En la Moskitia hondureña, un proyecto de compensación de carbono ha disparado las alarmas de una fracción de la máxima organización de los indígenas miskitas, que denuncia no haber sido consultada. Este proyecto, propuesto por la oenegé española Ayuda en Acción y diseñado por la empresa suiza South Pole, también despertó preocupaciones en la certificadora estadounidense Verra, que le ha negado hasta ahora la aprobación por dudas sobre la consulta a las comunidades locales y la validez de otros datos contenidos en sus documentos. Este caso evidencia cómo, mientras el gobierno de Xiomara Castro promete rescatar muchas zonas de alto valor ambiental mediante la entrada del país a los mercados globales de carbono, estos avanzan sin la aprobación de los pueblos indígenas, que se supone deberían de ser los beneficiarios.
Texto: María Celeste Maradiaga
Portada: Daniel Fonseca
Fotografías: Jorge Cabrera
La ganadería extensiva, la tala ilegal y el narcotráfico han amenazado desde hace una década los bosques y manglares de La Moskitia, uno de los lugares más biodiversos de Honduras y de toda Centroamérica. En parte por eso, en años recientes ha crecido el interés de políticos, empresas y organizaciones ambientales por crear esquemas que logren monetizar los recursos naturales de esta zona postergada y empobrecida en el oriente del país con el ánimo de asegurar su conservación.
Sobre todo, han querido poner en marcha proyectos del mercado de carbono, mediante los cuales las comunidades locales que conservan ecosistemas claves para mitigar el cambio climático pueden vender bonos o créditos de carbono a empresas globales que quieren reducir su huella ambiental. Sobre el papel, parecería un gana-gana para esa región de Honduras, cuya población originaria es tan diversa como su naturaleza, pero vive en la mayor pobreza.
La primera vez que Mirna Wood, una líder indígena, vicepresidenta de una fracción de Masta, la más importante organización miskita, escuchó hablar de este mecanismo de finanzas climáticas, fue hace 15 años, en un evento de la organización cultural Ecos de La Moskitia, mientras preparaban una carroza alegórica a su cultura en la ciudad de La Ceiba, al norte de Honduras. Estando ahí, una amiga le habló sobre el carbono y cómo funcionaba este mecanismo.
Desde entonces ha estado atenta al desarrollo de estos proyectos. Más de una década después, en 2021, a Wood la buscaron los desarrolladores de un proyecto de carbono en la Moskitia llamado Greentree. Posteriormente, los líderes de los concejos territoriales de Bakinasta y Tawahka la delegaron como su representante en el proceso de consulta a las comunidades.
Esta iniciativa nunca se materializó, pero Mirna descubrió que ya existía otra más avanzada, más antigua y más grande en la región: un proyecto a cargo de la oenegé española Ayuda en Acción y la empresa suiza South Pole, que consistía en la captura de carbono por medio de los manglares —un esquema que en ese mundo se suele llamar «carbono azul»—. Mirna supo que el proyecto se estaba consolidando, pero se sospechaba que las comunidades no estaban siendo consultadas debidamente.
El proyecto se llama Muskitia Pâsa Klîn Nâka, «Muskitia, yacimiento de aire puro» en lengua miskita. Busca, en un período de 30 años, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la conservación de bosques de manglares, tropicales y selváticos en 275 mil hectáreas, repartidas en nueve concejos territoriales de la Moskitia hondureña.
Esos nueve concejos territoriales forman parte de los 15 en los que está dividida la Moskitia hondureña, luego de un proceso de titulación de tierras que data desde 2012. Según los títulos ancestrales, la población y los líderes territoriales de cada concejo tienen el poder y uso pleno sobre el territorio. Allí conviven cuatro pueblos originarios: miskitos, pech, garífunas y tawahkas, aunque el proyecto solo abarca tierras de los dos primeros.
El proyecto Greentree al que Mirna Wood fue inicialmente convocada no se concretó, pues entró en conflicto con el otro proyecto de carbono desarrollado por Ayuda en Acción y South Pole. Wood aseguró a este equipo periodístico que las comunidades dentro del proyecto Muskitia Pâsa Klîn Nâka desconocen de qué trata esta iniciativa, y que no se realizó la consulta previa, libre e informada, una obligación para cualquier proyecto en territorios indígenas en Honduras, bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por el país.
Wood dijo a los reporteros de Contracorriente que ella llamó por teléfono a Diego Iván Escobar, un empleado colombiano de South Pole que estaba en La Moskitia, para advertirle que necesitaban el permiso de las comunidades indígenas. Tras dos llamadas, cuenta Mirna, Escobar dejó de contestarle el teléfono.
