Un juzgado ordenó la detención judicial de 14 personas acusadas de facilitar salarios a través de «planillas fantasma» ingresadas al sistema del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Samuel Zelaya, uno de los interventores del IHSS, asegura que este caso representa indicios de una posible red de corrupción dentro de esta institución, mientras que familiares de las imputadas denuncian irregularidades en el proceso judicial y exigen justicia, incluyendo que altos mandos también sean enjuiciados.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
El pasado 11 de febrero, un juez ordenó la detención judicial de 14 personas involucradas en un esquema de «planillas fantasma» en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó un requerimiento contra 22 personas por el desvío de 1.8 millones de lempiras mediante pagos a supuestos médicos. Ocho de los implicados aún no han sido capturados, confirmó la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo.
El requerimiento de la fiscalía incluyó a dos exempleadas del Departamento de Compensación Salarial del IHSS, Suyapa Isabel Carranza y Eliana Yessenia Bonilla, y a otras 20 personas por ser beneficiarias de un salario de 35 mil lempiras mensuales desde marzo de 2024, después de que las incluyeran en una planilla fantasma.
Cuando las imputadas asistieron a la audiencia inicial en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medioambiente en Tegucigalpa, sus familiares y conocidos dijeron a los medios de comunicación que ellas son amas de casa y no tenían conocimiento de los delitos por los cuales las señala el Ministerio Público, que son fraude, falsificación de documentos públicos y falsificación de sellos.
«Son inocentes, somos pobres, vayan a ver las casitas donde vivimos», dijo a los medios de comunicación una familiar de las imputadas en las afueras del Juzgado.
Roberto, esposo de una de las acusadas, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, dijo a este medio de comunicación que el proceso de enjuiciamiento de su pareja ha sido injusto y traumático. Cuando agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a capturarla a su casa, no presentaron orden de captura y no dijeron cuál era el motivo de la detención.
Él niega que su esposa alguna vez haya sido empleada del IHSS, y aseguró que lo único a lo que se dedicaba era a cuidar de sus nietos. «No entiendo sinceramente por qué motivo engañaron a mi esposa, lo que me dijo el fiscal es que se hacía pasar como doctora, pero mi esposa ni siquiera hizo la primaria, solamente fue al cuarto grado», expresó el familiar.
Además, Roberto no entiende cómo su esposa pudo cobrar 35 mil lempiras mensualmente si las condiciones del hogar en el que viven en un barrio de San Pedro Sula no han sido mejoradas.
«¿Usted cree que, si mi señora estuviera ganando eso, nosotros viviríamos ahí donde vivimos? Somos de pocos recursos», expresó, y añadió que en este proceso sus hijos han renunciado a sus trabajos para atender de cerca el caso y movilizarse a Tegucigalpa.
Samuel Zelaya, quien desde noviembre de 2024 forma parte de la Junta Interventora que está al mando del IHSS, asegura que detrás de este caso existe una red de corrupción dentro de la institución, y que el enjuiciamiento a estas personas solo es una muestra de cómo operan los fraudes en el Estado, en los que se señala a ciudadanos que cometieron un delito, pero que no son los autores principales de los desfalcos.
«Esto es una red, hay que aclarar. Desgraciadamente, yo sé que la necesidad es compleja y uno no puede no ser humano y (no) ponerse en los pies de las personas humildes que están ahí, que tuvieron una necesidad, pero que aceptaron hacer una transacción que era ilegal», dijo a este medio de comunicación el interventor.
Para él, la culpabilidad de estas personas se demuestra en la firma y sello falsificados de la jefa de recursos humanos, y en cómo se utilizaron para crear constancias con nombre, número de pago y cargos dentro de la constitución, lo que demuestra que las acciones no fueron hechas mediante un gestor, sino personalmente.
¿Cómo ocurrió el supuesto saqueo?
Samuel Zelaya explica que el caso de las planillas fantasma fue identificado gracias a una anomalía en el sistema de control que tiene el IHSS, tras la cual se detectó que varias personas fueron ingresadas al sistema mediante un mismo memorándum y con números seguidos; ello desencadenó que se levantaran alertas y se procediera con las investigaciones internas.
Al identificar que este grupo de personas había ingresado como médicos especialistas y médicos generales, autoridades de la institución procedieron a revisar los expedientes digitales y se solicitó al Colegio Médico la corroboración de las credenciales de cada una de las personas, para determinar si estas estaban colegiadas y activas en el gremio médico.
«El Colegio [Médico] contestó que ninguna de estas personas estaban afiliadas al colegio, a partir de esto identificamos el fraude», explicó Zelaya. A continuación procedieron a hacer otra investigación interna, y luego presentaron la denuncia ante el Ministerio Público. Los hallazgos se hicieron mientras el doctor Carlos Aguilar continuaba al mando de la institución.
