Texto y fotografías: Fernando Destephen.
La noche del domingo 6 de octubre, el pueblo garífuna organizado de Nueva Armenia, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, aprobó en asamblea recuperar tierras ancestrales en poder de la empresa aceitera Palmas de Atlántida, propiedad de los herederos del magnate de la palma, Reynaldo Canales.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció en un comunicado que ese día hubo hostilidad y presencia de miembros de la Policía Nacional y guardias de seguridad armados de la empresa Palmas de Atlántida, además de unos ocho vehículos sin placa.
A medianoche, los miembros del grupo se alertaron por los movimientos de las patrullas de la policía y guardias de la empresa; varios disparos se escucharon a lo lejos, en medio de la oscuridad. Sus sospechas se confirmaron: era una emboscada. Dos personas resultaron heridas en el campamento, una en el cuello y otra en el abdomen. Así comenzó el segundo día de la lucha por recuperar 250 hectáreas de tierra ancestral, ocupadas por una empresa que, desde hace tres décadas, ha explotado y exportado sus frutos sin ningún beneficio para la comunidad.
«Algunas de las tierras que fueron tituladas para nosotros están en manos de terceros porque el IP [Instituto de la Propiedad] ilegalmente se las ha cedido a otras personas», explica Mabel Robledo, lideresa de la Ofraneh, quien encabeza las acciones de recuperación en esta región de la costa norte hondureña.
Mabel explica que las tierras que se están recuperando son ancestrales, concedidas a la comunidad garífuna de Nueva Armenia en 1887. Agrega que tienen documentos y un mapa que demuestra que las 1,600 hectáreas comprendidas entre Playa del Este, la orilla del río Papaloteca y las comunidades El Corazón y El Cacao les pertenecen; sin embargo, debido a la fertilidad de la zona para la agricultura, siempre han estado en el blanco de las grandes empresas agroindustriales que imponen el monocultivo de moda, la palma africana.
Primero, entre 1899 y 1975, el banano dominó las plantaciones de la región, con varias empresas en operación; la más reconocida fue la Standard Fruit Company, que finalmente devolvió las tierras en 1948. Posteriormente, por un breve período, las tierras pasaron a ser plantaciones de coco, hasta que en 2012 la superficie cultivada se redujo a aproximadamente 1,100 hectáreas debido al daño causado por las plagas de amarillamiento letal del cocotero y la pudrición del cogollo. Actualmente, las plantaciones son en su mayoría de palma africana, cultivo que llegó a Honduras en la década de 1940. La superficie de palma africana se duplicó entre 2004 y 2017, pasando de 69,000 a casi 150,000 hectáreas.
Sobre el conflicto con la empresa Palmas de Atlántida, la gente en la comunidad cuenta que hace unos años hubo un diálogo entre ellos y la empresa, pero en septiembre de 2023 se retiraron sin explicación. En general, la situación de la tierra es complicada porque hay títulos sobre títulos emitidos por instituciones del Estado.
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Tras 14 días de haber iniciado la recuperación en Nueva Armenia, hay grandes troncos de palma bloqueando los caminos de entrada a la tierra, que impiden que los camiones de la empresa sigan sacando la fruta.
Varios rótulos llevan escrito «policía racista», señalando la indiferencia y neutralidad de las fuerzas de seguridad del Estado, que favorecieron a los guardias de la empresa que le dispararon a dos personas la noche del 7 de octubre. En el acceso a una de las plantaciones también cuelga un mapa ancestral que muestra la extensión total de lo que están intentando recuperar.
Para reforzar la seguridad, otros troncos, algunos de casi un metro de diámetro, han sido apilados en forma de muro para impedir el acceso de vehículos desconocidos y proteger el campamento, ahora bautizado como «Comunidad Barauda».
Cada núcleo familiar limpia su terreno y colabora en labores comunes como cocinar, quemar restos de palma, perforar un pozo, acarrear basura, cuidar a los niños y niñas, y transportar materiales. Poco a poco, están construyendo una comunidad desde cero.
Están creando una comunidad autosuficiente, tal como ocurrió en otra recuperación, la de El Cayo, un área cercana a Barauda. En esta recuperación, ya hay familias asentadas que cultivan yuca, guayabas, limones y plátano, y crían gallinas, logrando una independencia alimentaria en sus hogares.
También quieren una comunidad segura donde puedan caminar tranquilos. Mabel, por ejemplo, solo lo hace a horas determinadas y en ciertas partes, nunca sola. Ha sabido que dos sicarios la buscan, y ha visto a personas desconocidas rondando cerca del límite del campamento.
Mabel, lideresa del campamento, de 37 años, es abogada con una maestría en criminología, y sirvió en la Policía Nacional durante más de 20 años antes de su despido injustificado, el cual actualmente busca revertir en los tribunales. A pesar de su pasado en la policía, ganó la confianza de la comunidad garífuna gracias a su liderazgo. Ella asegura que su propósito ha sido guiado por sus ancestros, y que está lista para liderar la recuperación de tierras, movida por una razón clara: «Tenemos hambre».
A pesar de los 30 años de explotación de la tierra por parte de la empresa, la comunidad no ha visto mejoras sustanciales. Mabel señala que solo han ofrecido algunos empleos temporales. Por eso son los miembros de las comunidades recuperadas quienes tienen que atender sus propias necesidades; por ejemplo, en La Colonia (recuperación realizada en los años noventa) han comenzado la construcción de una cancha multiusos, con el apoyo de personas que envían sus remesas para apoyarles.
