Según organizaciones que velan por la libertad de expresión en Centroamérica, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras no es una opción para salvaguardar la vida de este sector. Además, estas organizaciones alertaron sobre el incremento de la violencia y ataques en contra de periodistas de la región.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Reporteros sin Fronteras (RSF), la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) convocaron este jueves a la rueda de prensa «Escalada de violencia contra los periodistas en Centroamérica: cómo deben actuar los Estados para proteger la prensa», en donde coincidieron en que el mecanismo de protección que ofrece el Gobierno hondureño es ineficaz
Según estas organizaciones, el 70 % de los ataques contra la prensa que más se dan en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras son perpetrados por personas servidoras públicas, además, estas organizaciones exigieron mecanismos efectivos de atención a periodistas en Centroamérica.
Entre los patrones de ataque a la prensa que identificaron los periodistas consultados por estas organizaciones, están las privaciones ilegales de la libertad, el exilio, acoso judicial, amenazas, ataques físicos, vigilancia estatal y estigmatización. Además, las organizaciones indicaron que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras no representa una opción para salvaguardar la vida de este sector en este momento.
«Las autoridades no le toman interés [al mecanismo de protección] y se encuentra en una crisis institucional, técnica, y presupuestaria por falta de voluntad política para dirigir adecuadamente una institución vital para salvaguardar la vida de los periodistas amenazados», indicaron, por medio de un comunicado.
Dina Meza, coordinadora de la Asopodehu, lamentó que no se ha dado el cambio positivo que esperaban para la prensa, sobre todo tras la salida del Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández —quien está a la espera de un juicio por narcotráfico en los Estados Unidos— y el inicio de la administración de Xiomara Castro.
«Lo que queremos es que haya una actuación diferente respecto a la prensa, una actuación enmarcada en lo democrático y en los estándares internacionales. Mientras un funcionario no esté consciente de que tiene un cargo público y debe dar cuentas a la ciudadanía, van a seguir violentándonos [limitando el ejercicio periodístico por medio de amenazas, coacción o obstaculizandola labor periodística], estigmatizándonos y colocando a la prensa como enemiga o amiga de X o Y gobierno», aseguró Meza.
La coordinadora de la Asopodehu explicó que actualmente cuentan con una base de datos en la que monitorean denuncias de periodistas a quienes se les bloquea el acceso a distintas fuentes, siendo esta una de las principales agresiones. Además, de cuando a los periodistas les roban el equipo de cobertura y de cómo intervienen en sus comunicaciones.
«El nivel de riesgo de periodistas en Honduras y Centroamérica está aumentando, no podemos esperar a que llegue a un nivel donde los periodistas estén bajo un riesgo grave, en donde muchas veces practican la autocensura, que tengan que salir de su ciudad o que terminan asesinados. La idea es llamar la atención del Gobierno a que cambien sus políticas y sus posturas en su discurso para una valoración de la prensa», indicó la coordinadora de incidencia de RSF en América Latina, Bia Barbosa.
Barbosa mencionó que a través de los discursos hostiles de funcionarios a la prensa se puede ocasionar que la ciudadanía se sienta en la libertad de atacar a los periodistas y comunicadores, ataques que, en ocasiones, no se quedan en redes sociales, sino que pueden trascender a agresiones físicas o amenazas.
Por otra parte, Angelica Carcamo, coordinadora de la APES, alertó que la prensa hondureña debe prestar atención ante declaraciones estigmatizantes que puedan realizar funcionarios en contra de medios de comunicación.
Es peligroso porque cuando los gobernantes atacan sin fundamento hay una clara intención de no querer que la ciudadanía tenga información adecuada y crítica, y la mejor forma es atacando a las y los periodistas y estos discursos se masifican en las redes sociales.
Entre las exigencias más urgentes dirigidas a los gobernantes para que se respete el libre ejercicio de la libertad de expresión, Angelica Carcamo destacó: exigir que se siga fomentando el acceso a la información pública desde la instituciones, que se abra un debate de leyes de protección a periodistas desde un enfoque integral y abrir debates sobre redes sociales en las que se dan ataques permanentes a la prensa critica.
Las organizaciones también resaltaron que América Latina es, actualmente, el continente más letal y peligroso para la prensa. «El año 2022 fue particularmente letal, 39 periodistas fueron asesinados en la región, la cifra más alta desde que se llevan registros y que representa la mitad del total de los periodistas asesinados en todo el mundo», se afirmó en el pronunciamiento que realizaron estas organizaciones al finalizar la rueda de prensa.
