El gobierno de Xiomara Castro enfrenta la primera crisis del sistema penitenciario del país en medio de un estado de excepción que ya se ha extendido tres veces. Ante la narrativa de una estrategia de seguridad «de mano dura», los amotinamientos recientes demuestran la incapacidad del Estado para frenar la violencia y tomar el control de las cárceles, actualmente bajo el control de los mismos privados de libertad.
Texto: María Celeste Maradiaga y Jennifer Avila
Fotografías: Jorge Cabrera
Dos días después de que se registraron cuatro amotinamientos coordinados en las cárceles de El Porvenir, Santa Bárbara, Morocelí y Támara, el personal administrativo de este último, —ubicado en la zona central del país— fue enviado a sus casas por instrucciones del subcomisario Heber Ordóñez, quien se encontraba al mando como subdirector de ese centro penal. La ausencia policial en los centros penales en donde hubo amotinamientos es notoria, ni la Policía Nacional ni el Instituto Nacional Penitenciario (INP) han realizado cateos o requisas en las cárceles donde se evidenció que los internos mantienen granadas, municiones y armas de alto calibre.
Varios de los empleados que salieron el lunes de Támara coincidieron en que, durante su tiempo laborando en este centro penal, nunca habían sido enviados a sus casas, por más tensa o peligrosa que pudiera ser la situación. No es la primera vez que ocurre un enfrentamiento armado dentro del penal. Este mismo año, el 14 de febrero, tres policías penitenciarios y un miembro de la MS-13 resultaron heridos después de un enfrentamiento entre pandillas en el módulo de máxima seguridad de esa cárcel. Ni con ese caos habían vaciado el penal de la manera en que lo están haciendo ahora.
«En más de 22 años que tengo trabajando aquí no he visto que nos hayan sacado de aquí, y lo peor de esta situación es que a nosotros nos pasan por el escáner todos los días, nos revisan todos los días, como si nosotros contribuyéramos al ingreso de armas que tienen adentro o a la situación que se está dando», se quejó uno de los empleados quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias.
Ese lunes, después del enfrentamiento armado en Támara había un aproximado de cinco agentes policiales, quienes no quisieron dar declaraciones de manera oficial a este medio. Cinco, de 52 que se mantienen en este centro penal que alberga a más de 6,000 privados de libertad. Bajo anonimato, varios de ellos dijeron que el acompañamiento y despliegue policial anunciado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no estaba ocurriendo y eso es algo que también constatamos en el lugar.
En su informe de Situación de Derechos Humanos en Honduras del 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) registra un 34.2 % de hacinamiento en las cárceles de Honduras, lo que representa un promedio de 19,842 personas adultas en 25 centros penitenciarios. Dicho informe establece que la capacidad máxima de estos centros penitenciarios es de 14,780. Otros datos del Poder Judicial registran que Honduras tiene una población penitenciaria de 19,566 ciudadanos privados de libertad, de los cuales 18,398 son hombres y 1,168 mujeres.
El sábado 8 de abril, en pleno feriado de Semana Santa, en Támara volaron granadas, municiones y se armó un tiroteo con armas de grueso calibre entre el módulo de máxima seguridad que alberga a miembros de la MS-13 y el módulo llamado «Casa Blanca», que alberga a más de mil privados de libertad que han cometido diversos delitos y que se les conoce como «paisas» que es el nombre usado para quienes no pertenecen a una de las pandillas del país son miembros de bandas criminales o del narcotráfico. Según internos en este módulo, la MS-13 pretendía controlar «Casa Blanca», pero no lo logró ante la respuesta armada de los presos de ese sector. El conflicto no ha vuelto a escalar, pero tanto los presos como los policías se mantienen en alerta de que en cualquier momento se reanude el motín.
«Si ellos [los presos] quieren, pueden irse cuando quieran, somos muy poquitos para controlarlos; ellos son quienes tienen el control aquí realmente», agregó uno de los agentes asignado a ese penal.
La ingobernable Támara
«Es preocupante la situación que se vive en Támara, pero como uno es de escala básica no puede decir nada. Aquí siempre dicen que nombrarán una comisión interventora en el sistema penitenciario pero ellos son quienes se quedan con todos los privilegios, y el agente penitenciario siempre queda abajo», expresó uno de los policías penitenciarios asignado en este centro penal.
Durante el recorrido por las instalaciones en las que conviven los agentes penitenciarios que se alojan en Támara, todos cuentan la situación de precariedad en la que trabajan.
