La querella por calumnia e injuria presentada por el ministro de Finanzas Christian Duarte contra Radio Cadena Voces y su director, Dagoberto Rodríguez, tras una publicación que vinculaba al gobierno con supuestos desvíos de fondos públicos, se suma a otras acciones del oficialismo que, según defensores de derechos humanos, buscan intimidar, censurar a la prensa y la libertad de expresión en el país. A pesar de la acción legal promovida por el gobierno, el 26 de marzo el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró «no ha lugar» la misma.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
El 20 de marzo de 2025, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, llegó a las instalaciones del Poder Judicial y presentó una querella por los delitos de calumnia e injuria contra Radio Cadena Voces y su director, Dagoberto Rodríguez, luego de que este medio de comunicación publicara una información según la cual la Tesorería General de la República habría realizado un desvío de aproximadamente 6,500 millones de lempiras.
De acuerdo con la publicación, estos fondos, a través de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Social y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, habrían sido destinados al financiamiento de campañas electorales del Partido Libertad y Refundación (Libre) antes de las elecciones primarias e internas del 9 de marzo.
A su llegada al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el ministro Duarte manifestó que la publicación de Radio Cadena Voces tenía «graves efectos sobre la percepción de la institución y su capacidad para cumplir con los compromisos financieros del gobierno», y que representaba un «temerario desprecio por la verdad al acusar al tesorero general y a él de delitos sin ningún tipo de evidencia, documento o sustento».
A pesar de la intención del ministro de Finanzas por promover una acción legal contra el periodista y el medio de comunicación, el 26 de marzo el referido tribunal declaró «no ha lugar» la solicitud de querella y, por lo tanto, el periodista no deberá enfrentar acción penal, según indicó a Contracorriente el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Un día antes de que el ministro de Finanzas promoviera esta querella, la presidenta Xiomara Castro también calificó a la «matriz mediática» de «intentar cambiar la historia», durante un evento público en Jesús de Otoro, Intibucá.
Sin embargo, no es la primera vez que desde el oficialismo se promueven o se amenaza con acciones legales contra periodistas y medios de comunicación. El 5 de febrero de 2025, el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, presentó una lista de 12 medios de comunicación a los que intentó obligar a revelar sus fuentes, después de que estos hicieran señalamientos a su gestión como máximo jerarca militar.
Luego, según una publicación del diario La Prensa, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en los 12 medios de prensa para perseguirlos, hostigarlos y presionarlos para que entregaran el nombre de sus fuentes de información.
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Pero el Poder Ejecutivo no ha sido el único que se ha volcado contra las libertades y garantías de la prensa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, al menos en tres ocasiones ha vertido ataques similares, siendo la última vez el 10 de febrero de 2025, cuando se refirió a «presuntos medios de comunicación, periodistas y ONG financiados por agencias extranjeras» que «han manipulado la opinión pública y distorsionado la realidad con agendas impuestas desde el exterior».
Las declaraciones de Redondo se dieron en el contexto de la orden ejecutiva de Donald Trump que suspendió por 90 días la cooperación internacional suministrada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), la cual en Honduras destinó más de 1,900 millones de dólares entre 2001 y 2024.
Días después, el 14 de febrero de 2025, el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, amenazó a nuestra directora editorial, Jennifer Ávila, con «pensar en las consecuencias», luego de que Ávila cuestionara la divulgación de un audio de una llamada telefónica personal del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Padilla, afín a la oposición, por parte del portal Espacio Consciente. Este medio reveló recientemente en una investigación que la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) posee páginas de desinformación, desprestigio contra sectores opositores y exaltación de funcionarios del oficialismo.
La que actúa con impunidad es usted porque esa página no tiene absolutamente nada que ver conmigo o la SPE. ¿Se da cuenta que me está calumnniando? ¿Qué bots de la oposición están amenazando mi integridad incluso física por su publicación? Que su campaña de odio contra mí me… https://t.co/Ilz1sGevgW
— Ricardo Salgado (@RicSalgadoB) February 14, 2025
Gobierno pasó de amenazar a actuar, según defensores de DD. HH.
Para Dina Meza, periodista y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), la promoción de una acción legal como la que está llevando a cabo el ministro de Finanzas contra Radio Cadena Voces y su director no tiene precedentes y genera alertas, ya que se trata del Estado contra un medio de comunicación y un periodista.
«Nos encontramos en una situación en la que el o la periodista está en una situación de indefensión porque nos echan toda la batería del sistema de justicia, la Fiscalía y el Poder Judicial, para pretender callarnos, especialmente en este gobierno que ha cerrado cualquier espacio al diálogo. Esto solo fomenta la autocensura, porque es una forma del Estado de ejercer presión», indicó Meza, quien considera que el gobierno promueve una narrativa en la que la prensa debe «seguir o aplaudir la agenda gubernamental».
Por su lado, Joaquín Mejía Rivera, doctor en derechos humanos e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), dijo que las acciones del oficialismo contra medios de comunicación representan la evolución desde la intolerancia ante la crítica a la acción legal contra los medios de comunicación.
