Crimen organizado e impunidad acechan a la niñez y juventud hondureña

agosto 1, 2025
Categorias: Actualidad, Estructuras de poder

Entre enero y marzo de 2025, Honduras registró 206 homicidios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de los cuales el 84 % corresponde a personas de entre 19 y 30 años, con mayor incidencia en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, según un informe del Observatorio de Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventud de Casa Alianza de Honduras (ODNNAJ-CAH). Aunque la cifra representa una reducción respecto a años anteriores, la violencia contra jóvenes persiste y se ve reforzada por factores estructurales como la desintegración familiar, la falta de oportunidades y el control territorial de grupos criminales. Paralelamente, la trata de personas —que afecta principalmente a niñas y adolescentes— evidencia un patrón alarmante de negligencia estatal: nueve de cada diez casos permanecen impunes, y en 2025 apenas se ha emitido una condena, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Texto: Abigail Gonzales

Fotografías: Fernando Destephen y ASJ

De enero a marzo de 2025, Honduras reportó 206 homicidios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Del total, 173 corresponden a personas de entre 19 y 30 años, lo que representa el 84 %. En el grupo de 12 a 18 años se registraron 27 casos (13.1 %), mientras que en el rango de 0 a 11 años se contabilizaron 6 muertes (2.9 %).

Según el informe de Observatorio de Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventud de Casa Alianza de Honduras (ODNNAJ-CAH), el aumento en los homicidios comienza a registrarse a partir de los 16 años, con un repunte significativo en el grupo de jóvenes entre los 22 y 30 años representando solo el 65.5 % del total de muertes.

Los departamentos con mayor incidencia de homicidios son Cortés y Francisco Morazán, que reportaron 35 homicidios cada uno, lo que representa el 33.9 %; le siguen Olancho con 23 homicidios, y los departamentos de Colón y Yoro con 16 cada uno. En conjunto, estos tres departamentos representan otro 26 % del total de muertes, según un informe ODNNAJ-CAH.

Los hombres jóvenes son las principales víctimas

Según el informe, la violencia homicida afecta con mayor frecuencia a hombres jóvenes. Entre las edades de 0 a 18 años se registraron 26 víctimas masculinas frente a 7 femeninas; en el rango de 19 a 21 años, 33 hombres y 5 mujeres; y de 22 a 30 años, 122 hombres y 13 mujeres.

Aunque los hombres constituyen la mayoría de las víctimas de muertes violentas, el informe advierte que la violencia basada en género contra niñas y mujeres persiste y tiende a incrementarse con la edad, mostrando un patrón específico de riesgo para ellas.

En una entrevista con Contracorriente, Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS-UNAH) señaló que, aunque Honduras ha experimentado una disminución sostenida en la tasa de homicidios en los últimos años, la violencia continúa siendo un fenómeno alarmante, especialmente entre la población joven.

Según Ayestas, «Honduras es un país violento que sin estar en guerra registra muchas muertes violentas».

En 2011, Honduras alcanzó una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 85.5 por cada 100,000 habitantes. Para 2024, esa cifra se redujo a 27 por cada 100,000. Sin embargo, el número de personas que pierden la vida de forma violenta sigue siendo preocupante.

«A pesar de las reducciones, las muertes violentas, sobre todo homicidios, siguen siendo un problema que requiere de la acción del Estado», afirmó Ayestas.

En el año 2024, el promedio diario de muertes violentas fue de siete personas, mientras que en 2025 se ha registrado un promedio de seis al día. La mayoría de estas víctimas son jóvenes, un grupo etario que, según Ayestas, representa el principal activo del país.

«En promedio, el 44 % de las víctimas en los últimos años son jóvenes que están estudiando, trabajando, o estableciendo una relación de pareja, y son los que están perdiendo la vida principalmente, y esto es un problema porque son el principal activo del país», señaló.

La impunidad y el control territorial agravan la violencia contra jóvenes en Honduras

Según Ayestas, una de las principales debilidades en el abordaje de la violencia en Honduras es la ineficacia del sistema de justicia penal. Aunque el Observatorio de la Violencia documenta y valida los casos de muertes violentas, muchos de estos crímenes no avanzan más allá de la etapa de investigación.

Ayestas, enfatizó que el Estado tiene la responsabilidad de fortalecer la capacidad investigativa y judicial para reducir los altos niveles de impunidad que imperan en la mayoría de estos casos.

