Desde 2022 hasta diciembre de 2024, el Congreso Nacional de Honduras erogó 614.8 millones de lempiras en subvenciones para que los diputados realicen obras sociales, con las cuales aprovechan para presentarse ante sus votantes. Pero no solo es el dinero del Congreso; en el presupuesto general de 2023 se aprobaron también 950 millones de lempiras anuales para que congresistas de todas las bancadas gestionen proyectos bajo el esquema de infraestructura menor, obras sociales, becas y canchas deportivas. La información de quiénes, para qué y cuándo se ejecutan estos proyectos continúa en la opacidad.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y redes sociales
Portada: Persy Cabrera
A simple vista, el Congreso Nacional parece ser solo un campo de batalla donde los partidos políticos se enfrentan y negocian, un escenario de defensa de posturas propias de caudillos políticos y en donde las parálisis legislativas pueden durar meses. El presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, sostiene que este es el primer Congreso en la historia en el que no se han comprado votos para aprobar leyes o decretos, y en donde tampoco se utilizan mecanismos de coerción para lograr los consensos entre las distintas fuerzas políticas.
Sin embargo, ni el presidente ni su Junta Directiva han sido transparentes en la rendición de cuentas sobre el otorgamiento de subvenciones, un beneficio de 100 mil lempiras mensuales otorgados a cada congresista con la finalidad de realizar obras sociales que en tres años ya suma una cantidad de 614.8 millones de lempiras. Este mecanismo funciona en la opacidad, y ha sido un método de negociación en momentos clave como la aprobación del presupuesto general y cambios en la Junta Directiva; además, hemos comprobado que estas subvenciones se entregan principalmente en momentos festivos como Navidad o Semana Santa.
Pero también hay otro fondo del que poco se habla, uno con más dinero que viene desde el Poder Ejecutivo. En el presupuesto general de 2023 se aprobó un fondo de 950 millones de lempiras anuales para que congresistas de todas las bancadas gestionen proyectos bajo el esquema de infraestructura menor, obras sociales, becas y canchas deportivas.
Estos proyectos deben ser gestionados a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).
Así está estipulado en el artículo 292 del presupuesto general de la República para el año 2023, en el artículo 338 del presupuesto 2024 y en el artículo 349 del presupuesto para este año 2025, aprobado a inicios de febrero. Estas tres asignaciones presupuestarias ascienden a 2,850 millones de lempiras que son destinados para que los congresistas gestionen proyectos de esta índole en sus departamentos y comunidades; sin embargo, se desconoce cuánto tiene asignado cada congresista y para qué lo utilizan.
Debido a la opacidad que rodea este fondo, en Contracorriente realizamos un monitoreo que contiene publicaciones disponibles en las redes sociales sobre los proyectos que gestionan los congresistas a través de las Secretarías de Estado, con información sobre el diputado, el lugar del país en el que gestionan el proyecto y el momento en el que ha sido realizado. Pocas publicaciones de los congresistas revelan cuánto dinero se ha invertido en estos proyectos.
Secretaría de Gobernación, la aliada de los congresistas para uso de ONG
Uno de los primeros en anunciar que a los diputados se les asignaban fondos para la gestión de proyectos fue José Manuel Rodríguez, diputado suplente del oficialista Partido Libertad y Refundación por el departamento de Francisco Morazán. En febrero de 2024, el diputado dijo que a él se le asignaban 6.5 millones de lempiras, los cuales eran gestionados a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) a una oenegé y que él «no tocaba ni un cinco».
José Manuel Rodríguez es un diputado reconocido por controversial. Una vez dijo que existían «tres géneros de orientación sexual» en el Congreso, y recientemente se le vio en un video forcejeando con Jorge Cálix, diputado que busca la candidatura presidencial por el Partido Liberal, impidiéndole ejercer el voto en una sesión legislativa.
En una entrevista con este medio, el diputado por Francisco Morazán explicó que los millones que tiene asignados son gestionados a través de organizaciones que ya tienen el visto bueno de Gobernación, y que es por medio de estas que se realizan proyectos de distinta naturaleza, que en el caso de él han sido orientados a entregar capital semilla a vendedores ambulantes en mercados, madres solteras y adultos mayores.
«El trámite primero es con una oenegé que no esté contaminada; una vez esté legal se perfilan los proyectos. En el caso de las madres solteras he asignado tres millones, para darle tres mil lempiras a cada una de ellas. ¿Cómo hago yo para saber [a quiénes asigno el dinero]? Voy a los mercados, hablo con cada vendedora y le digo: “¿Tenés hijos pequeños? Dame tu copia de identidad y partida de nacimiento, vas a firmar aquí una constancia de que sos soltera”», explicó.
