El proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua fue construido sobre tierras con fines de reforma agraria, adquiridas de forma irregular y a precios sobrevalorados por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), empresa desarrolladora del proyecto. La comunidad lenca de Sazagua denuncia que el proyecto se instaló sin consultarle, y que el Estado los ha criminalizado por defender sus tierras.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
José Portillo estaba en Estados Unidos cuando sus familiares le contaron por teléfono que un proyecto hidroeléctrico buscaba instalarse en su comunidad, en los ríos Puringla y Sazagua, pertenecientes a Santiago de Puringla, municipio de La Paz. Le dijeron que personas desconocidas habían llegado con herramientas a examinar el suelo, medir el caudal de los ríos y operar máquinas que excavaban sus tierras.
Por eso, en 2009, José regresó a Honduras sin pensarlo demasiado. Su familia lo necesitaba en Sazagua para defender lo que les pertenecía. La empresa estaba utilizando sus tierras para edificar el proyecto sin su permiso ni acuerdo previo. Le prometieron empleo a él y a otras personas. José y otras dos personas —las únicas a las que emplearon en Sazagua, según él— lo aceptaron por desesperación. Pero después, los representantes le dijeron que no estaban en la obligación de pagarle sus tierras, pues a cambio de ellas les habían dado el empleo.
«Me dijeron que de todos modos ellos tenían un dominio pleno de 45 manzanas en el que estaban los dos ríos, autorizado por la municipalidad de Santiago de Puringla», cuenta José.
José y su familia cercaron los predios que les pertenecían, pero la empresa los denunció ante las autoridades por el delito de usurpación de tierras. Por eso, desde hace cuatro años, él, sus hermanos Antonio y Marcos y su padre, Claros Portillo, se han enfrentado a un proceso legal en distintos juzgados de la zona occidental del país. Pese a que en este municipio más del 97 % de personas pertenecen al pueblo lenca, en el caso de la comunidad de Sazagua no existe un título comunitario indígena.
Los campesinos interpusieron una demanda ante el Ministerio Público en contra del administrador de la empresa, Kevin Panchamé, por la comisión de los delitos de usurpación. estafa, y daños y perjuicios en contra de los campesinos de Sazagua.
En respuesta a esta denuncia, el Ministerio Público dictó un auto de formal procesamiento en contra de uno de los técnicos del Instituto Nacional Agrario (INA) en el departamento de Comayagua. Según la Fiscalía de las Etnias, Diego Ernesto Cornejo Rodriguez es presunto responsable de los delitos de falsificación de documentos, violación a los deberes de los funcionarios y falso testimonio en perjuicio del Estado al haber facilitado información falsa de la familia Portillo para favorecer a CECA.
Dictan auto de formal procesamiento a técnico de catastro del INA https://t.co/tPbhTWpHVT pic.twitter.com/mXGdIKlXYl
— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 12, 2024
La CECA prometió mucho al momento de instalarse en la comunidad. Cuando las personas comenzaron a pedir explicaciones sobre el uso de los terrenos de la zona y los trabajos de exploración a los representantes de la empresa, estos les dijeron que habría trabajo para todos en la comunidad, que iban a construir escuelas y traerían desarrollo a Sazagua.
Sin embargo, los pobladores que conforman el Consejo Indígena Lenca de Sazagua reiteran que en ningún momento la empresa les consultó sobre la construcción de una represa en los ríos de su comunidad. Claros Portillo dice que CECA gestionó los permisos y la autorización para edificar el proyecto con las personas de la comunidad de Las Lomas, también en el departamento de La Paz, pero que en el caso de Sazagua ellos no fueron consultados y tampoco informados en su totalidad sobre el proyecto.
Pero la falta de consulta a las comunidades que resultan afectadas no es el único problema relacionado con el proyecto. Según uno de los documentos de adjudicación de tierras, parte de la hidroeléctrica se edificó en tierras que originalmente eran de reforma agraria en el departamento de La Paz y, según documentos de traspaso de propiedades, al otro lado de los ríos, en el departamento de Intibucá, las tierras fueron adquiridas por CECA a un precio 4,000 veces superior al de su compra original.
