El 9 de mayo, cientos de manifestantes se tomaron las calles de Choluteca, la ciudad más importante del sur de Honduras, reclamando que no se apruebe la Ley de Justicia Tributaria actualmente socializada por el Congreso Nacional. Esgrimen que esa ley llevaría al cierre de empresas de la agroindustria sureña. Dos días después, fue convocado en Casa Presidencial el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y la Presidenta ordenó que se investiguen y sancionen a los promotores de la marcha. Sin embargo, ni la policía ni el Ministerio Público identificaron delitos cometidos aquel día.
Texto: Célia Pousset
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El jueves 11 de mayo, el Gobierno cerró filas convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en Casa Presidencial para impulsar una «estrategia de combate, investigación y sanción» de conductas señaladas como peligrosas para el Estado hondureño. En concreto, la Presidenta Xiomara Castro apuntó a la marcha que ocurrió en Choluteca en contra de una ley propuesta por su Gobierno y actualmente socializada en el Congreso.
«Han puesto en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado con provocaciones ocurridas en las calles», declaró la Presidenta antes de ordenar la investigación de los «actores responsables de instigar, manipular y financiar estas conductas que afectan los derechos de la ciudadanía y forman parte de una campaña para manipular información y desprestigiar las acciones del Gobierno».
En la reunión estaban presentes Luis Redondo, presidente del Congreso; Rebeca Ráquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Óscar Chinchilla, Fiscal General de la República, así como los secretarios de Defensa y Seguridad, José Manuel Zelaya y Ramón Sabillón respectivamente. También estuvo Marlon Ochoa, ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), cuya propuesta de reforma tributaria es la manzana de la discordia. El asesor presidencial, Manuel Zelaya, no apareció durante la lectura del comunicado; sin embargo, periodistas de Contracorriente lo vieron salir a toda prisa del salón antes de la declaración de la Presidenta.
La decisión del CNDS se enmarca en un contexto de confrontación entre el Gobierno y una parte del sector empresarial del país, representado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ya que la ley contempla la supresión de diez regímenes especiales que ofrecen exoneraciones fiscales. Esa inconformidad de los empresarios reactiva temores de un golpe de estado en el Gobierno de Castro.
Una marcha «pacífica»
«Votar por la ley tributaria es empobrecer a nuestro pueblo», se podía leer en las pancartas el día de la protesta donde cientos de trabajadores y empresarios salieron a recorrer las calles de Choluteca.
Pero, a pesar del discurso gubernamental, el jefe policial del sector, Jorge Alberto Montoya Rodríguez, aseguró a Contracorriente que la marcha fue «pacífica» pues «protestaron como una hora, sólo caminaron tranquilamente. No hubo quema de llantas, no hubo nada».
La misma versión tiene la Fiscalía Regional de Choluteca. El abogado Ramón Cruz aseguró que no «hay nada que investigar». Tampoco han recibido una orden del Fiscal General para abrir una investigación. «Podemos hacer una investigación si nos instruyen, pero no significa que habrá un requerimiento fiscal. Si me tocara, yo cerraría la denuncia. No veo la comisión de ningún delito. El pueblo tiene derecho a manifestar».
Preguntamos si otra institución podría hacerse cargo de tal investigación, y contestó que «nosotros somos los competentes para investigar aquí. Podría investigar la jurisdicción nacional del MP, pero sólamente para casos graves y complicados, como el crimen organizado, no para una simple marcha. Y hasta ahora no ha venido nadie a realizar una diligencia investigativa».
Explicó que también podría investigar la Procuraduría General de la República, por ser la encargada de proteger al Estado, pero que «siempre nos pide apoyo, entonces ya estaríamos activos si existiera tal instrucción».
El Ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, dijo en una entrevista al medio HCH que se aplicará el Código Procesal Penal para llevar a cabo la investigación.
Para el abogado Cruz, la orden del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no se sustenta en un motivo penal, sino político: «El Consejo se utiliza cuando el Estado está en peligro. Lo usaron como medida disuasiva, pero es un error estratégico porque, con otro paso mal dado, esto se incendia. Y si se logra lo que piden, pues tendrían un poder absoluto sobre todas las instituciones».
Próximamente, se llevará a cabo en el Congreso Nacional la elección del nuevo Fiscal General de la República, quien debe entrar en funciones el 1 de septiembre y permanecer a cargo del Ministerio Público del 2023 al 2030. El 9 de mayo, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, convocó a la Junta Proponente para iniciar el proceso de selección de candidaturas. Esa elección es de suma importancia para el buen funcionamiento del Estado, pues el reto es asegurar la independencia de este órgano de justicia, particularmente frente al Poder Ejecutivo.