Gobernación está perfilada como una de las Secretarías a través de las cuales se pueden gestionar este tipo de proyectos, según los artículos que dan vida al fondo de los 950 millones de lempiras por año; sin embargo, cuando solicitamos listados con la información de congresistas que han gestionado proyectos a través de organizaciones registradas ante la Dirección de Regulación Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC), la respuesta fue: «Esta Secretaría no ha gestionado este tipo de proyectos». En septiembre del año pasado, este medio reveló cómo la oenegé Ayudando con Amor, registrada en la DIRRSAC desde 2021, fue utilizada para ejecutar proyectos millonarios sin transparencia por parte de congresistas.
En lo que va de este gobierno, desde 2022 a 2025, se han creado 861 organizaciones no gubernamentales registradas ante la DIRRSAC, según información en poder de este medio de comunicación. Los departamentos que más registran organizaciones no gubernamentales son Francisco Morazán y Cortés.
Solicitamos una entrevista en la Secretaría de Gobernación para conocer cómo opera el mecanismo bajo el cual las organizaciones ejecutan los proyectos gestionados por los congresistas; sin embargo, en sus oficinas nos dijeron que no existía un área destinada para esto, y el ministro, Tomás Vaquero, no contestó a las solicitudes de entrevista.
Para el diputado José Manuel Rodríguez ha sido más sencillo gestionar todos sus proyectos a través de organizaciones, considerando que él solo hace las gestiones, las organizaciones ejecutan y quienes se encargan de liquidar son los auditores de la organización; por tanto, los 6.5 millones de lempiras que tiene asignados anualmente son ejecutados por las oenegés que autoriza Gobernación solamente. Esto es importante, pues los congresistas tienen la libertad de repartir este monto con distintas Secretarías como intermediarias.
«Unos van por Sedesol, otros por el FHIS y por la SIT, cada diputado busca a una persona que sea amigo en el gobierno para que ejecute eso, porque si no lo ejecuta y se hace el pendejo, no sale», aseguró el diputado, quien añadió que son diputados de todas las bancadas quienes gestionan proyectos a través de las Secretarías. Entre los nombres que mencionó están Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, y Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, ambas bancadas opositoras.
«A mí me ha resultado esto porque tengo un proyecto hace tres años de darles [dinero] a los adultos mayores. A veces aquí tarda que paguen y yo tengo que darles cada 20 [del mes], así sea de mi pisto, pero perderlo no pierdo, porque de ahí me regresan el dinero y liquido. Digamos que vos tengás tres cipotes, que él sea tu esposo y que no te dé nada, entonces, si vos vas a mi oficina y me convencés y demostrás, te ayudo», dice este diputado, sentado en una banca en los bajos del Congreso Nacional, mientras dos ancianos se acercan a consultarle por qué no se realizaron los pagos de ayuda de este mes.
Tomás Zambrano y Mario Segura negaron lo expresado por el diputado. Zambrano dijo que esto era imposible porque «este gobierno es sectario», y que no existe la posibilidad de que los ministros atiendan a congresistas de la oposición para esto. Sin embargo, otros congresistas y una persona encargada de gestionar este fondo desde una Secretaría de Estado sostienen que en la gestión de proyectos hay políticos de todos los partidos.
En este mismo sitio, donde entrevistamos a José Manuel Rodríguez, algunos vendedores ambulantes y ancianos dijeron que habían sido convocados por el congresista, pero que después de esperar toda la madrugada, les notificó que no iría a entregarles su dinero mensual.
«Estamos desde anoche aquí por el bono y ahorita nos dijo que se cancela la actividad, mejor que nos digan con tiempo y que no jueguen con nosotros», dijo una vendedora ambulante, mientras otras mujeres se expresaron despectivamente del diputado y aseguraron que no votarían por él: «No le vamos a dar el voto a ese viejo cara de pija».
Esto cambió semanas después, cuando tres días antes de las elecciones primarias, alrededor de 300 ancianos y vendedores ambulantes recibieron el bono respectivo por parte de este diputado.
FHIS esconde quiénes gestionan proyectos
Mauricio Rivera, diputado del Partido Libre, lamentó que exista una separación «enorme» entre los congresistas y los ministros cuando se trata de ejecutar proyectos o realizar obras en «beneficio» del pueblo hondureño, y que, en el caso de él, no ha sido fácil acceder a las Secretarías que gestionan estos proyectos.
