Pescadores artesanales hondureños hicieron un llamado urgente para frenar la expansión de la industria pesquera, que ante la falta de regulaciones ha puesto en riesgo especies marinas y arrecifes vitales para las comunidades locales. A esto se suma la creciente amenaza de concesiones de gas, petróleo y carbón que amenazan los océanos. Las demandas se presentaron en la Cumbre de la Biodiversidad (COP16), celebrada en Cali, Colombia, con la participación de delegaciones de 190 países para discutir asuntos pendientes y sugerir nuevos mecanismos o herramientas para preservar la biodiversidad.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: María Celeste Maradiaga y Carolina Sánchez
En la Cumbre de Biodiversidad (COP16), celebrada en Cali, Colombia, los pescadores de Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Las Bahamas, República Dominicana y Santa Lucía llegaron al evento con camisetas de distintos colores y diseños, y con una exigencia clara y contundente: el derecho a la pesca artesanal en pequeña escala para proteger la biodiversidad y el medioambiente.
La acción no pasó desapercibida. Lo que empezó con los pescadores portando camisetas con los puntos específicos que solicitan a las autoridades, organizaciones y lobby presentes en la cumbre, también captó la atención de la seguridad y autoridades del evento, quienes calificaron la acción como una amenaza al orden o un mitin. El malentendido se solucionó, pero las exigencias prevalecieron y durante la semana, el grupo de pescadores realizó una conferencia de prensa expresando sus necesidades y exigencias.
Entre este grupo de pescadores estaban Marcio Orlando Rivera y German Danilo Hernádez, pescadores hondureños que piden garantías de acceso preferencial, poder comanejar el 100 % de las zonas costeras, que se reconozca la construcción de comunidades resilientes como ellos para enfrentar el cambio climático y, quizás la más importante, ampliar el permiso a 12 millas después de la costa para poder realizar la pesca artesanal.
German Hernández, quien es presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de La Ceiba y representante de las 23 organizaciones dedicadas a la pesca artesanal en el departamento de Atlántida, manifestó que es necesario que el Estado tenga más control y regule la industria pesquera en esta zona, pues las operaciones de los barcos pesqueros en los departamentos de Atlántida, y de la zona norte en general, han perjudicado las especies marinas y los arrecifes coralinos existentes.
«Nos han llenado de nasas langosteras nuestros bancos pesqueros, nos han invadido y están destruyendo la fauna, el océano y el coral», señaló el pescador. Estas nasas son redes en forma cilíndrica o cuadrada que utilizan las embarcaciones industriales para atrapar crustáceos de manera más efectiva, lo que, según German, afecta en la actividad pesquera artesanal a pequeña escala, algo de lo que viven 40 mil personas en Honduras, según datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Por esta razón, una de las exigencias puntuales y enmarcadas en el contexto hondureño es ampliar de 8 a 12 millas náuticas el área permitida para que los pescadores artesanales puedan operar, y que además no se perjudique al ecosistema marino existente en estas zonas.
La Ley General de Pesca y Acuicultura, publicada en el diario oficial La Gaceta en agosto de 2017, establece que los pescadores podrán realizar operaciones dentro de un límite de hasta tres millas náuticas para la pesca artesanal básica, y ocho millas para la pesca artesanal avanzada a partir de la costa de una playa o alguna isla. Estos límites no han sido suficientes para quienes se dedican a la pesca y viven de ella, por lo cual están en riesgo su modo de vida y su seguridad alimentaria.
Según Javier Gutiérrez, encargado de proyectos de restauración del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el proyecto de las 12 millas náuticas ya pasó la revisión del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF, de la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Recursos Naturales y de la Dirección General de pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Digepesca-SAG), y ahora está en etapa de revisión en el Congreso Nacional.
En cuanto a las afectaciones al ecosistema marino, Gutiérrez señaló que las redes utilizadas en la pesca industrial han ocasionado que los peces y demás especies no se desarrollen de forma adecuada, ya que se entierran al fondo de los bancos pesqueros y arrastran toda la vida marina allí existente.
«Con esto [el aumento de millas para la pesca artesanal] vamos a permitir que la vida marina tenga un mejor desarrollo, y a la vez este es un beneficio para las comunidades, porque las comunidades que salen con sus embarcaciones artesanales no tienen la capacidad de competir contra una embarcación grande; es por esto que se ha estado desplazando a la comunidad, limitando la disponibilidad de los peces con distintos recursos», indicó Gutiérrez.
La demanda de los pescadores se corresponde con la meta 10 del marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, definido en 2022 durante la COP15, que tuvo como sede dos ciudades, Kunming, China, y Montreal, Canadá. Este acuerdo suscrito por los países que integran al Convenio de Diversidad Biológica –entre ellos Honduras— vino después de que no se cumplieron las metas Aichi para preservar la biodiversidad en 2010.
