Una investigación presentada por el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), en consorcio con el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), señala que las mujeres campesinas de las ciudades de San Pedro Sula y El Progreso, al norte de Honduras, han sido afectadas por la suspensión de garantías constitucionales y la militarización implementada en el marco del estado de excepción, lo que ha causado que sean sometidas a condiciones de encierro y cautiverio en sus hogares. Esta situación agrava la falta de acceso a la tierra por parte de las campesinas, en comparación con los hombres.
Texto y fotografías: María Celeste Maradiaga
En las ciudades de San Pedro Sula, Cortés, y El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, las mujeres campesinas han sido afectadas por la instalación de redes criminales en los territorios donde habitan. Sus comunidades rurales se han convertido en espacios altamente violentos e inseguros ante las amenazas constantes de grupos ilícitos en la zona.
Así lo señala la investigación «Sobre la situación de violencia de género en el contexto rural como consecuencia de las crisis climáticas y epidemiológicas», presentada por el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), en consorcio con el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), así como el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y Mundubat, una organización con representación a nivel mundial. El estudio no solo apunta a la violencia que estas mujeres viven en esas ciudades, sino también a los perjuicios que las mujeres campesinas viven a consecuencia del cambio climático.
El contexto de inseguridad, marcado tanto por el control y operación de redes criminales como por la militarización implementada en los lugares donde operan, ha contribuido directamente a que las mujeres campesinas no puedan acceder a servicios básicos. Además, el horario limitado que ofrecen las instituciones gubernamentales como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) dificulta más el acceso para las mujeres que se dedican a actividades agrícolas.
«El debilitamiento del Estado de derecho y las suspensión de las garantías constitucionales con el estado de excepción, acompañado de la militarización de los territorios, el uso de la fuerza de la Policía Militar del Orden Público, más la aplicación del toque de queda en la ciudad de San Pedro Sula, somete al encierro y cautiverio a las mujeres campesinas en vivir altos niveles de violencia en el espacio público y privado», señala la investigación.
Según el estudio, las mujeres jóvenes enfrentaron situaciones de violencia sexual que ejercieron algunos agentes de la policía en los lugares públicos en estas ciudades, y además constataron que el Sistema Nacional de Emergencia 911 no cuentan con las suficientes cámaras para atender la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito público, específicamente en San Pedro Sula.
Hasta septiembre de este año, el Sistema Nacional de Emergencias registró 27,809 denuncias de violencia doméstica y 39,550 denuncias de maltrato familiar, según el Observatorio de Violencias Contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). De estas denuncias, Francisco Morazán es el departamento en primer lugar con 7,460, y le sigue Cortés con 3,556.
El observatorio también señala que, hasta octubre de este año, se han registrado 203 muertes violentas de mujeres. En este apartado, Cortés es el departamento en primer lugar, con 37 femicidios; luego Francisco Morazán, con 36, y después Olancho, con 23. La cifra resulta alarmante; sin embargo, es menor a la del año pasado, cuando hasta el mismo mes se habían reportado 342 femicidios.
Aunque la violencia contra las mujeres prevalece en Honduras, también los arrestos por violencia doméstica y maltrato intrafamiliar han sido utilizados para inflar las cifras del estado de excepción, y gran parte de estas detenciones no han representado el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.
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Estas circunstancias no solo generan un clima de inseguridad y temor en las mujeres campesinas, sino que además profundizan la discriminación, la pobreza y las desigualdades en estos territorios.
Solo el 30 % de títulos de tierras entregados pertenecen a mujeres
Otro de los puntos principales en el estudio fue el acceso a la tierra para las mujeres campesinas en Honduras. En los departamentos de Lempira, Ocotepeque y Comayagua, menos del 30 % de los títulos de tierra entregados pertenecen a las mujeres; de 30 mil títulos de tierra entregados entre 2011 y 2020, solo el 1 % fueron entregados a mujeres en estos territorios.
«La crisis climática y sanitaria profundizó las brechas de desigualdad de las mujeres campesinas en la relación con los hombres al invisibilizar los problemas estructurales de discriminación que viven las mujeres campesinas, generando impactos diferenciados de género», apunta la investigación.
En este mismo periodo, entre 2011 y 2020, el Instituto Nacional Agrario (INA) entregó más de 78 mil títulos de propiedad a nivel nacional, de los cuales el 62.7 % fueron entregados a hombres y el 37.3 % a mujeres.
Lo anterior, sumado a los altos niveles de pobreza, el desempleo y los efectos del cambio climático registrados en las ciudades, ha contribuido a la degradación de la producción agrícola, afectando los medios de vida en las comunidades locales y ocasionando pérdidas humanas. Estos factores se han convertido en causas clave de la migración irregular de las mujeres campesinas, quienes buscan oportunidades de vida fuera del país.
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María Antonia Gutiérrez, coordinadora técnica de Codimca, manifestó que con los hallazgos de este informe han elaborado una agenda para incidir en estas dos ciudades; sin embargo, ninguno de los gobernantes ha tenido como prioridad la erradicación de la violencia contra las mujeres campesinas.
Por su parte, Merly Eguigure, coordinadora nacional de la organización Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, concluyó que «el Estado no nos protege, la policía no nos protege, protejámonos nosotras. Este gobierno no se diferencia de los anteriores en la defensa de los derechos de las mujeres; entonces nos toca seguir, aunque tengamos el último aliento de vida, porque parece que en esta realidad solo estamos nosotras».