La líder miskita dice que también contactó a South Pole y a Ayuda en Acción, pero que le respondieron que era un asunto entre ellos y los líderes de los consejos territoriales, no de la organización indígena Masta. Wood interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por posibles faltas en el proceso de consulta a los pueblos originarios de la zona. El Ministerio Público confirmó a este equipo periodístico, a través de su portavoz Yulissa Gómez, que la denuncia fue admitida y que están iniciando un proceso de auditoría a la organización Ayuda en Acción, pero que por motivos de confidencialidad no pueden brindar más detalles.
Verra, la mayor organización de certificación de proyectos de carbono con comunidades locales (también conocidos como Redd+), señaló esta y otras irregularidades en el proyecto al denegar su registro. Como consecuencia, lo declaró en pausa hasta que los promotores expliquen las posibles fallas en su diseño y desarrollo.
Estos son algunos de los hallazgos de Contracorriente, medio hondureño de la alianza periodística Carbono Opaco, liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.
Un proyecto que promete el avance de La Moskitia
El proyecto Muskitia Pâsa Klîn Nâka se presenta como una salida a la deforestación rampante en la región y a las dificultades que enfrentan los indígenas miskitos y pech que viven en los nueve concejos seleccionados. Allí el desempleo es alto, el sistema de salud precario, el de educación insuficiente. Además, la tala es generalizada y hay tráfico ilegal de fauna silvestre.
«A largo plazo, se espera que el proyecto logre avances significativos en la conservación y gestión sostenible de los bosques naturales de manglares, latifoliados y de coníferas mediante el fortalecimiento de la gobernanza local, el mantenimiento de las prácticas comunitarias tradicionales sostenibles, la protección de la cultura indígena y el empoderamiento económico de los grupos vulnerables», promete el texto del proyecto presentado ante Verra. La iniciativa busca evitar la liberación de 399,286 toneladas de gases de efecto invernadero en sus primeros 10 años de ejecución.
Como proponente en el documento del proyecto aparece la organización española Ayuda en Acción, con presencia de más de 20 años en Honduras y 11 en La Moskitia. Esta oenegé y su director en Honduras, Roberto Buzzi, no solo han destacado en la firma de convenios para la protección de la niñez indígena y el fortalecimiento de la pesca y la ganadería bajo distintos gobiernos nacionales, sino también por su participación en foros promoviendo sus programas de empleo para los pueblos originarios en las cadenas productivas del cacao y la pesca.
Este proyecto, según su diseño, está planteado en dos fases: la primera operaría en siete concejos territoriales miskitos: Lainasta, Katainasta, Watiasta, Ahuya Yari, Truktsinasta, Bamiasta y Batiasta, que suman 214,934 hectáreas elegibles para realizar la captura de carbono. En la segunda fase se sumarían el concejo territorial miskito de Rayaka y el pech de Las Marías, con 56,594 hectáreas adicionales. Después de esto, el proyecto contempla expandirse a todo el departamento de Gracias a Dios, es decir, La Moskitia hondureña completa.
Contracorriente encontró dos documentos en los que Ayuda en Acción sugirió que había realizado la consulta del proyecto de carbono. Sin embargo, el documento de diseño (Project Design Document) no detalla la cantidad de personas con las que se consultó y solo incluye un cronograma de reuniones con líderes territoriales, autoridades estatales y organizaciones indígenas en la zona, entre diciembre de 2018 y marzo de 2022.
Según la versión extendida del diseño del proyecto, en junio de 2021 las comunidades firmaron un acuerdo de cooperación «para así formalizar su participación en el proyecto». En otros momentos, la oenegé española anunció que había hecho reuniones con la comunidad para conversar sobre la iniciativa. Por ejemplo, en un reporte en televisión la coordinadora de Cambio Climático de Ayuda en Acción, María José Bonilla, habló de «todo un proceso de construcción que lleva un trabajo bastante arduo en el tema de poderlo comunicar y socializar con las comunidades [y] con el resto de población de La Moskitia». Es ella quien justamente aparece en los documentos del proyecto como responsable.
Contracorriente contactó a María José Bonilla para preguntarle por el proceso de consulta realizado para el proyecto de carbono en La Moskitia y por los programas de socialización ejecutados por su organización. Pese a que se le hicieron llamadas telefónicas y se le enviaron mensajes por WhatsApp desde febrero de este año, al cierre de este reportaje Bonilla no había respondido a las preguntas de esta alianza periodística.
Ante la falta de respuesta de Bonilla, Contracorriente contactó a la oficial de comunicaciones de Ayuda en Acción, Lizzeth Ordóñez. Sin responder sobre la solicitud de entrevista, Ordóñez contestó por correo electrónico que el proyecto «fue construido colectivamente con las comunidades» y que «se llevó a cabo un proceso de amplia socialización y diálogo». Además, subrayó que los programas desarrollados por Ayuda en Acción no tenían relación con el proyecto de carbono, aunque así se señale en el documento de diseño del proyecto y también lo cuestione Verra en su carta. Sobre el estado de la iniciativa, dijo que «el proyecto está suspendido».
