Tras los hechos ocurridos en las elecciones primarias en las que, al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE), las Fuerzas Armadas han sido cuestionadas, el gobierno hondureño dice respaldarlas unánimemente y las califica de «diferentes». En ese contexto, en el último Consejo de Ministros, funcionarios defendieron a la institución castrense y aplaudieron al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, pese a su responsabilidad en la cadena de custodia en el desastre logístico de las elecciones primarias del 9 de marzo. Al mismo tiempo, acusaron al bipartidismo de intentar desestabilizar a la institución, que históricamente ha sido señalada en múltiples ocasiones por violaciones a derechos humanos, manteniéndose en la impunidad y acumulando poder.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
El Gobierno de Xiomara Castro en Honduras ha optado por darle un espaldarazo a unas Fuerzas Armadas que fueron señaladas tras las elecciones primarias e internas del 9 de marzo, donde fueron denunciadas por supuesta violación a la cadena de custodia del material electoral. Así quedó demostrado el 23 de marzo, cuando en el Consejo de Ministros que se celebró en Lepaguare, Olancho —en una finca propiedad del expresidente Manuel Zelaya Rosales— se contó con la inusual presencia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández.
Las Fuerzas Armadas, en un comunicado del 11 de marzo, se habían deslindado de responsabilidades sobre los hechos; ahora, el gobierno parece adjudicar responsabilidad únicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), especificamente a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, afines a la oposición, por los errores logísticos que afectaron las votaciones en un 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Los hechos ocurridos durante esa jornada electoral han dado lugar a que el Ministerio Público (MP) presentara el 31 de marzo requerimientos fiscales contra funcionarios del CNE, así como contra una empresa que incumplió con una cláusula vinculada al transporte de material electoral en el Distrito Central.
#ActualidadCC | Johel Zelaya, fiscal general, anuncia requerimiento fiscal contra Joel Ramos García, excoordinador de proyecto de transporte electoral del Consejo Nacional Electoral, y contra los miembros de la comisión evaluadora para la contratación del transporte de material y… pic.twitter.com/ouRqBHcU8C
— Contracorriente (@ContraC_HN) April 1, 2025
El Gobierno también desmintió rotundamente y calificó de «vil e irresponsable» una publicación del diario El Heraldo que citaba dos supuestos informes de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, en los que se atribuía la responsabilidad a un general, dos coroneles y dos tenientes, y se recomendaba su relevo, por el descalabro logístico de las elecciones del 9 de marzo. Además, según el trabajo periodístico, el informe sugería someter a otros oficiales al Tribunal de Honor por permitir que material electoral terminara en las calles, tras detener a autobuses que transportaban el material electoral en la capital.
Sin embargo, según el citado medio de comunicación, tras una reunión el 12 de marzo entre el general Hernández y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro y principal líder del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), se sugirió que esos informes fueron manipulados y eliminados.
La consejera presidenta del CNE, Cossette López, aseguró el 21 de marzo haber sido agredida verbalmente por el general Hernández, quien le habría expresado a gritos: «Que le quede claro que yo no soy su subordinado», antes de una sesión en la que el CNE recibiría un informe poselectoral de las Fuerzas Armadas, pero que finalmente se suspendió y que, hasta la fecha de publicación de esta nota, no se ha reanudado. En ese contexto, las Fuerzas Armadas negaron la información contenida en el artículo publicado por El Heraldo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto aseguró no haberle gritado a la consejera López.
Tras estos acontecimientos, el 23 de marzo durante el Consejo de Ministros, y desde dos días antes, diversos funcionarios se pronunciaron en defensa de las Fuerzas Armadas y denunciaron un «boicot por parte del bipartidismo destinado a desestabilizarlas». La ministra por ley de Derechos Humanos y virtual candidata a designada presidencial por el Partido Libre, Angélica Álvarez, dijo que se mantiene el «voto de confianza» a las Fuerzas Armadas como «garantes del desarrollo de un proceso democrático que se dio en condiciones óptimas».
