Falta menos de un mes para que el Congreso Nacional conozca a los cinco postulantes seleccionados como candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal general adjunto por parte de la Junta Proponente. Rebeca Lizette Ráquel Obando —presidenta de la Junta y máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)—, tiene vínculos familiares y de afinidad política con dos de los postulantes, uno de ellos formó parte de la junta proponente que la favoreció en la elección de la CSJ y con el otro tiene lazos familiares.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
La semana pasada, en la sesión de junta proponente del 11 de julio, la magistrada presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, se excusó de conocer las tachas interpuestas en contra del postulante Yuri Melara Berloiz. Ese día, la presidenta de la Junta Proponente argumentó que, «aunque no me comprende ninguna causal objetiva de excusa tanto en el grado de parentesco con respecto a la afinidad» no conocería las denuncias ni tachas en contra de este postulante amparándose en la transparencia.
José Luis Melara, esposo de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, es tío de Juan Carlos Melara, esposo de Zoé Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente y actual asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales.
En esta misma sesión se conoció que cuatro tachas y denuncias fueron presentadas en contra del abogado Melara Berlioz, de las cuales una fue descartada por la secretaría técnica de la Junta Proponente (la denuncia TD-10-JPFGA-2023-10) debido a que el denunciante no presentó los medios de prueba para sustentar la denuncia. Sin embargo, esta y otras tres denuncias que no cumplieron los requisitos según la secretaría técnica, fueron admitidas nuevamente por decisión de los miembros de la Junta Proponente.
Aunque todavía se desconocen las tachas y denuncias en contra del postulante Yuri Melara Berlioz, los miembros de la Junta Proponente votaron a favor de que la presidenta de la Junta se excusara de conocer y participar en la deliberación de estas denuncias.
Pero este no es el único conflicto de interés que enfrenta Rebeca Ráquel en su gestión como máxima autoridad de la Junta Proponente. En la carrera para convertirse en fiscal general o fiscal adjunto también está el abogado Mario Urquía, quien fungió como presidente de la Junta Nominadora que entregó al Congreso Nacional la lista de los candidatos y candidatas mejor evaluados para ser magistrados y magistradas de la república. Dentro de esa lista figuró Rebeca Ráquel.
Urquía, quien ha sido juez de letras del Poder Judicial y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras, fue uno de los primeros en autopostularse para ser fiscal general o fiscal general adjunto, y de los pocos que no tuvo que subsanar su expediente. Sin embargo, este postulante enfrenta cuatro tachas y denuncias en su contra.
Aunque su gestión como presidente de la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) no lo inhabilita para postularse para fiscal general o fiscal general adjunto según la Ley de la Junta Nominadora —aprobada en julio de 2022—, esto sí representa un conflicto de interés no solo para Rebeca Raquel sino también para Wagner Vallecillo, magistrado de la CSJ y actual secretario de la Junta Proponente.
Aparte de seleccionar a Rebeca Ráquel (quien tiene afinidad con el Partido Libre) como candidata a magistrada mientras fue presidente de la Junta Nominadora, los vínculos del postulante Mario Roberto Urquía con este partido político han sido más directos, ya que también se desempeñó como presidente del Consejo Departamental Electoral de Cortés en representación del partido Libre.
Además, medios de comunicación aseguran que ha sido coordinador departamental del movimiento Fuerza y Refundación integrado por militantes del partido Libre.
En el caso del abogado Yuri Melara Berlioz —quien fue fiscal adjunto de la República entre el 2004 y 2005—, además de tener vínculos familiares con la presidenta de la CSJ, también su afinidad al Partido Liberal ha sido conocida. En el Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya fue consultor legal externo del Ministerio de la Presidencia de la República desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2006.
