraguaron dos hechos trascendentales: el fraude electoral encabezado por Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional contra la alianza liderada por Salvador Nasralla, y la ruptura de la Constitución, que prohíbe expresamente la reelección presidencial. Tanto en el Golpe de Estado de 2009 como en esos comicios, las fuerzas represivas del Estado derramaron la sangre de cientos de hondureños.
Las elecciones de 2021, que ganó Xiomara Castro abrumadoramente, se creía que iban a marcar un nuevo rumbo del país y la institucionalidad. Pero el Gobierno comenzó con un nuevo escándalo. La imposición en la presidencia del Congreso Nacional de Luis Redondo y desde entonces ese poder del Estado ha sido una permanente fuente de crisis.
Un TREP a conveniencia
Así llegamos al momento actual: un nuevo pico de polarización política en Honduras. El punto de discordia está en la forma en que se transmitirán los resultados preliminares de las elecciones.
Libre, el partido oficialista, propone repetir el modelo de 2021, cuando la transmisión de datos se realizó sin intervención humana. Asegura que la divulgación inmediata de las actas impediría la manipulación. La oposición, en cambio, exige una revisión supervisada por personas en caso de inconsistencias, con el fin de garantizar la precisión de los resultados preliminares.
La situación se tensó cuando las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López aprobaron por mayoría la verificación humana en la transmisión de resultados. El consejero Marlon Ochoa dejó de asistir a las sesiones del CNE alegando que una determinación de ese tipo debe ser tomada en consenso y no por mayoría.
Tras acusaciones mutuas de fraude —especialmente entre López y Ochoa—, Hall presentó su renuncia condicionada al Congreso Nacional, solicitando que su sustituto fuera un representante liberal. Sin embargo, Luis Redondo, presidente del Congreso, no sometió su renuncia al pleno y suspendió la sesión. En su lugar, pidió al Ministerio Público investigar a quienes presionaron a Hall, mencionando posibles delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo y violación de deberes de los funcionarios, y nombró al diputado oficialista Jari Dixon como presidente de la comisión investigadora.
El 30 de julio, un día después que Redondo hiciera la denuncia pública, el Ministerio Público actuó con prontitud, algo que no es común en un país cuyo porcentaje de impunidad alcanza alrededor del 95%, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. «Déjenme decirles que hay un CNE que no está respondiendo a los intereses del país, sino a intereses de grupos. Hay una conspiración contra las elecciones generales que no vamos a permitir», afirmó el fiscal general Johel Zelaya en una comparecencia frente a la prensa.
Aseguró que la fiscalía ya cuenta con información sobre nuevos actores involucrados en la supuesta conspiración, los cuales se estarían sumando a quienes participaron en el proceso electoral de 2017, cuestionado por múltiples irregularidades. En estas diligencias, el 31 de julio, personal de la Agencia de Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ingresó al CNE para recolectar información respecto a las denuncias de esta supuesta conspiración.
El MP también citó a los consejeros a rendir declaración en calidad de investigados. «Les hago un llamado a los tres consejeros: les va a llegar una citación que deberán contestar de inmediato. Si bien es cierto la Constitución les da las prerrogativas de que ellos pongan lugar y fecha, pero no quiero que eso se vaya a alargar, que no vayan a salir con un informe de auditoría privada, eso es una falta de respeto a la institucionalidad», advirtió.
Aníbal Cálix manifestó que en la semana pasaron dos cosas muy preocupantes la primera es que se dio a conocer a los colectivos como «el brazo de fuerza que tiene el partido de gobierno, porque cuando alguien habla que si es necesario tomar las armas para defender los propósitos y viene de alguien que está en el poder, eso es preocupante porque no habrá ningún tipo de control del Estado».
Además, Cálix hizo referencia a la debilidad institucional, y se refirió a la actuación del fiscal general Joel Zelaya: «Tenemos un fiscal que en lugar de dar paz a través de la justicia sale haciendo manifestaciones sobre el proceso electoral. Básicamente tratando de intimidar a las autoridades electorales, que tampoco son angelitos y no podemos restarle al problema que han causado, pero estas situaciones aún con lo malo que habíamos estado no habían sucedido de esta forma. Hay un montón de banderas rojas que no podemos pasar desapercibidas», advirtió.
En horas de la tarde del martes 30 de julio, la consejera López externó en la red social X, que era «insostenible continuar trabajando en el CNE en un ambiente sin garantías legales ni democráticas. A pesar de las amenazas directas contra mi vida y mi libertad, he permanecido firme en mi compromiso con la ley, el proceso electoral y la democracia. Pero hoy, la amenaza ya no es solo institucional: es personal, y ocurre en absoluto desamparo de legalidad», escribió. Más tarde mencionó en un canal de televisión que estaba planteándose la posibilidad de renunciar.
Es insostenible continuar trabajando en el CNE en un ambiente sin garantías legales ni democráticas.
A pesar de las amenazas directas contra mi vida y mi libertad, he permanecido firme en mi compromiso con la ley, el proceso electoral y la democracia. Pero hoy, la amenaza ya no…— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) July 30, 2025
El llamado de las armas
En la red social X, Manuel Zelaya, coordinador de Libre y máximo líder del oficialismo, dejó un mensaje que muchos han tildado como una amenaza.
