Mientras Luis Redondo anuncia la operación de un Congreso Nacional con su propio quórum, la oposición critica la aprobación de préstamos suscritos entre el gobierno de Honduras y el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Economistas coinciden en que el acceso a estos créditos no perjudica los ya existentes con la banca internacional; sin embargo, advierten que la venta de bonos soberanos en el gobierno de Xiomara Castro revela la falta de claridad y contradicciones en la política de endeudamiento actual.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Tres préstamos que ascienden a 4,954 millones de lempiras (190 millones de dólares), suscritos entre el Estado de Honduras y el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, han sido el centro de la controversia en el Congreso Nacional en los últimos días. Aunque no es la primera vez que los préstamos del CAF son cuestionados, en esta ocasión su publicación arbitraria en el diario oficial La Gaceta ha sido denunciada por las bancadas opositoras.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, publicó estos préstamos arbitrariamente después de que no se aprobó el acta de la sesión legislativa en la que fueron autorizados, lo cual, según algunos congresistas, constituye una ilegalidad por parte del presidente de este poder del Estado.
En una cadena nacional transmitida el lunes por la noche, Redondo mantuvo su postura respecto a la aprobación del acta que contiene los préstamos del CAF, diciendo que la aprobación o no de las actas de sesión legislativa no incurre en la ilegalidad de los decretos publicados en el diario La Gaceta, y que además esta práctica fue común en el Congreso anterior.
Además, el presidente del Legislativo amenazó con sancionar y expulsar a los y las congresistas que no se presenten a las sesiones a partir de este momento, y explicó que los artículos 22 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional facultan al presidente para colocar suplentes en curules de diputados propietarios o suplentes que no se presenten a sesión, sin importar el partido político al que pertenezcan los ausentes ni los sustitutos.
Los nuevos préstamos con el CAF fueron aprobados en la sesión legislativa del pasado miércoles 7 de mayo, con 57 votos a favor de 91 congresistas presentes. El primer crédito aprobado es de 80 millones de dólares, destinados a reformas institucionales y la implementación de políticas públicas que aseguren el empoderamiento de las mujeres, las personas con discapacidad y el desarrollo de los pueblos originarios.
El segundo, por un monto de 70 millones de dólares, está destinado a fortalecer las capacidades del Estado para la ejecución de proyectos de inversión pública con un enfoque multisectorial; y el tercero, de 40 millones de dólares, es un programa de crédito para el subsector cafetalero y el fortalecimiento al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Si bien la aprobación del acta de sesión legislativa que contenía estos préstamos fue objeto de protestas en un Congreso que estuvo paralizado casi un mes, el presupuesto especial para las elecciones generales sí fue aprobado con 106 votos de la bancada oficialista, el Partido Libre, y de las bancadas opositoras del Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras. Antes de que se aprobaran los 1,737 millones de lempiras para las elecciones de noviembre de 2025, diputados suplentes del Partido Libre usurparon curules de la oposición, mientras que la bancada entera del Partido Liberal estuvo ausente.
La adhesión de Honduras al CAF fue obstaculizada desde sus inicios porque en mayo de 2023 tampoco se ratificó el acta que contenía esa decisión, ante la negativa de las bancadas opositoras, después de la intervención de Marlon Ochoa, quien en ese entonces se desempeñaba como director del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y ahora es comisionado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
#ActualidadCC | @MarlonOchoaHN, ministro del Servicio de Administración de Rentas (@SAR_HND), señaló —sin revelar ningún nombre— que un diputado del Legislativo es socio de empresas que están bajo el régimen de Zonas Libres Turísticas (Zolitur). pic.twitter.com/5eP8hnAQWh
— Contracorriente (@ContraC_HN) May 17, 2023
En esa sesión, Ochoa señaló a diputados de la oposición por beneficiarse de regímenes de exoneración fiscal actual, en un intento de argumentar la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto que hasta el momento no ha tenido éxito en el Congreso Nacional, pero que puede ser aprobada cuando la oposición «se descuide», según el secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya.
