Luego de las fallas en las cámaras de seguridad y en la línea telefónica del Sistema Nacional de Emergencias 911, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) será la que proporcione la plataforma tecnológica para esos servicios. La comisión interventora nombrada por la presidenta Xiomara Castro tiene la misión de comprobar la nulidad del contrato suscrito entre el Estado de Honduras y la sociedad mercantil Dynamic Corporation, empresa que aún maneja el sistema operativo del 911. El director de operaciones de Dynamic Corporation, Oscar Castro, aseguró que las cámaras de seguridad no han vuelto a funcionar con regularidad desde septiembre de 2022.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El pasado 27 de febrero, la presidenta Xiomara Castro creó la Comisión Interventora del Servicio de Emergencia 911 integrada por el abogado Roberto Reina, el ingeniero en sistemas Gosset Moncada y el auditor Gerardo Antonio Hernández. El objetivo planteado por el Gobierno es restablecer el funcionamiento del 911 y además realizar contrataciones directas para la adquisición de bienes, suministros, sistemas de videovigilancia, sistema de llamadas y la contratación de consultorías con empresas nacionales e internacionales.
Antes de que esta interventora llegara, el Sistema Nacional de Emergencia 911 denunció, a través de un comunicado publicado el 1 de septiembre de 2022, que la interrupción de sus servicios se debía a «una decisión unilateral del integrador [la empresa Dynamic Corporation] al no aceptar una nueva negociación para reducir los costos elevados negociados con el anterior Gobierno».
En este mismo comunicado, se reveló que el contrato entre el Estado de Honduras y Dynamic Corporation en 2021 «presenta vicios de nulidad por 150 millones de dólares y un cobro mensual de 1.8 millones de dólares por el soporte y mantenimiento de la red que es rentada a un servidor primario».
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— 911Honduras (@911Honduras) September 1, 2022
Ante las denuncias de empleados del 911 sobre inminentes despidos fuera del marco laboral, la Junta Interventora indicó que respetarán el Código Laboral y los derechos de los trabajadores, así como el pago de salarios y prestaciones a los empleados del 911. En esas denuncias, se expresó que la Junta Interventora envió un memorándum en el que pretendía despedir a 1,200 empleados permanentes y temporales.
José Antonio Morales, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), explicó a Contracorriente el pasado 14 de marzoque, en el marco de los cambios contemplados, Hondutel será la encargada de brindar la conectividad de fibra óptica para el funcionamiento de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911. Además, al momento de esta entrevista, el gerente de la estatal aseguró que las cámaras de videovigilancia del 911 no estaban en completo funcionamiento.
Hondutel es una empresa estatal con enormes dificultades, condenada a desaparecer según las palabras de su exdirector Carlos Orbin Montoya, quien fue designado en el cargo en febrero de 2022 por la presidenta Xiomara Castro y destituido un año después, a finales de febrero de 2023. El informe de Gobierno del II Trimestre de 2022 sobre gestión financiera, indica que Hondutel cuenta con un nivel de endeudamiento enorme y que mantiene comprometidos sus activos en un 77 %. En este informe, presentado por la Secretaría de Finanzas, se destacan pérdidas de 228 millones de lempiras en Hondutel solo en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022.
Hondutel será quien brinde los servicios de Sip Trunk que incluyen enlace de datos, internet, telefonía IP y PBX al 911. Además, Hondutel informó que restableció la línea telefónica de emergencias del 911 el 14 de marzo de 2022.
El gerente de Hondutel continuó explicando que la empresa de telecomunicaciones brindará estos servicios a los cinco centros de operaciones que tiene el 911 ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Santa Rosa de Copán y Choluteca. Esto —indicó Morales— ayudará a fortalecer el servicio de emergencias y también generará riqueza para la empresa estatal.
José Morales —quien fue nombrado gerente de Hondutel en sustitución de Carlos Montoya hace menos de un mes— señaló que aún desconocen cuánto tiempo tomará restablecer el funcionamiento de todas las cámaras de seguridad del 911 a nivel nacional, pero que sin duda costará menos que lo acordado en el pasado entre el Gobierno anterior y la sociedad mercantil Dynamic Corporation.
Según la Ley del Sistema Nacional de Emergencias 911, entre sus funciones se incluye la atención de llamadas de emergencia a través del número de teléfono 911, atención sanitaria y extinción de incendios. Además, el Sistema Nacional de Emergencias 911 debe gestionar los recursos y unificar las comunicaciones de las 19 instituciones que lo integran, dentro de las cuales están la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Secretaría de Salud, la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre otras.
