En 2021, en su primer mandato, el Gobierno de Nayib Bukele invitó a oenegés y universidades a participar en la redacción de una nueva ley de minería metálica. Mientras esto ocurría, un grupo de extranjeros y una empresa, esta última relacionada con una transnacional minera que operó en Honduras, llegaron a San Isidro, El Salvador, tanto a realizar supuestas labores sociales como a comprar terrenos con potencial minero. En junio de 2024, Bukele inició su nueva administración después de su reelección inconstitucional y una de sus apuestas, según las fuentes consultadas, es reabrir la minería en uno de los pocos países que mantiene una prohibición absoluta desde hace siete años.
Texto: David Ernesto Pérez (Revista Elementos) y Celia Pousset (Contracorriente)
Fotografías: Camilo Freedman (El Salvador) y Jorge Cabrera (Honduras)
Portada: Revista Elementos
Edición: Jenifer Ávila y Nelly Luna
A finales de noviembre de 2021, Elmer Edmundo Ortiz Martínez estaba en su negocio —un molino en el que también funciona una especie de pequeña oficina en la que recibe a quienes le visitan— cuando dos hombres que se identificaron como inversionistas peruanos asomaron por el filo de la puerta y le aseguraron que estaban interesados en escuchar, de su boca, todo lo que pudiera contarles acerca de la situación cultural, histórica, económica y política del municipio San Isidro, en el departamento de Cabañas, El Salvador, lugar en donde vive.
Aunque en ese momento el exfuncionario municipal sanisidrense no tenía claro cuáles eran las razones detrás del interés de aquellos peruanos, que se presentaron únicamente como Martín y Ever, les invitó a sentarse y, sin exigirles credenciales sobre su oficio o dónde trabajaban, respondió todas las preguntas que le hicieron. Terminaron de conversar y los visitantes se marcharon.
Unas tres semanas después regresaron, esta vez identificándose como consultores de algo que llamaron Instituto de Desarrollo Agrícola del Perú, que en ocasiones llamarían Instituto para el Desarrollo Socioeconómico Cultural Agrario (Indeca), del que no existe registro de su existencia en el país suramericano; en otras, dirían solamente que eran empleados de una empresa fundada en el Perú, pero sin especificar el nombre.
Esta vez, los visitantes le comunicaron a Ortiz que habían elegido al departamento, y en particular a San Isidro, para invertir todo el dinero posible en «responsabilidad social», porque en las estadísticas oficiales habían encontrado que era uno de los municipios más pobres del país más pequeño de Centroamérica.
Y era cierto. Según el Estudio Territorial de la Región Cabañas, más de 5 mil personas viven en pobreza relativa o extrema, tienen acceso únicamente a un hospital departamental y a un centro local de salud, el territorio tiene alta vulnerabilidad a inundaciones y deslaves en época lluviosa, entre otros. De hecho, en 2020 la Universidad de El Salvador (UES) clasificó a la localidad, ubicada a 73 kilómetros de distancia de San Salvador, como una con los más bajos índices de desarrollo humano en el país.
En los siguientes meses de 2022 «los peruanos», como se les llamó en las comunidades, recorrieron una parte de San Isidro, pero también los vecinos municipios de Sensuntepeque, Guacotecti e Ilobasco, escuchando las necesidades más urgentes y ofreciendo financiamiento para emprender algunos proyectos productivos que, a futuro, podrían ayudar a mitigar esas necesidades. Desde mayo de 2021 todos esos municipios, y la mayor parte del país, son gobernados por Nuevas Ideas, el partido que el presidente Bukele fundó con sus amigos y su familia.
Allan Alcyr Serrano Iraheta, síndico de la alcaldía de San Isidro, contó que en noviembre de 2022 «los peruanos» invitaron al alcalde del municipio, Gustavo Adolfo Andrade Iraheta, del Partido Nuevas Ideas, a una reunión a la que él también acudió. Ese día conocieron a Martín Alejandro Ortiz Tenorio, Francisco Antonio Ayala Izquierdo y a Carlos Cabrera, tres del grupo de cinco peruanos.
En su perfil en Linkedin, Ortiz Tenorio se presenta como especialista en conflictos sociales que trabaja para el Ministerio de Energía y Minas del Perú, donde aparece inscrito como empleado. En su sitio en línea esa institución registró un pago a su favor.