A pesar de la situación de incertidumbre que dejó del amotinamiento del 8 de abril y la alerta de otro posible conflicto dentro de Támara, oficiales de la Policial Nacional aseguraron dos días después que «todo estaba en orden» mientras realizaban un recorrido en los distintos módulos del penal, presentando los nuevos oficiales que dirigirán este presidio momentáneamente.
Un medio nacional aseguró que Támara estaba bajo el control de la MS-13. Esta noticia fue rechazada por las autoridades que indicaron que eso es mentira. Lo que se ve en esa cárcel es que el control lo tienen los privados de libertad en general, no solamente la MS-13.
La presidenta de la Asociación de Familiares Privados de Libertad recalcó que los eventos en las distintas cárceles de Honduras ocurridos el 8 de abril no se trataron de una simple reyerta, sino que a su juicio los disparos fueron un «llamado de atención» para que el gobierno atienda a las peticiones de los privados de libertad.
Ordóñez explicó a Contracorriente que la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas y Contra el Crimen Organizado (Dipamco) ha perseguido y hostigado a presos que salen con libertad condicional, que son detenidos nuevamente y recluidos en los centros penales con la excusa de que se dedican al tráfico de drogas, armas y al delito de extorsión.
«No sabemos por qué, si en el juzgado ellos ya están gozando los beneficios, pero estos juzgados no notifican a la Dipamco que estas personas ya están gozando de la preliberación. Siempre está ahí en el sistema la orden de captura, por lo que los vuelven a acusar del mismo delito de extorsión», indicó.
Además, Ordóñez destacó que entre las solicitudes de los privados de libertad está la separación de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18, y que cada una tenga un centro penal respectivo. También dijo que hay temor en la población carcelaria de que las nuevas autoridades puedan tomar represalias después de los amotinamientos del 8 de abril y por la asignación de dos jueces designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para documentar la situación de violencia en los amotinamientos mediante un Recurso de Exhibición Personal de Carácter Correctivo para «salvaguardar la libertad individual de los privados de libertad y mantener el orden de los centros penitenciarios». En este boletín de prensa del Poder Judicial también se establece que tanto el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), comisionado Otoniel Lemus, como los directores de los cuatro centros penitenciarios en los que se registraron los amotinamientos deben rendir cuentas ante estos jueces ejecutores sobre las situaciones presentadas.
Contracorriente contactó a través de llamadas y mensajes al director del INP, comisionado Otoniel Lemus, sin embargo, no atendió las solicitudes de entrevista. Tampoco las atendió el comisionado Marvin Videa Carrasco, subdirector del INP, quien aseguró que después de una reunión atendería la solicitud de entrevista con este medio, pero no lo hizo.
Sala de lo Constitucional inicia de Oficio Recurso de Exhibición Personal Correctivo para salvaguardar la seguridad en cárceles. pic.twitter.com/ToYhWpo9Qx
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) April 11, 2023
Una fuente policial en condición de anonimato dijo a Contracorriente que los amotinamientos del 8 de abril fueron motivados por las acciones de la Dipamco en contra de los privados de libertad, tal como lo dijo Delma Ordóñez quien además descartó que la MS-13 sea quien tiene el control de Támara. «No sé quién está queriendo poner la situación más tensa, nosotros entramos y los privados de libertad seguían en sus actividades normales y todo estaba normal», señaló Ordóñez.
Otra fuente aseguró a este medio de comunicación que aunque existan privados de libertad de la Pandilla 18, Mara Salvatrucha (MS-13) y «paisas», el centro penal de Támara tiende a estar comandado por la MS-13 por la mayor cantidad de privados de libertad pertenecientes a esta pandilla y la afinidad de los «paisas» con este grupo.
«En Máxima [uno de los módulos dentro de la cárcel de Támara] hay 158 privados de libertad, 75 son de la [pandilla] 18 y 75 de la MS-13, pero este no es solo el caso de Máxima. En todos los módulos existen de todas las estructuras y la mayoría de las personas son paisas, que son afines a la Mara MS, y eso pasa no solo en Támara sino en todos los centros penales, siempre hay una estructura que tiende a tener el control del centro penal», indicó.