Además, la comunidad de Sazagua ha denunciado las acciones de Javier Argueta Turcios, exalcalde de Santiago de Puringla perteneciente al Partido Nacional, que estaba en el poder cuando la empresa buscó instalarse en su comunidad. Argueta entregó a la empresa un dominio pleno de 45 manzanas a CECA para la construcción de la hidroeléctrica, algo que no fue consultado con los habitantes del lugar y que no es permitido, según el actual alcalde de Santiago de Puringla, Wilfredo Vijil.
Por esta razón, los campesinos, entre ellos la familia Portillo, no pueden acceder a las tierras que, según escrituras que tienen en su poder, les pertenecen, y en las que por años han cultivado frijol y maíz como medio de subsistencia.
Un proyecto en tierras para campesinos
En 2008, Boris Iván Arévalo Canahuati adquirió una serie de terrenos ubicados en los alrededores de los ríos Puringla y Sazagua, en el departamento de La Paz, para la construcción de un proyecto hidroeléctrico que produciría 37.03 gigavatios de energía eléctrica anualmente. Un año antes, en 2007, se aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, una promesa del expresidente y ahora asesor presidencial José Manuel Zelaya, para acabar con los proyectos de energía eléctrica que resultaban dañinos para el ambiente.
Sin embargo, la aprobación de esta ley resultó en la firma de contratos de generación de energía con irregularidades, y la autorización a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la compra directa de energía sin licitaciones. La normativa se puso en marcha en 2008, el mismo año en el que se firmó el contrato entre CECA y el Estado hondureño.
Seis de los terrenos comprados para el desarrollo del proyecto estaban a nombre de Bernardino Gómez Amaya, un campesino oriundo de Santiago de Puringla. Dos de estos predios fueron otorgados por el INA a Gómez para ser destinados a actividades agrícolas en 2002, en el marco de la reforma agraria.
El campesino pagó 280 lempiras al Instituto Nacional Agrario (INA) por estas dos manzanas de tierra, equivalentes a 1.40 hectáreas. José Erasmo Portillo Fernández fue quien autorizó la venta de estas tierras al campesino, mientras fungía como director ejecutivo del INA en 2002.
José Erasmo Portillo fue acusado de enriquecimiento ilícito por el incremento injustificado de más de dos millones de lempiras en su capital mientras era director ejecutivo del INA, según la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). El proceso legal en contra de Portillo Fernandez duró 15 años. Finalmente, en 2018, fue absuelto «por falta de pruebas». El exdirector del INA es padre de Erasmo José Portillo, actual diputado del Partido Nacional.
Según el título definitivo de propiedad del INA y la Ley de Reforma Agraria, las tierras destinadas para uso agrícola y ganadero no pueden ser destinadas, vendidas o utilizadas para fines distintos.
Aunque se desconoce por cuánto dinero Gómez le vendió a CECA estos terrenos, la empresa adquirió las tierras aledañas de otros campesinos y campesinas por valores que oscilan entre los 29 y 32 mil lempiras.
Este no es el único caso en el que tierras campesinas han sido utilizadas para edificar proyectos extractivos en Honduras. En junio de este año, Contracorriente contó que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) denunció ante el Ministerio Público que Inversiones Los Pinares –la desarrolladora del megaproyecto minero que ha provocado conflictos socioambientales y perpetrado muertes violentas en el Bajo Aguán– se benefició con la compra de 12 parcelas de tierra que originalmente habían sido adjudicadas a ocho personas en el marco de la Ley de Reforma Agraria.
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En las comunidades de Las Lomas y Sazagua, CECA adquirió alrededor de 120 manzanas para construir la hidroeléctrica. Estas tierras originalmente pertenecían a los campesinos, que las cedieron debido a presiones de la empresa y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), con el cual algunos tenían préstamos pendientes.
Así lo cuenta Claros Portillo, quien aseguró que al menos un grupo de 11 campesinos que tenían préstamos agropecuarios en mora en Banadesa fueron presionados a realizar tratos con la empresa para vender sus tierras. El campesino recuerda cuando llegaron a su casa el gerente del banco de ese entonces y representantes de la hidroeléctrica, para negociar la venta de sus tierras.