El Ministerio de Energía de ese país también registra como uno de sus empleados a Ayala Izquierdo. En la resolución 236-2019-MEM/OGA ordena el pago de un dinero para él y, además, en la resolución RD-548-2015-OGA también manda cancelar un monto a su favor por «talleres informativos sobre mecanismos de participación ciudadana en el marco de actividad minero energético» en Cusco. En una publicación del perfil en Facebook Calca para los Calqueños, de fecha 30 de noviembre de 2015, puede verse una fotografía suya hablando a un grupo de personas con el comentario: «El señor Francisco Ayala Izquierdo coordinador del Minem en Cusco».
Tanto de Cabrera como de la persona que se identificó como Ever fue imposible obtener más información.
Serrano también contó que, en la reunión con el alcalde, ellos se negaron a hablar de minería. Más bien insistieron en decir que contaban con 100 millones de dólares para invertir, aunque nunca aclararon el origen del dinero ni el rubro en el que pretendían incursionar.
Antes de esa reunión, sin embargo, ya se habían convertido en los inverosímiles filántropos que, con dinero de origen incierto, pagaron la compra de uniformes deportivos y la organización de torneos de fútbol, tanto masculinos como femeninos; compraron máquinas centrifugadoras y estampadoras para regalarlas a los apicultores; financiaron la construcción de invernaderos para los agricultores y reservorios de agua para los piscicultores; y también donaron instrumentos musicales para las bandas juveniles.
A mediados de julio de ese año, coincidiendo con las fiestas en honor a Santiago Apóstol, llegaron a Potrero de Batres, reunieron a cuatro apicultores originarios de ese cantón sanisidrense y les ofrecieron comprarles todos los equipos que necesitaran para la crianza y el cuidado de las abejas, así como también para comprar miel y otros productos. Ellos lo aceptaron.
«No me pareció lógico que venga alguien solo a regalar por regalar», dijo una persona a la que llamaremos José, uno de los apicultores, quien solicitó que no se revelara su verdadera identidad.
Juan, que también por seguridad solicitó no ser identificado, detalló que con el dinero obtenido por los extranjeros se financió la construcción de un reservorio más en cantón El Volcán, de Sensuntepeque, así como también dos invernaderos, uno en El Camalote, San Lorenzo, y otro en Ilobasco. A él lo contrataron para capacitar a las comunidades en la importancia de los invernaderos y siempre le pagaron con dinero en efectivo, excepto una vez que recibió una transferencia bancaria.
Ambos pidieron no ser identificados por temor a represalias y a la vigencia del régimen de excepción que, desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada capturar a más de 70 mil personas sin orden judicial previa, únicamente por sospechas, aspecto físico, nerviosismo, entre otros, según informes de Cristosal y una investigación de El Faro.
También fueron capturados, el 11 de enero de 2023, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes sociales de Cabañas que se enfrentaron a la minera Pacific Rim. Fueron acusados de la desaparición de una persona durante la guerra civil salvadoreña.
Los peruanos financiaron, además, la construcción de un reservorio de agua, de unos 25 metros cúbicos y valorado en más de 27 mil dólares, que fue inaugurado en agosto de 2022. Una página de Facebook de la localidad, Del Otro Lado 98.1 FM, publicó un video de la celebración, en el cual se puede escuchar: «El cual se logró concretar (…) en conjunto con el sector privado dentro de un proceso de responsabilidad social empresarial».
Alfonso Baires es el dueño del terreno en el que fue construido el reservorio. Dijo que los peruanos querían «ejecutar el proyecto ya» y, como no había más opciones, ofreció su propiedad. «Hicieron fiesta, reventaron pólvora y trajeron mariachis, pero nunca decían a quién representaban», expresó.
En 2022, una empresa llamada Nueva Esperanza declaró al Ministerio de Hacienda que había invertido 69 mil 78 dólares en la construcción de reservorios, 27 mil 666 dólares en la construcción de invernaderos y 19 mil 833 dólares en agricultura. Esta empresa fue fundada por el estadounidense Blane William Wilson y el estadounidense naturalizado hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa, según el registro de comercio salvadoreño.