Las recuperaciones de tierra no son decisiones improvisadas; estas acciones se consultan previamente con la comunidad y responden a una lógica de recuperar lo que históricamente les pertenece. Mabel explica que la comunidad se cansó de vivir en hacinamiento mientras están rodeados de tierra ancestral y mar. Además, la empresa que explota la tierra no ha cumplido con las promesas de mejorar su calidad de vida ni les brinda oportunidades de empleo. Esa hambre de justicia social, según Mabel, despertó en ellos la conciencia de su valor como pueblo originario, al ver cómo se les limitan incluso los accesos al mar.
Es irónico que todo esto ocurra en Nueva Armenia, una de las vías de acceso a los Cayos Cochinos, donde se graba Supervivientes, un programa extranjero de televisión sobre supervivencia en lo salvaje, en el que los participantes deben arreglárselas en condiciones extremas, pero siempre bajo la protección de una fuerza naval que aleja a los pescadores locales. Mientras tanto, los garífunas luchan por sobrevivir en sus propias tierras, sin premios ni reconocimiento, y sin que nadie vele por su seguridad.
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En el campamento, el punto de reunión es la cocina. Las mañanas comienzan con café y «caballito», una galleta dulce y gruesa de harina, azúcar, canela y jengibre. A poca distancia de la cocina, el sonido de las palmas cayendo al suelo hace temblar levemente la tierra, mientras el aire helado del amanecer refresca el ambiente. Unas veinte palmas yacen en el suelo, un recordatorio dirigido a los guardias de la empresa Palmas de Atlántida; «para que cada vez que pasen y vean, les duela que ya no hay palma», comenta un integrante del grupo.
Una de las primeras acciones en el campamento fue limpiar de palma la entrada y comenzar a sembrar cocos en su lugar. Este acto simbólico no solo representa la recuperación de la tierra, sino también la revitalización de sus cultivos tradicionales, un paso hacia la reconstrucción de su vínculo con la tierra que les pertenece.
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El conflicto de tierra no es ni nuevo ni únicamente de este gobierno. Según datos de organizaciones campesinas citados en un reportaje de Mongabay, el conflicto agrario ha cobrado aproximadamente unas 200 vidas en la última década, solo en el Valle del Aguán, y no parece haber solución, solo más sangre corriendo alrededor de las tierras en conflicto y de los pueblos originarios que buscan soberanía alimentaria y recuperar su cultura.
El 14 de octubre de 2024, en la comunidad garífuna de Punta Piedra, ubicada a 184 kilómetros de Nueva Armenia, la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) inició formalmente la devolución de tierras al pueblo garífuna. Este conflicto data de 1993, y fue en 2015 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado hondureño responsable por la violación de los derechos de propiedad colectiva de Punta Piedra.
El evento de CIANCSI, realizado en el centro comunal de Punta Piedra, en Iriona, Colón, contó con la presencia del canciller Enrique Reina, representante de la presidenta Xiomara Castro. Reina destacó que «este acto simboliza el reconocimiento del Estado de Honduras a los derechos de las comunidades garífunas sobre sus tierras ancestrales».
En contraste con esa acción y la retórica oficialista, en Nueva Armenia miembros del campamento han denunciado que, durante la primera semana de octubre de 2024, agentes de la Policía Nacional asignados a la zona intimidaron y hostigaron a los residentes, encubrieron las acciones de los guardias de la empresa y utilizaron vehículos oficiales para transportar y esconder a civiles armados.
Con el reciente nombramiento de una nueva jefatura regional, se ordenó el traslado de los agentes involucrados en las intimidaciones. Contracorriente solicitó una entrevista con la subcomisionada Martha María Bu Cruz, nueva jefa regional de La Ceiba, pero no obtuvo respuesta. También se contactó a la subinspectora Angelina Galeas, vía WhatsApp, para consultar el motivo del traslado de los agentes y si existe una investigación en la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) en relación con las denuncias presentadas, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.
Tras varias semanas de intimidación y los incidentes de la noche del 7 de septiembre, la tensión en la zona disminuyó, luego de la visita hecha el viernes 11 de octubre por parte de representantes de la Secretaría de Seguridad, la jefa regional de la Policía Nacional, el Fiscal General Adjunto, el viceministro de Seguridad, un delegado del Instituto Nacional Agrario (INA), representantes de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y del Mecanismo de Protección, quienes evaluaron la situación tras los incidentes violentos y los heridos de bala en el campamento.
Sin embargo, el pasado 7 de noviembre Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, apuntó en la red social X que el hostigamiento en contra de la comunidades recuperadas continúa y se agudiza. Miranda adjuntó un video en el que se observa a supuestos miembros de la seguridad privada de la empresa Palmas de Atlántida, con armas de diferente calibre, junto con oficiales de la policía, intimidando a personas de las comunidades. La lideresa garífuna finalizó su publicación exclamando: «Realmente tenemos una masacre!!!»
La violencia criminal contra el pueblo garífuna no es nueva. En los últimos años varios líderes y lideresas han sido perseguidos, criminalizados y asesinados. Uno de los casos más graves que permanece en impunidad es la desaparición en julio de 2020 de los cuatro líderes garífunas Albert Snaider Centeno Thomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, y Gerardo Misael Róchez Cálix. El 11 de noviembre, diario La Prensa publicó una nota en la que apuntaron que la Policía Nacional ya había resuelto el caso, responsabilizando al crimen organizado de las desapariciones.
Sobre las afirmaciones de la Policía, Miriam Miranda señaló en una red social que las víctimas fueron sacadas de sus casas en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19, y que en ese tiempo nadie circulaba más que la policía.
«Entonces cómo es que entró y salió ese comando impunemente de la comunidad de Triunfo de la Cruz? No nos vengan con ese cuento de Caso Cerrado», señaló la lideresa garífuna.