«Nos oponemos a que se intente desestabilizar las Fuerzas Armadas, y que pretendan dar un golpe de Estado como es su práctica tradicional e histórica», agregó la funcionaria.
En esa misma línea, el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, dijo que este gobierno defiende a «militares patriotas» y no a unas «Fuerzas Armadas que reprimieron y asesinaron a nuestro pueblo», y la ministra de Cultura y Arte, Anarella Vélez, expresó en su cuenta de X que «se ha emitido un respaldo unánime a nuestras Fuerzas Armadas que no tienen nada que ver con aquellas de 2009», haciendo alusión al golpe de Estado de ese año.
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Mirna Flores, investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), considera preocupante que el gobierno ofrezca un espaldarazo a unas Fuerzas Armadas que no han sido juzgadas por violaciones a los derechos humanos, y citó justamente los hechos ocurridos después del golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y las protestas tras las elecciones generales de 2017.
En ese proceso se denunció un fraude electoral a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, reelecto tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2015 declaró inaplicables algunos artículos de la Constitución de la República, y al cual las Fuerzas Armadas no mostraron resistencia.
«La historia es presente y ellos quieren olvidar y decir “eso es pasado”. Ahora pretenden decir que “estamos frente a unas nuevas Fuerzas Armadas”. No, las Fuerzas Armadas son las mismas, y, como siempre, se acomodan al gobierno de turno. En este gobierno y en los anteriores han tenido [una] cuota de poder que no deberían ni podrían tener en democracias consolidadas, solo en democracias frágiles», dijo Flores.
Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), tras el golpe de Estado de 2009 las fuerzas policiales y militares mataron a 12 personas «utilizando desproporcionada fuerza». Además, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), la crisis poselectoral de 2017 dejó 22 muertos, y se apunta a los responsables, entre ellos, miembros del ejército.
Actualmente, están siendo procesados judicialmente Romeo Vásquez Velázquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez por la muerte del joven Isy Obed Murillo días después del golpe de Estado. El 6 de enero de 2025, el Ministerio Público (MP) emitió requerimientos fiscales contra estas personas tras una investigación de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que establece que Murillo murió tras recibir un disparo en la cabeza disparado por un fusil de miembros del ejército. Dos de estas personas enfrentan actualmente detención judicial, mientras que Vásquez Velázquez está prófugo y se encuentra entre los más buscados de la Policía Nacional, con una recompensa de un millón de lempiras por brindar información sobre su paradero.
Para Flores, los requerimientos fiscales presentados contra estos tres altos jerarcas de las Fuerzas Armadas representan solo el inicio de un camino hacia la judicialización de los responsables, pero no es suficiente para asegurar que existen unas «Fuerzas Armadas diferentes».
«Del golpe de Estado, todas las personas que fueron víctimas no han sido reparadas. Estos tres generales son los tres primeros que se llaman a la justicia. Pero lo del 2017, impunidad total. Los militares tienen que rendir cuentas. Los militares tienen que exponerse al escrutinio público y los militares no pueden seguir violando derechos humanos en nombre de la democracia», manifestó.
Otro caso que ejemplifica los abusos y la violencia en los que han estado involucradas las FF. AA. es el asesinato de Vicky Hernández. El 26 de marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado hondureño por su responsabilidad en el crimen de Hernández, una mujer trans asesinada por militares tras el golpe de Estado.
Antes de que el Partido Libre llegara al poder, sus campañas electorales de 2013, 2017 y 2021 se caracterizaron por la promesa de desmilitarizar la seguridad ciudadana, sobre todo como una forma de oposición a las políticas establecidas durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y posteriormente en las dos administraciones de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), con la asignación de tareas de ese tipo a la Secretaría de Defensa a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
¿De dónde viene el poder de las FF. AA.?