Blane William Wilson es el representante en Centroamérica de Titan Resources Limited, una transnacional de origen estadounidense dedicada a la extracción de oro y plata, con sucursales en Honduras y en Perú. Pero de esta empresa se entrará en detalles más adelante.
A la mayor parte de los entrevistados para este artículo —ocho de trece— les hizo recordar los tiempos en los que la empresa minera transnacional Pacific Rim, a través de sus programas de responsabilidad social empresarial, intentó ganar el favor de las comunidades.
Se reabre la cicatriz minera en El Salvador
San Isidro es una localidad salvadoreña ubicada en el territorio conocido como cinturón de oro, que inicia en México y se extiende hasta el norte de Costa Rica, en la frontera con Nicaragua.
La localidad tiene una larga historia de minería que inició en el siglo XVI, con los colonizadores españoles, y continuó en 1894 con mineros de distintos orígenes. En 1942 explotaba sus vetas de oro y plata la transnacional New York and El Salvador Mining Company, que en la siguiente década cerró operaciones como consecuencia de los altos costos de la extracción, la caída de los precios internacionales del oro y la entrada en vigor de una nueva legislación laboral impulsada por el Consejo de Gobierno Revolucionario.
Pacific Rim, de capital canadiense, llegó a San Isidro en la segunda mitad de los años noventa a hacer exploración minera. Unos diez años después solicitó permiso para hacer explotación. Pero los impactos ambientales, consecuencia únicamente de la primera de las actividades, provocaron descontento entre los ciudadanos que, por ejemplo, se quejaban de la pérdida de fuentes de agua.
Una encuesta de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador señaló en 2008 que seis de cada diez personas de la zona rechazaban la presencia minera. Al año siguiente el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca negó los permisos de explotación. En respuesta, la empresa demandó al Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
En San Isidro, además, entre el 18 de junio de 2009 y el 3 de junio de 2011 fueron asesinados los ambientalistas, destacados líderes de la oposición a la explotación minera, Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto y su esposo Ramiro Rivera Gómez, y Juan Francisco Durán.
Como consecuencia de la presión social, el 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, debido al deterioro ambiental, el impacto en el agua y en la salud de las personas y la alta vulnerabilidad ambiental del país. Esto ocurrió en la presidencia de Salvador Sánchez Cerén.
Durante cuatro años la prohibición fue considerada inapelable. Pero eso cambió el 17 de mayo de 2021 —casi dos años después de que Bukele asumió el poder— cuando el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés) anunció que El Salvador se incorporaba como su miembro número 77. El Gobierno no dio ninguna explicación pública de esto.
Unos seis meses más tarde, un grupo de especialistas de esta organización mundial llegó al país. En un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se mencionó que su propósito era hablar de la explotación de canteras «para la industria de la construcción».
Algunas oenegés y universidades recibieron invitaciones para reunirse en privado con esos expertos; sin embargo, los motivos fueron diferentes. Por ejemplo, en la nota DM-419-2021-PM, del 22 de noviembre de 2021, firmada por María Luisa Hayem Brevé, ministra de Economía, y recibida por Andreu Oliva de la Esperanza, entonces rector de la UCA, se lee: «El Salvador está siendo beneficiado con una evaluación del sector minero», lo que serviría, según el documento, de base para «para la redacción de una nueva ley de minería no metálica».
«Estábamos dispuestos a discutir con la misma postura que siempre hemos mantenido contra la minería metálica, pero ellos cancelaron el evento», recuerda Andrés McKinley, experto en agua y minería de la UCA.
Consultado sobre el tema, Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la misma universidad, sostiene que el Gobierno de Bukele ha mostrado signos de estar preparando las «condiciones» para el retorno de la minería: la asignación de 4 millones 543 mil dólares para la «revisión» de la ley de 2017 que prohíbe la extracción minera y la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, entre otros.
La empresa sin ingresos propios que paga millones de dólares
Con la entrada en vigor de la Ley de Prohibición de la Minería, en 2017, Pacific Rim ofreció en venta una parte de sus tierras a sus exempleados. Unos pudieron comprar, pero otra parte la adquirieron sanisidrenses que viven en Estados Unidos. En enero de 2021, Pelagia Nimia Serrano García, quien vive en Miami, recibió una oferta: la empresa Agrícola San José estaba interesada en firmar con ella un contrato de arrendamiento por las 51 manzanas —360 mil 260 metros cuadrados— de tierras rústicas que son de su propiedad en el cantón Los Jobos, San Isidro.
