En 2021, antes de ser presidenta, Xiomara Castro prometió en su campaña política «desmilitarizar la seguridad ciudadana». Ahora, en medio de un estado de excepción que ha sido prorrogado cuatro veces, 571 nuevos agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se integrarán al estado de excepción a pesar de haber sido formados en apenas 5 meses. Joaquín Mejía, abogado experto en derechos humanos, aseguró que esto evidencia que los militares están sobre el poder civil en Honduras.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen
El pasado 19 de mayo, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) celebró la graduación de 571 nuevos policías militares, quienes, desde ese día, se incorporaron a distintas operaciones de seguridad en las principales ciudades de Honduras: Tegucigalpa y San Pedro Sula. El portavoz de la PMOP, el coronel Mario Rivera, dijo a Contracorriente que estos agentes también serán asignados a zonas en las que se ha reportado incidencia delictiva en los departamentos de Atlántida, Yoro y en Copán, zonas reconocidas como rutas de narcotráfico en el norte y occidente de Honduras.
Mario Rivera explicó que estos nuevos agentes de la Policía Militar son «cruciales para preservar la seguridad ciudadana», sobre todo en el contexto del estado de excepción decretado por primera vez a finales de 2022 por 45 días y prorrogado cuatro veces desde entonces. Ahora, luego de la graduación de estos policías militares, la presidenta Castro decidió extender hasta el 5 de julio el estado de excepción en 123 municipios de Honduras.
El portavoz de la PMOP señaló que después de una etapa de formación de apenas cinco meses y medio, estos agentes militares están «debidamente preparados» para realizar patrullajes, retenes, registros, puntos de control, saturaciones, ejecución de órdenes de captura y otras funciones enmarcadas en aspectos legales «respetando los derechos humanos de la población».
«Es importante destacar que ellos [los agentes de la PMOP], en su etapa de formación, han recibido conocimientos en aspectos legales por parte de personal del Ministerio Público, también por el personal de Asesoría Legal de la Policía Militar, capacitaciones en derechos humanos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, también del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Dirección de Derechos Humanos de nuestras Fuerzas Armadas», indicó el coronel Rivera.
El coronel Mario Rivera añadió que, solo para el Plan Nacional de Seguridad —que contempla nueve medidas relacionadas con el estado de excepción, la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia y un protocolo policial para detener las tomas de vías públicas y nacionales — hay asignados 4,200 agentes de la PMOP a nivel nacional.
En 2020, según datos publicados por la PMOP, esta institución armada contaba con ocho batallones de policías militares, un batallón canino y una Escuela de Capacitación, haciendo un total de «más de 4,300 integrantes».
Una de las propuestas en materia de seguridad hechas por Xiomara Castro en tiempos de campaña electoral fue desmilitarizar la seguridad ciudadana y «asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa».
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) fue creada en 2013 con la finalidad de brindar seguridad a través de una lucha frontal a la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico; sin embargo, según señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) en su informe «El papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en Honduras», las fuerzas militares fueron señaladas por utilizar fuerza excesiva para controlar y dispersar protestas durante el periodo poselectoral de 2017, provocando muertes y heridas en los manifestantes.
En este mismo informe, WOLA recuerda un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh), el cual establece que la PMOP abrió fuego indiscriminado contra los manifestantes con el fin de dispersarlos, causando muertes y heridos. El reporte de Oacnudh detalló que en esos días «se registraron al menos 23 personas muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. De ellas, unas 16 víctimas civiles murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, incluyendo dos mujeres y dos niños».
Para el abogado y experto en temas de derechos humanos, doctor Joaquín Mejía, más allá de una promesa incumplida, la graduación de más policías militares del orden público representa, en el fondo, «que los militares le han ganado el pulso al poder civil en este país».
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varios órganos de Naciones Unidas le han dicho a Honduras que tiene que desmilitarizar la seguridad pública y, con este anuncio [de graduar a más policías militares], obviamente lo que están haciendo es dándole la espalda e incumpliendo sus obligaciones internacionales», destacó Mejía.
En abril de 2022, la CIDH realizó una visita in loco a Honduras para analizar la situación de derechos humanos de este país. En sus observaciones preliminares destacan que la medida del estado de excepción debe tener una temporalidad definida y que no debe formar parte de una política permanente de seguridad.