«Si vos no te ponés de acuerdo, te vamos a rematar tus tierras», recuerda que le dijo Gustavo Carranza, gerente del banco en ese entonces. En el listado de tierras adquiridas por CECA para la construcción del proyecto, el nombre de Banadesa aparece junto al de Claros Portillo y de otros siete campesinos.
Al otro lado de los ríos, en el departamento de Intibucá, tres propiedades también fueron vendidas a CECA por un monto considerablemente mayor a su precio original, después de que el proyecto iniciara operaciones.
La primera propiedad designada para la construcción del proyecto en el lado oeste del río Sazagua, en el municipio de Masaguara, en Intibucá, fue comprada en 2015 por Boris Iván Arévalo, y las otras dos propiedades en 2017 y 2018 respectivamente. René Omar Gámez Panchamé actuó como representante de la empresa en esas transacciones.
CECA le compró las propiedades a Manuel de Jesús Martínez Matute, quien originalmente compró un solo predio al agricultor Napoleón Díaz, en 2014. En ese año, Martínez Matute adquirió el predio por 1,000 lempiras, para después dividirlo en tres parcelas y venderlas por 4,100,000 millones de lempiras a la empresa desarrolladora de la hidroeléctrica, es decir, 4,100 veces más que el precio original.
Aunque estas transacciones se realizaron en Masaguara, departamento de Intibucá, Napoleón Díaz también aparece en el listado de personas a quienes CECA les compró tierras para la construcción del proyecto en el municipio de Santiago de Puringla, La Paz,. Aquí Díaz aparece como registrado con 2.25 manzanas.
Felipe Portillo, otro campesino oriundo de Santiago de Puringla, pero perteneciente a la comunidad de Las Lomas —con la que sí se consultó el proyecto, según los campesinos de Sazagua—, asegura que la empresa sí realizó las debidas consultas y que el proyecto ha traído beneficio a las comunidades.
Según Portillo, el conflicto que existe entre los campesinos de la comunidad de Sazagua es de carácter «personal». Felipe es hermano de Claros Portillo, padre de José, Marcos y Antonio; sin embargo, asegura que desconoce cuál es el conflicto entre sus familiares y la empresa, e insiste en que en Las Lomas el proyecto se instaló de forma transparente y con la colaboración de la comunidad.
Estas contradicciones indican división entre las comunidades, y también en las familias. Los habitantes de Sazagua dicen que el proyecto solo se socializó con Las Lomas, mientras que la población de esta comunidad asegura desconocer el conflicto de tierras entre la empresa y Sazagua. Sin embargo, todos hacen lo mismo: trabajar la tierra para producir alimentos de consumo propio o como medio de vida.
Según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entre 2016 y 2021, el porcentaje de migrantes retornados aumentó en más de un 42 % en el municipio de Santiago de Puringla en 2022. Durante ese período, 453 personas retornaron a este municipio, de las cuales el 16.11 % fueron niñas y niños. En julio de este año, la presidenta Xiomara Castro anunció en un evento que, por primera vez, Honduras registraba un departamento con cero analfabetismo, el de La Paz.
Antonio Portillo, hermano de José y campesino de Sazagua, es quien vigila los terrenos en los que la empresa construyó un canal. La mayoría de la gente de la comunidad se ha empobrecido después de la venta de tierras a la empresa, asegura.
«No es justo que venga un empresario y un terrateniente a quitarnos las tierras. Por eso pedimos a las autoridades que están arriba que vengan y vean que nosotros vivimos en un monte, ya que ellos [la empresa] en vez de ayudarnos nos están empobreciendo aún más», dice Antonio, al lado de una frijolera que aún no está lista para la cosecha. Igual que sus hermanos y su padre, Antonio enfrenta un proceso en su contra por usurpación de tierras.
En su celular enseña videos de cuando vacas, toros y cabras han sido arrastrados por el canal de la empresa que conduce a la represa. Los campesinos explican que a veces los animales caen desde el cerro que está más arriba que el canal.
Frente a lo que una vez fue un río caudaloso, Claros Portillo recuerda la vida antes del conflicto, las costumbres de la comunidad y la rutina de su familia. Cuenta que en las vacaciones de Semana Santa aprovechaban para vender los pescados y camarones sacados del río Sazagua a las personas que llegaban a visitarlo.