La meta 10 del marco Kunming-Montreal hace énfasis en que los espacios dedicados a la agricultura, acuicultura, pesca y silvicultura (ciencia dedicada al cultivo y formación de los bosques) deben ser gestionados de forma sostenible, y que estas actividades deben aplicarse con prácticas amigables con la biodiversidad biológica y manteniendo contribuciones a la naturaleza, a las personas y a los ecosistemas.
Otro punto, quizás uno de los más importantes en este marco, es lograr que al menos el 30 % de las zonas de ecosistemas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas degradadas sean restauradas efectivamente para el 2030; este compromiso se conoce popularmente como el objetivo 30 x 30.
El ecoturismo en un país que no protege la biodiversidad ni a quienes la defienden
Marcio Rivera, otro de los pescadores que acompañó la acción en la COP16, es director ejecutivo de la Red de Comunidades Turísticas de Honduras y Pesca Artesanal (LARECOTURH)), una organización que promueve el turismo ecológico en las comunidades, cuya propuesta también ha sido planteada como alternativa para preservar las especies y la biodiversidad, en contraste con proyectos turísticos que han sido dañinos con el ambiente.
«Nosotros representamos comunidades que están dentro de las áreas protegidas, y eso nos enlaza a la importancia que tiene esta COP principalmente, que es paz con la naturaleza. Aquí nosotros [las organizaciones] podemos conocer qué es lo que se pretende hacer, todo lo que viene a surgir con el 30/30 que están proponiendo los países; queremos saber qué es lo que está pasando para estar al tanto», explica Rivera. En la organización que dirige están agrupados aproximadamente 454 «emprendedores turísticos» y 800 pescadores artesanales organizados dentro de 26 comunidades.
Según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (Sinaph) del ICF, en Honduras existen 93 áreas protegidas, las cuales están diseminadas en distintas partes del país y cubren aproximadamente 28 % del territorio.
Aunque el decreto que las estableció en 2007 pretende garantizar la gestión sostenible y efectiva de estos territorios en Honduras mediante la planificación, supervisión y evaluación de planes de manejo, estas zonas con alta riqueza en biodiversidad siempre han estado bajo el acecho de otros intereses.
Entre estos casos está la concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras en Colón, la expansión de la palma aceitera en el Parque Jeanette Kawas en Atlántida y las amenazas a quienes defienden la Reserva Biológica Guisayote en Ocotepeque, al occidente de Honduras. Junto con la expansión de los monocultivos y proyectos extractivos, las amenazas y asesinatos a personas que defienden los territorios también es algo que no para en Honduras.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2022 y 2024, más de 30 defensores del ambiente, la tierra y de pueblos originarios fueron asesinados violentamente en Honduras. Uno de estos asesinatos fue el de Juan López, líder ambientalista y defensor del territorio que denunció en reiteradas ocasiones la instalación del megaproyecto Inversiones Los Pinares en Tocoa, Colón.
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Organizaciones rechazan la expansión de proyectos de hidrocarburos en el Caribe
Carolina Sánchez, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, que reúne a distintas organizaciones desde Guatemala hasta Guayana, calificó como «urgente» la necesidad de frenar las concesiones petroleras y los proyectos de gas y carbón en esta región, no solo por las implicaciones negativas que estos tienen en la salud de las personas que viven cerca de dichos proyectos, sino porque atenta a la biodiversidad existente en estos espacios.
«Especialmente en el mar, donde la mayor expansión petrolera se está dando en el mundo, porque la mayoría de las exploraciones son offshore en este momento, hay un montón de riesgos para la biodiversidad marina de la cual dependen un montón de comunidades de la región», explicó Carolina.
En el caso de Honduras sucede lo mismo. Aunque no se está llevando a cabo una expansión de petróleo, el gobierno actual no ha cancelado una concesión petrolera en los Cayos Miskitos, y no se conoce más información sobre la fase de exploración de este proyecto debido a la secretividad en la que opera.
En junio de 2022, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Energía, se reunió con la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex).
En octubre de ese mismo año, Erick Tejada, ministro de Energía, dijo a Contracorriente que la reunión había sido para «forjar una alianza a largo plazo, y que tiene que ver con el tema de transferencia de conocimientos y tecnología».
Al respecto, Carolina Sánchez señaló que los combustibles fósiles no solo representan un daño cuando se da un posible derrame de petróleo, sino que las exploraciones sísmicas en el mar también ocasionan la muerte de las especies que viven en el ecosistema marino que allí habita.
«Estamos tratando de visibilizar que nosotros compartimos un montón de biodiversidad en este gran ecosistema que es el mar Caribe. De hecho, el tema de la conectividad ecológica va a ser muy importante en esta COP16 y eso, por lo menos, es de lo que nosotros estamos hablando, de las especies que compartimos, de las tortugas marinas, de los corales y sobre los riesgos a los que estamos expuestos», finalizó Sánchez.
Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).