«El Estado debería desarrollar investigación científica criminal, y debería judicializar estos casos para que la impunidad no sea del 90 % en todos los homicidios», apuntó.

Asimismo, explicó que muchos de los homicidios de jóvenes están relacionados con el crimen organizado. «Entre los posibles móviles tiene que ver con ajuste de cuentas, los mandan a matar», señaló. También indicó que la presencia y control de maras y pandillas en las comunidades incide directamente en estos crímenes: «Tiene que ver con maras y pandillas porque en las colonias donde están viviendo hay un control y una penetración de las mismas».

Además del crimen organizado, señaló que las relaciones interpersonales también son un factor de riesgo, destacando que la violencia no solo proviene de estructuras criminales, sino también de entornos cercanos.

Según los datos del ONV durante el año 2023, Honduras registró 3,361 homicidios, una cifra menor a los 3,664 contabilizados en 2022. Del total de víctimas en 2023, 411 fueron mujeres, lo que equivale a un promedio de 34 homicidios mensuales.

La violencia se concentró en jóvenes entre las edades de 15 a 19 años reportando 184 hombres y 31 mujeres víctimas de homicidio. En el rango de 20 a 24 años, murieron 447 hombres y 42 mujeres. De 25 a 29 años, se registraron 525 hombres y 72 mujeres, mientras que de 30 a 34 años murieron 400 hombres y 43 mujeres por esta causa, según el informe del ONV.

Ayestas señaló que, en 2024, la cifra descendió a 1,085, y durante el primer semestre de 2025, se contabilizaron 407 muertes de jóvenes en el rango de 12 a 30 años.

Ayestas advirtió que «a pesar de las reducciones, los jóvenes siempre son el rostro de la violencia. Son los que están perdiendo la vida y los que están siendo más afectados».

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Factores estructurales que alimentan la violencia juvenil en Honduras

Uno de los principales factores que alimenta la violencia entre los jóvenes es la fragilidad del entorno social y familiar, según Ayestas. «En primer lugar, la desestructuración de la familia. Esa estructura familiar ya no es la misma, y la forma como la familia educa, aunque sea la madre, el padre o los abuelos, está en precario», explicó.

Además, mencionó otros elementos que agravan este fenómeno, como la proliferación de armas de fuego, el clima general de violencia y la falta de empleo para la población joven. «La falta de trabajo se vuelve uno de esos factores. Por eso es que muchos de esos jóvenes emigran del campo a la ciudad, pero también se van fuera del país», e indicó que «cuando el Estado o la empresa privada no brindan las oportunidades, los grupos ilícitos sí. Bandas criminales, maras, pandillas o narcotraficantes les abren los brazos a los jóvenes».

«Muchos se involucran sabiendo, otros son reclutados porque no les queda de otra en el medio donde viven», y añadió que esta situación incrementa el riesgo de muerte, especialmente debido a la falta de madurez emocional en esa etapa de la vida.

Ante esta situación, Ayestas, considera fundamental reorientar las políticas públicas desde una lógica represiva a la prevención y el desarrollo integral de los jóvenes.

«En primer lugar, se debe primar las aspiraciones, los deseos, las necesidades de los jóvenes: educación, salud, trabajo», y señaló el rol importante en la familia: «Una familia que los acoge y los educa con amor va a ser importante, porque muchos de los que están en el crimen en este momento se vieron alejados y sin afectos, y eso es lo que están buscando en esos grupos ilícitos», afirmó.

Tipos de violencia más frecuentes: homicidios y violencia sexual

Ayestas alertó que las niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años son las más vulnerables a la violencia sexual, aunque también se extiende hasta los 30 años.

Además, explicó que «no hay atención en salud psicológica o psiquiátrica para atender el daño psicológico. Creemos que procurando darles pastillas, medicamentos —que no siempre hay en los hospitales— se resuelven los problemas psicológicos».

Además de los homicidios y la violencia sexual, la trata de personas está latente en Honduras y afecta principalmente a niñas y adolescentes, quienes son víctimas de explotación sexual, pornografía infantil, reclutamiento criminal y adopciones irregulares.

Según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), nueve de cada diez casos de trata de personas quedan en la impunidad. Solo en el primer semestre de 2025, 46 víctimas fueron identificadas: 31 eran niñas, 9 niños, 5 mujeres adultas y una persona de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, hasta junio del presente año apenas un caso ha recibido sentencia condenatoria.