Continuamos en Honduras los talleres por las comunidades para dar a conocer la 'Iniciativa Carbono Azul y otros ecosistemas', que desarrollamos junto a @southpoleglobal.
— Ayuda en Acción (@ayudaenaccion) July 5, 2021
Si quieres saber más del proyecto 👉🏽 https://t.co/rLmevjzNgm pic.twitter.com/QJm2un5sdE
Víctor Padilla, gerente de monitoreo y evaluación de proyectos de Ayuda en Acción, sí habló con Contracorriente. Aseguró que los procesos de consulta previa se han venido realizando desde 2017 con líderes territoriales y que es por la división en la máxima organización miskita que no ha arrancado el proyecto, no por falencias en el proceso de consulta.
«Nosotros estuvimos en todos estos procesos de consulta con los líderes que venían participando desde el 2017, y los que tenían el mayor reconocimiento de las comunidades son estos líderes. Ahora, la fracción de la otra junta directiva de Masta es otro grupo de líderes que efectivamente no participaban en los procesos de consulta del proyecto, puesto que a algunos de ellos ni los conocíamos, y son los que ahora mismo están generando alguna información [maliciosa] en redes sociales y son los que han interpuesto la denuncia», dijo a este equipo periodístico en las oficinas de Ayuda en Acción en Puerto Lempira, en diciembre de 2023.
Según Padilla, el proyecto fue consultado con los líderes de los concejos territoriales que lo integran, y sobre ellos reacaía la responsabilidad de informar a las comunidades de La Moskitia, no sobre la oenegé española.
«El proyecto ha sido ampliamente analizado y participativo con los líderes de los consejos territoriales. El concejo territorial es el representante de las comunidades, que son dueñas del territorio; entonces, el actor que usted necesita que tenga la claridad del proyecto es el [líder] del consejo territorial, pero lógicamente él debe estar informando a sus representantes. Ahora, si su sombrilla o su plataforma más arriba está dividida, ahí hay eminentemente un gran problema», argumentó Padilla.
La empresa suiza South Pole, uno de los gigantes del mercado mundial de carbono, aparece como consultora en la formulación del documento de diseño del proyecto, que después recibió el visto bueno de la firma auditora colombiana Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). Luego fue presentado a la organización estadounidense Verra, que lidera uno de los estándares de certificación de proyectos de compensación de carbono más usados en el mundo, para su aprobación, y poder comenzar así a vender bonos en el mercado.
Solo que en ese punto el proceso se frenó.
Las dudas de Verra
En julio de 2023, Verra emitió una carta denegando el registro del proyecto de La Moskitia, argumentando, entre otras cosas, que «la descripción del proyecto y el informe de seguimiento contienen información incorrecta e incompleta». En consecuencia, señaló la certificadora, «el estado del proyecto en el registro se ha actualizado a “En espera”». Con esa negativa a certificarlo bajo su programa de créditos de carbono Verificación de Carbono Estándar (VCS), y otro adicional llamado Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB), el proyecto no puede todavía vender sus créditos en el mercado.
En su carta, que no había estado disponible en la plataforma de Verra hasta que esta alianza periodística preguntó por ella, la organización estadounidense desglosa sus dudas y preocupaciones. Coincidiendo con lo que alertaba Mirna Wood, la certificadora advirtió que «el proponente del proyecto no proporciona información adecuada para concluir que el proyecto se ha desarrollado y ejecutado mediante un proceso consultivo», y que «no ha demostrado que se hubiera obtenido el consentimiento de las comunidades previo a actividades del proyecto que pudieran afectar sus derechos».
La certificadora puso en duda que los encuentros de Ayuda en Acción con la comunidad tuvieran el alcance que les atribuyó el proponente. «Estas reuniones se describen como encuentros con líderes comunitarios y autoridades locales para debatir los beneficios y próximos pasos del proyecto en el territorio», advirtió Ciara McCarthy, directora de soluciones climáticas naturales de Verra en su carta, que fue subida a la plataforma de la certificadora el 2 de febrero de este año, pero «esto no indica que fueran un espacio para obtener su consentimiento previo, libre e informado».
Según la certificadora, también resulta contradictorio que Ayuda en Acción solicitara que junio de 2017 fuera la fecha de inicio del proyecto, pero que las primeras reuniones con la comunidad hubiesen tenido lugar en diciembre de 2018. Es decir, un año y medio después de comenzado. Aunque es común que los proyectos de carbono soliciten fechas de inicio retroactivas por un par de años, sus proponentes deben demostrar que venían trabajando con la comunidad desde entonces.
Así mismo, Verra señaló varias inconsistencias o inexactitudes en los datos forestales del diseño, entre otras, que no aplicó el modelo de espacialización que permite calcular una línea base de emisiones en el área del proyecto; que no siguió las pautas metodológicas para esbozar el área de referencia con la cual se compararían las dinámicas de deforestación; y que no aportó fuentes apropiadas para analizar la deforestación histórica en el lugar.