Osiris Payes, abogada e integrante del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) explicó a Contracorriente que al ser el Ministerio Público una institución independiente tanto financiera como administrativamente, esta no se encuentra contemplada dentro de los tres poderes del Estado, y la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» solo inhabilita de ejercer cargos públicos a los miembros de la Junta Nominadora en el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
«Ahora, aquí lo que sí podría resultar preocupante es el hecho de que a mi me están calificando en cierta parte dos de las personas que yo ya puse en ese puesto [Rebeca Ráquel y Wagner Vallecillo]. Ahí es cuando nosotros vemos la necesidad de reforma en los procesos de elección de altos funcionarios públicos en general, porque ese mismo cuestionamiento existe en la elección de magistrados», explicó la abogada Osiris.
Lo mismo opinó el abogado constitucionalista Raúl Pineda Alvarado, quien aseguró a Contracorriente que el abogado Urquía debería de estar fuera del esquema de postulantes por este conflicto de interés y además destacó la falta de confiabilidad en las juntas nominadoras debido a que en estas el interés partidario siempre predomina.
«Al final, el propósito de una propuesta independiente, imparcial y objetiva con base a méritos no se ha logrado en los casos que recientemente se han dado en Honduras. Lo que hay que ver en el caso del Ministerio Público es que la transformación de la plataforma esté organizada, no solamente la elección fiscal», destacó el abogado Pineda, y al igual que Osiris Payes señaló la necesidad de implementar un modelo de elección de funcionarios distinto al que se tiene en Honduras.
Puedes ver otros conflictos de interés y señalamientos a los demás postulantes en esta tabla:
Derogación del «pacto de impunidad»: ¿Parte de las negociaciones para la elección del fiscal o incentivo para limpiar la imagen del Congreso?
En la noche del 12 de julio —después de casi dos me0ses en los que el Congreso Nacional no sesionó—, parlamentarios de todas las bancadas votaron a favor de derogar los decretos 57-2020 y 93-2021, también denominados como «pacto de impunidad». De 120 parlamentarios presentes ese día, 111 votaron a favor de un dictamen que deroga estos decretos.
Ocho de esos nueve congresistas pertenecen al Partido Nacional, y son: Merary Díaz, Mario Pérez, Francisco López, Gonzalo Rivera, Rosa Pavón, César Madrid, Gustavo González. El único liberal fue el diputado Jorge Díaz.
El decreto 57-2020 limita las facultades del Ministerio Público para secuestrar documentos y objetos relacionados a un hecho ilícito, y el 93-2021 reforma artículos de la Ley de Lavado de Activos y del Código Penal con la finalidad de ocultar capitales y ampliar el secreto bancario a delitos de lavado de activos.
Aunque este movimiento pueda parecer una acción clave para lograr consenso y las negociaciones dentro del legislativo para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, el abogado y analista Raúl Pineda opinó que esto es solo un incentivo para querer borrar la mala imagen que está teniendo el Congreso actual.
Antes de que la mayoría de los congresistas votara por la aprobación del dictamen para derogar el «pacto de impunidad», el Poder Legislativo llevaba casi dos meses de no legislar debido a un período de receso y a la falta de consensos en la aprobación del acta de sesión del 16 de mayo.
En esta sesión se discutió y votó simultáneamente por la adhesión de Honduras a la Cooperación Andina de Fomento (CAF). Después de esto, el ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR) presentó los fundamentos de la necesidad de aprobar la Ley de Justicia Tributaria, proyecto que aún no ha sido sometido a discusión en el Congreso. Esta exposición generó que unos parlamentarios mostraran su apoyo y otros salieron del hemiciclo mostrando su rechazo a la iniciativa.
Finalmente, el acta de la sesión número 11 fue sometida a votación, la cual resultó en 77 votos en contra de su ratificación. Aún así, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, dijo que enviaría al Ejecutivo esta iniciativa.
«Para quitar un poco de presión al asunto y para desviar la atención del debate se tomaron estas decisiones que indudablemente son relativamente positivas, pero el tema que tiene que ver con el pacto de impunidad que también significa el tema de la Ley de Amnistía no se tocó», indicó el analista Raúl Pineda.
