Lourdes Pamela Blanco, mencionada en diciembre de 2024 en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos por socavar «procesos o instituciones democráticas» mediante presiones e influencias indebidas, entre 2023 y 2024 prestó servicios a la Empresa Nacional Portuaria y es señalada con tener injerencia en la Secretaría de Trabajo en beneficio de grandes empresas. Su esposo, Tomás Vaquero, es titular de la Secretaría de Gobernación, su hija Nicole Vaquero es representante diplomática de Honduras en Guatemala, y su hijo Marcelo Vaquero recientemente fue presentado como candidato a diputado suplente por una corriente del oficialismo.
Texto: Fernando Silva
Portada: Persy Cabrera
Fotografía: Fernando Destephen
Durante la administración de Xiomara Castro como titular del Poder Ejecutivo, se ha visto a Pamela Blanco en el círculo más cercano de la presidenta, apareciendo en eventos oficiales del Gobierno a pesar de no tener ningún cargo permanente como funcionaria, y subiendo fotografías junto a la pareja presidencial en sus redes sociales. Sin embargo, cuando en 2023 le solicitamos una entrevista para el reportaje sobre la representación legal que ofrecía su bufete legal a empresas de Lenir Pérez, nos aseguró que ella es una persona de «bajo perfil».
El 27 de diciembre de 2024, Blanco se volvió noticia a nivel internacional cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos por «socavar procesos e instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones para obtener ciertos resultados, además de usar sus conexiones con funcionarios del gobierno para ejercer influencia».
«La Dirección Regional de la Secretaría del Trabajo en San Pedro Sula es patrimonio de ella, ella es quien manda ahí. Los trabajadores que van a denunciar abusos están perdidos, cuando van a buscar auxilio de esa institución salen perdiendo porque ella manda y representa a grandes empresas, y si la denuncia es contra alguna de sus representadas les va peor a los trabajadores», explicó una fuente que pidió no revelar su nombre, pero que ha compartido en el entorno cercano de la abogada y de su esposo Tomás Vaquero, quien ocupa el cargo de ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización en el Gobierno hondureño.
La fuente consultada por este medio también contó que si un trabajador o trabajadora solicita un inspector ante la Secretaría de Trabajo, la influencia de la abogada Blanco consigue que el funcionario no asista a la inspección, o que el informe sea favorable para la empresa y niegue todo lo que dice el denunciante.
Este medio contactó a la licenciada Dilcia Paz, encargada de comunicaciones de la Secretaría del Trabajo para consultar al titular, Wilmer Fernández, sobre la influencia de la abogada Blanco en la institución. Sin embargo, Paz respondió que el ministro no atendería las preguntas por estar en otras reuniones relacionadas con temas migratorios, ni confirmaría si Blanco trabaja oficialmente allí. En el portal de transparencia de dicha Secretaría no aparece la abogada Blanco como empleada o contratista.
En donde sí aparece es en la planilla de gastos de la Empresa Nacional Portuaria, al menos desde julio de 2023 hasta diciembre de 2024 (exceptuando enero de 2024). En ese periodo percibió un salario mensual de entre 54,000 y 54,550 lempiras, sumando aproximadamente un millón de lempiras en total.
Carlos Bueso, titular de la ENP, afirmó a Contracorriente que la abogada Blanco fue contratada bajo la modalidad de servicios profesionales para litigar casos de la institución y que no tiene un contrato permanente. Un documento oficial de la institución compartido por Bueso, señala que la abogada ocupaba el cargo de asesora del gerente general.
El trabajo de Pamela Blanco al servicio de grandes maquilas
María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), conoce desde hace muchos años a la abogada Pamela Blanco, y dice que su influencia en la Secretaría de Trabajo, donde ha defendido los intereses de maquiladoras multinacionales ante las demandas de trabajadoras que denuncian violaciones a sus derechos, no es reciente. Sin embargo, asegura que durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, dicha influencia «ha sido peor».
«Un día, en una audiencia con ella por el caso de trabajadores despedidos, intenté sensibilizar sobre las problemáticas que enfrentan las trabajadoras. Ella me miró y me dijo: “Señora, la empresa no tiene corazón”. Ella disfruta burlándose, es una cuestión maligna, y creo que, entre todos los abogados y abogadas de estas transnacionales maquiladoras, es la número uno que disfruta joder la vida a las trabajadoras», explica María Luisa, y también remarca que la abogada Blanco es representante de las empresas vinculadas a la multinacional Hanesbrands, y por tanto, defiende sus intereses.
