La organización no gubernamental Ayudando con Amor presenta irregularidades en la declaración jurada de 2022 que presentó ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, en la que afirmó no haber ejecutado proyectos ni generado cifras contables. A pesar de ello, existe un convenio firmado el 20 de junio de 2022 donde se estipula un donativo de 39.5 millones de lempiras por parte del Instituto de la Propiedad (IP). La ONG se niega a aclarar si recibió el donativo en 2022 o en 2023, y tampoco ha presentado sus estados financieros correspondientes a 2023.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
La organización Ayudando con Amor, que, como evidenciamos en una publicación anterior, ha sido utilizada por políticos para elevar su perfil ante el electorado y ha recibido millonarios fondos del Instituto de la Propiedad (IP) y del Congreso Nacional (CN) entre 2022 y 2023, no fue suficientemente precisa ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac) en su declaración jurada correspondiente a 2022, respecto a los proyectos ejecutados y las donaciones recibidas ese año.
El 17 de julio de 2024, Contracorriente pidió a la Dirrsac los estados financieros de la organización Ayudando con Amor de los años 2021, 2022 y 2023. La institución respondió con dos declaraciones juradas de la ONG correspondientes a los primeros dos años y un memorando de la directora de la Dirrsac, Flor Salgado, en el que se explica que hasta el 22 de julio de 2024 Ayudando con Amor no había presentado los estados financieros de 2023.
En la declaración jurada de 2022, que fue firmada y certificada notarialmente hasta el 7 de diciembre de 2023, es decir, un año después del año declarado, la presidenta de Ayudando con Amor, Claudia Álvarez, afirmó que ese año no se desarrollaron proyectos de ninguna índole y que no se generaron cifras contables para reportar.
«Ayudando con Amor, en el año 2022, se enfocó en estructurar y conformar completamente la estructura organizacional, el plan operativo de actividades y la logística necesaria para el funcionamiento», indicó Álvarez en la declaración jurada, que está certificada por el notario Laureano Carbajal Rivas, actualmente procesado judicialmente por delitos de falsificación de documentos públicos.
Sin embargo, Contracorriente pudo identificar que esta información contiene irregularidades y ambigüedades, ya que Ayudando con Amor firmó el 20 de junio de 2022 un convenio de cooperación técnica con la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP), durante la administración de Darío García como secretario ejecutivo, para la entrega de 3,200 kits de emprendimiento y gastos logísticos como capacitaciones, personal técnico, movilización y entrega de los kits.
Dicho convenio estipulaba una donación de 39.5 millones de lempiras, efectuada por el IP en cuatro desembolsos. La ayuda, que supuestamente se distribuiría en 11 departamentos del país, consistía en kits de emprendimiento que incluían asadores de pollo, estufas, planchas, freidoras y productos de belleza.
Contracorriente consultó a Claudia Álvarez, presidenta de Ayudando con Amor, si la donación se había efectuado en 2022. Vía telefónica, contestó lo siguiente: «No sé de qué me habla; no manejo la información. Ante todo lo sucedido, no puedo hablar por este medio. Podemos hacerlo por la vía legal y con gusto responderemos a las preguntas».
No obstante, el convenio cuenta con la firma de Álvarez y de la entonces coordinadora técnica de la UCP del IP, Cristy Sánchez. El convenio indicaba que un primer desembolso de más de 5.9 millones de lempiras se efectuaría después de la suscripción del convenio y de la entrega del primer producto.
De igual modo, el documento consignaba que el acuerdo tendría vigencia a partir de la fecha de suscripción y que la ejecución del proyecto se llevaría a cabo en un período de seis meses contados desde la fecha del primer desembolso. Sin embargo, Claudia Álvarez se negó a informar a este medio sobre cuándo se efectuó el primer pago o si existió alguna adenda al convenio que justificara retrasos en la entrega del primer producto y, por ende, en la recepción del primer desembolso.
El convenio entre el IP y Ayudando con Amor fue suscrito 16 días después de que se ordenara la liquidación del fideicomiso que sirvió como fuente de financiamiento para el proyecto, y apenas tres días después de que la ONG experimentara un cambio en su junta directiva. El 17 de junio de 2022, Claudia Álvarez y tres personas más habían asumido sus cargos en la junta directiva que continúa en funciones hasta la fecha, según los registros de la Dirrsac.
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Contracorriente intentó obtener una respuesta de la Dirrsac respecto a las irregularidades encontradas en la declaración jurada de Ayudando con Amor. Inicialmente, solicitamos una entrevista con Flor Salgado, directora de la Dirrsac, pero se nos comunicó que estaba de baja médica y que regresaría a sus funciones en octubre.
En su lugar, fuimos atendidos por Nasry Medardo Hernández, quien se negó a informar cuál es el cargo que tiene dentro de la Dirrsac. A pesar de que observó las inconsistencias en las declaraciones juradas de Ayudando con Amor, el funcionario se limitó a afirmar que la institución no puede hacerse responsable de lo que las organizaciones declaran, y nos sugirió pedir explicaciones a la ONG.
