Ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libertad de expresión y prensa, corrupción gubernamental y falta de investigación en la rendición de cuentas son algunas de las cosas que señala el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas en materia de derechos humanos en Honduras en el 2022.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera
El 20 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos —a través de la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo— publicó un reporte sobre las prácticas de derechos humanos en Honduras durante el 2022. Este informe evaluó el respeto a la integridad de las personas, capturas arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales, la corrupción y la falta de transparencia del Gobierno, así como la violencia y discriminación sistémica a mujeres, grupos étnicos o personas Lgtbiq+.
En este reporte se indicó que, entre los problemas significativos en materia de derechos humanos que enfrentó Honduras en el 2022, hubo: ejecuciones extrajudiciales, en las que se incluyen torturas y tratos crueles o inhumanos por parte de agentes del Gobierno; restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas a miembros de los medios de comunicación; corrupción gubernamental y falta de investigación de rendición de cuentas; y, además, violencia de género y delitos o amenazas de violencia contra comunidades indígenas, afrodescendientes, y personas Lgtbiq+.
«El Gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o corrupción, pero la debilidad del sistema judicial y la corrupción fueron importantes para obtener condenas», señala el informe.
Previamente, en julio de 2022, el departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la «Lista Engel», en la que, de 15 sancionados, dos son actuales congresistas del Partido Libertad y Refundación (Libre): Rasel Toméy Edgardo Casaña, ambos vicepresidentes del Congreso Nacional.
El 30 de enero, antes de la elección de magistrados y magistradas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) emitió un pronunciamiento diciendo que Rasel Tomé, Edgardo Casaña y otros diputados no debían de participar en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ). Rasel Tomé fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad, pena que le inhabilitaba de ejercer cargos públicos.
Sobre esto, Rasel Tomé contestó a Contracorriente el 31 de enero de 2022, que él «esperaba que ese fallo fuera condenado» por el dirigente del MADJ, Víctor Fernández.
Por otra parte, el diputado Rasel Tomé respondió: «ese Canal Ocho que yo aprobé es del pueblo hondureño, y yo esperaba que (Víctor Fernández) condenara el fallo ilegal que hicieron contra mi, yo esperaba esa solidaridad de abogados y abogadas». pic.twitter.com/Zwt5Qkp7IY
— Contracorriente (@ContraC_HN) February 1, 2023
El congresista Rasel Tomé fue incluido en esta «Lista Engel» por participar en «importantes casos de corrupción» mientras era presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y por apropiarse de aproximadamente de 327,000 dólares de fondos públicos.
En el informe sobre prácticas en materia de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se indica que —aunque existen leyes que penalicen por corrupción a oficiales—, las autoridades no implementan la ley efectivamente y, de esta forma, los oficiales continúan realizando prácticas corruptas con impunidad. Entre los ejemplos de corrupción gubernamental, el informe señala al Decreto de Amnistía aprobado en el Congreso Nacional a inicios de febrero de 2022.
«El 2 de febrero [de 2022], el Congreso Nacional aprobó una Ley de Amnistía retroactiva que absuelve de crímenes a funcionarios públicos que trabajaron en la administración Zelaya (2006-2009). Hasta octubre [de 2022], al menos 24 abogados defensores usaron esta ley para desestimar casos de corrupción», señala el informe.
Como algo positivo, el reporte apunta la derogación de la Ley de Secretos en marzo de 2022 algo que, según el departamento de Estado de EE. UU. «la sociedad civil criticaba por limitar la transparencia y permitir a oficiales clasificar documentos para ocultar corrupción».
El diputado por el Partido Libre, Rasel Tomé, fue quien impulsó la Ley de Amnistía en el Legislativo. Un día después de la publicación del informe por parte del Departamento de Estado de EE. UU., este país anunció la suspensión definitiva de la visa a Rasel Tomé.
Sobre esto, Toméexpresó en una conferencia de prensa «no me preocupan las posiciones políticas del departamento de Estado [de los Estados Unidos] mi vista está para Asia, para allá es que vamos».
Las palabras de Rasel se dan en el contexto de acercamientos diplomáticos entre Honduras y la República Popular de China. El pasado 14 de marzo, la presidenta Xiomara Castro anunció el inicio de la apertura de relaciones oficiales con la República Popular de China.
El ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, la congresista Xiomara Hortensia Zelaya —hija de la presidenta y del expresidente Manuel Zelaya—, se encuentran en una gira por este país asiático.