«Yo recientemente he tenido que denunciar públicamente que no recibo ningún tipo de respuesta de los ministros. He estado tratando de solicitar acercamientos con el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el ingeniero Octavio Pineda, pero ha sido imposible poder hablar con él. Si yo fuera ministro, créame que yo inmediatamente ejecuto y actúo, y lo hago rápido, porque cuatro años no es suficiente para enderezar el país», expresó el diputado.
Los fondos que este diputado ha gestionado a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) han sido destinados a la construcción de un puente peatonal en Choluteca, valorado en aproximadamente 3.5 millones de lempiras en 2023, 6.5 millones en becas en 2024, y para este año dice que volverá a gestionar su fondo completo para becas. Rivera explica que la construcción de ese puente peatonal no se realizó rápidamente debido a un «problema legal» que tuvo después de realizar una protesta en las afueras de Ciudad Mujer, por el cual fue sancionado con un año sin legislar y sin goce de salario.
El diputado fue sancionado después de atacar con piedras las instalaciones de Ciudad Mujer en Tegucigalpa, luego de que la directora de esta institución, Tatiana Lara, le negara colocar a una persona de su afinidad en el centro de Ciudad Mujer en Choluteca.
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Aunque en ese momento José Manuel Zelaya, expresidente, asesor presidencial y coordinador del Partido Libre, y su hermano, Carlos Zelaya, quien renunció a su puesto como primer secretario después de un vídeo que reveló su cercanía con narcotraficantes confesos, expresaron su apoyo a Rivera, la realidad es distinta, y parece que el diputado no tiene peso ni influencia en el ejecutivo.
El FHIS, institución a través de la cual él gestiona proyectos, es una de las más solicitadas por los congresistas a la hora de ejecutar proyectos. Por ejemplo, Isis Cuéllar, una de las vicepresidentas del Congreso Nacional y diputada de Libre por el departamento de Copán, ha gestionado casi 25 millones de lempiras a través de este fondo en los últimos dos años.
En agosto del año de 2023, la cuenta de X de la Bancada del Partido Libre publicó que Cuéllar había gestionado, junto al alcalde de ese municipio, la entrega de un proyecto de alcantarillado sanitario para el municipio de Cucuyagua en Copán, valorado en 4.5 millones de lempiras. Un año después, la misma cuenta publicó el inicio de la construcción del Instituto Juventud Occidental en La Florida, Copán, valorado en 20 millones de lempiras y gestionado por esta misma congresista.
Ha dado inicio la construcción del emblemático Instituto Juventud Occidental en el municipio de La Florida, Copán, una obra gestionada por la vicepresidenta del Congreso Nacional, @IsisCuellarCN, ante el @FHIS_HN.
— Bancada Libre (@BancadaLibre) November 8, 2024
Con una inversión de 20 millones de lempiras, este proyecto es un… pic.twitter.com/OpU57jEwno
Según información proporcionada por el FHIS a este medio de comunicación, 129 proyectos relacionados con la pavimentación de calles, reconstrucción y construcción de escuelas y otros servicios comunitarios, fueron ejecutados con el fondo para congresistas en 2023. La suma de estos proyectos asciende a 275.4 millones de lempiras, es decir, el 28.95 % de los 950 millones de lempiras asignados para la gestión de proyectos por parte de congresistas para ese año.
A pesar de que se solicitó a esta institución proporcionar los nombres de los congresistas que han gestionado los proyectos desde 2022 hasta la actualidad, el FHIS respondió diciendo que «esta dirección no cuenta con el nombre del diputado que gestiona el proyecto»,.
Mauricio Rivera no niega que la gestión de proyectos representa una nueva forma de clientelismo en la administración actual; más bien, para él es una manera de devolverles el favor a las comunidades que votan por él, siendo esta la norma que rige la forma de hacer política en Honduras.
«El clientelismo político es el sistema de hoy o el modelo político de países tercermundistas como el nuestro. La gente está tan empobrecida y tan arruinada que detesta ver un político progresar o detesta un político que pone una megavalla en el centro de la ciudad cuando no tiene nada que comer; por eso este servidor no tiene ese tipo de publicidad porque es una ofensa para el pueblo», expresó el diputado.
Semanas después de la entrevista con este medio, Mauricio Rivera anunció que dejaría el movimiento del precandidato presidencial Rasel Tomé por falta de organización y representación en las mesas electorales dentro de este. «Por Honduras, por la justicia, por la refundación, jamás vamos a buscar otro partido», dijo Mauricio Rivera, después de oficializar que ahora apoyará la precandidatura de Rixi Moncada.
