La crisis del Ministerio Público lleva ocho semanas y las protestas continúan por la falta de solución a las demandas de los trabajadores, quienes buscan un aumento salarial y mejores condiciones laborales. La respuesta del Fiscal General y el Poder Ejecutivo ha sido insuficiente y esta ausencia ha dejado a la población de uno de los países más violentos de la región en una situación de incertidumbre. Para abordar este tema, Contracorriente organizó un Twitter Space con el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos y con Vladimir Núñez, médico forense de la institución.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
El Ministerio Público en Honduras enfrenta una crisis que ya lleva ocho semanas. La Asociación de Fiscales y la Asociación de Empleados del Ministerio Público exigen un aumento salarial del 15% y mejores condiciones laborales para cerca de 3.700 trabajadores, lo que ha llevado a medidas de protesta como la toma de edificios y la negativa de realizar el levantamiento de cadáveres, realizar autopsias y pericias forenses.
No es la primera vez que el Ministerio Público enfrenta una crisis de este tipo. En el año 2008, hubo una huelga de fiscales que duró 38 días en la que exigieron que no se escondieran casos de corrupción en el país. En aquella ocasión, participaron figuras como el abogado Luis Javier Santos y el ahora diputado Jari Dixon.
Ahora Luis Javier Santos es jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), y en la conversación que organizó Contracorriente también se manifestó sobre las condiciones precarias bajo las cuales trabajan y la falta de aumento salarial para la mayoría de los empleados de la institución. Santos aseguró que esta crisis puede encontrar una solución a través del diálogo, pero que las razones de esta situación son más profundas y se encuentran en el secuestro que ha sufrido la institución por parte de la clase política.
«Lamentablemente, en el Ministerio Público ha faltado diálogo y conciencia de que somos una institución pública, no una empresa o una institución privada, y que el personal permanente son los fiscales, el personal administrativo, los agentes y los médicos forenses. Los fiscales generales son temporales y no pueden desempeñar su función creyendo que la institución es propia. El diálogo debe ser algo normal que se dé siempre que haya conflicto dentro de la institución», apuntó Santos.
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Tras ocho semanas de paro, finalmente una comitiva enviada por el fiscal general Oscar Chinchilla y liderada por el Fiscal Adjunto Daniel Sibrian, hizo una propuesta de aumento salarial del 10% para aquellos empleados que ganan menos de 33 000 lempiras; sin embargo, la misma fue rechazada por los representantes de los fiscales y el personal del Ministerio Público, aunque fue recibida como un primer acercamiento para dar solución a la crisis.
Santos explicó que, aunque un salario de 33 000 lempiras puede parecer alto, quienes reciben ese monto mensual son funcionarios que llevan en la institución entre 12 y 15 años y que desde hace mucho no reciben aumentos. También apuntó que los servidores del Ministerio Público, como fiscales, personal administrativo, médicos forenses y agentes, tienen un trabajo arduo y peligroso.
«Cuando uno inicia en la institución le toca ir a recoger muertos, estar de turno hasta 24 horas, no dormir, es el trabajo más pesado porque es el que está expuesto al frente de todos los casos. Se van a operativos donde a veces los agarran a tiros y arriesgan la vida, entonces no es fácil. Con el trabajo de agente le cambian su forma de vivir, ya no puede andar en transporte público, tienen que buscar su propio transporte y el costo de vida aumenta para un servidor del Ministerio Público incluso en sus colonias, los que vienen de las colonias marginales tienen que mentir diciendo que trabajan en otras instituciones solo por el riesgo que puedan correr por pertenecer al Ministerio Público. Entonces se tienen que trasladar a otros lugares donde tienen que rentar y todo eso sale del mismo salario», explicó Santos.
Santos finalmente apuntó que la crisis del Ministerio Público debe tratarse con la seriedad que merece, ya que implica la vulneración de derechos de las víctimas y el acceso a la justicia en el país, y remarcó que es necesario que las autoridades y los servidores de la institución trabajen juntos para encontrar soluciones y garantizar la protección de los derechos humanos y la justicia en Honduras.
Esta crisis en el Ministerio Público ocurre en un año crucial ya que en septiembre se elegirá al Fiscal General de la República. Por dicha razón, las piezas políticas han comenzado a moverse y desde el Poder Ejecutivo se ha emprendido un discurso que apunta al personal en huelga como «indolente» ante la negativa de levantamiento de cadáveres y se han generado propuestas que los expertos señalan como preocupantes, como la de la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, que planteó eliminar Medicina Forense y crear un instituto independiente.
Villanueva presentó ante el Congreso Nacional un anteproyecto de ley para extinguir la Dirección de Ciencias Forenses del MP y proceder a la creación de una dependencia independiente: el Instituto Nacional de Medicina Legal y su consejo directivo sería conformado por representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, y el Fiscal General. Dicha propuesta fue apoyada por el diputado oficialista y vicepresidente del Congreso Nacional Rasel Tomé.