En ese momento el precio del alquiler por manzana era de unos 300 dólares. La empresa, por medio de su representante legal, Hazel Yolanda Castillo de Ventura, le ofreció 2 mil dólares por manzana. Ella rechazó la propuesta.
Según el Registro de Comercio, Agrícola San José es una empresa con dirección registrada en la casa número 81 del pasaje Camilo Campos de la Colonia Escalón, San Salvador, y fue constituida el 11 de septiembre de 2021 ante el notario Juan Ramón Avelar Contreras.
Sus fundadores y primeros directivos fueron los estudiantes Daniel Armando Rodríguez Sandoval y Nancy Yolanda Juárez Sandoval, con un capital inicial de 2 mil dólares. La finalidad de la empresa es la importación y exportación de toda clase de bienes, productos e insumos para el sector ganadero y agrícola.
Después de la fundación los accionistas sustituyeron a los estudiantes y nombraron administradora propietaria a Hazel Yolanda Castillo de Ventura y administrador suplente a Eduardo Alberto Rafael Mora Granada. La primera fue nombrada oficial de información del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el 21 de septiembre de 2022, y también se ha dedicado a representar, en los últimos años, a empresas salvadoreñas y a otras de origen hondureño que operan en el país; el segundo está relacionado con más de una docena de sociedades dedicadas al turismo, venta de alimentos, mercadeo y publicidad, reparación de artículos de acero, entre otros, según el registro de comercio.
En esos primeros meses la empresa declaró pérdidas por 3 mil dólares y 4 mil 203 dólares en cuentas por pagar. Sin embargo, tuvo capital suficiente para hacer negocios.
El 9 de septiembre de 2022 Agrícola San José, ante los oficios notariales de Juan Carlos Rivas Vásquez, compró dos terrenos rústicos al empresario Santiago Arístides Moreno Sorto, ambos situados en el interior de San Isidro; el primero, inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros con la matrícula 45019757-00000 y con una extensión superficial de 339 mil 40 metros cuadrados, por el precio de 1 millón 164 mil 259 dólares.
Esta propiedad antes fue de Pacific Rim. El 11 de junio de 2007, Moreno Sorto se la vendió por 375 mil 37 dólares. Once años después, el 23 de octubre de 2018, Bienestar S. A. de C. V —uno de los tantos nombres que la transnacional minera adoptó con el tiempo— se la vendió a la misma persona, incluyendo un terreno más por 450 mil dólares.
El segundo terreno, inscrito con la matrícula 45014098-00000 porción uno, y de una extensión de 425 mil 885 metros cuadrados, se vendió por un valor de 1 millón 218 mil 738 dólares.
Por los 764 mil 925 metros cuadrados de ambos terrenos, Agrícola San José pagó 2 millones 382 mil 997 dólares a Moreno Sorto, como puede verificarse en el Registro de la Propiedad.
Los dos terrenos están ubicados al costado sur de la hacienda San Francisco, cantón San Francisco El Dorado, San Isidro. Como puede verificarse en los mapas del estudio de prefactibilidad proyecto El Dorado, están dentro del área que Pacific Rim exploró, dividió y nombró El Dorado Norte y El Dorado Sur —a mitad de camino de las dos—, es decir, los atraviesan los ríos Viejo y San Francisco. Además, en su subsuelo yacen las vetas Grande, Hacienda Vieja y San Francisco como las cercanas y, como las más lejanas, las vetas Grande, Quebrada, Los Jobos, Nueva Esperanza y Mina El Dorado.
En pocas palabras: ambas propiedades están asentadas sobre vetas de oro, plata y otros minerales.
El 8 de octubre de 2018, Atlántida El Salvador —que es subsidiaria de la casa matriz Grupo Financiero Atlántida de Honduras— prestó a Moreno Sorto 300 mil dólares para que comprara el terreno matrícula 45019757-00000. Un poco más de cuatro años más tarde, concedió un préstamo de 6 millones 670 mil dólares a Agrícola San José, con idéntico propósito: la adquisición de las propiedades.
Las hipotecas permanecen a favor de Atlántida.