Empresas que concentran obras gestionadas por diputados de Libre
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) no tiene un apartado específico en su portal de transparencia que indique cuáles son los contratos y obras provenientes del fondo destinado para que los congresistas gestionen proyectos. Mediante una solicitud de información, esta dependencia del Estado proporcionó el listado de proyectos que se han ejecutado con los 950 millones de lempiras aprobados para 2023.
De los 129 proyectos registrados, solo se encuentran los contratos correspondientes a 29, entre los cuales destacan las empresas que ganaron la licitación para más de un proyecto correspondiente a este fondo. Un caso es el de Consultoría e Ingeniería Ponce y Asociados S. de R. L., empresa a la que se adjudicó el contrato para la construcción de dos canchas multiusos en Olancho, una en Santa María del Real con un valor de 962 mil lempiras, y otra en Catacamas valorada en 798 mil lempiras.
Además, Saúl Reniery Ponce Reinhardt, representante legal de esta empresa, ganó otra licitación como contratista individual para la construcción de otra cancha multiusos valorada en un millón de lempiras en una escuela del municipio de Gualaco, Olancho.
En redes sociales solo se ha compartido información sobre la cancha multiusos en Santa María del Real. El diputado y jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, anunció a finales del año pasado que en ella se realizaría una reunión del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), una de las corrientes dentro de este partido. En la cancha se observan pancartas promocionando a los siete precandidatos a diputados por este movimiento para las próximas elecciones. En la publicación el diputado también se promociona a sí mismo y a la precandidata presidencial por este movimiento, Rixi Moncada.
Tanto Ponce y Asociados como su representante legal han trabajado en otros proyectos del Gobierno actual y del anterior, y además han sido mencionados en auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La empresa fue mencionada en una investigación realizada desde 2011 a 2015 a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), ahora SIT, en la que el Tribunal señaló que una parte de los proyectos ejecutados por una unidad de esta Secretaría presentaban deficiencias entre las cantidades de obra contratada y obra ejecutada, según los contratos suscritos entre las empresas constructoras y supervisoras.
El TSC determinó, mediante la investigación e inspección física a las obras, que se incumplió lo establecido en la Ley de Contratación al Estado y su reglamento, y que la remedición entre la cantidad de obra contratada y la ejecutada en 21 proyectos de obra pública representó una diferencia de 352 mil lempiras en ese entonces. Ante estos señalamientos, el ingeniero Saúl Reniery Ponce, representante legal de la empresa, contestó al TSC que, en el caso de sus proyectos, fueron errores de «criterio de medida y errores humanos involuntarios».
En 2010, TSC realizó una investigación en la alcaldía de Catacamas, Olancho, por un proyecto de pavimentación valorado en cuatro millones de lempiras que se dividió en cuatro etapas para evitar que se llevara a licitación. El ingeniero Saúl Reniery Ponce Reinhardt fue contratado para llevar a cabo una de las etapas de este proyecto.
Aparte de estos tres proyectos ejecutados con fondos que son gestionados exclusivamente por parte de congresistas, esta empresa ha obtenido alrededor de ocho contratos con el Estado en la administración anterior, con el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders), el FHIS y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Su representante legal también ha trabajado de forma individual con el FHIS y la Alcaldía del Distrito Central previamente.
Otra empresa que también ha suscrito más de un contrato a través del fondo destinado para que congresistas gestionen proyectos es Innovando en la Construcción S. de R. L. de C. V. (Innocon), que estuvo a cargo de una pavimentación con concreto hidráulico valorada en 2.9 millones de lempiras en Dulce Nombre de Culmí, y de la construcción de una cancha multiusos en ese mismo municipio por un valor de un poco más de un millón de lempiras. Ambos proyectos también fueron gestionados a través del FHIS por el diputado Rafael Sarmiento, según información de redes sociales.
En el departamento de Lempira, la Empresa Constructora Del Cid (Emcodel) S. de R. L. ganó dos contratos para la construcción de obras ejecutadas por el FHIS: la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en el municipio de Virginia, obra valorada en 2.2 millones de lempiras, y un mantenimiento de red vial en el municipio de Guarita, valorado en 2.9 millones de lempiras. Octavio Morales, diputado suplente del Partido Libre por este departamento, dijo a un medio de comunicación que él gestionó la pavimentación en el municipio de Virginia.