Verra también cuestionó la frontera borrosa entre el proyecto de carbono y el programa Prawanka de Ayuda en Acción, que promueve el empleo a través del cultivo de granos básicos y la pesca.
Según Verra, Ayuda en Acción solicitó aprobar la fecha de inicio del proyecto de carbono en el momento en el que arrancó el programa Prawanka, pese a que, en sus palabras, «el programa Prawanka no parece incluir entre sus objetivos el uso de la financiación del carbono». Como resultado, señaló, «no está claro si el proyecto requiere la financiación del carbono para su puesta en marcha». Esta preocupación pone en duda otro elemento esencial de cualquier proyecto de este tipo: que demuestre adicionalidad, es decir, que el resultado ambiental de conservación no hubiese ocurrido sin la existencia de los bonos.
Pese a estas objeciones, la metodología de trabajo de Verra permite todavía a Ayuda en Acción subsanar esos errores y volver a solicitar a la certificadora el registro de su proyecto, a más tardar hasta el 4 de julio de este año. Es decir, en tres meses.
Verra dirigió su carta no solamente a María José Bonilla, representante de Ayuda en Acción en el proyecto de carbono, sino también a Martha Ivon Corredor, quien aparece como representante del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), la firma que auditó el proyecto.
Esta alianza periodística no pudo comprobar si Icontec avaló y dio por ciertas las afirmaciones de Ayuda en Acción sobre la consulta realizada en La Moskitia, dado que a marzo de 2024 su informe de auditoría no aparecía publicado en la plataforma de Verra.
Icontec denegó compartir el informe de auditoría que hizo del proyecto con esta alianza periodística. «No se encuentra en su versión final», respondió por correo electrónico Laura María García, profesional en validación y verificación forestal de la auditora colombiana, añadiendo que «el proceso de auditoría se encuentra pausado». Por este motivo, señaló, «la información pública de este proyecto es la que se encuentra en la plataforma de Verra».
Sobre la consulta previa, Icontec dijo que «el equipo auditor realizó el proceso de validación y verificación establecidos en la respectiva normatividad legal vigente», y que «dio cumplimiento a la normatividad que aplica para la región de la Muskitia». No detalló a cuáles reglamentos se refería. Explicó que «realizó entrevistas a las autoridades competentes y representantes de los diferentes actores», sin identificar a las personas con quienes habló.
Por último, sobre las fallas que detalló Verra en su carta de rechazo del proyecto de carbono, Icontec solo dijo que «se identificaron hallazgos que se informarán y serán de conocimiento público una vez se cumplan con los requisitos del estándar».
La empresa ICONTEC, acreditados bajo la ISO 14065, está realizando auditoria para verificar y validar el proyecto REDD+ Muskitia ba Pâsa Klîn Nâka sa de 7️⃣ Concejos Territoriales y un Concejo de tribu PECH.
— Ayuda en Acción (@ayudaenaccion) August 11, 2022
Esta iniciativa la facilitamos junto a @SouthPoleglobal. pic.twitter.com/BIEVif0yRs
El conflicto dentro de Masta
Además de alertar a las comunidades, Mirna Wood denunció ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público a los promotores del proyecto —es decir, a Ayuda en Acción y a su representante en Honduras, Roberto Buzzi, así como a South Pole— por presuntamente haber vulnerado el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada.
En la denuncia, interpuesta en julio de 2023, también pidió realizar investigaciones patrimoniales y económicas a Ayuda en Acción y South Pole, e indagar por el posible desvío de fondos destinados de proyectos sociales a personas particulares.
La fracción de Masta que ella lidera denunció también al expresidente de la organización, Norvin Goff, por presuntamente haber aceptado la instalación del proyecto de carbono, así como la firma de una concesión petrolera en los Cayos Miskitos y otros proyectos, en nombre de la población miskita y en alianza con otros líderes territoriales, sin el conocimiento ni consulta previa de la mayor parte de la población miskita ni de las comunidades locales a las que representan.
La otra fracción, que integra Goff, asegura que los denunciantes del proyecto de carbono avalan la llegada a La Moskitia de ganaderos invasores provenientes del departamento de Olancho. También les señalan por supuestamente negarse a un proceso de recuperación de tierras miskitas, al defender la construcción de una carretera que podría atravesar la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, un área protegida dentro de La Moskitia que es considerada patrimonio de la humanidad por su valor natural.
Esa división al interior de Masta, y también entre los líderes de los distintos concejos territoriales que develó el proyecto de carbono, afecta a las comunidades de la región desde el proceso de titulación de tierras en 2012, y ha crecido en medio del abandono estatal y las negociaciones clientelistas.
En el grupo de Masta en donde Mirna ubica a Goff también está Elvis Greham, actual presidente de esta fracción. Él firmó una carta de entendimiento para realizar los estudios del proyecto de carbono con Ayuda en Acción y South Pole en 2021.