Además, de acuerdo con los registros del Centro Nacional de Registro, Agrícola San José recibió un préstamo de 50 mil dólares en 2021, y otro de 157 mil 500 dólares en 2022, de la empresa Tombstone Company El Salvador.
Tombstone Company fue fundada con un capital de 50 mil dólares el 26 de febrero de 2021, ante los oficios notariales de Juan Carlos Rivas Vásquez. Sus fundadores son el estadounidense Blane William Wilson —que había ingresado al país un mes antes en la aeronave N560BA procedente de Tegucigalpa, junto a Ryan Mcafee Wilson, según los registros de ingresos de la Policía Nacional Civil (PNC)— y el hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa, según consta en el Registro de Sociedades salvadoreño.
Blane William Wilson es el representante en Centroamérica de Titán Resources Limited, una empresa registrada en Nevada, Estados Unidos y con una sucursal en Perú, como puede verificarse en el estudio El estado de la minería en Honduras y en la revista Anuario Minero de los años 2010, 2020 y 2021. En su perfil en Linkedin también se presenta como presidente de Fire River Gold Corp, una transnacional asentada en Canadá y Estados Unidos que se dedica a la explotación de oro, plata y otros minerales.
Titán se dedica a la explotación de recursos naturales, principalmente en la minería de oro y plata, así como también el desarrollo de energía.
En el caso de Wilson Canessa, es el representante legal de la empresa hondureña Grupo Granjas Marinas, cuya camaronera más emblemática, ubicada en San Bernardo, Choluteca —a unos 152 kilómetros de distancia de la capital— opera en medio de la zona protegida desde 1999 de El Jicarito, provocando conflictos socioambientales con los miembros de la comunidad; a ello se suma que el lugar es sitio Ramsar por contener humedales importantes.
Granjas Marinas es considerada la responsable de la tala del bosque de manglar y del agotamiento de las reservas de peces en el país vecino. Esta empresa, según el registro mercantil hondureño, tiene como uno de sus principales accionistas a Banco Atlántida. Este banco también es uno de los principales inversionistas de la mina Azacualpa, en Copán.
Entonces, la finalidad de Tombstone es, de acuerdo con su acta de constitución, la elaboración de estudios geológicos, análisis de suelos, consultorías en todas las ramas de la geología y construcción de todo tipo; la geología del área del proyecto que implica la descripción de las condiciones del sitio, investigación de superficie, mapa geológico general con base topográfica; detalles de los procesos geomorfológicos; análisis de laboratorio, entre otros. Su dirección registrada es la casa número 81 del pasaje Camilo Campos de la Colonia Escalón, San Salvador. Es la misma dirección de Agrícola San José.
En el balance financiero de su primer año de operaciones declaró que tenía 60 mil dólares por cobrar a partes relacionadas, es decir, siguiendo la definición del Código Tributario salvadoreño, a las empresas o personas sobre las que ejerce control. En este caso, una de esas sociedades es Agrícola San José. En diciembre de 2022 aseguró tener negocios en proceso por 4 millones 403 mil 324 dólares y un patrimonio de 5 millones 371 mil dólares.
En su balance financiero de 2022, Tombstone Company señala que «la compañía está desarrollando proyectos en el área de tecnología, mercado, social y tendencias que le puedan permitir a la empresa vender un producto o varios productos o paquetes de servicios o propiedad intelectual a los inversionistas locales o extranjeros». En ese documento también consignó haber recibido 5 millones 373 mil dólares en préstamos de Banco Atlántida para capital de trabajo.
Al año siguiente, Tombstone cambió su nombre a Nueva Esperanza (NuEs). En el punto dos del acta de accionistas también quedó establecido el nombramiento de Wilson Canessa como administrador propietario.
La revista Elementos presentó dos solicitudes de entrevista con los representantes de Agrícola San José y Nueva Esperanza. Al cierre de esta investigación no hubo respuesta.
Una minera fracasa en Honduras y ahora pone sus ojos en El Salvador
Honduras, con sus más de 500 concesiones para la explotación minera a cielo abierto, bien puede ser considerado un paraíso para las empresas extractivistas. Sin embargo, algunos de estos proyectos han fallado a pesar de tener el respaldo millonario de inversiones extranjeras, como es el caso de la transnacional estadounidense Titan Resources, que incursionó en dos localidades del sur de ese país, causó repudio social y, en 2019, dio un paso atrás después de incumplir uno de los contratos que había firmado con los propietarios de los terrenos de los que pretendía extraer oro y plata.