En ese sentido, Vladimir Mendoza, médico forense del Ministerio Público en San Pedro Sula, apuntó que la unidad de Medicina Forense siempre ha sido catalogada como el «patito feo» de la institución ya que trabajan en condiciones sumamente precarias y el olvido ha sido permanente desde hace muchos años.
«Nuestra institución se encuentra abandonada, nuestros médicos tienen muchas limitantes porque los reactivos, equipos y máquinas son caras y toda la operatividad camina básicamente gracias al apoyo de la cooperación externa, pero igual pesa sobre nosotros el hecho de que siempre se nos relega y no se invierte en el trabajo pericial que es elemental. Si usted no dota de recursos e insumos a esta dirección obviamente los elementos probatorios que se le brinden a los fiscales para sustentar los casos van a ser insuficientes, entonces a veces parece que es algo intencionado políticamente para promover el delito o no permitir que la persecución penal sea eficaz”, apuntó Mendoza.
Mendoza explicó que el personal esencial de esa dependencia tiene un salario mucho menor que profesionales de las mismas áreas en otras instituciones del Estado, por lo que creen que hay una disparidad intencional a pesar del trabajo que realizan para la resolución de casos judiciales.
«Tenemos múltiples riesgos biológicos, psicológicos, legales e incluso hasta de seguridad personal, todas estas cosas no son valoradas objetivamente en el sentido de cómo debe de ser remunerado el trabajo de un perito que desempeña estas funciones dentro del engranaje de la Dirección de Medicina Forense», concluyó Mendoza.
Sobre la propuesta de la viceministra Villanueva, el fiscal Santos explicó que sería un error separar a Medicina Forense del Ministerio Público ya que esta unidad «es el corazón de la institución», pero sí debe haber una reforma para fortalecer y consolidar sus capacidades.
Ante la medida ordenada por la Asociación de Fiscales en la que el personal de Medicina Forense se abstenga de realizar levantamientso de cadáveres, autopsias y pericias, a mediados de marzo la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, instruyó a los jueces de paz a nivel nacional para colaborar en el levantamiento cadavérico en conjunto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). En ese sentido se emitió un protocolo de reconocimiento de cadáveres para este personal.
Santos aseguró que dicho protocolo es deficiente y demuestra que Medicina Forense debe permanecer anclado al Ministerio Público.
«Queda evidenciado que no se conoce el trabajo de levantamiento de cadáveres y el aseguramiento de la evidencia que es vital y esencial en las primeras 24 horas. Están expresando algunos criterios de cómo se 20 años atrás con el Código de Procedimientos Penales, pero eso ya no es el procedimiento que se sigue. Las autopsias que se hacen no solamente son abrir un cadáver o contar los machetazos que tiene, es todo un procedimiento que se sigue de análisis donde salen muestras de todo tipo según lo que solicita el fiscal, y hay procedimientos de conservación de todas esas muestras que no es de la noche a la mañana que se van a crear, y en Medicina Forense tienen 28 años de experiencia», apuntó Santos.
Finalmente, tanto el fiscal Santos como el doctor Mendoza abordaron la necesidad de reformas profundas que más allá de solucionar la actual crisis del Ministerio Público, fortalezcan las acciones de la institución y garanticen su correcta operatividad a largo plazo.
Santos explicó que la administración del actual Fiscal General Oscar Chinchilla aprobó una serie de reglamentos administrativos que en lugar de facilitar la investigación se utilizaron para burocratizar el trabajo fiscal, además aprobó procedimientos de investigación que se imponen sin conocer realmente la labor diaria de los fiscales.
«Creo que el Ministerio Público necesita una reestructuración y depuración, ya que nunca se ha hecho y todos sabemos las vinculaciones que se han encontrado en esa institución. Sí se necesita hacer eso porque escuchamos que laboran 3 800 empleados, pero ¿qué tipo de empleado es el que se ha contratado? mientras el empleado que tiene experiencia, que está capacitado, que es invaluable no les preocupa si se va o se queda, solo de la Uferco han renunciado 8 personas capacitadas de manera continua por dos años por la cooperación internacional y no les importó. Se fueron a trabajar con la defensa, a trabajar con la empresa privada, a otro país; y la institución no cuida ese tipo de recursos que como fiscales tienen un valor muy grande», finalizó el fiscal Luis Javier Santos.
En ese sentido el doctor Vladimir Mendoza apuntó que es necesario plantear reformas integrales orientadas a que el Ministerio Público se adapte a los contextos modernos y que mejore la prestación de sus servicios a la ciudadanía; además, apuntó que esta crisis se solucionará en cuanto las bancadas del Congreso Nacional se pongan de acuerdo para realizar las reformas necesarias, así como se pusieron de acuerdo con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