Sin embargo, a diferencia de la postura de Ayuda en Acción de que los procesos de consulta se realizaron entre 2018 y 2022, Greham insiste en que la organización firmó una carta de entendimiento con Ayuda en Acción y South Pole en 2021, pero que todavía no se ha realizado la consulta previa, libre e informada que requiere para ponerla en marcha.
Greham, además, asegura que en La Moskitia es poco o nulo lo que se conoce del carbono. «En los ocho territorios se ha socializado o consultado a 800 personas; lógicamente la gente que ha estado en el proceso manejan el tema, pero la gran mayoría, tenemos que estar claro nosotros que la gran mayoría no lo maneja, algunos territorios o presidentes territoriales están trabajando informando a lo interno de su concejo territorial», explica Greham.
Según su relato, Ayuda en Acción y South Pole se le acercaron en 2021 con la intención de que él avalara el proyecto como presidente de la máxima organización miskita, por lo que convocó a una reunión con los líderes de los ocho concejos territoriales miskitos pertenecientes al proyecto (sin incluir al concejo pech). A su vez, los líderes de cada concejo consultaron a miembros de sus comunidades para ver si estas aceptaban formar parte del proyecto o no.
El problema radica en que ese ejercicio supuso consultar a unas 800 personas, cuando los 15 concejos territoriales en La Moskitia suman 158,400 personas agrupadas en 267 comunidades, según un censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y de la propia Masta. Solo los concejos de Lainasta, Katainasta y Truktsinasta —que forman parte del proyecto de carbono— registran más de 20 mil personas cada uno, mientras que Bakinasta y Batiasta —que rodean la zona de la Reserva de la Biosfera de Río Plátano— registran una población de entre 4 mil y 10 mil personas por cada concejo.
Greham asegura que ese ejercicio fue apenas una «iniciativa» y que no debe tomarse como una consulta previa, libre e informada. «Hasta este momento nosotros tenemos una carta de entendimiento donde dice que cualquiera de las dos partes, si en algún momento se sienta incómoda, se retira sin ningún problema. Hasta el momento hemos llegado a nivel de una consulta, y hasta ahí hemos quedado, por la veda establecida por el gobierno», señala Greham. Por «la veda» se refiere a la moratoria establecida por el gobierno de Xiomara Castro en junio de 2022, que puso en pausa las iniciativas de proyectos de carbono en el país hasta tener un nuevo inventario de carbono forestal realizado por Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
«De repente ellos [Ayuda en Acción] lo tomaran así, como una consulta. Por eso nosotros, como Masta, en agosto de 2023 hicimos una reforma del estatuto de Masta, donde metemos un artículo, en el que toda iniciativa debe ser consultada con la mayor cantidad de personas posibles». expresó Greham, enfatizando que «para nosotros eso no es una consulta».
Es por lo anterior que, pese a que ya se han sentado a dialogar ambas facciones de Masta, Elvis Greham afirma que la falta de información, el acaparamiento de tierras, los intereses políticos y la pelea por el saneamiento de tierras es lo que mantiene en división la gobernanza del territorio miskito y, por lo tanto, a sus líderes.
«No estoy en contra de la demanda (realizada por Mirna Wood) ni a favor. A mí me dejaron en la presidencia para velar por el bienestar de mi gente, y es por eso por lo que no estoy de acuerdo [con] que ellos tomen esas pláticas con unas cuantas personas. [La carta de entendimiento] no significa que estamos amarrados o que nos hemos comprometido, estamos buscando informaciones para tomar nuestras decisiones en bienestar de la población», dijo.
Greham se comprometió a facilitar a Contracorriente la carta de entendimiento suscrita entre él y los promotores del proyecto en 2021. Sin embargo, desde enero de 2024 dejó de contestar nuestras comunicaciones.
Yulissa Gómez, portavoz del Ministerio Público, confirmó que la denuncia realizada por el sector de Masta al que pertenece Mirna Wood fue recibida por la Fiscalía de las Etnias, y que actualmente esta trabaja en conjunto con otras fiscalías para realizar las auditorías correspondientes a la organización Ayuda en Acción. Gómez no dio más información del caso, asegurando que debe mantenerse en reserva para no entorpecer las investigaciones.
Posibles irregularidades en el proceso de consulta
Los manglares piñuelo, o «laulu» en lengua miskita, se yerguen imponentes alrededor de la laguna Caratasca, mientras las gaviotas y garzas los visitan, y los peces revolotean en sus raíces. También llamada Laguna de los Lagartos, es visitada por habitantes que llegan en cayucos a pescar camarones, jobalos, tilapias y corvinas, y a cortar leña para sus hogares. Conectada a otras lagunas más pequeñas, como Tansin, Warunta y Tilbaca, constituye el sistema lagunar más extenso de Mesoamérica.