Además, esta fuente aseguró que el reclamo de la Mara Salvatrucha (MS-13) responde a la falta de seguimiento de un supuesto acuerdo suscrito entre este grupo y el exjefe de la entonces Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), el coronel Amílcar Hernández, cuando esta fuerza estaba dirigida por las Fuerzas Armadas, antes de que pasara a manos de la Policía y se llamara Dipamco. Este supuesto acuerdo comprometía a la MS-13 a no continuar cometiendo el delito de extorsión; sin embargo, según esta fuente, la Dipamco ha capturado a miembros de este grupo organizado por delitos de extorsión que no han cometido miembros de esa estructura.
Sin embargo, hay otras versiones desde adentro de Támara. En el módulo Casa Blanca, una fuente aseguró a este medio que la MS-13 lo que busca es el control total del centro y que es mentira que el actual gobierno no está cumpliendo sus compromisos ni el apoyo solicitado dentro de la cárcel. «Ellos solo quieren generar caos», dijo y agregó que nada está normal en Támara, que las visitas se suspendieron y que no hay presencia policial por lo que están esperando que en cualquier momento comience de nuevo un enfrentamiento.
Estrategia de seguridad en entredicho
«Como Instituto Nacional Penitenciario estamos enfocados en la rehabilitación, la reeducación, la reinserción y el respeto a los Derechos Humanos de los privados de libertad y de todos los actores que están involucrados en el sistema penitenciario», dijo el comisionado Castillo Lemus, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hace un año a Contracorriente. En ese momento, el gobierno prometía mejorar el sistema penitenciario y desmilitarizar la seguridad pública.
El presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario para este año fue de 1,725,794,763.00 de lempiras, 524, 555, 772.33 lempiras más que el el año anterior. Sin embargo, los agentes penitenciarios aseguraron que tanto su condición como la de los privados de libertad no ha mejorado y que más bien los agentes han sido relegados de sus funciones tanto por los militares como por agentes de la Policía Nacional, contrario al llamado de trabajo en conjunto prometido por la comisión del INP encargada de desmilitarizar los centros penales.
El oficial penitenciario German David Barahona, quien ha laborado 28 años en el sistema penitenciario, aseguró que la situación de los agentes ha empeorado y que, a pesar de la vulnerabilidad del trabajo que realizan, son mal pagados y discriminados. El oficial Barahona asegura que su sueldo de 17,000 lempiras mensuales nunca ha sido aumentado durante todos los años que ha laborado en la institución.
«Estoy echándole ganas por mientras llega mi tiempo de irme de aquí, pues ya me queda poco tiempo en este lugar y gracias al Señor Dios que me ha cuidado», indicó el agente penitenciario, quien está próximo a jubilarse.
Otros agentes penitenciarios que han decidido permanecer en el anonimato aseguraron que la crisis en el sistema penitenciario es más grande de lo que parece y que difícilmente la nueva interventora podrá cumplir con la promesa de fortalecer la policía penitenciaria. Además, estos agentes aseguran que, aunque la situación pueda estar tranquila en los centros penitenciarios momentáneamente, la falta de medidas inmediatas por parte de las autoridades en las cárceles genera más tensión e incertidumbre.
La presidenta Xiomara Castro, anunció vía twitter una intervención al sistema penitenciario y colocó al mando de esta operación a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien hasta el momento no ha realizado acciones concretas para resolver la crisis inmediata. La presidenta agregó en su cuenta de twitter que este viernes 14 de abril se harán públicas las acciones de esta intervención, casi una semana después de los amotinamientos.
Los agentes penitenciarios, por su parte, denunciaron que en las acciones de la presidenta con respecto al manejo de la seguridad en las cárceles hay mucha improvisación. Dicen que cuando la presidenta anunció la desmilitarización de los centros penales en 2022, llegaron policías preventivos sin experiencia, policías que nunca habían realizado visitas en los centros penales. «Lo que hay aquí es un monstruo silencioso», afirmó uno de los agentes.
Al momento de nuestra visita a la cárcel de Támara, tanto policías nacionales o preventivos como policías penitenciarios se encontraban en labores, pero en funciones distintas. Los policías penitenciarios —quienes a pesar de haber laborado por más de dos décadas y tener una relación más cercana con los privados de libertad— supervisan la entrada de alimento a la cárcel, mientras que los policías nacionales o preventivos realizaban un recorrido dentro de cada uno de los módulos de Tamara presentando a los nuevos directores de este centro penal acuerpados por agentes de la Dirección Nacional de Unidades Especiales del Comando de Operaciones Especiales (Cobra).
