En Honduras, los datos personales de personas migrantes o en tránsito son declarados en reserva por motivos de seguridad nacional y de confidencialidad, sin mayor explicación. Lo mismo sucede en México, Guatemala y El Salvador. Access Now, una organización dedicada a los derechos digitales, ha presentado solicitudes de información a estos países y a las agencias de los Estados Unidos que tienen acceso a estos datos, pero la información ha sido entregada de forma incompleta o no se ha brindado en lo absoluto.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Archivo CC
Durante 2022, Honduras fue el octavo país con mayor cantidad de solicitudes de asilo presentadas a nivel mundial, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), registrando un incremento del 33 % en comparación con 2021. Cifras más recientes de la agencia señalan que entre enero y octubre del año pasado, solo en México se registraron más de 36,000 nuevas solicitudes de asilo de personas migrantes hondureñas.
Además, a finales de diciembre de 2022 se contabilizaron casi 200,000 solicitudes de asilo presentadas por personas hondureñas, que están pendientes de resolver; de estas, el 66 % estaban dirigidas a Estados Unidos, el 29 % a México y el 3 % a España.
El proceso de resolución de estas solicitudes se ha visto afectado por una orden ejecutiva firmada por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, a inicios de junio de 2023, la cual establece limitar a 2,500 la cantidad de solicitudes de asilo al día por parte de migrantes en puntos no oficiales de entrada a Estados Unidos, con la finalidad de frenar el ingreso de migrantes al país norteamericano.
A esto se suman los abusos en los acuerdos y aplicaciones tecnológicas que permiten violaciones a la privacidad de las personas migrantes y otras personas en tránsito, incluyendo refugiados y solicitantes de asilo, según han documentado organizaciones de derechos humanos y derechos digitales. Ángela Alarcón, coordinadora de campañas para América Latina y el Caribe de Access Now, explica que se recolecta una gran cantidad de información sobre estas personas, pero se desconoce cómo se procesa y qué decisiones se están tomando basadas en ella.
«Es importante tomar en cuenta que todas estas tecnologías y acuerdos ocurren en un contexto político, en un contexto social, y que todas estas cosas afectan la forma en la que se narran estas situaciones. Los acercamientos a gobiernos, a las autoridades, las empresas, todo está empañado por la situación político-social con la que se ve la migración», indica Ángela.
Access Now, una organización enfocada en los derechos humanos digitales, ha presentado desde 2022 pedidos de información a agencias estadounidenses como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre los datos biométricos, es decir, características de las personas migrantes, que son recolectados mediante las aplicaciones que estas personas utilizan para solicitar asilo en la ruta migratoria.
En 2014, Honduras firmó un acuerdo no vinculante con Estados Unidos para el intercambio de datos entre el ICE y la Policía Nacional de Honduras sobre inmigración y antecedentes penales de personas hondureñas, con la finalidad de «mejorar el intercambio de datos policiales y inmigración para la administración de la justicia penal, suprimir las actividades delictivas y las amenazas a la seguridad nacional en Honduras», según indica el documento.
Ante la falta de respuesta por parte de las agencias, la denegación de información o entrega de información incompleta, Access Now, junto a la Clínica de Ciberderecho de la Facultad de Derecho de Harvard, en el Centro Berkman Klein para la Internet y la Sociedad, han demandado a CBP y ICE para solicitar una orden judicial solicitando la producción inmediata de los registros de los datos de las personas migrantes.
Ángela Alarcón nos explicó más sobre los pedidos de acceso a la información a los distintos gobiernos de Centroamérica, las demandas contra las agencias migratorias de Estados Unidos, y el riesgo en el que se encuentran las personas migrantes debido a los sistemas de vigilancia de los cuales no se tiene suficiente conocimiento.
CC: Ángela, ¿de qué forma las agencias migratorias en los Estados Unidos pueden tener acceso a datos o información sensible de las personas migrantes?