Al otro lado de la laguna, partiendo de Puerto Lempira, está la comunidad de Kaukira, en donde está ubicado el concejo territorial de Katainasta, uno de los que también integra el proyecto de carbono.
En Katainasta, la tierra se usa mayormente para la agricultura, la extracción de árboles para la creación de cayucos y para la venta de madera comercial, la cacería y la ganadería. En la playa que da al mar Caribe, los pescadores también salen en busca de pepinos de mar y medusas que son exportadas a China, como ha relatado Contracorriente, y otros zarpan en botes pesqueros a embarcarse por semanas en la pesca de langostas, jaibas y camarones, arriesgándose a no regresar debido a las condiciones en las que realizan la pesca de buceo.
Aquí casi nadie sabe del proyecto de carbono. Contracorriente consultó a los ancianos en la costa, a jóvenes que manejan motocicletas y a mujeres que atienden en los mercados, pero de unas ocho personas consultadas en todo el pueblo ninguno dijo saber sobre un proyecto de carbono en la zona, ni cómo esto vendría a beneficiar a las comunidades que por años se han encargado de administrar los bienes comunes. Tampoco conocían de qué se tratan los esquemas de compensación de carbono.
Joaquina Calderón, coordinadora de Desarrollo Forestal Comunitario del Instituto de Conservación Forestal (ICF) de La Moskitia, también aseguró que es muy poca la información que se conoce en la zona sobre el mercado de carbono, y que al menos a ellos, como entidad gubernamental a cargo de la gestión de bosques, la oenegé Ayuda en Acción y la empresa South Pole nunca les consultaron sobre la implementación del proyecto.
Guillermo Rosales, pastor evangélico y miembro de la junta directiva del concejo territorial miskito de Katainasta, es una de las personas que aceptaron el proyecto de carbono, pero en el momento en que fue consultado, el diseño se limitaba a la captación de carbono por medio de los manglares, no incluía los otros ecosistemas de La Moskitia y los demás concejos territoriales. «Siempre estamos en la expectativa como consejo territorial. Y si ellos [South Pole y Ayuda en Acción] regresan, estamos dispuestos a negociar para el beneficio de las comunidades, porque cuando vinieron se hablaban de incentivos de millones por toneladas de carbono», explicó.
Una de las razones de ser del proyecto es la galopante deforestación que asola a La Moskitia.
Solo en el 2023, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) registró 868 alertas por deforestación allí, sumadas a otras 1,276 alertas en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, un área protegida vecina que fue declarada como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Es decir, en total 5,869 hectáreas han sido amenazadas por deforestación en el territorio miskito. Esa zona concentra el 66 % de las alertas emitidas por deforestación en toda Honduras durante 2023.
El misterio Prawanka
Otro rasgo del proyecto «Muskitia: yacimiento de aire puro» que levantó alarmas en la certificadora Verra fue la incorporación a este de tres programas ejecutados por Ayuda en Acción que no están vinculados a la captura de carbono.
Uno de ellos es Prawanka, financiado por la Cooperación Suiza e implementado por las organizaciones Lutheran World Relief y la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), con el objetivo de incrementar los ingresos de las comunidades en la región de La Moskitia por medio de la producción de arroz, frijol, cacao y pesca.
En total, contó con una inversión de 24 millones de euros entre 2017 y 2024, según el portal de Ayuda en Acción. Tanto en el gobierno anterior como en el actual, Prawanka ha suscrito convenios entre secretarías y direcciones estatales orientados a beneficiar a pequeños productores, incluyendo uno en noviembre de 2022 con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para «beneficiar a 8 mil pescadores» y otro en agosto de 2023 con el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende).
Este es el programa que Verra cuestionó por su falta de conexión con los objetivos del proyecto de carbono.
Algo similar parecería ocurrir con otros dos programas, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras (PIAH) y Yamni Iwanka, que también buscan el desarrollo comunitario en los distintos concejos territoriales de La Moskitia. El primero es financiado por la Unión Europea y el segundo por el gobierno de Japón.
Estos dos programas figuran, al igual que Prawanka, en el cronograma del documento de diseño del proyecto para la captura de carbono en La Moskitia.
Aunque ninguno de estos proyectos detalla públicamente su relación con el proyecto de carbono y las comunidades miskitas también lo desconocen, la propia Ayuda en Acción los ha vinculado en sus redes sociales. Describió al programa Yamni Iwanka como una contribución «a nutrir el suelo para que capture más carbono y así revertir el calentamiento global».
🌽Las familias tendrán ahora su propia granja avícola y las aves contribuirán a nutrir el suelo para que capture más carbono y así revertir el calentamiento global 🌍
— Ayuda en Acción (@ayudaenaccion) October 17, 2023
🤩Esta iniciativa la hacemos con el proyecto #YamniIwanka junto al @BancoMundialLAC y el Fondo Japonés 🙏🏽 pic.twitter.com/I16C2MY418
Víctor Padilla, de Ayuda en Acción, aseguró a Contracorriente que ninguno de estos tres programas ejecutados por la organización tiene relación con el proyecto de carbono en La Moskitia, a pesar de que según el diseño del proyecto son parte de su cronograma de desarrollo.