Según documentos a los que tuvo acceso Contracorriente, Pamela Blanco Luque fue asignada desde 2007 con un poder general para litigios de la empresa Jasper Honduras S. de R. L., y según el testimonio de María Luisa, quien desde Codemuh acompaña a constantemente a las trabajadoras en los procesos legales que entablan para exigir sus derechos, también es una de las principales representantes de la multinacional Hanesbrands, la cual ha sido reportada en medios de comunicación y comunicados como propietaria de las plantas maquiladoras Jasper.
Hanesbrands anunció en septiembre de 2022 el cierre de la planta Jasper debido a «las necesidades del negocio», y en octubre de 2024 comunicaron la decisión de cerrar tres plantas más en San Pedro Sula, dejando a más de 2,000 personas sin empleo. A pesar de lo que se anunció a los trabajadores de la empresa como un «cierre total» y la venta de la totalidad de sus derechos de propiedad intelectual, según los documentos, Jasper y la sociedad Hanes Global Holdings Switzerland GMBH suscribieron un contrato de préstamo por diez millones de dólares en diciembre de 2024.
El cierre de las plantas de Hanesbrands no solo deja a más de 2,000 personas sin empleo, sino que agrava la incertidumbre de las trabajadoras y trabajadores afectados por problemas de salud derivados de sus labores en las maquilas. Muchos no cuentan con los dictámenes oficiales que validen sus enfermedades como profesionales, lo que los deja desprotegidos ante la falta de cobertura médica.
María Luisa dice que en la organización que dirige siguen la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras ante el «monstruo» de las maquilas y los despidos masivos que generan los cierres de estas. En ese contexto, señala a la abogada Blanco como pieza clave en la defensa de los intereses de las multinacionales que requieren su servicio, como una profesional «nefasta que no tiene corazón» y de quien no duda que, tal como se describe la razón de su nombramiento en la Lista Engel, esté utilizando sus influencias políticas y cercanía con la familia presidencial para salir victoriosa en los procesos legales que acompaña.
«No lo dudamos, sabiendo como es ella y sabiendo que ella dice que es parte de la familia presidencial, y la verdad es que se ve y se siente el poder que tiene en la Secretaría del Trabajo», explica María Luisa.
Finalmente, María Luisa también cuenta sobre la decepción que han tenido que afrontar ante las promesas fallidas del Gobierno de Xiomara Castro, y señala las incongruencias en el discurso estatal, donde se critica a «grandes familias del poder económico», pero no se procede contra los abusos en contra de los derechos laborales ejercidos por las maquilas que cuentan con exoneraciones fiscales.
«No pagan impuestos, y ya se debió hacer una investigación contra estas empresas. Nosotras solicitamos al actual ministro de Trabajo una investigación de todas las empresas de la corporación Hanes, porque cuando se anunció el cierre de la planta de Choloma las trabajadoras nos notificaron que iban a cerrar cuatro plantas más. Nosotras pusimos en conocimiento al ministro de Trabajo, solicitamos una inspección para ver en qué condiciones están, y no hemos tenido respuesta», concluyó.
Las relaciones de Blanco con las empresas de Lenir Pérez en Grupo EMCO
En enero de 2022, Contracorriente reveló que, desde junio de 2020, el empresario Lenir Pérez comenzó a contratar los servicios de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, esposa de Tomás Vaquero Morris, actual titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Desde ese entonces, Pamela Blanco asumió el rol de notaria para la constitución de varias empresas vinculadas al grupo liderado por Lenir Pérez y recibió poderes legales para representar a dichas compañías ante las instituciones del Estado. Pérez, presidente del Grupo Emco Holding, encabeza un conglomerado con inversiones en sectores como construcción, siderurgia y operación aeroportuaria. Entre sus proyectos más conflictivos están el megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en Tocoa, Colón, y la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ambos señalados por irregularidades en su adjudicación.
Particularmente, la concesión minera en Guapinol desató un conflicto socioambiental desde 2018, que ha representado la criminalización de 32 defensores del ambiente, y que el 14 de septiembre de 2024 conllevó al asesinato de Juan López, quien era regidor del municipio de Tocoa, Colón, y defensor de la tierra y el ambiente en la zona.
Según una revisión hecha por este medio, la abogada Blanco Luque ha prestado sus servicios legales de notaría y uso de poderes legales a 14 empresas registradas que estuvieron o están a nombre de Lenir Pérez, y en varias de ellas se ha mantenido activa recientemente. Por ejemplo, entre mayo de 2023 y marzo de 2024, Blanco Luque obtuvo y ha mantenido poderes legales en al menos tres de esas empresas: Alutech, Constructora EMCO, y Empresa Aduanera de Importaciones y Exportaciones S. A. de C. V.