En abril del 2024, Carlos Aguilar, entonces director del IHSS, confirmó a los medios de comunicación que el Ministerio Público estaba investigando una denuncia relacionada con el pago de planillas fantasma. Contracorriente consultó a Aguilar sobre los trámites de esta denuncia y si la fiscalía había apuntado a todos los implicados en este caso; sin embargo, el doctor manifestó que no podía responder a la solicitud de entrevista en esta ocasión.
Samuel Zelaya no señaló a otras personas por el caso de las planillas, sino que se limitó a decir que dentro de la institución existen redes de corrupción que deben ser investigadas para que el IHSS funcione correctamente.
Sobre el trabajo de la interventora con los otros sectores que integran la Junta Directiva del IHSS, entre ellos el sector sindical y la empresa privada, Samuel Zelaya sostiene que tienen un «diálogo fluido», y que actualmente trabajan en procesos de compra y otras gestiones dentro de la institución.
«El problema fue que había una parálisis administrativa», dijo al ser consultado por la razón de instalar una interventora, «una serie de situaciones que no permitían que las decisiones que se toman en la Junta Directiva se llevaran a la práctica en el seguro social. Entonces, esa parte, ese reconocimiento del trabajo, es (la) que a la junta interventora le permite mantener una excelente relación con todos los sectores».
El enjuiciamiento a la marginalidad
En una entrevista con Contracorriente, el sacerdote Ismael Moreno, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), recalca que todos los delitos deben ser enjuiciados en un Estado de derecho, y que todas las personas responsables por los mismos deben ser enjuiciadas independientemente de su ubicación social o económica, pero que, en Honduras, este principio no ha garantizado que los más poderosos enfrenten la justicia.
En el caso de las planillas fantasma en el Seguro Social, el padre Melo opina que, si bien son personas que deben ser juzgadas por igual, en este caso son un chivo expiatorio del engranaje de corrupción que envuelve a importantes personajes en Honduras, engranaje que opera con altos dirigentes sindicales, funcionarios públicos, y estructuras políticas.
«Esto es lo que estamos viendo en todos estos casos, y creo yo que mientras no haya una transformación frontal de la estructura de justicia, lo que se va a seguir haciendo es enjuiciar y encarcelando a los más pobres», señaló el padre Melo, quien añadió que mientras en el país no se solucione la conflictividad agraria, conflictividad ambiental y la impunidad, la transformación real de la justicia no podrá ocurrir en Honduras.
Entre los casos más recientes que evidencian el trato diferenciado que tiene la justicia, está el de la diputada del Partido Nacional, Gladys Aurora López, a quien un juez le concedió medidas distintas a cárcel por la malversación de fondos públicos que eran destinados a un proyecto energético en La Paz. La diputada ya ha sido señalada en otros casos de corrupción como Arca Abierta, en el que se le acusó por el desvío de 21.1 millones de lempiras, pero fue dejada en libertad en 2022.
#ActualidadCC | ‼️👨⚖️Un juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó auto de formal procesamiento y medidas distintas a la prisión para la diputada del Congreso Nacional (CN), Gladys Aurora López, a quien el Ministerio Público acusa de malversación de… pic.twitter.com/ckUD6K85ZM
— Contracorriente (@ContraC_HN) February 21, 2025
Otros casos incluyen a políticos que han quedado libres de procesos judiciales gracias a una amnistía aprobada al inicio del Gobierno de Xiomara Castro. Este decreto ha sido criticado y señalado por una misión de expertos de la ONU como un obstáculo para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). El caso más reciente es el de Rodolfo Padilla Sunseri, político del Partido Libre condenado por el delito de prevaricato, quien ahora busca la alcaldía de San Pedro Sula.
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El padre Melo reflexiona que los en casos donde los sectores más vulnerabilizados son llevados ante la justicia y, en paralelo, los políticos con poder tienen herramientas para evadirla, hay indignación de un sector de la sociedad hondureña, pero que en tiempos electorales la indignación se apacigua con asistencialismo.
«Yo creo que el nivel de conciencia de la sociedad hondureña es bastante bajo, y está acostumbrada a que siempre los de arriba le van a dar la espalda; entonces, hay una especie de relación de mutuo aprovechamiento, los políticos se aprovechan para ver si sacan el voto, y la gente se aprovecha de los políticos para ver si sacan provisiones, láminas y bonos, pero ni los políticos creen en la gente ni la gente en los políticos», aseguró el padre Ismael Moreno.