Contracorriente contactó al diputado por el Partido Libre, Rasel Tomé, quien respondió que en esos momentos no podía dar entrevistas.
El abogado especialista en materia de derechos humanos, Joaquín Mejía, opinó que esta Ley necesita ser reformada aunque personas ya hayan sido beneficiadas con la amnistía en relación a casos de corrupción.
«Desde el principio, cuando se aprobó la Ley, nosotros dijimos que una Ley de Amnistía no se puede utilizar para casos relacionados con violaciones a derechos humanos y tampoco se puede utilizar para quitarle la responsabilidad penal a personas en casos vinculados con corrupción, por tanto, obviamente, lo que se requiere es que esa ley se reforme», aseguró Joaquín Mejía.
A nivel general, Joaquín Mejía opinó que este informe viene a ratificar los problemas estructurales que existen en Honduras, los cuales no son de hace 10 años, sino de hace mucho tiempo atrás.
Joaquín Mejía agregó que el informe del Departamento de Estado de EE UU. refleja la situación estructural que vive el país y que, desafortunadamente, no hay indicios de que, al menos este Gobierno, tenga la voluntad o la capacidad para abordar todos estos problemas estructurales de una forma integral, porque en materia de seguridad ciudadana el estado de excepción sí es una medida necesaria, pero de forma aislada no va a servir de nada.
«Una medida de este tipo refleja que existe un enfoque restrictivo de la seguridad ciudadana, en el sentido de abordar la criminalidad únicamente con la intervención policial, militar y eventualmente judicial, pero no [existe un] abordaje integral», explicó Mejía.
Sobre hechos violentos, centros penitenciarios y faltas a la libertad de expresión
El reporte de la oficina del departamento de Estado de EE. UU. también asegura que «grupos delictivos, incluidas bandas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y actos de violencia contra defensores de los derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables. El gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la impunidad era generalizada».
Entre los asesinatos denunciados durante operaciones policiales o que estaban relacionados con actividades delictivas de agentes gubernamentales, el departamento de Estado menciona el asesinato de Wilson Ariel Pérez en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Según la policía, Wilson fue asesinado mientras agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas trataban de arrestarlo después de que agredió a una agente policial en un partido de fútbol en mayo de 2022. Casi 6 meses después, el 17 de octubre, el Ministerio Publico acusó a cuatro agentes policiales por estar relacionados al asesinato de Wilson Pérez.
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La falta de veredicto en el juicio en contra del agente policial Jarol Perdono por el asesinato de Keyla Martínez; la masacre en la que supuestos miembros de la mara MS-13 vestidos de uniformes militares ejecutaron al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Said Lobo Sosa, y, además, el asesinato del líder indígena, defensor de la tierra y comunicador social, Pablo Hernández, son los casos en los que el departamento de Estado hizo énfasis en este apartado.
En el caso de la situación en las penitenciarías, el informe señala que, hasta septiembre de 2022, el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev) contabilizó 17 muertes violentas en el interior de penitenciarias. Además, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) reportó que, hasta octubre de 2022, habían 19,619 privados de libertad en las 25 prisiones y centros de detención existentes en Honduras, cuando, según el Conaprev, el sistema está diseñado solo para 13,000 prisioneros.
El 22 de marzo la Policía Nacional anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en el marco del «Plan de Seguridad Ciudadana y la guerra contra la extorsión» con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro. Un centro penitenciario será construido en la Isla del Cisne en el Caribe hondureño y el otro entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, aseguró que este proyecto empezará inmediatamente y que se alojará a 1,500 miembros de estructuras criminales en cada una.
Para el abogado Joaquín Mejía, la construcción de cárceles tiene sus matices, esto debido a que la construcción de dos cárceles de máxima seguridad podría cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIH) contra el Estado de Honduras, pero esto no alivia el problema de institucionalidad en el sistema penitenciario.
«El problema es que se están construyendo edificios sobre una institucionalidad, en este caso la Policía Nacional que se encarga de los centros penales, que todavía no ha sido depurada, una institucionalidad que todavía no ha rendido cuentas y que no ha demostrado capacidad ni voluntad para que se cumpla con el principio de reinserción social, de readaptación social constituido en la Constitución», apuntó el abogado.
Además, Mejía mencionó que, si bien es cierto que la desmilitarización de los centros penales es un paso importante, la situación carcelaria en el país sigue siendo grave a pesar de la existencia de dos sentencias de la CIDH.