¿Fueron libres de protestar los obreros de las empresas bajo regímenes especiales ?
Son las doce del mediodía. En la camaronera Produmar todavía se cosecha a pesar del abrumante calor. Normalmente se trabaja en la noche o en la madrugada, pero las primeras lluvias de mayo no permitieron la cosecha la noche anterior. El trabajo es repetitivo: consiste en llenar bolsas de camarones en cuanto salen de la laguna, empujados por la corriente cuando se abre la válvula de la cuenca. Un ingeniero mide el gramaje y el peso de la bolsa, y así, poco a poco, en los camiones se amontonan camarones grisáceos a los que se les echa hielo.
Produmar, como la mayoría de las camaroneras de Choluteca, se maneja bajo el régimen de Importación Temporal (RIT), el cual ofrece un funcionamiento fiscal ventajoso para incentivar las exportaciones, pero que fue tachado por el ministro del SAR como un instrumento de muchos abusos.
«Si aprueban la ley y nos quitan todas las exoneraciones, nos afecta en los costos y probablemente cerremos esta finca», manifestó Francisco Araujo, el administrador de esta camaronera de 33 hectáreas ubicada en el municipio de Marcovia, Choluteca.
Los costos de producción se han elevado últimamente por el precio de los alimentos, y por la mortalidad de las larvas de camarones debido a altas temperaturas y enfermedades.
Además de la reforma tributaria, lo que preocupa a Araujo es la decisión del Gobierno de firmar un acuerdo de libre comercio con China y la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán. «Taiwán ya casi no nos compra, y los precios que nos propone China son mucho más bajos a los de las ventas con Taiwán. No es rentable. Nos faltan compradores internacionales» afirmó.
El presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), Javier Amador, detalló que «el tema de la ruptura con Taiwán nos deja con 30 millones de libras que no sabemos qué hacer con ellas» y que China compra camarones a Ecuador a cinco dólares el kilo, mientras que Taiwán lo compraba a diez.
«La competencia del gremio es Ecuador, tienen un costo de producción de un dólar por libra menos que nosotros. Al cancelar los regímenes especiales, no podemos ser competitivos y ningún empresario del camarón va a producir para perder. Es la muerte de las agroindustrias en el sur, así de sencillo », manifestó Amador.
Al ser aprobada la ley, las empresas que funcionan con el RIT gozarán de sus beneficios fiscales hasta 2025. El cierre de las fincas tendrá repercusiones en otros negocios, como las empacadoras y empresas de transporte. El gremio representa 25,000 empleos directos y 100,000 indirectos, según Amador.
«El gobierno no puede mantener a toda esa gente que perderá su trabajo. ¿Qué va a pasar con la población del sur ?», preguntó.
Esa sería la razón por la que los trabajadores salieron masivamente a protestar en las calles de Choluteca, sin que los jefes les pagaran o manipularan. Según el presidente de la ANDAH, darse cuenta del peligro de la ley de justicia tributaria es sentido común, y por eso «unos 20,000 obreros de las camaroneras, meloneras y de la ocra se movilizaron».
«Hicimos la marcha de manera ordenada y fue autorizada por la alcaldía municipal. La decisión de la Presidenta de convocar el Consejo [Nacional] de Defensa fue completamente exagerada. Dicen que queremos sembrar anarquía y violencia en el país. Es un complejo de persecución. Creen que vamos a provocar un golpe de estado, a mí no me interesa la política, queremos que la Presidenta termine su mandato, pero tampoco vamos a agachar la cabeza ante algo que no podemos aguantar», concluyó.
Aparte de autorizar la protesta, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, confrontó públicamente a Xiomara Castro diciendo que debería «quitarse la camisa de Libre y ponerse la de Honduras».
En la finca camaronera de Produmar, los obreros desconocían la propuesta de ley, y manifestaron no haber protestado el martes 9 de mayo. Francisco Araujo, el administrador, aseguró que los trabajadores «no quisieron ir, son libres, no los obligamos a nada».
Dependencia al modelo agroindustrial y desempleo
Para el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) de Choluteca, el argumento sobre libertad de los obreros en la manifestación es sospechoso. Aún más cuando se trata de una protesta organizada por los jefes.
«Los trabajadores están desinformados. Esta ley nos favorece a nosotros los pobres, pero la población tiene miedo de decir “no” a los jefes. Sabemos cómo pasa, les dicen “si no vas, pierdes tu día laboral”. Entonces van, sin saber a qué van», analizó Luvis Rodríguez.