Pero el río ya no es el mismo; los caudales fueron desviados, los peces que conocían y el agua en la que se bañaban ahora se deposita dentro de la represa. Las descargas de la hidroeléctrica son las que ahora llenan el espacio donde antes se podía bañar, pescar y vivir.
En septiembre de este año, una jueza de ejecución llegó a los terrenos donde la CECA construyó uno de los canales que conducen a la represa. Un grupo de habitantes de Sazagua se movilizó para reclamar que estas tierras les pertenecían. Interpusieron un recurso antes de la llegada de la jueza de ejecución para detener el despojo, pero la incertidumbre prevalece.
La presencia y vigilancia de la empresa también es visible en la zona. Empleados o personas afines al proyecto toman fotografías a quienes llegan a los predios donde se construyó este canal que conduce a la hidroeléctrica, en las tierras que los Portillo reclaman como propias.
«Así es esta gente», dice José Portillo, frustrado, mientras saca su celular para grabar de nuevo a quienes llegaron a intimidarlos. Estas comunidades, que han nacido y crecido en estas tierras y provienen del mismo pueblo lenca, ahora están fraccionadas y en bandos contrarios, unos a favor y otros en contra de un proyecto impuesto que no ha mejorado sus condiciones de vida.
Incumplimiento en medidas de control ambiental
En 2013, uno de los apoderados legales de la empresa desarrolladora de Puringla-Sazagua presentó un escrito ante la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) para solicitar un cambio en la capacidad instalada para la generación de energía de la hidroeléctrica, pasando de 7.3 a 9.6 megavatios.
En la solicitud, el abogado Marvin Gerardo Matamoros, apoderado legal de CECA en ese entonces, dijo que este cambio no representaba la necesidad de solicitar otra licencia ambiental o de realizar modificaciones en el contrato de operaciones entre el Estado de Honduras y la empresa, otorgados en 2009 y 2010 respectivamente, pues la hidroeléctrica se encontraba en la misma categoría de capacidad, aún con el aumento en la producción de energía.
Un año después, la Serna solicitó más información a CECA sobre los cambios en la construcción de la hidroeléctrica que ocasionaron un aumento en la capacidad de producción de energía. En un dictamen técnico, la Secretaría dijo que el Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) correspondiente al primer semestre de 2014 presentaba una serie de irregularidades: no había sido elaborado conforme a las indicaciones de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), tampoco fue presentado en el tiempo estipulado, los responsables de su elaboración no estaban autorizados por la Serna, y el aumento de potencia en la hidroeléctrica requirió realizar cambios en el diseño y estructura de los canales de la represa.
«El aumentar el gasto o caudal de diseño requirió aumentar la sección y rasante de excavación de los canales y por consiguiente el volumen de concreto, y como consecuencia subir la cota en el tanque de un aumento en la carga bruta de la Central Hidroeléctrica y por ende un aumento en la generación de energía», apuntó la Serna en el dictamen técnico.
La Secretaría aclaró que el proyecto no cambiaba de categoría, pues los proyectos de producción de energía hidroeléctrica que producen entre 3 a 15 megavatios de energía pertenecen a la categoría 2, y la hidroeléctrica no se sale de estos parámetros aún con el aumento en su capacidad instalada. No obstante, indicaron que el rediseño y los cambios derivados del aumento de potencia «impactan directamente sobre los recursos naturales como la flora y fauna por cambios en el cauce de agua, inundaciones de áreas, remoción de suelos o tala de árboles en los nuevas sitios de influencia del proyecto por el rediseño estructural antes descrito que implica el aumento de potencia».
En la parte de autorización y condiciones del contrato de operación suscrito en 2010 entre CECA y el Estado de Honduras se estipula que Puringla-Sazagua tendrá una capacidad instalada de 7,319 megavatios de potencia nominal, con una producción de energía estimada en 37.03 gigavatios hora anualmente por 30 años, lo que dura la concesión que el Estadio dio a la empresa para el funcionamiento del proyecto.