«Todos los proyectos que ejecuta o que implementa Ayuda en Acción en el territorio no tienen que ver con el proyecto Muskitia Pâsa Klîn Nâka», argumentó Padilla.
South Pole se desmarca
Luego de la carta de Verra denegando la certificación del proyecto de carbono en La Moskitia, al menos uno de sus impulsores pareció cambiar de opinión sobre su valor.
Desde mediados de 2021, el sitio web de South Pole incluía una página dedicada a esta iniciativa, a la que atribuía «nuevas oportunidades de ingresos sostenibles que no dependan de la tala del bosque» y una «infinidad de beneficios». «Para hacer frente a la deforestación y proteger los imponentes paisajes de la Muskitia, el proyecto colabora con ocho comunidades indígenas y afrohondureñas [cuyas] estructuras de gobernanza y visiones colectivas de futuro han sido fortalecidas en alianza con los concejos locales, aumentando la participación y sentando las bases para una prosperidad compartida a largo plazo», prometía.
En sus redes sociales, South Pole también promocionó imágenes de cámaras trampa con jaguares en la zona del proyecto y tomas aéreas de la costa que da al mar Caribe, así como un pedido de ayuda tras la destrucción causada por las tormentas tropicales Eta e Iota.
Consultada por Contracorriente, la empresa suiza dijo que está evaluando su participación en el proyecto, aunque atribuyó sus dudas no a las preocupaciones expresadas por Verra, sino a las decisiones tomadas por el gobierno hondureño. «Si bien creemos que el proyecto Muskitia es muy importante, la nueva legislación para el mercado de carbono forestal en Honduras crea un riesgo que dificulta la inversión extranjera en el futuro. A pesar de nuestra importante inversión de capital en este proyecto hasta la fecha, estamos revisando nuestro papel y participación en el futuro», dijo un portavoz, vía correo electrónico. «Nos gustaría contar con mayor claridad y certeza sobre cómo se regularán los créditos de carbono forestal, así como un cronograma claro sobre cuándo se publicará y promulgará la regulación aún pendiente», indicó.
Ante la repregunta de esta alianza periodística de cuál era exactamente la inversión de capital que han hecho en el proyecto, se limitó a reiterar lo anterior y subrayar que no tenían nada más que agregar a la declaración proporcionada anteriormente. No respondió nada sobre las preocupaciones expresadas por Verra sobre el proyecto.
Por su parte, South Pole se negó a otorgar la entrevista solicitada por este equipo periodístico para discutir el proyecto en La Moskitia. «Nuestro trabajo ha implicado amplias consultas con las partes interesadas desde 2018, incluidas cerca de 100 reuniones y la participación de alrededor de 4,000 miembros pertenecientes a 180 comunidades», se limitó a responder la empresa, vía correo electrónico, reiterando que el proyecto «se encuentra en su fase de desarrollo».
Una nueva ley de carbono que tampoco consulta a los pueblos originarios
En su discurso en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) realizada en Dubai, en diciembre del 2023, la presidenta Xiomara Castro ofreció mitigar los efectos del cambio climático mediante el mecanismo de captura de carbono.
«Como representante de los pueblos del sur, históricamente colonizados, y principales proveedores de recursos, enfrentamos las peores consecuencias del cambio climático. Mientras tanto, los más poderosos del mundo anuncian planes espaciales para escapar a otros planetas, dejando atrás una tierra devastada», manifestó la mandataria.
Aunque la presidenta prometió en la COP28 hacer responsables a quienes más contaminan el ambiente, y el actor Leonardo Di Caprio enalteció estas promesas asegurando que esto traerá beneficios a los pueblos originarios en La Moskitia, el gobierno hondureño aprobó una ley para formar parte de un mercado de carbono regulado sin haberla consultado con los mismos pueblos originarios a los que busca proteger.
Esta fue su segunda decisión sobre el mercado de carbono desde que llegó al poder en 2022. En junio de ese mismo año, la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y eI Instituto de Conservación Forestal (ICF) establecieron una moratoria nacional en la venta de créditos de carbono forestal para, en sus palabras, «reducir potenciales riesgos y conflictos sociales, ambientales y económicos» asociados a la venta ilegal de créditos de carbono en proyectos privados. Su finalidad era, según este comunicado, «evitar la colonización del comercio del carbono de nuestros bosques».