En la sesión legislativa del pasado 3 de junio, el presidente de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó que no aprobarán el acta que ratifica los últimos préstamos del CAF, pero aseguró que si su partido gana las elecciones este próximo 30 de noviembre, continuarán siendo beneficiarios de los créditos que ofrece ese banco. «No avalen más ilegalidades de este gobierno, espérense 5 meses y 26 días, y con el nuevo gobierno de “Papi a la Orden” vamos a legalizar los préstamos», indicó Zambrano.
El diputado del Partido Libre, Jari Dixon, dijo en una entrevista para Contracorriente que mientras no se apruebe la Ley de Justicia Tributaria, el país tendrá que continuar siendo acreedor de préstamos internacionales, a pesar de que estos representen un aumento en el endeudamiento del país. Al respecto, algunos economistas opinan que el acceso a los créditos del CAF no representa una irregularidad, pero que este gobierno no ha demostrado claridad para definir una estrategia que saque al país de la «quiebra» en la que fue declarado a inicios de su mandato.
El regreso de los bonos soberanos
Julio Raudales, economista y rector de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), asegura que la adhesión al CAF y a sus préstamos no afecta el acceso a los de otros bancos internacionales, pero advierte que el acceso a distintos créditos simultáneamente podría desencadenar en un endeudamiento severo para el país y en medidas utilizadas en el pasado que han sido cuestionadas por quienes ahora son gobierno, como la colocación de bonos soberanos.
El economista señala que esta práctica, que inició en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa y se extendió al gobierno de Juan Orlando Hernández, consistía en la venta de la deuda existente a tasas de interés elevadas. Este procedimiento fue cuestionado a inicios de este gobierno por el propio secretario privado, Héctor Zelaya, quien manifestó en junio de 2022 que el país no implementaría este tipo de políticas.
«El gobierno de Pepe Lobo en su último año y los ocho años del gobierno de Juan Orlando agarraron cartilla de estar vendiendo bonos soberanos, que son bonos bien caros, con una tasa de interés bien elevada. Entonces, lo mismo están haciendo ahora», aseguró Raudales, quien señaló esta postura como incoherente por implementar la misma medida que cuestionaban en la administración anterior.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció la colocación del primer bono temático, verde y social por 700 millones de dólares, unos 182 mil millones de lempiras, con un plazo de 10 años y una tasa de interés del 8.6%. «A diferencia de bonos anteriores, con esta emisión, el Gobierno se compromete a financiar dentro de los presupuestos anuales, programas y proyectos sociales y ambientales», indicó la Sefin en una nota de prensa.
Este endeudamiento fue hecho con la promesa de implementar programas sociales y de inversión frente al «poco espacio de ingresos» percibido, ya que, según el ministro de Finanzas, el país no recauda los impuestos necesarios para hacerle frente a las necesidades sociales del país, y por esta razón se deben conseguir los recursos financieros suficientes para continuar implementando dichos programas.
Además, en febrero de este año el Congreso Nacional autorizó la colocación de otro bono soberano, también de 700 millones de dólares, para la recuperación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), permitiendo a la estatal cancelar una deuda que asciende a los 10,000 millones de lempiras con las empresas generadoras de energía. En esa misma sesión se aprobó un crédito por 100 millones de dólares con Banco Atlántida.
El economista Ismael Zepeda coincide en que retomar la colocación de bonos soberanos no es coherente con el discurso del gobierno actual, ya que este instrumento no garantizó la estabilidad de las finanzas hondureñas para hacer frente al endeudamiento en el pasado.