Los artículos 7, 8 y 18 de esta Ley fueron reformados por el Congreso Nacional en agosto de 2021. En estas reformas, la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911 dejó de ser dependiente y estar adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y pasó a formar parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.
A finales de noviembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro anunció la implementación del «Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos» con la finalidad de frenar la violencia y los crímenes que amenazan la población. Este Estado de Excepción empezó en las ciudades con los barrios y colonias que «más presencia de pandillas» tienen, después se extendió a todo Honduras.
En lo que va del 2023, y durante el Estado de Excepción, han ocurrido nueve masacres, una de ellas en Comayagüela, Distrito Central, en la que fallecieron siete personas dentro de un hotel. Ese día, el subcomisario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Nolasco, informó que la policía podía apoyarse de otras técnicas para la investigación de los delitos contra la vida, pero que aún así era importante tener las cámaras de videovigilancia del 911. Cuando ocurrió esta masacre las cámaras de seguridad del 911 cercanas a este lugar no estaban funcionando.
El subcomisario Cristian Nolasco, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), afirmó a Contracorriente que son muchas las pesquisas en la investigación de delitos y otras incidencias que se han perdido con la falta de funcionamiento de las cámaras de videovigilancia del 911, pero que también existe la alternativa de utilizar cámaras privadas que estén dentro de la escena del crimen.
«Sí nos ha afectado [la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad del 911], pero también tenemos otras técnicas de investigación, como la recolección de testimonios, las cámaras privadas, indicios de arma en un lugar, huellas dactilares», afirmó el subcomisario, sin embargo, admitió que la falta de funcionamiento de estas cámaras afecta la rapidez con la que se resuelven los crímenes.
Además, según el portavoz de la DPI, las cámaras privadas no tienen la nitidez de imagen que tienen las cámaras del 911, con las cuales se puede detectar un número de placa, por dar un ejemplo. El Subcomisario Nolasco también explicó que en lugares en los que no hay cámaras de seguridad privadas, como en Sabanagrande o Tatumbla, se complica aún más la investigación para esclarecer delitos.
«Es importante recalcar que cada denuncia es un caso a resolver, si en Tegucigalpa nosotros estamos recepcionando entre 80 a 100 denuncias diarias aproximadamente, estamos hablando de que cada uno de estos casos llevan muchas diligencias investigativas, y parte de estas diligencias son la extracción de un video a través del 911 o de cámaras privadas», señaló el subcomisario Nolasco.
El 2 de septiembre de 2022, el subdirector del Sistema Nacional de Emergencia 911, Fernando Ferrera, quien fue designado en ese cargo el 18 de abril de 2022, dijo a medios de comunicación que el contrato del Estado de Honduras con la sociedad mercantil Dynamic Corporation estaba valorado en 150 millones de dólares, y que el pago mensual a esta sociedad mercantil era de 1.8 millones de dólares. Además, en ese momento, el subdirector del 911 apuntó que se debían 11 meses a la empresa.
«Cabe recalcar que cuando nosotros llegamos al sistema se debían siete meses ya, la administración anterior no los pagó. Estamos hablando de que son un contrato a siete años y medio con montos de 4 mil millones de lempiras», señaló Fernando Ferrera.
En esas mismas declaraciones, Ferrera explicó que el proveedor de los servicios de las cámaras de vigilancia del 911 ya les había notificado que suspendería el servicio, pero que aun así fue una sorpresa cuando ejecutaron la suspensión de las cámaras de vigilancia el 31 de agosto de 2022 pues la empresa «no les notificó el día ni la hora» en la que iban a realizar la suspensión del servicio.
Además, en esa entrevista, el subdirector del 911 aclaró que los servidores, las instalaciones y cámaras de seguridad del 911 son propiedad del Estado de Honduras y que Dynamic Corporation solo se encargaba de la administración de la información. Sin embargo, en el momento de la interrupción de los servicios por parte de Dynamic, los empleados «se retiraron y dejaron con llave los servidores» del 911.
Para conocer más sobre el funcionamiento de las cámaras del 911, desde cuándo no tienen funcionamiento y cuántas cámaras existen a nivel nacional, Contracorriente contactó al subdirector Fernando Ferrera, quien contestó que en este momento no brindaría información sobre este tema porque «la comisión interventora es la autorizada para brindar declaraciones».
El abogado y analista, Raul Pineda, explicó que es difícil saber qué consecuencias podría enfrentar el Estado de Honduras si decide demandar por un contrato leonino a la empresa Dynamic Corporation, esto porque aún se desconocen los términos y los precios por la prestación del servicio de cámaras de seguridad y otras funciones en la plataforma tecnológica del 911.