En sus declaraciones, este diputado ha sugerido que gracias a estos proyectos los diputados se han dado a conocer en las comunidades, y que por eso en estas elecciones ahora va como precandidato a diputado propietario por su departamento. «Decirles a los que van aspirando [a diputados] que ganar una diputación no es para irse a sentar a un curul solo para ir a votar o ir a conocer a Tegucigalpa; decirles a los que salgamos electos que sigamos trabajando por nuestro departamento de Lempira, que gestionando proyectos en las distintas instituciones o embajadas esos proyectos van venir», dijo el diputado en un video publicado en redes sociales.
Becas gestionadas a discreción y para eventos políticos
A inicios de diciembre del año pasado, Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Libre, entregó en un evento público 2,600 becas destinadas a estudiantes del área urbana y rural de Francisco Morazán, consistentes en cinco mil lempiras en efectivo acreditados por parte del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) anualmente. En el evento no solo estuvo presente su diputado suplente, Darío Morán, quien es el otro congresista que gestionó estas becas a través de la Sedesol, sino que además otros rostros familiares de la administración actual.
«Sin distingo de colores políticos, porque la pobreza, la necesidad, no tiene color político, y por eso luchamos en las calles 12 años y 7 meses. Gracias al compañero y diputado Hugo Noé (…) porque sabemos del esfuerzo titánico de él y de su equipo para lograr gestionar este programa de becas», dijo en su intervención Clara López, precandidata a diputada por Libre, quien se desempeñó* como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Salud y es esposa del ministro de la Sedesol, José Carlos Cardona.
También se presentó Naveshna Rovelo, quien fue nombrada directora de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) a inicios de esta administración y ha acompañado a su esposo, el diputado Fabricio Sandoval, en la entrega de becas proporcionadas desde la Sedesol y la Secretaría de Educación. Rovelo va como diputada suplente del precandidato a diputado Yamir Melghem.
Los medios del Congreso Nacional dieron cobertura a toda la jornada, desde los discursos de los actuales diputados hasta las intervenciones de las precandidatas que tienen vínculos directos con personas que ocupan puestos de toma de decisiones. En el evento no solo se entregaron las becas «Berta Cáceres», sino que los funcionarios lucieron vestimenta en apoyo a la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.
«¿Qué decirle a la presidenta de la República que dice sí a este tipo de acciones?», le consultó una reportera del Congreso Nacional a un hombre que esperaba en fila recibir la beca para su hijo en el Instituto Central Vicente Cáceres, uno de los colegios más populares de la capital.
Las becas gestionadas por el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, junto a su diputado suplente, Darío Morán, representan una suma de 13 millones de lempiras, pero ellos no han sido los únicos que han gestionado becas por medio del fondo asignado a los congresistas. Rasel Tomé y Fabricio Sandoval, quienes también forman parte de la Junta Directiva del Congreso, han gestionado millones a través de este mecanismo.
Rasel Tomé y su suplente Oved López han entregado becas en 2023 y 2024. En el primer año, entregaron 2,500 becas de 5,200 lempiras cada una, lo que representó una suma de 13 millones de lempiras. El año siguiente entregaron 17 millones de lempiras en becas, según publicaciones en redes sociales monitoreadas por este medio de comunicación. Oved López, suplente de Tomé, quien aspira a ser candidato presidencial por el Partido Libre en el Movimiento Renovación Nuevas Alternativas (Morena), explicó que debido a la metodología utilizada por Sedesol ningún diputado utiliza fondos directamente.
Sin embargo, la proyección social proselitista no es comparable con su desempeño en el Congreso Nacional. Por ejemplo, según un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en el primer trimestre de 2023 las inasistencias de los diputados costaron alrededor de 28.5 millones de lempiras en salarios, y en el caso de los viáticos, que son asignados independientemente de si el o la congresista asiste o no a las sesiones legislativas, el costo fue de 15.2 millones de lempiras. De los diputados propietarios que gestionan becas, ninguno asistió a todas las sesiones legislativas de este periodo, informó también el CNA, por lo que el costo de las inasistencias de Hugo Noé Pino, Rasel Tomé y Fabricio Sandoval, sumando viáticos y salarios, fue de 990 mil lempiras, solo en el primer trimestre de 2023.
Sobre la producción legislativa de estos últimos tres años, el CNA señaló en otro informe que en 2024 solo se aprobaron 126 decretos de los 391 presentados durante ese año. Lo anterior representó una mejoría en relación a 2023, año en el que se presentaron 243 proyectos y solo se aprobaron 63 decretos.
Oved López no está de acuerdo con todos los beneficios que representan dinero proveniente del Legislativo. En entrevista con este medio, dijo estar en contra de la entrega de subvenciones porque este mecanismo de ayuda social «carece de transparencia», y también dijo que fueron una carta de negociación para la aprobación del presupuesto de la República para el 2025, año electoral.