La intervención anunciada por la presidenta Xiomara Castro tampoco trae alivio a la situación, y entre todos afirman que el «rescate» del sistema penitenciario es parte de una narrativa que este Gobierno sostiene como parte de su campaña política.
Presidenta @XiomaraCastroZ agradezco la confianza depositada en mi persona para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales qué operan dentro de las cárceles y promover de manera enérgica la lucha contra la Criminalidad Organizada en pro de Seguridad Ciudadana
— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) April 11, 2023
El gobierno de Castro decretó un estado de excepción en Honduras debido a un un aumento en las denuncias por extorsión, a pesar de que las cifras oficiales apuntan a una baja de homicidios. La suspensión de garantías constitucionales se ha prolongado ya por casi cuatro meses y los resultados han sido pocos, según constató este medio en una investigación reciente.
Previo a la Semana Santa, la presidenta anunció la II etapa del Plan Nacional de Seguridad «Solución Contra el Crimen (SCC)», que en su punto número 3 establece que las Fuerzas Armadas colaborarán con el Instituto Penitenciario en la habilitación de batallones con Centros de Reclusión de Emergencia. Previo a esto, el gobierno también había anunciado la intención de construir dos cárceles de máxima seguridad más en zonas con poca población en el país.
Ante la intervención «dura, pero respetuosa de la humanidad» anunciada por la presidenta Xiomara Castro, la comisionada Melissa Escoto, del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), destacó que, si bien la desmilitarización anunciada por la presidenta a inicios de 2022 representó un avance, se debe continuar garantizando el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad y no realizar nombramientos de militares en la institución penitenciaria.
«Las debilidades del sistema se pueden superar a través de nombramientos de personas idóneas después de un proceso de reclutamiento con un enfoque integral en derechos humanos y que se fortalezca la carrera de policía penitenciario en el país», indicó la comisionada.
Melissa Escoto destacó que la situación de hacinamiento en las cárceles también es una debilidad que debe ser atendida con urgencia en el sistema penitenciario. En su lugar, las autoridades podrían optar por descongestionar los centros penitenciarios dictando medidas distintas a la prisión preventiva.
La comisionada del Conaprev también alertó que el anuncio de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad no responderá a los problemas estructurales del sistema penitenciario, y tampoco se estará tomando en cuenta el principio demandado por el Sistema Internacional Penitenciario que sugiere la construcción de cárceles con 500 personas para tener un control absoluto del centro penal.
Para el sociólogo Armando Orellana, la promesa de mejorar la situación de los centros penitenciarios debe ir de la mano con la mejora de condiciones de vida tanto de los privados de libertad como de los agentes penitenciarios.
«Hay que reconocer el negocio de administrar la gestión de la institución penitenciaria, el enriquecimiento ilícito por parte de oficiales tanto del Ejército como de la Policía. Toda esta situación se debe analizar a profundidad teniendo en cuenta que los policías requieren un mejoramiento de sus condiciones de vida en términos de remuneración, debido a que la situación de precariedad en la que se encuentran permite que puedan ser fácilmente convencidos o persuadidos para recibir dinero a cambio de ingresar drogas y armas a los centros penitenciarios», explicó el analista.
Orellana también apuntó a que la situación de hacinamiento en las cárceles es algo que debe abordar la interventora designada por la presidenta Xiomara Castro.
Tanto la Oacnudh como el Departamento de Estado de los Estados Unidos han denunciado la situación de hacinamiento en las cárceles de Honduras.
La Oacnudh constató en su informe la ausencia de una normativa de clasificación de personas privadas de libertad que permita una gestión penitenciaria adecuada a los estándares internacionales de los derechos humanos y reduzcan la violencia en los centros penitenciarios.
«Pese a que la Oacnudh documentó solo una reyerta violenta en centros penitenciarios (en 2022) comparado con las seis documentadas en 2021, el número de muertes violentas en dichos centros continúo siendo alto, registrándose 17 en 2022», indicó en el informe.
La oficina también destacó el sistema de autogobierno que persiste en las cárceles y cómo las muertes violentas dentro de los centros penales son resultado de esto. Además, señaló la falta de control efectivo de los centros y una vulneración de la integridad personal y discriminación de las personas detenidas, incluyendo la extorsión interna en los centros.
En una entrevista para CNN, Isabel Albaladejo, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), destacó la importancia de que en el sistema penitenciario de Honduras no exista la implementación modelo punitivo, y que en su lugar se se implemente un modelo que promueva la reinserción de los privados de libertad en la sociedad.