Cuando se creía que se había superado la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1939-1949) y se registraron algunos avances hacia la democracia durante la década de 1950, en 1963 las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado a Ramón Villeda Morales, lo que provocó que Honduras fuera gobernada durante cerca de dos décadas por juntas militares. Sin embargo, en 1981, con la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, se redactó una nueva Constitución, y ese mismo año se convocó a elecciones para elegir a un presidente: Roberto Suazo Córdova.
Sin embargo, para el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, durante la elaboración de la Constitución, las Fuerzas Armadas continuaron atribuyéndose poder en asuntos políticos.
«En la década de 1980, en teoría tuvimos gobiernos elegidos democráticamente, pero las Fuerzas Armadas tuvieron libertad en asuntos políticos como los procesos electorales y, en esa época específica, fueron ellas quienes implementaron la doctrina de seguridad nacional con graves implicaciones para los derechos humanos en el país», expresó.
La investigadora del Cespad, Mirna Flores, coincide con Mejía Rivera en considerar que las Fuerzas Armadas conservan poder debido a que así quedó establecido en la Constitución de la República de 1982.
«Recordemos que en ese entonces se estaba exigiendo una transición hacia gobiernos civiles, pero las Fuerzas Armadas aprovecharon para conservar sus cuotas de poder que conservan hasta hoy en día, y es por ello que se les sigue otorgando funciones en materia de seguridad o de procesos electorales a los militares», dijo Flores.
Julieta Castellanos, socióloga y excomisionada de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se instaló después del golpe de Estado de 2009, señala que los procesos de desmilitarización se han interrumpido y estancado, y es por ello que las Fuerzas Armadas continúan conservando poder dentro de asuntos que corresponden exclusivamente al Ejecutivo.
«En el único momento en que existió una especie de desmilitarización fue con Carlos Roberto Reina, cuando se abolió el servicio militar obligatorio y se le quitó a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública, gracias a la creación de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. En ese tiempo, los militares fueron saliendo de la acción del gobierno», indicó Castellanos, quien aseguró que los esfuerzos por desmilitarizar la sociedad se vinieron abajo con el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y se agudizaron antes y después del golpe de Estado de 2009.
«Ya con el gobierno del presidente Maduro se llevó a los militares nuevamente a funciones de seguridad, y el presidente Zelaya volvió a colocar militares en instituciones de la administración pública. Luego, el presidente [Juan Orlando] Hernández retrocedió completamente al crear la Policía Militar y consolidó una nueva remilitarización del Estado. Entonces, lo que hemos visto es un avance progresivo a las remilitarización», agregó.
A consideración de Castellanos, el Partido Libre, que en su plan de gobierno estableció la desmilitarización, ha optado por heredar y preservar una «estructura bastante militarista». Por ejemplo, dice, ha mantenido intacto el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), un órgano que subordina a los demás poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo y que da a la presidenta de la República poderes directos sobre asuntos de seguridad y defensa. En 2022, el oficialismo intentó reformar la Ley del CNDS en el Congreso Nacional (CN), pero la oposición no permitió que se alcanzara la votación.
Otro ejemplo es la militarización de la seguridad ciudadana, con la preservación del Sistema Operativo de Seguridad Nacional a cargo de la Secretaría de Defensa, desde donde se controla la PMOP, que inició con Juan Orlando Hernández, pero a la cual este gobierno ha otorgado 3,043,284,250.00 lempiras (más de 118.1 millones de dólares) entre 2022 y 2025, según revisiones efectuadas por Contracorriente al presupuesto general de la república.
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No obstante, el gobierno también ha quitado facultades de seguridad que concentraba las Fuerzas Armadas, como la liquidación de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y la creación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), adscrita a la Secretaría de Seguridad, una instancia que se creó solo meses antes del estado de excepción como su brazo armado y operativo.