AA: El pedido de acceso a la información que hicimos a CBP tiene relación con la aplicación CBP One, que es desde hace unos meses la única forma en la que las personas pueden solicitar asilo antes de llegar a Estados Unidos. Hay una serie de razones por las que esta aplicación es controversial; por un lado, su funcionamiento, no «tira» [emite] suficientes citas al día, y además requiere que la persona cuente con un dispositivo inteligente con acceso a Internet.
Desde el punto de vista de la privacidad también hay preocupaciones; por ejemplo, al momento en que una persona solicita una cita con esta aplicación, también le muestra las coordenadas GPS [de donde se encuentra] a las autoridades estadounidenses, porque uno de los requisitos es que hay que estar dentro de un rango de kilómetros respecto a la frontera de Estados Unidos para poder usarla.
También es controversial la recopilación de datos biométricos por medio de aplicaciones como CBP One, específicamente el rostro, porque también solicita fotografías, y estamos hablando de datos sensibles; pero además también es una fuente de fallas, porque en estos sistemas hay muchas razones por las que no se pueden registrar las fotos, incluso por el tono de piel de la persona.
Además, es bien sabido que muchos sistemas de reconocimiento facial, aunque este sea de datos biométricos, muchas veces fallan cuando la persona es mujer, es no binaria, tiene un color de piel más oscuro, o es una persona adulta mayor. Todos estos son factores por los que una fotografía podría no ser aceptada, y si a eso se le suman las condiciones específicas en que se toma la foto, que puede ser absolutamente en cualquier lugar con mala iluminación, también hay mucho rebote [rechazo] de esas fotografías.
CC: ¿Qué información solicitaron exactamente a las agencias de Estados Unidos y cuál fue su respuesta? ¿Cómo se origina la denuncia sobre falta de información de los datos de personas migrantes que hace Acces Now?
AA: En diciembre de 2022, desde Access Now, junto con la Clínica de Ciberderecho de la Facultad de Derecho de Harvard, en el Centro Berkman Klein para la Internet y la Sociedad —una organización de una universidad de Estados Unidos que ve temas de derechos humanos y tecnología—, presentamos una serie de pedidos de acceso a la información pública en Estados Unidos, concretamente frente al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional, y al CBP, que es Customs and Border Protection, para tratar de esclarecer un poco el alcance de ciertos acuerdos y tecnologías que permiten el intercambio transfronterizo de datos personales, y específicamente de datos biométricos, que son datos sensibles de personas migrantes.
Los pedidos que presentamos frente al Departamento de Seguridad Nacional fueron dos; uno de esos, el Departamento de Seguridad Nacional lo transfiere a ICE, por eso es que ICE ahora también entra dentro del combo de agencias a las que pedimos la información. Es por esto que hace un par de semanas desde Access Now, debido a la falta de una respuesta adecuada, decidimos demandar a las agencias ICE y CBP; las otras dos agencias todavía están pendientes de que nos respondan. [Estamos] tratando de negociar fechas para no tener que recurrir al litigio, pero está también sobre la mesa [la posibilidad de una demanda]; todo dependerá de cómo se vayan moviendo.
ICE lo que respondió fue que ellos realizaron las búsquedas y no encontraron información relevante según lo que nosotros pedimos, lo cual es absurdo, porque algunas preguntas eran lo suficientemente amplias como para incluir información que está disponible incluso en su sitio web. Entonces, el reclamo a ICE tiene que ver con cómo realizaron esta búsqueda, no se justifica que no hayan encontrado ninguna información. En el caso del CBP tiene que ver más la falta de respuesta. Apenas unos días antes de que presentáramos la demanda (CBP) mandó unos pocos links públicos, pero nada que realmente fuera relevante respecto a la información solicitada.
CC: ¿Cómo es la situación de falta de acceso al registro de datos de personas migrantes en el caso específico de Honduras?
AA: En el caso de Honduras hay otra historia sobre pedidos de acceso a la información pública muy relevante. Honduras tiene con Estados Unidos, desde aproximadamente 2014, un acuerdo no vinculante que permite justamente el tratamiento transfronterizo de datos biométricos de personas migrantes. Usualmente estos acuerdos se enmarcan dentro de protecciones en la lucha contra la trata de personas o tráfico de personas, cosas muy legítimas y problemas muy reales. El problema es el abordaje y el lenguaje amplio de los acuerdos, que al final termina metiendo todo dentro de un mismo saco.