«Cuando uno adquiere endeudamiento al final lo que esperaría es que fuese para proyectos de una magnitud que pueda generar desarrollo más adelante, o porque el Estado no tiene los suficientes para hacer una inversión tan inmensa en empresas o carreteras, pero el asunto es que nuestro país, al final, ha ido teniendo un sinnúmero de endeudamiento que no se ha visto reflejado en desarrollo», indicó Zepeda.
Hasta el momento ninguno de los precandidatos presidenciales ha presentado propuestas para paliar el endeudamiento externo del país, que, según datos de la secretaría de Finanzas, asciende a 9,304 millones de dólares hasta junio de 2024, el endeudamiento más alto registrado históricamente en el país.
Contracorriente contactó al ministro de Finanzas, Cristhian Duarte, para conocer más sobre la metodología para la ejecución de fondos externos y el acceso a préstamos en vísperas de las elecciones primarias; sin embargo, no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.
Un banco «caro»
Para Julio Raudales, la controversia que rodea al CAF se debe a una razón meramente política y no a un problema de fondo con el banco, pues este, al igual que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, se enfoca en financiar proyectos de desarrollo y no tiene una finalidad comercial específicamente.
Lo que sí es importante para Raudales es que el CAF es un «banco caro», ya que tiene por socios a países de Centro y Sudamérica y las tasas de crédito son más altas, como sucede también con el BCIE, que está integrado mayoritariamente por los países centroamericanos. Según Raudales, los créditos suscritos entre Honduras con el Banco Mundial o el BID, que están integrados por países con mayor riqueza acumulada, tienen una tasa de interés más baja y con mejores condiciones de acceso a crédito.
Previo a los últimos préstamos con el CAF, el Congreso Nacional aprobó otros seis, valorados en 354.9 millones de dólares en total, con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que pertenece al Banco Mundial; el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Los préstamos, que fueron aprobados con solo 63 votos a favor de 124 congresistas presentes en la sesión del pasado 22 de abril, están orientados a mejorar la conectividad sostenible del país, la restauración del ecosistema del Lago de Yojoa, la modernización de la matriz eléctrica y acceso a mercados de capital verde para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y mejorar la seguridad alimentaria e ingresos de familias rurales que se ven afectadas por los efectos del cambio climático.
Contracorriente solicitó una entrevista con la representación del CAF en Honduras para conocer más sobre su postura en los temas de desarrollo y críticas a la ratificación de los préstamos; sin embargo, Viviana Casco, el enlace en Honduras, respondió que en este momento no estaban brindado entrevistas.
Crédito externo en vísperas electorales
Para el economista Ismael Zepeda, el endeudamiento con fuentes de crédito externas debe ser estratégico, y los recursos deben ser empleados en programas que traigan desarrollo al país, no para fines clientelistas, como ocurrió con un préstamo de 1,750 millones de lempiras proporcionados por el BCIE para apoyar a las personas afectadas por las tormentas Eta e Iota en 2021, que fue utilizado para fines clientelistas por parte de Juan Orlando Hernández, expresidente condenado por delitos de narcotráfico.
«Creo que el país tiene una estrategia de endeudamiento, sin embargo, no tiene una estrategia de desendeudamiento. (…) Al final el país, de una u otra manera, se ha ido acostumbrando a conseguir deuda para realizar los proyectos más sencillos, el pago de salarios y financiar el tema del clientelismo, que se vio mucho con el Vida Mejor, cuando el BCIE colocó recursos en año de elecciones que fueron utilizados abiertamente para campaña. Entonces, esas son las malas prácticas que el país ha tenido y que aún hoy por hoy, pues no han cambiado», advierte el economista.
Para el año 2024, la mayor fuente de financiamiento para la inversión pública en Honduras provino del crédito externo, con 27,004 millones de lempiras, versus 6,847 millones provenientes de fondos nacionales. Entre los bancos que dieron mayor crédito estuvieron el BCIE con 9,664 millones, el BID con 8,413 millones y la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial con 6,117 millones.
Estos fondos se destinaron mayormente a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Programa Red Solidaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
