Nicolás Maduro asumió su tercer mandato como presidente de Venezuela el 10 de enero, en medio de acusaciones de narcoterrorismo y tráfico de drogas por parte de Estados Unidos. Tras ello, Washington ha aumentado las recompensas por información sobre Maduro y otros funcionarios venezolanos, por sus presuntas vinculaciones con las FARC y el cártel de Los Soles. En Honduras, el fortalecimiento de la relación entre Xiomara Castro y Maduro ha intensificado las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Agencia EFE y archivo CC
Nicolás Maduro asumió el pasado 10 de enero la presidencia de Venezuela por tercera vez, pese a enfrentar una acusación del gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en actividades de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Su investidura tuvo lugar en un contexto marcado por acusaciones de fraude electoral, así como denuncias de represión y persecución política contra la oposición.
La acusación estadounidense, que data de 2020 y de la cual este lunes se ha revelado un nuevo documento según Infobae, involucra a Maduro y a otras figuras influyentes del gobierno venezolano, como Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal («El Pollo») y Cliver Alcalá Cordones, así como a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el documento, entre 1999 y 2020, Maduro y otros altos funcionarios lideraron el cártel de Los Soles, una organización dedicada al tráfico de drogas conformada por miembros del gobierno venezolano.
El día de la investidura de Maduro en su nuevo mandato, el gobierno de Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto, y ofreció la misma cantidad por Diosdado Cabello. Además, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá Cordones, en colaboración con las FARC —designadas como organización terrorista en 1997—, producían grandes cantidades de cocaína que traficaban a través de rutas marítimas, aéreas y terrestres hacia Estados Unidos. Estas rutas pasaban por el Caribe y Centroamérica, con Honduras como uno de los principales puntos de tránsito en lo que las autoridades denominan un «puente aéreo de cocaína» entre Venezuela y Honduras.
En el escrito presentado por Estados Unidos se indica que, tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras, Maduro y Cabello discutieron que la inestabilidad resultante podría «joder el negocio». Tras ello, Maduro viajó a Honduras como canciller venezolano, pero con el objetivo —según el referido documento— de intervenir en nombre del cártel de Los Soles para «asegurarse de que los acontecimientos en Honduras no desbarataran las actividades de narcotráfico de la conspiración narcoterrorista».
Los fiscales estadounidenses estimaron que, a partir de 2004, más de 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente desde Venezuela.
La acusación también detalla que altos funcionarios de diversos países aceptaron sobornos para facilitar estas operaciones. Además, Maduro y sus aliados supuestamente lavaron millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante empresas estatales como Petróleos de Venezuela (PDVSA), utilizando negocios ficticios como fachada. Según el escrito, el régimen también entregó armas a las FARC como parte del pago por la cocaína, y entrenó a milicias no oficiales en Venezuela, con apoyo de líderes guerrilleros, para proteger sus actividades ilícitas.
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Maduro juró como presidente venezolano para su tercer período tras vencer, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por delegados afines al chavismo—, a Edmundo González en las elecciones del 29 de julio. Estos comicios fueron realizados bajo acusaciones de fraude por parte de la oposición, liderada por María Corina Machado, y denuncias de persecución política.
Implicaciones para Honduras del acercamiento al régimen de Maduro
A la ceremonia de investidura de Nicolás Maduro asistió una comitiva hondureña encabezada por el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya y el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo. También participaron el expresidente Manuel Zelaya Rosales y Milton Benítez, en condición de asesores de la presidenta Xiomara Castro.
En Contracorriente hemos publicado dos investigaciones que detallan el financiamiento del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) a una comisión de Venezuela que visitó Honduras entre el 28 de enero y el 11 de febrero de 2024. Esta visita tuvo como objetivo asesorar al gobierno hondureño en un programa habitacional.
Asimismo, se reportó sobre una delegación hondureña que viajó a Venezuela en diciembre de 2023 para suscribir el memorando de entendimiento de dicho proyecto. En ambos casos el Injupemp manejó con opacidad los gastos relacionados con este proceso.
Desde la llegada de Castro a la presidencia, el 27 de enero de 2022, Honduras ha estrechado relaciones con el régimen venezolano, comenzando con el restablecimiento de vínculos oficiales tras la ruptura durante la administración de Juan Orlando Hernández, que desde 2019 había reconocido a Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela.
Sin embargo, este acercamiento entre Tegucigalpa y Caracas ha generado tensiones diplomáticas entre el actual gobierno y los Estados Unidos. La situación se agravó cuando José Zelaya, exministro hondureño de Defensa, y Roosevelt Hernández, jefe del ejército hondureño, fueron fotografiados junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, en un evento deportivo militar.
El 28 de agosto de 2024, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, calificó como «lamentable» y «decepcionante» que funcionarios hondureños posaran junto a un «narcotraficante».
Ese mismo día, horas después de que el canciller Enrique Reina calificara a Dogu de «insoportablemente injerencista», la presidenta Castro instruyó a Reina la denuncia del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912, y que desde su reglamentación por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2013 ha permitido 55 extradiciones, incluida la del expresidente Hernández, sentenciado en 2024 por una corte federal estadounidense a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas. El tratado expirará a finales de febrero.
Tras la denuncia del tratado, el cuñado de la presidenta Castro y entonces secretario del CN, Carlos Zelaya Rosales, renunció a su diputación y su cargo junto a su hijo, José Zelaya, quien ocupaba el cargo de ministro de Defensa.
El 5 de septiembre de 2024, el medio estadounidense InSight Crime filtró un video de 2013 en el que Carlos Zelaya Rosales y Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, aparecen negociando con narcotraficantes, incluido Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros, para financiar la primera campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Durante el juicio de Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga declaró bajo juramento haber sobornado a Hernández durante su candidatura por el Partido Nacional, así como a otros líderes políticos, incluyendo a Carlos Zelaya Rosales, a quien entregó entre 100 y 200 mil dólares. Asimismo, afirmó haber proporcionado entre 200 y 250 mil dólares al entonces candidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda.