«La situación no ha cambiado, sí ha habido reformas legislativas, se crearon instituciones y se han construido cárceles, pero la cultura que hay alrededor del sistema penitenciario no ha cambiado porque parece que la idea de construir cárceles es meter ahí a personas que debemos de aislar de la sociedad, pero se debe de cumplir con el principio constitucional de rehabilitación», señaló Mejía.
El informe del departamento de Estado de EE. UU. también destaca que el mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y operadores del sistema judicial, ahora llamado Dirección General del Sistema de Protección, brindó protección a 11 periodistas y 16 comunicadores sociales. Sin embargo, «algunas organizaciones no gubernamentales expresaron preocupación por la débil implementación de la ley, los pocos recursos disponibles para operar el mecanismo de protección, y el entrenamiento insuficiente de personal nuevo». Además, el informe asegura que la sociedad civil critica las fallas del Gobierno en la investigación adecuada de amenazas a estas personas.
Fuerzas de seguridad aún no están capacitadas para el tratamiento de casos de violencia doméstica y agresiones contra personas Lgtbiq+
Sobre los derechos de las mujeres, el informe señala que la sociedad civil ha reportado que las mujeres a menudo experimentan retrasos por parte de agentes policiales a la hora de procesar sus denuncias por violencia doméstica. Sobre esto, el informe indica que se ordenó elevar a rango ministerial el Instituto Nacional de la Mujer, que ahora es llamado Secretaría de Asuntos de la Mujer, sin embargo, observadores notaron que este esfuerzo no fue efectivo debido a la falta de cobertura de estos servicios en las áreas rurales del país, además el informe destacó la ausencia o entrenamiento inadecuado de oficiales y otras autoridades en el tratamiento de casos que involucran violencia doméstica.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la presidenta Xiomara Castro anunció el uso, venta y comercialización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE). La prohibición de esta pastilla estaba vigente desde el 2009. Sin embargo, en ninguno de los poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial—, se han registrado avances en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el aborto por las tres causales, algo prometido por la mandataria en tiempos de campaña electoral.
Grupos de mujeres han reclamado al Gobierno que aún no se ha aprobado la Ley de Casas Refugio, una iniciativa que tiene como fin proporcionar un espacio seguro a las mujeres víctimas de violencia en sus hogares, algo que ya viene realizando la Asociación Calidad de Vida pero que, a través de esta Ley, se daría responsabilidad del Estado de mantener estos sitios de acceso para las mujeres que son víctimas de violencia.
En el caso de actos de violencia y discriminación a personas Lgtbiq+, el informe incluyó un reporte del Ministerio Publico que contabiliza 17 muertes violentas de personas Lgtbiq+ desde enero hasta septiembre de 2022, mientras que organizaciones no gubernamentales reportaron 33. Además, las ongs reportan 17 crímenes de odio en contra de personas Lgtbiq+ hasta agosto de 2022.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) reporta, hasta agosto de 2022, 25 casos de discriminación basada en orientación sexual. «Los grupos Lgtbiq+ afirman que las entidades gubernamentales y empleadores privados emplean prácticas de contratación discriminatorias. Las mujeres transgénero son particularmente vulnerables debido a la discriminación en el empleo y sistema educativo; muchas pueden encontrar empleo solamente siendo trabajadoras sexuales, lo que incremente su vulnerabilidad a la violencia y extorción
En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, el 28 de junio de 2009. Esta sentencia contiene una serie de medidas reparatorias que el Estado de Honduras debe cumplir, entre ellas, una Ley de Identidad de Género que le permita a las personas trans identificarse con su identidad sexual y nombre de elección y, además, ordena la adopción de protocolos especiales de investigación por parte de agentes de las fuerzas de seguridad y de investigación.
El pasado 13 de marzo, la Red Lésbica Cattrachas entregó a la Secretaría de Seguridad de Honduras 472 expedientes de muertes violentas que han contabilizado en el Observatorio de Muertes Violentas Lgtbiq+ desde 1994. Esto también cumple otra de las medidas de reparación ordenadas por la CIDH: la creación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas Lgtbiq+.
1 comentario en “Debilidad del sistema judicial y corrupción continúan latentes en Honduras, según informe de los Estados Unidos”
Gracias por editar un periódico con apego a la verdad así son las cosas que sucede en nuestro país poco o nada se les respeta los derechos humanos a los hondureños, que por algunos casos pensamos diferentes.