Texto y fotografías: Fernando Destephen
En Honduras el acceso a la vivienda es difícil, no solo por la tramitología, sino también por los fracasos habitacionales ahora en ruinas, como Residencias Morazán, un proyecto habitacional prometido durante el gobierno de Juan Orlando Hernández en la aldea Lomas del Diamante, en la salida al sur del Distrito Central, que en la actualidad está en el abandono y sin resolución judicial.
El proyecto consistió en la entrega de 207 manzanas de terreno para lotificación a unas 10 mil familias, tanto afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota de 2021, como también para que personas que ganan entre dos o tres salarios mínimos pudiesen comprar un apartamento pagando cuotas aproximadas de 5,255 lempiras (unos 217 dólares) en esa época. El proyecto tenía proyectado una inversión de alrededor de 428 millones de lempiras, de los cuales se ejecutaron 283.8 millones, y también incluía la entrega de casas contenedores.
Ahora dos guardias por turno cuidan de un lote de casas a medio terminar, y de muchos contenedores, algunos llenos de materiales de construcción, otros con ropa olvidada de los albañiles que trabajaron ahí hace años.
Son las 11 de la mañana y la temperatura casi llega a los 30 grados. Las calles de tierra de Lomas del Diamante sueltan capas de polvo que cubren a quienes transitan a pie ese camino. Lili Núñez, una de las habitantes del lugar, vive sola y dice que se siente en un infierno y en el abandono; en este gobierno también han sido marginados porque el proyecto sigue detenido y las casas sin terminar.
Lili tiene una pulpería improvisada en el primer piso del edificio azul construido con contenedores en Lomas del Diamante, que fue la primera y única etapa del proyecto Residencias Morazán y donde residen unas 27 familias.
Lili fue de las beneficiadas con la entrega de terreno para la construcción de vivienda, y cuenta que en trámites de medición de tierra y otros servicios gastó unos 50 mil lempiras. Luego le prometieron que iban a moverla de manera temporal –unos 90 días– hacia las casas contenedores mientras construían. Esos noventa días se convirtieron en más de tres años, y el contenedor donde vive se ha deteriorado al punto de que el baño de la casa de Lili tiene un agujero tapado con una mezcla de esponja y tabla yeso, que ha convertido en un hueco húmedo la pared del baño de esta casa que parece haber soportado más del tiempo útil de vida.
El acceso a vivienda como tal es difícil, asegura Marta Meza, defensora de derechos humanos que también vive en el lugar: «El acceso a vivienda en Honduras es malísimo, pésimo. No hay acceso a vivienda. Recuerde que aquí tenemos un gran porcentaje de desempleo, de subempleos y de microempleos». Marta lo sabe porque ha experimentado dos desplazamientos forzados y plantea dos caminos para poder tener acceso real a vivienda: el crédito y la invasión.
«Mucha gente no tiene acceso a ese tipo de crédito porque no gana ni siquiera un salario mínimo. Entonces, muchos recurren a las invasiones, donde en su mayoría son estafados», dice, y agrega que los terrenos que se invaden algunos son de propiedad privada, otros están en litigio y otros «son propiedades nacionales, pero que nunca llegan a una legalización porque no hay voluntad política ni tampoco hay personas con credibilidad que puedan llevar a ese término».
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Por su parte, Gilberto Ríos, director del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), se remonta a la construcción de colonias populares en la capital, como la Kennedy y el Hato de Enmedio, que fueron complejos de viviendas populares construidos mediante el Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), fundado en 1957 y cerrado en la década de los 90 para la creación de Fosovi. Fue en esa época cuando, de acuerdo a Ríos, «se empezó a crear una especie de mercado cautivo, retirar todos los fondos sociales, quebrar la institución estatal».
Para Ríos, en el Distrito Central «hay dos grandes, gigantescos lotes de tierra donde podríamos construir hasta cinco proyectos habitacionales del tamaño de La Kennedy». Uno de esos lotes es Ciudad Diamante, donde Lili vive en una casa contenedor muy cerca de su casa de material a medio terminar. Ríos asegura que en este punto «estamos más lejos de liberar las tierras que legalmente tienen pleitos, que de una inversión directa a nivel central, que creo que es lo más próximo, compra de tierra directa del estado para la lotificación».
De acuerdo a la Estrategia de País Honduras 2022-2026 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), «en Honduras hay una necesidad importante de vivienda: aproximadamente en uno de cada diez hogares sufre hacinamiento, muchas viviendas están hechas con materiales de mala calidad, con pisos de tierra, mayormente sin acceso a agua potable y saneamiento, y situadas en terrenos sin títulos de propiedad. Se estima que el déficit habitacional en el país excede el millón y medio de unidades, de las cuales el 67 % responde a un déficit cualitativo».
La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024 reportó que en el país existen 2,600,640 viviendas, que albergan 2,624,033 hogares. Estas cifras reflejan un déficit habitacional que ha superado los 1.6 millones de viviendas, marcando un récord histórico.
Mientras tanto, lugares como Ciudad Mateo (otro caso de viviendas abandonadas en la capital) y Lomas del Diamante siguen en pie, como un símbolo de la falta de voluntad política para garantizar el acceso a una vivienda digna.
