Texto y fotografía: Fernando Destephen.
En la zona denominada «Plaza de las Etnias» del Centro Cívico Gubernamental (CCG) hay un busto de resina, con una capa de pintura metálica encima, instalado en homenaje a la defensora ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. En la jardinera han colocado una columna de metal con un texto explicativo sobre el pueblo lenca.
En el CCG funcionan la mayoría de oficinas públicas, tal como ocurría en el gobierno de Juan Orlando Hernández, a pesar de que el 30 de junio de 2021, en un discurso electoral, la hoy gobernante Xiomara Castro prometió convertir sus instalaciones en un «centro de atención primaria y de consultas especializadas y medicina preventiva» si se convertía en presidenta..
Una de las pocas cosas que han cambiado es que el CCG ahora tiene símbolos de un gobierno que continúa definiéndose «en resistencia». El más grande quizá sea este busto de Berta Cáceres, inaugurado el 5 de marzo de 2022, apenas a un par de meses de que Castro tomara posesión de la presidencia, día en el que recibió la Vara Alta del pueblo lenca como muestra de su compromiso con los pueblos indígenas.
Según el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, la empresa GIA en Honduras, operador privado del CCG, opuso resistencia a la colocación del busto de Berta Cáceres, y ni la electricidad querían instalar. Finalmente les permitieron colocarlo, con la advertencia de que en una semana tenían que quitarlo.
El busto continúa donde fue emplazado, resistiendo la invisibilidad. Paradójicamente, justo en frente de lo que debería de ser un símbolo de lucha indígena y ambiental hay dos agencias bancarias, una del banco Cuscatlán, de capital salvadoreño y recién adquirido en Honduras por Inversiones Cuscatlán Centroamérica, y una de banco Ficohsa, empresa de la familia Atala a la cual el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta Cáceres y dirigido por ella hasta su asesinato, ha señalado como parte de los autores intelectuales del crimen.
La familia Atala en Honduras es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas, y son conocidos por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país. Entre sus miembros se encuentran Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y José Atala Zablah, todos ellos parte de la junta directiva de Desa, la empresa que desarrollaría Agua Zarca, el proyecto hidroeléctrico en contra del cual luchó Berta.
Juan Blas Raudales, de 60 años, hace una pausa en su visita al CCG para decir que considera que la ubicación de las agencias bancarias «es una falta de respeto», y agrega que si el gobierno quiere servirse de la imagen de Berta deberían de darle al menos mantenimiento al busto y una mejor ubicación.
Se consultó la opinión de la administración del Centro Cívico Gubernamental, vía mensaje de Whatsapp y correo electrónico, pero al cierre de esta nota no habían dado respuesta.
Aclaración: Banco Ficohsa no está involucrado con el caso de Berta Cáceres, sin embargo su nombre ha aparecido en diversas denuncias y protestas en contra de instituciones financieras que tienen alguna cercanía con la familia Atala Zablah. En este caso, los socios más conocidos de Ficohsa en Honduras son de apellido Atala Faraj. La observación sobre la instalación de un Banco Ficohsa frente al monumento de Berta Cáceres y cómo esto puede resultar incoherente, proviene de personas que opinaron al respecto y no pretendemos desmeritar las mismas con esta aclaración.