Solicitamos entrevistas con los diputados Hugo Noé Pino y Fabricio Sandoval en persona, durante una sesión legislativa, para conocer más sobre su postura al respecto, pero no atendieron a nuestras solicitudes.
Luis Rodríguez, director general de Monitoreo Pragmático, área encargada de monitorear programas y proyectos de protección social del Estado, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), aseguró que no existe una regulación que dibuje una línea entre la adjudicación de estos beneficios y los eventos proselitistas en los que se entregan, y que en la realidad es «difícil» que un diputado no se preste a hacer política mediante la entrega de estas ayudas.
«Es muy difícil, siendo realistas, que un diputado no se preste [a hacer política], pero hemos visto convocatorias masivas como la de Rasel Tomé o don Hugo Noé, que son masivas porque asignan todo el fondo a las becas (…) entonces, como son masivas, he visto que todos sus equipos llaman a los barrios, y yo he ido a supervisar las entregas de estos beneficios a los barrios», expresó Fernández. Sin embargo, añadió que también se ha beneficiado a personas de partidos contrarios. «Esa es una cosa interesante, que tenemos a diputados de todas las bancadas, tenemos a gente de Libre, [Partido] Liberal, Partido Nacional, todos están aquí», subrayó.
En Contracorriente presentamos una solicitud de información a Sedesol, consultando la información sobre las becas solidarias gestionadas por diputados y diputadas del Congreso Nacional, con el nombre del o la congresista, la suma de dinero que representaron las becas gestionadas y las fechas en las que estas fueron entregadas.
Según la información proporcionada, al menos 46 diputados gestionaron becas a través de la Sedesol en 2023, con un monto que asciende a 64.3 millones de lempiras. Entre los que más dinero gestionaron a través de esta Secretaría están Hugo Noé Pino y su suplente, Darío Morán, diputados de Libre que juntaron sus 6.5 millones de lempiras respectivos para dar 13 millones de lempiras en becas, a diferencia de otros diputados que gestionan su fondo disponible entre distintas Secretarías.
También están Rasel Tomé, Oved López y Mauricio Rivera, diputados de Libre que gestionaron un poco menos de seis millones de lempiras cada uno en ese año para otorgar becas en el nivel de primaria y secundaria. En el norte, la diputada Silvia Ayala gestionó 2.8 millones en becas en Cortés, y el diputado Ariel Montoya dos millones en Atlántida. A pesar de que el director de Monitoreo Pragmático de Sedesol aseguró que diputados de todas las bancadas han gestionado dinero del fondo de los 950 millones a través de becas, en el listado solo figura un congresista que no milita en Libre: Carlos Alexis Raudales, diputado de la Democracia Cristiana, que gestionó 2.8 millones de lempiras en becas en 2023.
Aunque para 2024 la cantidad de diputados fue menor, entre 13 diputados propietarios y suplentes se gestionaron 45.2 millones de lempiras, considerando algunos desembolsos que están pendientes, según la información proporcionada por Sedesol. Los diputados han dicho que el techo disponible para gestionar proyectos es de 6.5 por diputado o diputada anualmente; sin embargo, el diputado Rasel Tomé gestionó 12.2 millones de lempiras en becas el año pasado.
Fernandez explicó que después de la aprobación de los artículos que dan vida a la creación de este fondo, la Sedesol creó el Fondo de Administración Solidaria, destinado a la asignación de becas escolares y cupones de alimentos canjeables a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) gestionados por los congresistas.
Los reglamentos que fijan las disposiciones del presupuesto general para 2023 y para 2024 son claros sobre el procedimiento a seguir para la ejecución de los 950 millones de lempiras. Uno de los puntos más importantes es que cada Secretaría debe crear una gerencia dedicada exclusivamente a la ejecución de estos fondos, con la finalidad de «dar seguimiento y liquidar de forma transparente los recursos asignados».
Los reglamentos también señalan que son las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas administradoras de agua, cajas rurales y becarios los que deben presentar las solicitudes a las Secretarías o instituciones, y si estas son aprobadas, los ministros son quienes solicitan la incorporación presupuestaria a la Secretaría de Finanzas. Una vez que se finaliza la ejecución del proyecto, la Secretaría o institución respectiva debe presentar un informe de liquidación ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con copia a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional.