Entonces, el año pasado realizamos pedidos de acceso a la información pública a Guatemala, Honduras, El Salvador y México, sobre qué tipo de información es utilizada para la creación de perfiles; si la tecnología tomaba o sugería decisiones de manera automatizada o semiautomatizada; si había garantías para exigir que se ejercieran los derechos de acceso a rectificación, cancelación u oposición al uso de datos personales por parte de los titulares; si había salvaguardas especiales para niños, niñas y adolescentes, que es una población protegida. [Pedimos] que nos dieran un número sobre [la] cantidad de personas refugiadas, solicitantes de asilo o apátridas, que han sido sometidas a las condiciones del acuerdo, porque estos grupos específicamente tienen protecciones especiales en los sistemas internacionales.
La respuesta en Centroamérica fue para los tres casos básicamente la misma: la totalidad de la información fue denegada por razones de seguridad nacional, de confidencialidad, de información reservada. Específicamente en el caso de Honduras nos dijeron: «esto es información reservada», sin mayor explicación del porqué.
En ese sentido, es relevante rescatar que en ocasiones anteriores relatores especiales de Naciones Unidas, de la OEA, han denunciado que muchas veces se hace abuso de enmarcar ciertas situaciones bajo el contexto de seguridad nacional como una razón para denegar información, y bueno, también han resaltado que es importante que si se deniega la información, incluso por motivos de seguridad nacional, tiene que haber una justificación, tiene que haber un razonamiento detrás de esto.
El año pasado, más allá de hacer estos pedidos de acceso a la información pública y topar con [una] pared, también solicitamos a los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que rescindieran los acuerdos, por lo menos los no vinculantes, porque como los propios acuerdos especifican, es más un tema de avisarle a la contraparte y no mucho más que eso; pero el resultado fue que ningún gobierno respondió.
Entre las organizaciones que han sido relevantes para estos procesos en Honduras quiero rescatar el trabajo que realizó Barracón Digital, ya que fue a través de ellos que pudimos presentar el pedido de acceso a la información pública en Honduras, y nos ayudaron a hacerle seguimiento y demás.
CC: También presentaron otra queja vinculando testimonios de personas migrantes provenientes de El Salvador. ¿Cómo se vincula con el contexto político de las medidas de seguridad implementadas por Nayib Bukele?
AA: Sí, este fue un proceso aparte y que realizamos específicamente para el caso de El Salvador. Junto al National Immigrant Justice Center (NIJC), la organización Cristosal en El Salvador y Stanford Law School’s International Human Rights & Conflict Resolution Clinic, sacamos una queja administrativa que se presentó frente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respecto al uso de información espuria [ilegítima] proveniente de El Salvador.
¿Cuál es la particularidad de esta queja respecto a los otros procesos de pedido de acceso a la información? El Salvador lleva más de dos años en estado de excepción, uno que ha estado muy teñido de dudas sobre su legitimidad, que tiene reportes de violaciones a los derechos humanos, y en ese contexto, abuso de poder por parte de las autoridades.
En ese sentido, el trabajo de Cristosal fue primordial para poder recuperar algunos de los testimonios, nos pudimos enterar de cómo muchas autoridades en El Salvador estaban metiendo a personas en el sistema de seguimiento criminal por razones que no necesariamente se justificaban. Por ejemplo, esta persona tiene un tatuaje artístico y es clasificado como miembro de pandilla directamente, o incluso se detallan algunos casos donde un oficial, o alguna persona de alguna autoridad, tenía una rencilla de carácter personal con alguien, y como una forma de represalia le detienen.
Pero la historia no acaba ahí, sino que alguna de esta información también es compartida con otros gobiernos. En el caso El Salvador, por ejemplo, es relevante la cantidad de red notices, o avisos rojos en español, que El Salvador hace frente a Interpol; es decir, la proporción de estos red notices que hacen respecto a otros países, que incluso tienen mucho más población, es bastante alta, y como son personas que están dentro del sistema de Interpol y que están siendo buscadas o tienen una orden internacional, esto le llega como una alerta también a los gobiernos.