Un año después, en julio de 2023, y casi al tiempo que Verra negaba el registro del proyecto de Ayuda en Acción en La Moskitia, el gobierno de Castro logró la aprobación en el Congreso Nacional de una «Ley especial de las transacciones de carbono forestal para la justicia climática». Esa normativa, además de buscar entrar a un mercado regulado de carbono, estableció distintas modalidades para las transacciones de este elemento en el país, incluyendo un «canje de deuda por naturaleza y carbono» con el que se pueda reducir la deuda externa de Honduras, mediante un intercambio basado en los resultados ambientales logrados por el país.
Elsser Brown, director de Moskitia Pawisa Aslika, en español Agencia para el Desarrollo de la Moskitia (Mopawi), señaló que esta ley no fue consultada con los pueblos originarios en La Moskitia antes de su aprobación, y que este hecho refleja la falta de participación de los pueblos originarios en los asuntos de Estado. «[En la aprobación de esta ley] está la ausencia de la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas, pero también se ve marcada una, no quiero decir discriminación, pero no hubo una consideración del derecho indígena en la formulación de esta Ley», dijo a Contracorriente.
El gobierno justamente promocionó la ley como una manera de recompensar a quienes han protegido el bosque por años, y como un mecanismo de justicia climática mediante el cual los mayores contaminadores les pagarían a ellos. «Aquí en el país, 45 % de las zonas de áreas protegidas están cercanas a donde están los hermanos de los pueblos originarios. A esos lugares hay que llegar, porque han sido los responsables de los cuidados de los bosques, de los ríos, de las montañas durante décadas», dijo el ministro de la Serna, Lucky Medina, en un foro televisivo.
Esa narrativa de justicia climática para los pueblos originarios ha generado malestar entre algunos de sus líderes más visibles. «Yo creo que es totalmente nefasto que, en nombre del ambientalismo y de la protección de los recursos, se esté violentando el derecho a la verdadera consulta a los pueblos indígenas y originarios, que han vivido durante siglos en estos territorios», dijo Miriam Miranda, una lideresa garífuna que está al frente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Sobre esto, el viceministro de la Serna, Malcolm Stufkens, dijo a Contracorriente que era necesario que se aprobara rápido esta ley para poner un alto a los proyectos dentro del mercado voluntario que presentan irregularidades, y que por eso no fue socializada con las poblaciones indígenas. El viceministro agregó que los pueblos originarios sí serán considerados en la etapa de la elaboración del reglamento para la ejecución de la ley.
Además, mencionó que en la modalidad de mercado voluntario «estaban repartiendo el país entre varias empresas» y que por eso el Estado ahora tiene interés de regular estas iniciativas, y también proteger los bienes comunes.
«Hay que botar la imagen de lo que se tenía del gobierno anterior en estos temas, porque no estaban reconociendo la titularidad y tampoco estaban asegurando una participación [de los pueblos originarios], eso no es algo que nosotros tenemos contemplado», prometió Stufkens.
Mientras la noche cae y la lluvia amenaza con traer más oleaje en la laguna de Caratasca, Seldita Pedro, mujer miskita, vicepresidenta de la junta directiva del territorio de Bamiasta, observa el muelle y cuenta que La Moskitia se enfrenta a un monstruo de múltiples cabezas, uno más grande que las comunidades, y que amenaza con despojarlos de sus tierras.
Su territorio tomó la decisión de abandonar la negociación sobre la implementación de la captura de carbono en La Moskitia por la falta de claridad en el proceso, y porque temen que podría afectar a las comunidades el aprovechamiento del suelo. «Hoy en día, en nuestro territorio están pasando problemas de invasión o de gobernanza territorial, y no podemos solos. En el territorio de Bamiasta extraen muchos recursos naturales, maderas de colores, especies que están en peligro de extinción, y nuestra fauna muere. Nos sentimos que estamos indefensos y que estamos en esta lucha contra los terceros», reclama, refiriéndose a quienes continúan invadiendo sus tierras y extrayendo sus recursos.
A esos «terceros» de los que habla se suman ahora iniciativas que parecerían estar diseñadas para ayudarles, pero que han despertado muchas dudas por las fallas en consultarlos, y también por lo poco que se les ha informado.
En mayo de 2022, el famoso cantante español Alejandro Sanz anunció que destinaría fondos a Ayuda en Acción para la conservación de los manglares en La Moskitia. Mediante la venta de dos botellas de acero inoxidable de edición limitada, diseñadas por una empresa española llamada Quokka, Sanz prometió ayudar a conservar y reforestar 250 mil hectáreas de bosque de manglar, mediante el mecanismo de captura de carbono.
«Yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí voy a decirles lo que yo voy a hacer: quiero conseguir que mi huella de contaminación se reduzca lo máximo posible», dijo el cantante en la COP25, en diciembre de 2019.
Elvis Greham, de Masta, sabe quién es Alejandro Sanz y también conoce sus canciones, pero no sabía que estuviera involucrado en el proyecto de carbono del que él ha sido parte. «No sabía», dice.
Casi como en la famosa canción de Sanz, «Cuando nadie me ve», en donde canta: Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo.
Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.