En cuanto al procedimiento para la asignación de becas desde la Sedesol, Luis Fernández explicó que primero se debe comprobar que el niño o la niña esté matriculado en una escuela pública, la documentación de su tutor correspondiente, y recibos de servicios públicos para georreferenciar la ubicación del o la solicitante de la beca. Una vez que esto es cotejado, el beneficiario recibe un pago anual de cinco mil lempiras por parte de Banadesa.
Aunque el reglamento también establece que cada institución o Secretaría ejecutora debe publicar en su portal de transparencia la información relacionada con la ejecución de estos fondos, actualmente no existe información específica al respecto, y tampoco se establece su vinculación a la gestión por parte de diputados y diputadas.
Otra Secretaría que negó información a este medio de comunicación fue la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la cual respondió que los proyectos son presentados por las municipalidades, a pesar de que es de conocimiento público, por las publicaciones en redes sociales de los congresistas, que estos gestionan proyectos.
En el caso de las solicitudes de información presentadas al Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y a la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), fueron cambiadas a un estado de prórroga, por lo que no se obtuvo respuesta ni datos de estos proyectos al cierre de esta nota.
TSC no posee información sobre las subvenciones utilizadas por congresistas
Otro de los más grandes misterios en la administración de Luis Redondo ha sido la entrega de subvenciones en concepto de ayudas sociales y donaciones a asociaciones de sociedad civil, unidades del gobierno central y municipalidades.
En el caso de las ayudas sociales, estas son ejecutadas por cada congresista que accede a ellas. Se emite un cheque de 100 mil lempiras a nombre del o la congresista, y este ejecuta proyectos o hace donaciones en su comunidad y departamento. Después elabora una liquidación que se presenta a la auditoría del Congreso Nacional; de lo contrario, el dinero se debita de su salario, ya que deben presentar una declaración jurada ante el Congreso que autoriza esta deducción si no cumplen con las liquidaciones, según lo que han dicho los congresistas.
Este medio también ha pedido al Poder Legislativo estas declaraciones juradas por medio de solicitudes de información, pero hasta el momento este poder del Estado no ha contestado dichas solicitudes. Pero este mecanismo, mediante el cual se han erogado 614.8 millones de lempiras en los últimos tres años, carece de transparencia y rendición de cuentas. En el Portal Único de Transparencia de este poder del Estado no existe información detallada sobre quiénes utilizan las subvenciones, en qué son utilizadas y quiénes han presentado su respectiva liquidación.
Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional que ha hecho uso de estas subvenciones, dijo a Contracorriente que, si bien las recibió durante tres meses en 2023, las autoridades del Congreso Nacional impidieron que siguiera accediendo a ellas por sus posturas críticas hacia el Gobierno actual.
Tanto ella como otros congresistas que hacen uso de las subvenciones han dicho a Contracorriente que, según el área de auditoría del Congreso Nacional, después de que las subvenciones son liquidadas se trasladan al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Sin embargo, al solicitar esta información en esa instancia, el TSC contestó a este medio de comunicación que el Departamento de Auditoría del Fondo Departamental «no posee ninguna información al respecto».
Lo anterior es alarmante, ya que casi el 15 % del presupuesto asignado al Congreso Nacional en los últimos tres años ha sido erogado en subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales por parte de diputados y diputadas de este poder del Estado, y actualmente no existe un registro detallado sobre su uso.
Según un monitoreo de proyectos gestionados por diputadas y diputados realizado por este medio de comunicación, los rubros que predominan en la entrega de subvenciones son donaciones a asilos de ancianos, reparación de escuelas, celebraciones varias y la entrega de dinero a municipalidades o instituciones de distinta índole.
Además, el Congreso Nacional también ha hecho donaciones como institución. Entre los momentos más destacados están la donación de seis millones de lempiras a la Fundación Teletón en diciembre de 2024, 23 millones a la Federación de Fútbol de Honduras en septiembre de ese mismo año, y 4.4 millones para la reconstrucción de un mercado en el municipio de Nacaome, Valle.
Al respecto, la diputada Fátima Mena asegura que este tipo de fondos siempre han sido utilizados como carta de negociación en el Congreso Nacional, y que la secretividad sobre quiénes las usan o gestionan proyectos en las Secretarías responde a los acuerdos que hacen los representantes de los distintos partidos políticos.
«Hoy por hoy no conocemos la ley bajo la cual se ejecutan este tipo de recursos. Ha habido muy poca transparencia en saber a qué diputado se les han dado y cuáles han sido los criterios, por lo que hay falta de rendición de cuentas, o sea, más de lo mismo que se presta para corrupción, con el agravante de que en este caso ni siquiera hay una ley que regule el uso de estos recursos, ya que, paradójicamente, fue este Congreso el que derogó la ley del Fondo Departamental, pero ellos mismos han estado utilizando esta misma mala práctica», dijo Fátima Mena en una entrevista para Contracorriente.
