Texto y fotografías: Fernando Destephen.
«Lo que hay es un virus, que le da dolor de cuerpo, pero no es COVID», dice Agostina (nombre cambiado para proteger su identidad), una vendedora informal que se encuentra cerca de las entradas de emergencia pediátrica, citas y laboratorio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el barrio La Granja de Comayagüela. Al otro lado de la calle, mientras hablo con Agostina, un hombre grita que la medida del teletrabajo y el uso de mascarilla por el aumento de casos de COVID-19 es un negocio de la presidenta Xiomara Castro.
La Secretaría de Salud (Sesal) informó que los casos aumentaron en un 85.48 %, al pasar de 730 la semana anterior a 1,354 en la actual. También se reportan siete muertes.
De acuerdo con el doctor Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, los departamentos más afectados son Francisco Morazán, con 606 casos confirmados (44 % del total); Cortés, con 161 casos (12 %); además de Copán, Atlántida y Santa Bárbara.
El martes 29 de julio, a las 6 de la mañana —hora pico de atención hospitalaria—, el IHSS no registraba aglomeraciones de pacientes. Las ventas de mascarillas se mantenían normales, al igual que las de café y comida. En la sala de emergencia pediátrica tampoco había fila, y solo una corta línea de personas esperaba frente al área de radiografías.
El Gobierno decretó teletrabajo para parte de la administración pública del 28 de julio al 3 de agosto. «Con el objetivo de frenar el ciclo de incubación y contagio, se ha dispuesto ampliar la modalidad de teletrabajo para todas las dependencias del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y desconcentradas, así como aquellas sujetas a regímenes especiales como el Banco Central y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, desde el lunes 28 de julio hasta el domingo 3 de agosto», indica el comunicado oficial.
Esta decisión no ha sido respaldada por un grupo de expertos en salud y científicos como el doctor Marco Tulio Medina, quien expresó que: «no se han cumplido los criterios establecidos internacionalmente para poner en aislamiento o en cuarentena a una población dada».
Medina reconoció un incremento de enfermedades infecciosas y la circulación de una nueva variante de COVID-19, pero aclaró que «no implica que se va a aislar a la población, y especialmente a una población selectiva de personas que trabajan en el Gobierno». Añadió que la Secretaría de Salud (Sesal) debe presentar los datos epidemiológicos y, en conjunto con la academia, valorar la situación sanitaria del país.
Según la Secretaría de Salud, en Honduras circula la subvariante XFG de ómicron junto con otras enfermedades respiratorias, lo que aumenta la alarma. La medida también incluye el uso de mascarilla en edificios públicos, oficinas, espacios cerrados y lugares con alta concentración de personas, así como el lavado frecuente de manos y el uso de desinfectantes.
Según un oficial con acceso a la información, quien pidió no ser identificado porque no estaba autorizado para declarar de forma oficial, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se atienden actualmente más casos de influenza que de COVID-19. Aunque la atención por esta enfermedad es baja, de manera oficial el IHSS no puede pronunciarse, ya que únicamente la Secretaría de Salud (Sesal) está autorizada para hacerlo.
En el centro de salud Alonso Suazo todavía no hay datos oficiales sobre posibles contagios en el Distrito Central. Sin embargo, en conferencia de prensa, el doctor Pavón confirmó que una de las muertes corresponde a esta zona y que 606 casos reportados hasta el martes 29 de julio provienen del Distrito Central.
«En menos de cinco días ha aumentado la mortalidad», expresó Pavón al explicar la emergencia.