La razón por la cual aumentó la potencia del proyecto hidroeléctrico, según la empresa, es que se tuvo que mover la presa en el río Sazagua 600 metros aguas abajo, por la inestabilidad que representaba su construcción original en un cerro, lo que significaba un riesgo para la vida de los trabajadores. La Serna indicó que se acepta aumentar la distancia máxima en modificaciones o ampliaciones, siempre y cuando no sobrepase 100 metros de los límites del proyecto original; de hacerlo, se deberá solicitar una nueva licencia ambiental.
Serna impuso una multa de 100 mil lempiras a CECA en 2015 por haber actuado en contra de la disposición en la licencia ambiental que estipula presentar previamente una solicitud de autorización ambiental antes de realizar una ampliación del proyecto, algo incumplido según la Serna porque la solicitud para aumentar la potencia de la hidroeléctrica se hizo después de que el proyecto iniciara su fase de operación.
En Sazagua, los Portillo exponen que, así como la represa de Sazagua fue reubicada, también uno de los canales de la hidroeléctrica fue construido en sus tierras, no en las de la empresa donde originalmente estaba destinada la construcción.
«La propiedad de la empresa quedó libre arriba, entonces bajaron el canal de agua y lo entablaron en la propiedad de nosotros. Como vieron que pusimos el cerco nos demandaron a nosotros; luego pusieron un guardia que decía que quien entrara a esas tierras iba a ser procesado», afirma José Portillo.
Wilfredo Vijil, alcalde de la Municipalidad de Santiago de Puringla por el Partido Liberal, revela que estas no son las únicas irregularidades de este proyecto, y que, si bien la empresa hizo reuniones con personas de la comunidad para informar sobre cambios o modificaciones en la hidroeléctrica, nunca se desarrolló una consulta previa, libre e informada en este sitio.
«El Congreso Nacional dio [aprobó] el contrato, y aquí [en la Alcaldía de Santiago de Puringla] solo vinieron los trámites, ya no se podía hacer algo. Yo he visto cómo empresas privadas vienen y dicen “mire, ya tengo los trámites, solo ocupo el permiso de la Alcaldía para explotar el bosque, por ejemplo”», dice el edil, quien en ese entonces se desempeñaba como regidor.
Fue durante el período como alcalde de Javier Argueta Turcios que CECA consiguió la aprobación para la construcción de la hidroeléctrica. Según el actual alcalde, uno de los errores de la administración de Turcios fue dar el dominio pleno de 45 manzanas a la empresa para la construcción de la hidroeléctrica, pues asegura que, como Alcaldía, «nosotros no estamos autorizados a dar dominios plenos de gran cantidad».
El exalcalde Turcios no atendió las solicitudes de entrevista, ni de forma presencial ni por teléfono.
Otras irregularidades por parte de la empresa a las que apunta el actual alcalde tienen que ver con el incumplimiento del traslado de desechos sólidos al crematorio municipal, y con la contaminación en el río a causa de las limpiezas que se hacen en la hidroeléctrica. Esto último ha causado que miles de peces mueran y que el agua del río esté contaminada, según el alcalde. La población de Sazagua también ha advertido de estas limpiezas, por lo que, al menos este año, la empresa ha desistido de realizarlas.
«Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de la hidroeléctrica», asegura Wilfredo Vigil. «Yo todo el tiempo he estado en contra porque conozco un poco de la situación de nuestro país, en donde las leyes están a favor de los más grandes y la gente humilde al final no tiene ningún apoyo popular».
Aunque él es quien ahora está al frente, dice que la empresa sigue realizando trámites con los otros regidores que están en la alcaldía. Relata que una vez Kevin Panchamé, administrador de la empresa, llegó a solicitarle una constancia donde dijera que él era el representante legal de CECA, no el administrador. Vigil se negó a dar trámite a dicha constancia, por lo cual la solicitud se trasladó a una sesión de corporación municipal, donde finalmente fue aprobada.
«Me dijo que le diera una constancia en donde yo decía que a mí me constaba que él era el presidente de CECA, pero yo le dije que yo lo conocía y que él no era el presidente, y [me contestó] que si no se la firmaba entonces iba a ir a la corporación municipal para que ellos lo hicieran; y así sucedió, la mayoría votó a favor de la constancia», dice el alcalde.