La representante de la Oacnudh en Honduras señaló que es importante fortalecer las capacidades de las autoridades para responder en contextos de crisis. Albaladejo también habló sobre lo relevante que es la clasificación de las personas privadas de libertad en los centros penales, estableciendo quienes han cometido delitos para evitar la «contaminación cruzada» en materia penal.
«La violencia en los centros penitenciarios y la falta de un control real por parte de las autoridades del estado ha sido una tónica dominante en los últimos años en el país y esta persistencia de inseguridad de los centros penitenciarios tiene que ver en primer lugar con lo que se establece como el “autogobierno”, es decir, que lamentablemente son las personas privadas de libertad las que ejercen el efectivo control al interior de los centros penitenciarios y no las autoridades que son las responsables de ello», indicó Albaladejo.
La intención de repetir el esquema autoritario de un país vecino
Para el sociólogo Armando Orellana, el fenómeno de la imitación social que se está dando en el contexto actual de Honduras puede resultar riesgoso, esto debido a que el esquema autoritario pero muy popular implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría dar resultados positivos a corto plazo al combatir la criminalidad en el país, pero detrás de esto pueden estar la vulneración a los derechos humanos de la ciudadanía.
«Jactarnos a nivel internacional de que tenemos la cárcel más grande de América Latina no es realmente el mejor ejemplo de solución a la problemática, yo creo que, en el caso de Honduras, se deben combinar algunas medidas que son importantes y realizarlas porque hay que resolver quejas de carácter social, como el tema de la inseguridad en el tema de transporte, por ejemplo, esto no se soluciona simplemente con autoritarismo, sino con la combinación de varias acciones que conduzcan paulatinamente a mejorar las condiciones de vida, no simplemente a repetir el discurso de mayor cantidad de cárceles o reprimiendo y enviando a militares a las calles», argumentó Orellana.
El vocero de la Secretaría de Seguridad, inspector Edgardo Barahona, aseguró que las medidas de la presidenta para combatir la criminalidad en el país van de la mano con el respeto a los derechos humanos.
«Si hacemos un balance desde la entrada en vigencia del PCM [Acuerdo Gubernativo del estado de excepción] en diciembre del año pasado , más sus ampliaciones en enero y febrero de este año, nosotros hemos reducido la incidencia de muertes violentas en el país. Hasta el día de ayer [10 de abril] teníamos una reducción de 278 homicidios menos, si lo comparamos con el mismo lapso del año pasado. Hemos capturado a más de 120 integrantes de estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas y no solamente hablando de la Mara Salvatrucha (MS13) o la Pandilla 18, sino también, otras organizaciones criminales independientes que han encontrado en delitos como la extorsión una fuente de financiamiento ilícito», indicó el vocero.
Para Melissa Escoto del Conaprev, la propaganda de construir más cárceles como solución a la crisis en el sistema penitenciario responde a una propaganda populista y no a la intención de aliviar la situación de hacinamiento de los privados de libertad.
Desde que tomó posesión, el nuevo gobierno ha intentado emular las narrativas de «mano dura» del presidente Bukele. En junio de 2022, la viceministra Julissa Villanueva hizo pública la intención del gobierno de copiar el plan de control territorial del país vecino, algo que después no profundizó pero que se concretó con la aprobación de un estado de excepción.
El pasado 3 de marzo, el asesor presidencial y expresidente, Manuel Zelaya Rosales junto con su hijo y secretario privado, Héctor Zelaya, visitaron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En esta visita, ambos funcionarios entregaron una carta de invitación al mandatario salvadoreño y discutieron sobre «proyectos binacionales, canal seco, unión aduanera, y migratorios».
Las tragedias carcelarias no son nuevas en Honduras, como tampoco son nuevas las políticas y narrativas de «mano dura». En las últimas dos décadas, durante los gobiernos de los nacionalistas Ricardo Maduro (2002-2006) y en el de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) ocurrieron masacres e incendios que dejaron alrededor de 500 muertos en las cárceles de La Ceiba, San Pedro Sula y Comayagua. Estos gobiernos se caracterizaron por sus políticas de «mano dura» contra el crimen. Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, con el cierre del penal de San Pedro Sula y la construcción de las cárceles de máxima seguridad, los asesinatos y el control de los presos sobre los penales no cambió, según datos del Conaprev, solo en el año 2019, año en el que se nombró una intervención en el sistema penitenciario, 59 personas perdieron la vida en los centros penales.