El estado de excepción, que suspende diversas garantías constitucionales, ha sufrido cerca de 20 ampliaciones desde el 6 de diciembre de 2022, algunas sin pasar por la aprobación del CN, y entre 2022 y 2024 se han registrado más de 2,147 quejas contra miembros de las Policías Nacional y el Ejército, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Como parte de la investigación Cristina y Josiris en Honduras, el país al que regresó la desaparición forzada, Contracorriente y Redacción Regional obtuvieron datos del Ministerio Público (MP) que indican que entre 2014 y 2024 se registraron 221 casos de desaparición forzada, atribuidos a cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Militar y la Policía Nacional.
Además, en la investigación El uniforme del crimen en el estado de excepción de Honduras, contamos la historia de Heidy (no es su nombre real), cuyo hijo fue raptado de su casa por hombres vestidos con indumentaria de Dipampco y, después, su esposo, quien denunció a miembros de la Policía Nacional, fue asesinado. En ese reportaje también contamos la historia de dos mujeres que denunciaron que supuestos agentes de la Dipampco llegaban a sus casas a golpearlas e incitarlas a vender droga. Estos hechos sucedieron en el marco del estado de excepción.
Debilitamiento de las Fuerzas Armadas
Para la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, quien es hija de un militar que se opuso al golpe de Estado de 1963 contra Ramón Villeda Morales, las Fuerzas Armadas históricamente han sido utilizadas por el poder político, pero según su criterio, con el objetivo de debilitarlas y no fortalecerlas.
«Un ejemplo de este debilitamiento es que históricamente los presidentes hacen nombramientos arbitrarios de las personas que quieren en la Junta de Comandantes o en la jefatura del Estado Mayor Conjunto. No se respetan en las Fuerzas Armadas los códigos militares al momento de seleccionar y ascender a los militares para optar al cargo de jefe de la Junta de Comandantes, sin tomarse en cuenta principios como antigüedad, destrezas, promociones y demás. Desde ese momento comienza el debilitamiento», indicó Espinoza, quien puso como ejemplo el caso del general Roosevelt Hernández, actual jefe del ejército hondureño.
Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia de la República el 27 de enero de 2022, Hernández era coronel de infantería, y el 3 de octubre de ese año se le ascendió a general de brigada, el segundo rango más alto en la escala del ejército, lo que lo facultaba para ser jefe del Estado Mayor Conjunto, y poco menos de dos años después, el 13 de marzo de 2024, fue ascendido al más alto rango, el de general de división.
Para Julieta Castellanos, la capacidad de Roosevelt Hernández para dirigir las Fuerzas Armadas no está en discusión, pero sí algunas posturas que ha asumido, metiéndose incluso en asuntos que corresponden exclusivamente a la presidenta y sus ministros.
«Un ejemplo es cuando el general Hernández se ha pronunciado referente a temas como la Ley de Justicia Tributaria. Ese es un tema que es una iniciativa de ley del Ejecutivo y que está siendo deliberada en el Congreso Nacional, pero no habíamos tenido un jefe del Estado Mayor Conjunto que incluyera en sus intervenciones públicas la aprobación de leyes», indicó Castellanos.
Durante este gobierno, las Fuerzas Armadas han sido claves. El sobrino de la presidenta Xiomara Castro, José Zelaya, se desempeñó como ministro de Defensa entre 2022 y 2024, cargo que dejó cuando InSight Crime divulgó un video donde su padre, el exsecretario del CN, Carlos Zelaya Rosales, negocia sobornos con narcotraficantes como Los Cachiros para el financiamiento de la campaña electoral del Partido Libre en 2013. Zelaya fue sustituido por Rixi Moncada, quien llegó a las elecciones primarias e internas del 9 de marzo como precandidata presidencial del Partido Libre y ministra de la Secretaría de Defensa.
Además, en la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas figura como comandante de la Fuerza Aérea Guillermo Rosales, quien, según el medio Expediente Público, es hermano de Evelyn Rosales, esposa de Carlos Zelaya Rosales. También, según ese medio, el comandante de la Fuerza Naval Hagarín Tomé, es hermano del tercer vicepresidente del CN y contrincante de Moncada en las recientes elecciones primarias e internas del Partido Libre, Rasel Tomé.