El 29 de junio de 2015, la Compañía Minera Titán de Honduras fue fundada por Blane William Wilson, como puede constatarse en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, en la referencia 30677, matrícula 2547705, y cuyo representante legal en ese proceso fue el bufete jurídico Arias y Muñoz, de Tegucigalpa.
Ese mismo año la empresa fue inscrita como concesionaria de la explotación de minas en los municipios Concepción de María y El Corpus, en el departamento de Choluteca, específicamente en los sectores conocidos como Baldoquín, La Moloncosa y Potosí.
Vilma Yamileth de Ordóñez, alcaldesa de Concepción de María, recordó que en ese periodo unas personas llegaron al municipio asegurando ser representantes de «una organización» que había recibido la concesión. «Se pusieron a promover todo el beneficio que el municipio iba a recibir, que iban a construir centros de salud, escuelas, parques», agregó. Con el tiempo iban a concluir que en realidad eran representantes de Titán. Pero un día se fueron y nunca más regresaron.
En 2016 Titán de Honduras compró a Minera Potosí la concesión para la exploración y explotación minera de un área de 400 hectáreas en Concepción de María. Ese año el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) autorizó ese acuerdo. Pero no tenía licencia ambiental y, por tanto, no presentó medidas de mitigación de daños a los ecosistemas y no pudo operar.
Casi dos años después, Titán estaba oficialmente implementando programas de responsabilidad social. O, al menos, esa fue su versión cuando aseguró al Estado que había beneficiado con diez becas a estudiantes de la Universidad Politécnica de Ingeniería, había celebrado un encuentro con comunidades aledañas a la mina y las había ayudado en el diseño de carreteras. Es curioso, sin embargo, que para ese entonces no había iniciado las actividades de exploración.
En 2019, sin embargo, ocurrió algo inusual: Titán de Honduras solicitó traspasar los derechos mineros a favor de Compañía Minera Metalúrgica Centroamericana (COMMSA), que había sido constituida en febrero de ese año por el guatemalteco Juan Manuel Lemus Perusina y el hondureño Christopher Echenique.
Echenique, en ese entonces, también era apoderado legal de Titán de Honduras. La cesión, sin embargo, no se concretó porque Titán no tenía facultades legales para pedirla. Según los vecinos, quienes ahora operan son mineros artesanales de origen chileno.
En el caso de El Corpus, Titán alquiló, en 2016, los derechos mineros al terrateniente Marcial Martínez, que es propietario de cerca de 400 manzanas de terreno en las áreas conocidas como Moloncosa y Baldoquín. El propósito era «actualizar actividades de exploración». La empresa empezó tomando muestras de roca, contrató a guardias de seguridad y socializó el proyecto con los lugareños celebrando barbacoas y reuniones.
En principio, había planificado invertir 1 millón 355 mil dólares. También tenía por objetivo recibir una certificación de la Asociación Internacional de Minería Responsable (IRMA) para «cambiar la reputación de la minería en el mundo en desarrollo».
En diciembre de 2019, sin embargo, el abogado del terrateniente Martínez presentó un recurso de «oposición a cesión de derechos mineros» por presunto incumplimiento de contrato por parte de Titán, por lo que exigía dos pagos distintos: el primero por 1 millón 172 mil 834 dólares y el segundo por 3 mil 49 dólares, en un plazo máximo de un año.
El contrato terminó y la Minera Moloncosa, de Martínez, recuperó los derechos de explotación. En diciembre de 2023 el expediente de la concesión fue enviado a la Unidad de Fiscalización para investigar el supuesto incumplimiento en pagos de impuestos desde el año 2013.
Las autoridades municipales de El Corpus confirmaron que Titán todavía estaba tramitando los permisos de operación en el Instituto de Geología.
Al visitar los territorios de las concesiones oficialmente registradas a favor de Titán, se ha verificado que no ha logrado emprender plenamente las actividades de exploración y explotación minera. Pero ahora parece que Minera Titán tiene sus ojos puestos en El Salvador.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