Además, la CIDH detalló que en su visita recibió denuncias sobre la falta de justificación en cuanto a la idoneidad y necesidad de la ampliación del estado de excepción y también obtuvo información que indica que «sólo 25 de las 1.348 detenciones practicadas en el primer periodo del estado de excepción estarían materialmente vinculadas con el delito de extorsión u otros delitos conexos, así como inconsistencias en el registro de detenciones».
#ActualidadCC | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares luego de su visita in loco a Honduras. Entre ellas están: pic.twitter.com/TPP4HYuIxB
— Contracorriente (@ContraC_HN) April 29, 2023
Joaquín Mejía continuó explicando que, aunque el estado de excepción es una medida constitucional, no debe de normalizarse como pasa en El Salvador o como está pasando en Honduras actualmente, ya que en ese sentido pierde su razón de ser y se convierte en una política permanente de Estado. Según el abogado Mejía, la adopción de esta medida por parte de Honduras también responde a la adopción de un populismo en materia de seguridad a través de la muestra de la fuerza en contra de la delincuencia.
«Más del 50 % de la población latinoamericana está dispuesta a renunciar a sus libertades si llega un Gobierno que le resuelva sus problemas, y uno de los problemas obviamente es la seguridad. Esto forma parte de un populismo de seguridad, pero también puede evidenciar un absoluto fracaso de la política de seguridad o que simplemente no hay una política de seguridad ni estrategia» señaló el abogado.
Según el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) el 61.5 % de la población consultada está de acuerdo con la medida del estado de excepción, sin embargo, el 34.3 % de la población consultada expresó sentirse inseguro en el estado de excepción.
Además, en cuanto al éxito de esta medida, el 66.6% de la población opinó que con el estado de excepción no se resolverá el problema de la extorsión y el combate a las maras y pandillas, un 21.3% lo ve como una medida que tiene potencial de dar resultados y un 12.1% de la población respondió que no sabía sobre esto o decidió no responder a la pregunta.
Otros datos de este mismo análisis señalan que la mayoría de los consultados (58 %) se sienten poco o nada protegidos en el estado de excepción; 50.3 % está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que se permitan capturas sin orden judicial y 54.6 % opina que se está reduciendo en poco o nada el delito de extorsión en Honduras.
De la desmilitarización a la intervención del sistema penitenciario
El abogado Joaquín Mejía aseguró que se debe reconocer la desmilitarización de los centros penitenciarios ordenada por la presidenta Xiomara Castro en abril de 2022 y que eso trajo consigo los últimos acontecimientos violentos que se han dado en las cárceles este año.
«Todas estas violencias que hemos visto dentro del sistema penitenciario tienen que ver con esa decisión de desmilitarización —indicó Joaquín Mejía—, porque al final el control de las cárceles es un gran negocio y los militares han estado en ese negocio desde hace un tiempo, eso no se puede desconocer».
Además, el experto en temas de derechos humanos indicó que el poder de los militares en el país ha cambiado en vista de que ahora es la Policía Nacional la que tiene el control y que está por sobre de los militares en cuanto a acciones contundentes en materia de seguridad.
El mismo día en el que celebraron la graduación de nuevos policías militares, la Academia Nacional Penitenciaria también graduó a nuevos agentes. Según el Instituto Nacional Penitenciario, la academia graduó a 112 hombres y 26 mujeres especializados en el área jurídica, derechos humanos y enfoque diferenciado.
9. Aumentar el número de los agentes penitenciarios y policiales, dotarlos de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación, y la revisión y ajuste salarial. pic.twitter.com/83Pj1Eh1pz
— Contracorriente (@ContraC_HN) April 18, 2023
En esta última graduación estuvieron presentes los comisionados que integran la Junta Interventora del Sistema Penitenciario, la abogada Sandra Rodríguez y el exfiscal Mario Chinchilla, quienes fueron nombrados por la viceministra de seguridad y quien lidera la intervención del sistema penitenciario, Julissa Villanueva. La asignación de más agentes penitenciarios en las distintas cárceles forma parte de las medidas anunciadas por Villanueva para frenar la violencia en los centros penales.
Joaquín Mejía concluyó que las acciones del Gobierno vinculadas con la seguridad ciudadana deben de observarse de cerca, sobre todo cuando en el país aún no ha existido un diálogo entre todos los sectores para solucionar los problemas de Honduras de manera conjunta.