Impunidad estructural y falta de respuesta estatal

Nelson Castañeda, director del Sector de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió en entrevista con Contracorriente que la situación es alarmante y que, en el caso de la trata de personas, refleja un patrón de negligencia institucional. «Vemos una impunidad arriba del 91 % en estos casos; es decir, de 10 denuncias apenas una logra una sentencia condenatoria», afirmó.

Castañeda señaló que la respuesta del Estado ha sido ineficiente. «No hay un enfoque serio en el combate contra este delito. La falta de fortalecimiento y coordinación impide vencer la impunidad y desarticular estas redes criminales que operan en el país», dijo.

De acuerdo con el informe de ASJ, entre 2019 y junio de 2025 se reportaron 769 denuncias por trata de personas. Sin embargo, Castañeda aseguró que la cifra real es mucho mayor. «Sabemos que la cifra oculta supera lo que reflejan los datos oficiales. El bajo número de denuncias responde a la falta de un enfoque en el combate a este delito, pero también a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones», explicó.

Según el experto, otro factor determinante es el desconocimiento social sobre cómo identificar y denunciar este delito: «La gente no está formada ni capacitada para comprender e identificar este tipo de delito y sus modalidades. Se necesita una estrategia nacional integral que eduque y sensibilice».

Uno de los principales obstáculos identificados por ASJ es la asignación estratégica del presupuesto. Aunque la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) ha recibido un aumento presupuestario —pasando de L 5.6 millones en 2019 a L 38 millones en 2025—, los recursos destinados a la Unidad contra la Trata del Ministerio Público siguen siendo limitados, y este año apenas recibieron 10.7 millones de lempiras.

«Con un presupuesto de 10.7 millones, difícilmente se pueden ejecutar acciones oportunas y de alto impacto. Eso es un elemento crítico que debe ser evaluado con seriedad. Hay que preguntarse quién es el estratega detrás de la asignación presupuestaria, porque pareciese un plan premeditado para mantener debilitadas a las instituciones del sistema de justicia», advirtió Castañeda.

La impunidad, la débil capacidad institucional y la falta de personal especializado hacen de este delito una amenaza persistente. «Cuando el 82 % de las víctimas son niñas y solo 1 de cada 10 casos alcanza una sentencia condenatoria, no estamos hablando de debilidad del sistema: estamos hablando de negligencia estructural», expresó Castañeda.

Concluyó señalando que «el Estado tiene la obligación moral y legal de garantizar justicia, protección y reparación para cada víctima».

Frente a la exclusión estatal, organizaciones sin fines de lucro impulsan alternativas comunitarias para la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad

En una entrevista para Contracorriente, el director de la organización Warriors Zulu Nation, Juan Enamorado, explicó que ante la problemática de violencia el trabajo de esta entidad está enfocado en acompañar procesos formativos con personas desde los 12 hasta los 35 años, incluyendo la niñez, adolescencia y juventud.

Asimismo, explicó que la organización promueve actividades culturales, educativas como herramientas para la prevención de la violencia, «trabajamos desde la niñez para que los adolescentes y los jóvenes finalmente tengan un futuro más esperanzador en términos de verdadera participación en todas las esferas de la sociedad».

En este sentido explicó que actualmente, estas acciones se desarrollan de manera permanente en el departamento de Cortés, en las comunidades afectadas por violencia estructural, exclusión social y criminalidad, donde la niñez y juventud carecen de espacios seguros y de participación.

Enamorado subrayó que la juventud hondureña enfrenta alto riesgo de ser víctimas o victimarios de la violencia. «Somos los que más estamos siendo asesinados y también estamos siendo reclutados», afirmó.

También señaló que la juventud continúa siendo excluida de los procesos de decisión en todos los niveles sociales. «La juventud sigue siendo hoy por hoy más un bulto, que está ahí y que el adulto, líder entre comillas, decide hacia dónde va», expresó.

En ese sentido, cuestionó los discursos institucionales que aseguran trabajar en función de la juventud sin una participación real. «Las decisiones que se toman no las está liderando ningún joven por más que nuestras autoridades digan, “pensábamos en los jóvenes”, es mentira, no lo hacen», sostuvo. Añadió que muchas de esas políticas tienen una mirada «completamente estigmatizante, discriminatoria».