«Esta querella presentada por la Secretaría de Finanzas es una señal de alarma. En este caso, el poder político toma una atribución indebida y, frente a la crítica, reacciona con violencia y con el uso indebido del derecho penal. Este es un ejemplo claro, porque Radio Cadena Voces difunde una investigación periodística que habla sobre el supuesto manejo de fondos para beneficio personal. Frente a ello, esta Secretaría de Finanzas le exige al medio que pruebe que eso es cierto», expresó.
Por el contrario, dice Mejía Rivera, es el gobierno quien debe demostrar que el medio de comunicación está siendo impreciso y no recurrir a una instancia judicial. Además, agregó que existe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) suficiente jurisprudencia que «ya ordena a nuestros gobiernos garantizar la libertad de expresión de las personas periodistas y medios de comunicación».
«Al gobierno se le olvida que esa investigación trata sobre un asunto de interés público, porque es el supuesto uso de recursos del Estado para beneficiar una candidatura. Yo considero que el medio presenta la investigación con la intención de que esto se aclare y que exista un debate público, y no para dañar al funcionario que dice ser agraviado», indicó.
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Honduras, y en 2024, durante la presentación de su informe, identificó diversas amenazas a la libertad de expresión, incluyendo la violencia dirigida hacia las personas periodistas, especialmente aquellas que laboran en medios comunitarios, así como deficiencias en las condiciones institucionales para la asignación de infraestructura y frecuencias, la ausencia de medidas preventivas frente a la violencia contra la prensa y elevados niveles de intolerancia hacia la crítica.
Mejía Rivera cuestiona que, por ejemplo, el oficialismo solicite a las y los periodistas revelar sus fuentes de información.
«Se corre el riesgo de que mucha gente se sienta tentada a la autocensura, evitando publicar información de interés público que, digamos, haya sido responsablemente obtenida y publicada de buena fe, pero que sea difícil de comprobar, ya sea porque no se puede divulgar la fuente, un derecho que tienen las personas periodistas, o porque hay documentos que están en poder del Estado», indicó.
Otro punto que, según Dina Meza, vulnera la libertad de expresión de los periodistas es la «ausencia de independencia» entre los poderes del Estado. Meza puso de ejemplo que, recientemente, en Costa Rica la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente Rodrigo Chaves a respetar la libertad de expresión, luego de que se refiriera de forma despectiva a un periodista que resultó beneficiado con una garantía de amparo por parte de ese tribunal constitucional.
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Sin embargo, para Meza, en Honduras, la situación se complica debido a que el Estado, además de hacer un uso inapropiado del derecho penal, tiene los recursos económicos e institucionales para promover estas acciones legales contra los periodistas.
«Es decir, el gobierno está utilizando los recursos públicos para querellar a periodistas, generar censura y autocensura en la prensa, y utilizando nuestros fondos, ya que van a pagar abogados con los dineros de las instituciones. Esto no está bien, es antiético y, además, esos funcionarios que impulsan este tipo de leyes deberían ser sancionados», manifestó.
Reformas al Código Penal están engavetadas
Antes de convertirse en oficialismo, el Partido Libertad y Refundación (Libre) abanderó la despenalización de los delitos contra el honor, como calumnia e injuria, que están contenidos en cinco artículos del Código Penal, y su traslado al ámbito civil.
En 2022, el diputado de Libre y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional (CN), Ramón Barrios, manifestó a los medios de comunicación que estaba por dictaminarse un proyecto de decreto destinado a trasladar los delitos contra el honor al Código Civil, luego de que dos diputados presentaran proyectos de decreto en ese sentido.
Sin embargo, la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo a Contracorriente que esto se estancó debido a que el presidente del CN, Luis Redondo, se ha limitado a la idea de crear un nuevo Código Penal y dejar a un lado las reformas puntuales.
«Lo que sé es que sí había un consenso en torno a las calumnias e injurias, pero ahora ellos no lo quieren hacer de forma individual, tema por tema. Han estado jugando desde 2022 con la idea de hacer un nuevo código, cuando claramente ya no hay tiempo», indicó Mena.
La congresista manifestó que considera que existe, por parte del oficialismo, incluida la presidencia del CN, una intención de obstaculizar la despenalización de los delitos contra el honor.
«Ahora estamos hablando de que, tres años después, y partiendo de que el presidente Redondo es un peón en el tablero del gobierno, sus actuaciones parecen orientadas a presionar e influir en los medios de comunicación, como lo ha hecho el Ejecutivo a través de acciones como la del ministro Ricardo Salgado o del general Roosevelt. Pareciera más bien que hay una intención de instrumentalizar la justicia penal para limitar el ejercicio de los derechos y libertades de la prensa», agregó Mena.
Según datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), entre 2001 y 2025, se han registrado más de 50 querellas contra periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Además, el Informe de Libertad de Expresión (ILE) 2023-2024 presentado por esta organización establece que, pese a las recomendaciones de organismos como la CIDH o sentencias de la Corte-IDH, el marco jurídico nacional continúa siendo un obstáculo y carece de garantías para la libertad de expresión y pensamiento.