El acta era para reemplazar a René Omar Panchamé por Kevin Panchamé. El primero es uno de los accionistas de la empresa CECA y el segundo, según documentos, es el jefe de planta de la hidroeléctrica. Según el alcalde, estos movimientos se dan a raíz del conflicto en la comunidad de Sazagua, y por la avanzada edad de Omar Panchamé.
Contactamos a Kevin Panchamé para una entrevista sobre el caso y que nos diera su versión de los testimonios incluidos en este reportaje, pero hasta el cierre no habíamos recibido respuesta a la solicitud de entrevista.
Finalmente, en junio de 2018, Serna no solo aceptó el aumento de potencia de la hidroeléctrica, sino que dejó sin valor y efecto la solicitud de una nueva licencia ambiental a CECA, y justificó el desplazamiento de la construcción de la presa de Sazagua con el mismo argumento de la empresa desarrolladora del proyecto: reducir los impactos ambientales.
Pero la empresa no se salvó de pagar una multa debido a la presentación extemporánea de los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales correspondientes al primer y segundo semestre del 2013 y al primer semestre del 2014. En 2020, otro apoderado legal de CECA solicitó una amnistía para no pagar multas, petición que fue denegada por la Serna; posteriormente, la empresa pagó una multa de 101,000 lempiras.
Además, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló en una investigación de 2016 que el comité operativo de la hidroeléctrica Puringla-Sazagua declaró el inicio de operación comercial de la planta en abril de 2015, sin haber realizado pruebas de capacidad para determinar la potencia real del proyecto, como lo exige la cláusula 13 del contrato entre CECA y el Estado.
En una auditoría realizada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el TSC encontró que, en 2015, el comité operativo del proyecto suscribió un acta de 2010, en la que se certifica que la prueba de capacidad no se realizó porque el caudal del río no lo permitió, pero aun así se certificó el inicio de operación comercial de la planta hidroeléctrica para 2015.
«Es de aclarar, que a pesar de que el Comité Operativo no realizó las pruebas de capacidad, la empresa generadora de energía eléctrica está funcionando en óptimas condiciones», indicó el TSC, quien recordó que con esto se estaba incumpliendo el contrato suscrito entre CECA y el Estado en 2010.
Aun con las irregularidades e incumplimientos señalados por la institucionalidad hondureña, la hidroeléctrica permanece intacta y vendiendo la energía al mismo Estado.
El aumento de potencia posterior al inicio de operaciones no es un caso aislado en el entramado de concesiones hidroeléctricas en Honduras. En el denominado «fraude sobre el Gualcarque», un caso en el que estuvieron coludidos funcionarios de distintas instituciones estatales con banqueros y empresarios para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en el departamento de Intibucá, también se registró entre las irregularidades el aumento de potencia.
Berta Cáceres, lideresa lenca y ambientalista asesinada en 2016, fue frontal en la lucha en contra de este proyecto que amenazaba a su comunidad y a su modo de vida. Tres años después de su asesinato, en 2019, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (antes Ufecic, ahora Uferco), con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), presentó este caso, en el que se señaló a 16 personas por los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Una de las personas señaladas por este caso y también por el asesinato de la ambientalista fue David Castillo, un exmilitar con formación en Estados Unidos y presidente de la empresa desarrolladora del proyecto. Castillo fue condenado en 2021 a 22 años de carcel por el asesinato, y en noviembre de este año también fue condenado junto a otros dos exfuncionarios a cinco años de cárcel por su involucramiento en el caso Fraude sobre el Gualcarque.
Harald Waxenecker, sociólogo que realizó el peritaje en el juicio en contra de Castillo en 2021, explica que el aumento de potencia no representa solo una irregularidad en el desarrollo de esos proyectos, sino que también evidencia la influencia del sector privado en las instituciones a la hora de aprobar este tipo de acciones.