Lo anterior afecta a personas que en El Salvador han sido detenidas por razones que puedan ser arbitrarias, que luego migran hacia Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades de vida, y su destino migratorio de repente se ve truncado por estos red notices que son cuestionables, porque hay personas que han sido detenidas, separadas de sus familias y deportadas, y todo esto [genera] un cambio mayúsculo en la vida de las personas.
CC: Tomando en cuenta la forma errónea en la que se han utilizado los datos de personas migrantes, ¿podría esto contribuir al estigma que se tiene en contra de quienes migran y las vulneraciones que sufren?
AA: Creo que la retórica pública, muchas veces, lamentablemente, es negativa en torno a la migración y se criminaliza a las personas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el acuerdo entre este país y Estados Unidos, en una parte dice que «el acuerdo permite recolectar los datos biométricos de personas que hayan cometido una actividad criminal», algo así es el fraseo, o que estén considerando movilizarse de nuevo entre fronteras de manera irregular, algo así.
Entonces aquí pasan muchas dudas y preocupaciones porque, primero, ¿cómo llegan a la conclusión de que alguien está considerando movilizarse de manera irregular? O sea, ¿de dónde sacan esta información? ¿Cómo conocen la intencionalidad de alguien? Y por otro lado, se está castigando un acto antes de que este ocurra realmente, al procesar datos biométricos e información sensible de personas que no han cometido ningún acto fuera de la ley.
En este sentido yo creo que sí hay un tema de criminalización de la población migrante en general. La migración irregular es una falta administrativa, y si bien los Estados se pueden reservar el derecho de a quién dejan entrar o no en sus jurisdicciones, siento que esta falta administrativa, que es al final la no portación de papeles, se cataloga con la misma gravedad que delitos que son totalmente de otra índole.
Así que creo que es importante también recapacitar un poco en las retóricas, en la forma en que se presenta la información (y en ese sentido creo que los periodistas son grandes aliados), y alejarnos un poco de esta idea de que las «fronteras inteligentes» son una forma más humanitaria de acercarse a la gestión de la migración. Creo que desde las autoridades muchas veces la gestión de la migración se ve con ojos de la seguridad nacional, y nunca, o pocas veces, en materia de derechos humanos, y esto no puede ser así.
O sea, no son ciudadanos de segunda categoría, son personas con derechos, igual que todos, y creo que es importante insistir en lo práctico, en las políticas públicas, en las cosas específicas que se pueden hacer, pero también en cómo influimos en el discurso y reimaginamos la forma en que nos referimos a estas poblaciones.
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Angela Alarcón, coordinadora de campañas para América Latina y el Caribe de Access Now, hace un llamado a las personas que tengan mayor información sobre el uso de datos biométricos de personas migrantes para que escriban a la Coalición Latinoamericana para Migrar Sin Vigilancia, o a su correo angela@accessnow.org. Además, también invita a las personas que puedan sentirse en riesgo o tienen alguna inquietud sobre el uso de sus datos, para que se acerquen a ella o a las organizaciones previamente mencionadas.
En Contracorriente hemos contado las historias de desplazamiento interno en Honduras, reunificación familiar, quienes provienen de otros países y transitan por Centroamérica, quienes caminan juntos y juntas en caravanas migrantes, las personas deportadas, las que son repatriadas y quienes sobreviven ante los riesgos y adversidades en la ruta migrante, huyendo de la violencia, el despojo y la expulsión en Honduras. Puedes leer más en nuestra línea de investigación.
Además, puedes visitar el especial Tráileres: Trampa para Migrantes, una investigación transnacional que presenta datos reveladores e historias de personas migrantes, y expone cómo opera el negocio clandestino de transportar migrantes en contenedores, el cual ha dejado un centenar de muertos entre 2018 y 2023. Esta investigación fue coordinada por Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con la participación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Bellingcat, Contracorriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), En Un2x3-Tamaulipas, Chiapas Paralelo y Pie de Página (México).
