Fotografías y Texto por: Fernando Destephen
El jueves 10 de abril, el pueblo garífuna, acompañado de otros pueblos indígenas, se movilizó hasta Tegucigalpa, en un acto en el que cargaron con cuatro ataúdes representando la muerte de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIANCSI).
El objetivo de esa instancia era coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y fue instalada por el Gobierno el 12 de abril de 2024, conformada por siete secretarías de Estado, entre ellas el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), en calidad de coordinadora, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos (SEDH), la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto de la Propiedad (IP), entre otros.
Tras un año desde la creación de la CIANCSI, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), aseguró que esa instancia «nació muerta» y la están enterrando porque aún no hay resultados de las resoluciones de la Corte IDH sobre los casos de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan Pueblo. La Ofraneh advirtió que «para implementar el plan de trabajo [de la Comisión], era necesaria la creación de una partida presupuestaria en el Presupuesto General de la República 2025 –para el saneamiento del territorio– y no se hizo».
También denunciaron los conflictos de interés que existen en el INA y la Procuraduría General de la República (PGR) en el cumplimiento de las sentencias, y el despojo del territorio en Punta Piedra, presuntamente cometido por un diputado del departamento de Colón, del que no mencionaron su nombre. Sin embargo, ninguno de estos puntos fue atendido.
La movilización se realizó desde la colonia Alameda hasta la Casa Presidencial, donde un grupo fue recibido por la presidenta Xiomara Castro. Tras el entierro simbólico de la Comisión y la reunión con la presidenta, se acordó el nombramiento directo, a más tardar el 21 de abril, de una persona que será la encargada del cumplimiento de las sentencias. También solicitaron la aprobación de una partida presupuestaria, que según Miriam Miranda servirá para «ir adelantando el cumplimiento y la resolución de las actividades que se deban hacer para cumplir con la sentencia en las comunidades».
Durante una de las estaciones de la movilización, frente al INA, una de las instituciones que también estaban enterrando simbólicamente, Miranda aseguró que esa dependencia ha sido «una desgracia para el pueblo garífuna».
Para Miriam Miranda, lo que ha prevalecido es «el interés de la empresa privada sobre los derechos colectivos, porque las comunidades están luchando y tienen de lucha muchos años». Agregó que «debe de haber voluntad política del Estado para que funcionen esas comisiones, tenemos una situación gravísima que no se solucionará con decretos o resoluciones, o como en este caso con la creación de la Comisión», dijo Miranda. También recordó que se han creado muchas comisiones para otras problemáticas y no han dado resultados, como la comisión tripartita creada en febrero de 2022 para resolver el conflicto agrario del valle del Aguán.
«Ahora queremos decir que lamentablemente la CIANCSI ha muerto. No logró sobrevivir al racismo, a la negligencia, a los intereses, al menosprecio y a la indiferencia de este gobierno y otras instituciones del Estado hacia las comunidades», sentenció Miranda frente a Casa Presidencial.
Para Kevin Isidro, del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), la llegada de Ofraneh a Tegucigalpa mientras también esta ciudad era sede de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y a un año de la instalación de la Comisión, es «un reto para las autoridades sobre cómo abordar esto, y sin duda desde la perspectiva de movimientos sociales, pues representa una oportunidad de hacerse notar, de generar presión política pacífica».
Representantes de la Ofraneh aseguraron que tras el entierro de la comisión seguirán ejerciendo su derecho para la recuperación «de nuestros territorios ancestrales ocupados ilegalmente por terceros», y ante la advertencia de la policía de que usarán material fotográfico y de video para perfilar a líderes de protestas, Miranda aseguró que «el pueblo más perseguido judicialmente es el pueblo garífuna».