Mel escribió que no aceptaran elecciones con el TREP del 2017, «que lo tenga claro el bipartidismo y la oligarquía». Tras sus primeras líneas, Zelaya retrocede al año cuando le dieron Golpe de Estado y asegura que esta vez no los van a sorprender, «hoy estamos organizados, preparados y entrenados en más de 30 000 colectivos de base desplegados en todos los rincones de la patria. De nada les sirve estar reactivando, nacional e internacionalmente, a los perversos actores intelectuales y materiales del golpismo, en su nueva versión “light” 2025».
No aceptamos elecciones con el TREP fraudulento del 2017. Que lo tenga claro el bipartidismo y la oligarquía.
— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) July 28, 2025
Esta vez no nos van a sorprender como en el 2009. Hoy estamos organizados, preparados y entrenados en más de 30 000 colectivos de base desplegados en todos los rincones…
Este mensaje fue respondido de forma inmediata por el coordinador de los colectivos de Libre, Melvin Cevallos, quien aseguró a medios de comunicación que estaban listos para tomar las armas y defender la causa de Libertad y Refundación.
Leonardo Pineda calificó como grave el mensaje del expresidente Manuel Zelaya publicado en X y señaló que no se trata de un fenómeno originado en el país. «Es grave porque utiliza palabras que vienen importadas de otros lados. Eso de los colectivos no es algo que nació en Honduras; los colectivos empezaron en Venezuela, promovidos por el fallecido Hugo Chávez, y también se han visto grupos similares de choque en Nicaragua», sostuvo.
En Venezuela, efectivamente hay grupos de encapuchados, como los describe esta nota de la BBC, que defienden la revolución bolivariana. «Somos organizaciones que hemos sido creadas como medidas de seguridad para defender el modelo de gobierno, al pueblo y a los cuadros políticos», le dijo al medio internacional uno de los líderes.
En medio de todas las acciones del Congreso y el Ministerio Público, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), emitió un comunicado haciendo un llamado a que se respete la independencia del CNE. «Es indispensable garantizar el respeto entre órganos del Estado, reconociendo los límites que la misma Constitución establece», dice el comunicado que exige que se permita «autonomía funcional» al pleno del CNE.
La manzana de la discordia
Este último episodio de polarización se desató por el proceso de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El desacuerdo sobre la forma en que se transmitirán los resultados impidió la contratación de la empresa encargada, que debía concretarse antes del 29 de julio de 2025, y que ahora requerirá una prórroga del Congreso Nacional.
Para el analista Leonardo Pineda, la clase política está profundizando la crisis al centrarse más en el conflicto que en buscar soluciones.
«Hay soluciones, lo del TREP es más la desconfianza y punto de discordia, porque se cree que ahí puede hacerse un fraude electoral de parte de los dos bandos», afirmó.
Pineda recordó que respecto al TREP del 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) identificó en su informe problemas similares relacionados con la politización del CNE y las inconsistencias en el escrutinio, ofreciendo recomendaciones que pueden adaptarse para resolver este conflicto. En ese informe la MOE-UE resalta la necesidad de «un mecanismo de control durante el escrutinio para eliminar inconsistencias en los resultados electorales».
Por otro lado, un informe de auditoría al que Contracorriente tuvo acceso, revela graves deficiencias en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado en las elecciones generales de 2021, como la falta de verificación del software, la ausencia de registros de cambios, la exclusión de partidos políticos y errores en pruebas públicas. Cosas que pasaron desapercibidas por la enorme diferencia con la que ganó Xiomara Castro esas elecciones.
Sin embargo, pese a esta información y recomendación, cuya existencia seguramente conocen los políticos, hay una crisis. Aníbal Cálix considera que a la crisis no solamente le está sacando provecho el oficialismo, «creo que hay personas , principalmente aquellos que tienen problemas de corrupción, que dentro de todo este caos quieren aprovechar para hacer negociaciones que les den a ellos mayor impunidad. Con todo lo está sucediendo no podemos negar que todo esto puede ser un camino hacia una asamblea nacional constituyente y la ficha de cambio de muchos corruptos para apoyar esa asamblea será que les hagan borrón y cuenta nueva», analizó.
Leonardo Pineda advirtió que, de concretarse una elección fallida o una ruptura del orden constitucional, quienes permanecerían en el poder serían los actuales gobernantes. «Es evidente que de alguna manera se beneficia al partido de gobierno; sin embargo, la oposición también capitaliza el descontento y la falta de legitimidad para sus fines políticos. Hace poco un partido realizó una marcha y uno de sus líderes aseguró que se están queriendo robar las elecciones y la democracia. Hay un fuego cruzado de acusaciones de fraude que solo genera una enorme incertidumbre, porque vemos lejos la posibilidad de unas elecciones limpias y transparentes», afirmó.
Sobre el posible desenlace de la crisis, Pineda planteó varios escenarios. El primero, optimista pero poco probable, sería que los partidos políticos logren un acuerdo. El segundo prevé la continuidad de la confrontación, con la consumación de las renuncias de Cosette López y Ana Paola Hall, reemplazadas por sus suplentes. «Tendríamos una institucionalidad completamente señalada, pero habría elecciones; obviamente muy poca gente creería en ellas», señaló.
Un tercer escenario, explicó, sería una ruptura institucional en la que el CNE no funcione y no se celebren elecciones —o se realicen fuera de tiempo—. «Ya no se podrían hacer en noviembre aunque se llegara a un acuerdo político», advirtió.
Por último, alertó sobre el riesgo de que el Gobierno «descaradamente diga: “nosotros nos vamos a quedar, vamos a llamar a una asamblea nacional constituyente, le guste o no a un sector del país”, e impongan un sistema autoritario o dictatorial».