«La ley [de Fomento para las ONG] establece que lo contenido en las declaraciones juradas es responsabilidad exclusiva de las ONG y no de la Dirrsac», aseveró.
Cuando le consultamos acerca de que la Ley Especial de Fomento para las ONG también estipula que el incumplimiento de la presentación de estados financieros conlleva la cancelación de la personalidad jurídica, respondió de forma superficial: «No se imagina la cantidad de ONG que están actualmente con ese problema».
Controversia rodea al convenio entre el IP y Ayudando con Amor
El convenio de cooperación entre el IP y Ayudando con Amor ha sido cuestionado por funcionarios del gobierno de Xiomara Castro, entre ellos el exsecretario de Finanzas, Marlon Ochoa, y el secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, por supuestamente haber sido utilizado para entregar los kits sin ningún seguimiento al fomento del emprendimiento, y como estrategia para favorecer al diputado del Congreso Nacional (CN) Jorge Cálix, quien es actual precandidato presidencial por el Partido Liberal y antes lo fue por el oficialista Partido Libre, del que se desligó el 16 de julio de 2024.
El 30 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención del Instituto de la Propiedad (IP) debido a la falta de registros confiables y violaciones legales en el manejo de más de 18,000 millones de lempiras desde 2015. Se denunciaron irregularidades en la construcción de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales, entre otras.
Simultáneamente, el Ministerio Público (MP) abrió líneas de investigación en relación a la inadecuada administración de recursos por parte del IP en ese período y presentó un requerimiento fiscal contra su exsecretario ejecutivo Ebal Díaz, quien se encuentra prófugo de la justicia tras haber obtenido en 2022 la nacionalidad nicaragüense, país que prohíbe la extradición de sus ciudadanos. El MP negó a Contracorriente dicho requerimiento fiscal cuando lo solicitó vía información pública.
En el caso de la gestión de Darío García —cercano a Cálix— como secretario ejecutivo del IP, entre el 1 de marzo de 2022 y el 10 de febrero de 2023, se habrían mal utilizado 1,000 millones de lempiras del fideicomiso del Banco Lafise Honduras S.A., que era administrado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y estaba destinado a la modernización del registro vehicular.
A pesar de que el CN derogó el decreto del fideicomiso el 4 de junio de 2022, el IP no reportó los fondos disponibles a la Secretaría de Finanzas. El 13 de junio de 2024, el exsecretario de Finanzas, Marlon Ochoa, denunció que, para junio de 2022, el monto no reportado superaba los 2,000 millones de lempiras, y que para julio de 2023 se había reducido en cerca de 1,000 millones.
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Cuando el 30 de mayo se dio a conocer que la Fiscalía estaba investigando el inadecuado uso del fideicomiso utilizado para financiar la donación de 39.5 millones de lempiras a Ayudando con Amor, Jorge Cálix, que todavía militaba en el Partido Libre, subió un video a sus redes sociales frente al MP, asegurando que el fiscal general Johel Zelaya y Rixi Moncada, actual precandidata presidencial por el partido de gobierno y recientemente nombrada secretaría de Defensa, estaban llevando a cabo una persecución contra él y sus personas cercanas.
Actualmente, Darío García es coordinador de campaña del movimiento Juntos por el Cambio del Partido Liberal, que apoya a Jorge Cálix de cara a las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
Qué más sabemos de Ayudando con Amor
En el reportaje Ayudando con Amor, una ONG para el proselitismo político, expusimos los vínculos del primer apoderado legal de esta ONG, Junior Toscano, con los exdiputados Fredy Nájera y Dennys Sánchez. Nájera está sentenciado por una corte federal de Nueva York a 30 años de prisión por narcotráfico, y Sánchez enfrenta actualmente un proceso judicial por el desvío de fondos asignados por el Congreso Nacional (CN) a una ONG.
De igual modo, informamos sobre la relación del diputado Ernesto Lezama, actual vicepresidente alterno VI del CN, con Ayudando con Amor. El congresista ha utilizado la ONG con fines proselitistas mediante la construcción de obras sociales en su departamento, Choluteca, utilizando fondos de las subvenciones que otorga el Congreso sin registros de liquidación o beneficiarios. Entre 2023 y 2024, los montos erogados por subvenciones suman 352 millones de lempiras, adicionales a los 21.9 millones que ese poder del Estado ha donado a ONG en el mismo período.
Además, revelamos que uno de los actuales directivos de Ayudando con Amor, el vocal Henry Joel Solórzano Chávez, laboró en el Programa de la Red Solidaria, dependiente del Poder Ejecutivo, entre el 2 de mayo y el 30 de septiembre de 2023. Otro directivo, el tesorero Bairon Josué Berríos Salinas, tiene actualmente un contrato de servicios laborales en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, lo que plantea dudas sobre posibles conflictos de interés.