En agosto de 2023 el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019, más conocido como Fondo Departamental, un decreto mediante el cual se desviaron fondos para la ejecución de proyectos sociales a cuentas personales de congresistas.
Además, en enero de este año un juez ordenó detención judicial en contra de tres exempleados del Congreso Nacional acusados de ser responsables por sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en el periodo de 2018-2022, que podrían estar relacionados con documentación del Fondo Departamental.
Complicidad entre congresistas y coordinadores de partidos
Para Elvin Hernández, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), los diputados y diputadas no solo forman parte de estos mecanismos por elección propia, sino por la necesidad de continuar sujetos al partido que los representa.
Lo anterior, según Hernández, responde a la dinámica de control que ejercen los coordinadores de los partidos políticos en las decisiones y negociaciones que se conforman en el Poder Legislativo, y de ahí se desprende la desnaturalización de la función pública que debe ejercer un congresista.
«Se desnaturaliza la función de un presidente del Congreso Nacional, porque la función de un Congreso Nacional es emitir leyes, analizar leyes, interpretarlas, proponer, analizar la realidad y ver qué vacíos hay en las leyes, o cuáles ya no corresponden a la realidad actual; sin embargo, en las últimas décadas parece que manejar y gestionar proyectos, construir o reparar una escuela, se convierte en una actividad cotidiana de un congresista», explica el investigador.
Además, aunque hasta el momento no se ha comprobado ningún acto de corrupción con el uso de subvenciones o el fondo para gestionar proyectos, para Hernández la amenaza de corrupción está latente, primero, ante el posible uso de estos fondos para financiar campañas electorales, y después, el debilitamiento de la democracia que esto representa.
Otro de los riesgos que visualiza es la situación de pobreza ante la falta de políticas públicas que den soluciones a las familias que enfrentan esta realidad a diario, y que, a causa del asistencialismo que se promueve con la gestión de proyectos o entrega de subvenciones, se profundice más la precariedad.
El riesgo más preocupante y quizás el menos visible, a criterio de Hernández, es la relación clientelar entre el funcionario y el ciudadano, en la que se busca dar cosas al cliente, que es el ciudadano, a cambio de mantener la lealtad a un funcionario público o diputado.
«[Esto] lo que hace es construir esa cultura política patriarcal, donde [prevalece] esta lógica de que el patriarca es propietario de la cosa pública, o, viéndolo en el hogar, el hombre es el propietario de todo lo que hay en la casa. En la cosa pública es lo mismo, el político es propietario de, y esa cultura política me parece que es algo que históricamente le ha hecho daño al país; las prácticas de las que estamos hablando alimentan esa cultura», asegura Elvin Hernández.
Hasta el momento el Congreso Nacional no ha respondido a las solicitudes de información realizadas por este medio de comunicación, en las que se piden listas detalladas con nombres de los congresistas que gestionan subvenciones, información sobre las organizaciones de sociedad civil que han sido favorecidas con donaciones, y las declaraciones juradas en las que los congresistas autorizan deducciones de su salario si no liquidan en tiempo y forma las subvenciones.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tampoco ha respondido a las solicitudes de entrevista de este medio de comunicación sobre la ejecución de millones en concepto de subvenciones para ayudas sociales o la gestión de proyectos a través de las distintas Secretarías.
En la instalación de la IV legislatura del Congreso Nacional, el pasado 25 de enero, Redondo celebró que este poder del Estado había ahorrado 1,473 millones de lempiras en los últimos tres años porque no se pagaban coimas a periodistas, como en administraciones anteriores. Pero ese día, Redondo no mencionó los 614.8 millones de lempiras en ayudas sociales, donaciones a asociaciones de sociedad civil, unidades del gobierno central y municipalidades que han sido utilizados a discreción por parte de los congresistas, ni los 2,850 millones de lempiras destinados a la gestión de proyectos por parte de los mismos diputados, contando la última asignación para este año.
Por fuera, las distintas bancadas y fuerzas políticas continúan en disputa, cada uno declarando ser víctimas de un boicot por parte del otro; a lo interno, mecanismos como estos funcionan para llegar a acuerdos y perpetuar el clientelismo en la democracia hondureña.
Nota: Clara López renunció a su cargo en la SESAL el pasado 2 de abril de 2024.*