Planteó el panorama de una región profundamente marcada por el desempleo y la explotación laboral en la agroindustria.
«¿Por qué grandes empresas que no respetan los derechos laborales deberían de gozar de exoneraciones fiscales? », preguntó.
En la marcha, Luvis escuchó que los empresarios exclamaban «¿quieren trabajo?» y que los empleados contestaban en coro «sí queremos trabajo». Así, según Luvis las empresas utilizarían el miedo al desempleo para presionar al Gobierno.
Aldo Nuñez, sindicalizado, trabajó 25 años en la melonera del grupo Fyffes, en Santa Rosa, y contó a Contracorriente la precariedad laboral en la que ejerció. Empezó a los 12 años a cortar melones en los campos asolados del sur de Honduras, sin ningún derecho laboral ni seguro social. Toda su carrera fue hecha de contratos temporales, cada vez de una duración más reducida pues de seis meses pasaron a cuatro meses. «¿Cómo puedo sobrevivir y alimentar a dos hijos con cuatro meses de trabajo? Dicen que necesitan más gente, pero en realidad dejan a un montón de gente fuera. A veces te llaman, a veces no. Aquí encontrar un trabajo te cuesta una vida».
El STAS se enorgullece de que a finales del 2019, llegaron a una negociación colectiva con las empresas para unificar el bono de fin de temporada. Resaltan también otra lucha llevada a cabo, la implementación de los buses de trabajadores cuyo financiamiento está a cargo de las empresas.
La aldea La Fortuna, a cuarenta minutos de Choluteca, se beneficia de este servicio de transporte de obreros. De esta aldea, que alberga a unos 1700 habitantes, salen a diario varios buses en dirección de la melonera de Santa Rosa.
La Fortuna es un pueblo de caminos de tierra y paso incesante de motocicletas. Enfrente de su iglesia azul están parqueados los buses amarrillos que llevan a los obreros a los campos. La mayor riqueza de la aldea son sus árboles frutales, que dan a sus habitantes mamones, mangos y nances. Juan Carlos es el presidente del patronato y describe a los árboles como la fuente de subsistencia cuando termina la temporada de los melones: «Si la melonera y las cañeras no existieran, no habrían salarios. Se trabaja de noviembre a abril en Fyffes y cuando termina la temporada es muy difícil aquí, nos quedamos con nuestros pequeños cultivos y vendemos fruta».
Juan Carlos trabaja en una camaronera y Miguel, su hijo mayor, de 24 años, en la melonera. Miguel es cortador de melón, pero actualmente está desempleado. En su contrato estaba escrito que iba a recibir siete mil lempiras a la quincena, pero «en realidad pagan cuatro mil, cinco mil dependiendo del mes, a pesar de hacer el mismo horario. Entendí que pagan lo que quieren pagar a uno», dijo.
Miguel no participó en la protesta porque su contrato ya había terminado, pero afirmó que algunos compañeros sí fueron a marchar, «las empresas lo hacen obligatorio, dicen “mañana hay que ir a la huelga”. Si no, puede que lo castiguen con tres días sin trabajar. Ni siquiera le preguntan a uno.»
Actualmente, Miguel sobrevive arreglando motores y realizando menudos trabajos de mecánico. Cuando le preguntamos si en noviembre volverá a la melonera, levantó los ojos de los discos metálicos que estaba juntando y dijo con absoluta contundencia «es la única fuente de empleo. Hay que volver».
En La Fortuna, como en muchos pueblos del departamento de Choluteca, trabajar para la agroindustria es la única opción.
En este mismo departamento pero en San Marcos de Colón, radica el parque agroindustrial de la ZEDE Orquídea. La productora de chiles sigue operando en incertidumbre jurídica tras la derogación de la Ley ZEDE. Su secretario técnico, Guillermo Peña, lamentó la imposibilidad de adherirse al régimen de Zona Libre, un régimen especial a punto de desaparecer si se aprueba la ley de justicia tributaria.
Financiada o no, espontánea o no, la protesta en Choluteca en contra de esta ley tributaria marcó un hito en la política del Gobierno ya que éste dio un paso hacia el autoritarismo convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en un gesto claro de intimidación. El Gobierno cerró filas. La Secretaría de Derechos Humanos manifestó «respaldar la decisión de la presidenta Xiomara Castro a través del CNDS de investigar los indicios vinculados a los actos de amenazas y coacción hacia las y los trabajadores».