La amistad sobre los conflictos de Pamela Blanco
«Cuando Xiomara va a San Pedro, se queda en la casa de ella. Xiomara no paga hotel, o sea, sí son amigas, amigas», cuenta la fuente consultada por Contracorriente, y concluye: «Esa es la tradición política nuestra, de hecho este tipo de gente busca poder para tener esa facilidad (ejercer influencia gracias a sus conexiones políticas). Tomás Vaquero siempre es claro en eso, por eso digo que es un mafioso también, aunque no como ella (Pamela Blanco), él guarda ciertas apariencias y ella no tiene cuidado».
Siguiendo la «tradición política» de nepotismo que ha impulsado el gobierno conducido por Xiomara Castro y su Partido Libre, las influencias de los Vaquero Blanco comienzan a extenderse en otras instituciones y poderes del Estado. Por ejemplo, desde mediados de 2022, Nicole Vaquero, de 36 años, hija de la familia Vaquero Blanco, ocupa el cargo de encargada de negocios en la Embajada de Honduras en Guatemala. Previo a eso, se desempeñó como abogada asociada directa al fiscal general durante nueve años en el Ministerio Público, donde trabajó y se hizo cercana al exfiscal Óscar Chinchilla.
Además, se anunció recientemente que Marcelo Vaquero Blanco, hijo de la familia Vaquero Blanco, de 22 años, competirá en las elecciones internas del próximo 9 de marzo como candidato a diputado suplente, acompañando en la fórmula a la actual diputada por el departamento de Cortés, Linda Donaire. En una nota de El Heraldo se reportó el pasado 24 de enero que Marcelo Vaquero es empleado del Ministerio Público, y que pidió una licencia no remunerada para participar en política.
Sobre el hecho de que Lourdes Pamela Blanco se encuentre en el círculo más cercano de la presidenta Castro y de la cúpula del partido gobernante, la fuente consultada por Contracorriente aseguró que «eso desacredita el proyecto político», y apunta que la abogada Blanco es un personaje opaco que sabe mover los hilos sin aparentarlo.
Los otros personajes señalados por el Departamento de Estado
Además de Blanco Luque, el Departamento de Estado de EE. UU. actualizó recientemente su Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, sumando a Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y esposa de Enrique Flores Lanza, quien es asesor de la presidencia. Dubón fue incluida por manipular su posición para debilitar el Estado de derecho. También se agregó a Ebal Jair Díaz, exsecretario de la Presidencia en la administración de Juan Orlando Hernández, acusado de corrupción significativa, especialmente en proyectos de obras públicas y programas sociales.
Desde la creación de la Lista Engel en 2021, ya suman 52 hondureños señalados por el Departamento de Estado estadounidense. En este caso, la lista fue rechazada por el Gobierno de Xiomara Castro. Eduardo Enrique Reina, canciller de la República, señaló en redes sociales: «Reiteramos nuestra posición. Desconocemos las medidas y listas unilaterales que publiquen los Estados por ser realizadas bajo procesos subjetivos que se desconocen, sin pruebas específicas presentadas y que tiene también un componente político».
María Luisa dice que este tipo de sanciones les afectan poco a este tipo de personajes, y particularmente a Pamela Blanco Luque «le afectará porque no podrá entrar como si fuera su casa en Estados Unidos, pero ella tratará de minimizarlo con los viajes que siempre presume hacer».
Sobre la inclusión de miembros del Partido Libre en listados de las sanciones que durante el gobierno de Joe Biden se impusieron sobre actores corruptos en la región, Obed López, diputado suplente de Rasel Tomé, congresista que en julio de 2022 también fue incluido en la Lista Engel, apunta que el mecanismo implementado por el gobierno estadounidense carece de «un esquema objetivo», y asegura que «cada señalamiento es ambiguo y no tiene un fundamento jurídico, sino que todo es es político, por eso para nosotros la Lista Engel se volvió un instrumento político».
«No estoy diciendo que los que salen ahí no son corruptos. Yo no estoy diciendo eso, lo que pasa es que es muy subjetivo el señalamiento», finalizó López.
En este contexto, la administración del nuevo presidente estadounidense Donald Trump emitió el 10 de febrero una orden ejecutiva que suspende por 180 días la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de revisar su impacto en la competitividad económica y la seguridad nacional de EE. UU. Durante este período, no iniciarán nuevas investigaciones bajo esta ley, salvo excepciones determinadas por el Departamento de Justicia.
Unos días antes, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hasta el momento la administración Trump no había discutido un cambio a sanciones realizadas en contra de individuos, pero que en su momento se revisarán.