«Cuando realicé la revisión documental pude identificar las ausencias de evidencia clara de por qué se autorizan esas ampliaciones, pero no logré profundizar mucho más allá sobre cómo se dio esto; aquí definitivamente se sobreentiende que los actores privados y públicos incurren en una lógica de corrupción al aumentarlo», dice Waxenecker sobre el caso del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El caso de Puringla-Sazagua es similar, pues en su momento la Serna señaló el aumento de potencia como una irregularidad al no estar consignada en la fase de factibilidad del proyecto, pero tiempo después dio por aceptado el aumento sin dar explicaciones, al menos en papel.
«Cuando se trata de aumentar la producción energética obviamente se modifica la construcción, se incrementa generalmente también el volumen de la construcción y el costo de la construcción, y eso de nuevo involucra también a los grupos de financiamiento internacional. Estos tampoco son novatos en el tema; deberían entender a la perfección también que estas dinámicas son delicadas y generalmente no cumplen con los estándares que deberían respetarse para obtener un incremento del financiamiento internacional», dice el sociólogo.
Aunque estos proyectos se edificaron hace más de una década, las comunidades continúan en conflicto; las personas que se oponen a los proyectos siguen siendo criminalizadas y muchos y muchas campesinos que antes vivían de la cosecha en sus tierras son obligados a irse de su comunidad, una en la que la empresa les prometió desarrollo y en su lugar ha traído despojo.
Ante la búsqueda de respuestas, Waxenecker considera oportuno que en Honduras se cree una Comisión de la Verdad que investigue en qué contexto y cómo se dieron estos estos procesos en el país, y que además explique los mecanismos que emplearon y continúan empleando los actores poderosos en las comunidades con el fin de instalar sus proyectos.
Waxenecker dice que el Estado podría tener una oportunidad al crear esta comisión, una que llegue y se siente con las comunidades, con los defensores y defensoras del territorio y los pueblos originarios, y les diga quiénes han estado detrás de las redes de corrupción que ejecutan estos proyectos, y no solo se quede en el discurso de no otorgar más concesiones extractivas.
«Supongo que es poco viable decir que desaparezca un proyecto hidroeléctrico ya construido, en el corto plazo», apunta el sociólogo. «Eso depende del diálogo con las comunidades y con las poblaciones que están en los alrededores. Aquí volvemos al mismo punto: mientras los actores empresariales y políticos sigan manteniendo una forma de actuación prepotente y de criminalización no podría haber un diálogo sobre un resarcimiento en estas dinámicas, primero se deben resolver las asimetrías de poder que existen en esas zonas. Estos son procesos largos, pero que sí podrían traer verdad y justicia».
Familias que dominan el sector eléctrico
Aunque Boris Iván Arévalo Canahuati, gerente general de la desarrolladora de Puringla-Sazagua, parece ser el único al frente de las transacciones y movimientos de la hidroeléctrica, el capital de la empresa se extiende a sus familiares, quienes también son propietarios de esta y otras desarrolladoras de proyectos hidroeléctricos en Honduras.
Boris Iván Arévalo comparte el capital de la empresa CECA con su hermano, Jack Arévalo Canahuati. El padre de ambos, Jack Arévalo Fuentes, ostentó varios cargos en instituciones del Estado encargadas de regular y tomar decisiones en el sector eléctrico de Honduras: fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) entre 1986 y 1990 y presidente de la Comisión de Energía y Combustibles del Congreso Nacional entre 1998 y 2002. Además, fue diputado por el Partido Liberal en tres períodos distintos: de 1990 a 1994, de 1997 a 2001 y de 2002 a 2006, los primeros dos por el departamento de Cortés y el último periodo por el departamento de Francisco Morazán.
Uno de sus hijos, Jack Arévalo Canahuati, es vicepresidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), una organización que participa activamente en las negociaciones sobre reformas al sector eléctrico en Honduras.
Dentro de los propietarios de CECA también están Marco Tulio Gámez Pachamé (quien ya falleció, pero continúa apareciendo en el listado de propietarios de la empresa), René Omar y José Darío Pachamé. El propietario mayoritario de CECA es la empresa Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon), con el 50 % de las acciones de la empresa desarrolladora de la hidroeléctrica en La Paz.
Cuatro de los cinco propietarios de Prodecon también son propietarios de CECA: Marco Tulio Gámez Panchamé, Rolando Federico Paguada Barahona, Luis Alonzo Alvarado Sagastume y René Omar Gámez Panchamé.