El decreto de amnistía política aprobado en febrero de 2022 permite que funcionarios de la administración del expresidente y ahora asesor presidencial, José Manuel Zelaya, no solo sean absueltos por crímenes que les fueron señalados debido a persecución política, sino que otorga cartas de libertad a funcionarios que cometieron delitos en esta administración. Además, este decreto fue señalado de ser utilizado para desestimar casos de corrupción según un informe del Departamento de Estados de Estados Unidos.
Pero en el debate para aprobar el dictamen que deroga el «pacto de impunidad», el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, sugirió integrar al dictamen la derogación del artículo 4 de este decreto, y así revocar las cartas de libertad extendidas a funcionarios del gobierno 2006-2009; sin embargo, tal sugerencia no fue admitida por la comisión de dictamen.
«Todavía no hay negociaciones porque seguramente están esperando la propuesta de la Junta Proponente, que seguro será una copia de lo que pasó en la Corte Suprema», destacó el abogado Raúl Pineda refiriéndose al acuerdo tripartito al que llegaron las tres fuerzas partidarias para el nombramiento de los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, coincidió con el abogado Pineda en la necesidad de derogar el decreto de amnistía para garantizar que ya no existan los pactos de impunidad, sin embargo, opinó que la derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021 sí forma parte de las negociaciones entre las distintas bancadas para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
«Lógicamente esto lo hicieron a pedido de la misión de Naciones Unidas, porque la lucha contra la corrupción no puede prosperar con decretos de esa naturaleza, pero ahí falta que deroguen y reformen totalmente el Código Penal y falta que deroguen la amnistía», aseguró a Contracorriente el abogado Juan Carlos Barrientos.
El papel del fiscal general ante la posible instalación de la CICIH
El 9 de julio llegó a Honduras la misión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para estudiar las condiciones para la posible instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). En su visita, el equipo de expertos se reunió con la presidenta Xiomara Castro, el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH y la Junta Directiva del Congreso Nacional, entre otros.
Para Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) es «sumamente relevante» que se elija un nuevo fiscal general para que la CICIH opere de forma correcta en Honduras.
«La Cicih inicialmente trabaja con dos instituciones: con el Ministerio Público, con una unidad fiscal especializada para desenredar casos de corrupción, que en este caso esperaría que sea la Uferco, y con el Poder Judicial para dar procesos de formación a los jueces que sean independientes para tener sentencias apegadas a ley», explicó a Contracorriente la congresista.
Mena descartó que la falta de avances en la discusión de proyectos de ley en el Congreso Nacional sea con la finalidad de dilatar el proceso para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, misma que debe finalizar antes del 1 de septiembre del presente año. Además señaló que para la misión de expertos de la ONU será motivo de análisis la elección del nuevo fiscal general.
«Se debe de cumplir con los términos que se establecen [para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto] y se necesitan 86 votos —recordó Fátima Mena— y para eso debemos de tener diálogo político, acuerdos y consensos».
Yahvé Sabillón, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró a Contracorriente que hasta el momento no existen consensos dentro del Congreso Nacional para la elección de las autoridades del Ministerio Público y que esto se debe a las solicitudes que ha realizado el Partido Nacional.
«El Partido Nacional quiere poner ciertas condiciones que son innegociables, no le puedo decir en este momento, probablemente estas se filtren luego porque estas negociaciones se están dando al más alto nivel, pero hasta este momento no hay fiscal general, ojalá que nos manden cinco personas que sean de la más alta investidura», manifestó el congresista a este medio.
Para Jari Dixon, congresista de Libre, el acuerdo entre las tres fuerzas políticas mayoritarias para la elección de las autoridades del Ministerio Público ya está dado, aunque califica como un «error» la posibilidad de que no sea Libre el que controle la dirección de fiscales.