Prodecon es parte de un listado de 30 personas naturales y jurídicas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mandó a investigar en 2019 por su relación con Juan Antonio «Tony» Hernández Alvarado, procesado por narcotráfico y tráfico de armas en 2021.
Contracorriente reveló en un reportaje cómo Prodecon y Tradeco, ambas en el listado de empresas vinculadas a «Tony» Hernández, continúan operando en el gobierno actual y son favorecidas con contratos del Estado. En el caso de Profesionales de la Construcción, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) le adjudicó seis contratos entre marzo y abril de del año pasado para la construcción de proyectos de infraestructura vial, valorados en aproximadamente 69 millones de lempiras,
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Los propietarios de CECA también han participado en otros proyectos hidroeléctricos controversiales en Honduras. Uno de ellos es el proyecto hidroeléctrico río Petacón, en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán.
Aunque más del 97 % de las acciones de Promotora de Generación de Energía Limpia (Progelsa) pertenece a Sociedad Sistemas Integrales Energéticos de Honduras, S. A., y el 1 % pertenece a Investment Corporation S. A., el resto se reparte entre los hermanos Erika, Jack y Boris Arévalo Canahuati, junto a su padre Jack Arévalo Fuentes, quienes se convirtieron en accionistas de la empresa en 2023. Boris Iván Arévalo se convirtió en presidente de la misma en ese año.
La instalación de esta represa en Reitoca tiene una historia similar a la de Puringla-Sazagua: se instaló sin consulta previa libre e informada al pueblo lenca, ha criminalizado a quienes se oponen a su instalación y se han registrado daños en las fuentes de agua que antes abastecían y daban trabajo a la comunidad.
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Los propietarios de CECA también coinciden con los de las empresas COMGELSA, Acqua Futura y G. A. Energy. CECA y COMGELSA, desarrolladora de la hidroeléctrica Cececapa en Ilama, departamento de La Paz, comparten ocho de nueve propietarios; Acqua Futura S. A. de C. V., desarrolladora de la hidroeléctrica San Alejo en el departamento de Comayagua, tiene a Boris Iván Arévalo como su representante y secretario; y Jack y Boris Arévalo Canahuati fueron propietarios hasta 2010 de G. A. Energy, responsable de las represas hidroeléctricas Zinguizapa y Río Blanco La Puerta, en el departamento de Francisco Morazán.
El capital de los Arévalo Canahuati y de los accionistas de la empresa desarrolladora de Puringla-Sazagua no se reduce al sector energético del país. Al menos otras 19 empresas hondureñas son propiedad de estas personas, incluyendo inmobiliarias, mineras, supermercados y consultoras financieras. Los propietarios de CECA son dueños de al menos 114 propiedades en distintas partes de Honduras.
Contactamos a Boris Iván Arevalo a través del director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Cantalicio Paz; sin embargo, al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta a las preguntas enviadas sobre este caso.
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En el último año, al menos 40 personas han partido de Sazagua hacia los Estados Unidos. José piensa en su hija y su nieta, quienes hace poco partieron de la comunidad con coyotes para reunirse en ese país con el yerno de José. Era la última que faltaba de sus hijos para salir de la comunidad.
«Si a nosotros nos hubieran dado empleo aquí, ¡qué vamos a estar migrando!», dice José, moviendo las manos para enfatizar la idea e imaginando lo distinta que podría ser la realidad para su familia si estuvieran en otras condiciones.
Él también fue desplazado de su comunidad, y ahora vive en un municipio aledaño por temor a repercusiones a causa de la defensa del río y la lucha por la recuperación de sus tierras. Abandonó por miedo su casa en la comunidad que lo vio crecer; la policía ha llegado tres veces ahí después de que cercaron sus propiedades, en el lugar donde está construido el canal de la empresa.
1 comentario en “Hidroeléctrica construida irregularmente en tierras de la reforma agraria amenaza a comunidad indígena en Honduras”
Muchas Felicidades, es un excelente reportaje, que desnuda como la clase politica y economica del pais, con trafico de influencias han dividido las comunidades y violentado los derechos de los pueblos indigenas en Honduras.