«Sería un error entregar la dirección de fiscalías a otro partido porque la dirección de fiscalías es prácticamente el corazón del Ministerio Público si se tiene la voluntad de que este responda a los intereses de la sociedad tal cual lo establece su Ley orgánica», señaló el congresista.
El abogado Raúl Pineda apuntó que, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, de no elegirse nuevas autoridades del Ministerio Público en tiempo y forma, las autoridades actuales continúan en el cargo, algo que él considera poco probable que ocurra con el fiscal Oscar Chinchilla.
«El abogado Chinchilla fue nombrado magistrado de la Corte Centroamericana, su periodo no ha concluido y en todo caso el proyecto de él es trasladarse de oficina de la fiscalía a la Corte de Managua, esto sí va a ser objeto de negociaciones», indicó Pineda.
Además, Pineda señaló que el fiscal Chinchilla «no representa una amenaza para nadie» y que por esa razón no lo ve ocupando el cargo de fiscal general por tercera vez.
Solo 4 de 21 postulantes a fiscal general son mujeres
El reglamento de la Junta Proponente incluye un principio de la equidad de género en el proceso, el cual establece que al menos dos de los cinco candidatos y candidatas en la lista que presentarán al Congreso Nacional deben de ser abogadas; sin embargo, menos de la cuarta parte de los postulantes al fiscal general y fiscal general adjunto son mujeres.
Osiris Payes, abogada y analista del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), explica que esto se debe a la brecha de género y a la falta de mujeres en posiciones de liderazgo en Honduras.
«La representación de estos modelos o la existencia de estas mujeres en posiciones de liderazgo es muy importante porque sirven como referentes femeninos tanto en la política como en la administración pública», afirmó la abogada Payes.
La analista del Cespad también señaló que esto no solo debe de quedar en la paridad de género que se establece en los reglamentos o leyes, sino en reformas sustanciales que verdaderamente garanticen una equidad de género real en el país y que de esta forma las mujeres se vean más motivadas a participar en estos procesos.
Previo a que iniciara la fase de tachas y denuncias, tres mujeres postulantes ya habían salido del proceso para ser fiscal general o fiscal general adjunto. Ellas son Sarahí Cerna, actual ministra del Trabajo, quien renunció a su postulación; Sobeyda Andino, exdiputada por el Partido Liberal y quien fue excluida del proceso al no cumplir con el requisito de estar colegiada por al menos 10 años en el Colegio de Abogados de Honduras; y Karen Alicia Motiño, exgerente legislativa del Congreso Nacional en 2016 quien fue excluida por la Junta Proponente después de que no presentara una constancia de evaluación médica. Estas tres postulantes representaban tres fuerzas partidarias: partido Libre, partido Liberal y partido Nacional.
Ahora, en la carrera a fiscal general y fiscal general adjunto quedan las abogadas Rita Ondina Núñez, Olga Yaneth Flores, Jenny Almendares Flores y Reyna Teresa Valerio.
Sobre el plano general de la elección de las autoridades al Ministerio Público, Osiris Payes opinó que este proceso está lleno de expectativas de la ciudadanía, tomando en cuenta el proceso anterior en el que arbitrariamente se eligió a alguien que no estaba dentro de la lista presentada al Congreso Nacional, en este caso, el fiscal Oscar Chinchilla, quien ya estaba desempeñando ese cargo.
«Los intereses políticos son más fuertes y pesan más que un procedimiento desarrollado y creo yo que en un Congreso Nacional, así como está de polarizado, los consensos son cada vez más difíciles», cuestionó la abogada Osiris Payes.
Para finalizar, la abogada Payes mencionó la importancia del fiscal general en el monopolio de la acción penal y en la persecución de las personas corruptas. En este sentido, es cada vez más necesario garantizar un Ministerio Público independiente para poder perseguir, procesar y judicializar a las y los corruptos y que de esta forma no se protejan sus intereses.