«Hay que analizar la naturaleza del contrato en su forma y en el fondo, hay que ver cómo se llegó a la concreción de este contrato y si se siguieron todos los procedimientos que establecen tanto la Ley civil, mercantil, la Ley de contratación del Estado», apuntó Raúl Pineda.
Raúl Pineda mencionó también que, analizando los detalles de este contrato, el Estado de Honduras deberá investigar los precios de estos servicios en otros países y además prepararse para una contrademanda por parte de la empresa, que podría buscar defender sus intereses particulares. El analista tampoco descartó la posibilidad de que puedan llegar a un arreglo conciliatorio.
José Morales, gerente de Hondutel, aseguró que la cancelación del contrato suscrito entre el Estado y Dynamic Corporation debe ser una de las tareas principales de la Junta Interventora nombrada por la presidenta Xiomara Castro.
«Yo hablo poco del pasado porque me gusta enfocarme en el futuro, pero el problema es que cuando las cosas no se han manejado con manos limpias los resultados son adversos. Hay contratos millonarios que son totalmente lesivos y dañinos para nuestro pueblo, nuestro deber como funcionarios es velar por nuestro pueblo y sus intereses, para eso nos pagan», manifestó el gerente de Hondutel.
Además, el ingeniero Morales aseguró que todavía no existe un contrato firmado entre Hondutel y el Sistema de Emergencias 911, pero indicó que ya es un hecho que la empresa de telecomunicaciones nacional será un aliado estratégico y tecnológico para el 911 en infraestructura y comunicaciones, y que cuentan con el apoyo de toda la institucionalidad del Estado, incluyendo a la presidenta Xiomara Castro.
Desde la aprobación del contrato entre el Sistema Nacional de Emergencias 911 y Dynamic Corporation el 10 de septiembre de 2021, hasta el 16 de noviembre de 2022 —fecha límite disponible en el portal de datos de la Policía Nacional— se contabilizaron 644 homicidios, 364 muertes por accidentes de tránsito y 7,259 accidentes de tránsito en Francisco Morazán.
En el departamento de Cortés se registraron 744 homicidios, 465 muertes por accidentes de tránsito y 5,119 accidentes de tránsito dentro de estas fechas. Para la investigación de estos y otros delitos contra la vida e integridad corporal es necesario el registro de cámaras de seguridad.
La línea de emergencia del 911 recibe denuncias por violencia doméstica o intrafamiliar. Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), dijo a Contracorriente que estas llamadas son importantes pues son las mujeres víctimas de violencia las que están denunciando de manera urgente a su agresor en esos momentos.
«También es importante el hecho de que estas cámaras de videovigilancia captaron hechos que están ocurriendo en espacios determinados, y esto ayuda a la investigación científica criminal, precisamente porque se van conociendo los modos operandi de los delincuentes», indicó la coordinadora del ONV.
Según datos del Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2022, el Sistema Nacional de Emergencia 911 registró 38, 331 denuncias de violencia doméstica y 59, 147 denuncias de maltrato familiar. Los departamentos que más incidencia tienen —según el portal de estadísticas de CDM—, son Francisco Morazán y Cortés.
El CDM también presenta en su portal de estadísticas que se desconocen datos del mes de agosto de 2022 debido a la suspensión de este servicio por problemas con el contrato entre el Sistema de Emergencias del 911 y la sociedad mercantil Dynamic Corporation. Este observatorio no contiene datos sobre denuncias de violencia doméstica y maltrato familiar en el 2023.
Comisión Interventora tendrá que «probar la nulidad» del contrato entre el Sistema de Emergencias 911 y Dynamic Corporation
Una de las tareas cruciales de la Junta Interventora es contratar una auditoría para establecer si existe una sobrevaloración o sobreprecio del contrato de servicios suscrito con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V. y presentar y promover las acciones correspondientes para declarar legal la nulidad de este contrato y garantizar la deducción de responsabilidades existentes.
Según una investigación de Criterio, Dynamic Corporation está conformada por las sociedades Inmobiliaria Real y World Trade Corporation, cuyos socios son Jonathan Samuel Schacher Kafati y Roderick Alexander Schacher Kafati. Estas empresas también conforman junto a David Guillermo Chávez Madison, político nacionalista, la sociedad Telefonía Móvil.
El abogado y político nacionalista David Chavez no respondió a los intentos de entrevista con este medio.
Esta investigación señala el conflicto de intereses entre David Chávez, quien ahora es presidente del Partido Nacional y en ese momento aspiraba a ser alcalde del Distrito Central, y la aprobación del contrato suscrito entre Dynamic Corporation y el Estado de Honduras, esto debido a que los mismos socios que integran Dynamic Corporation también forman parte de la otra sociedad mercantil que conforma Chávez.
El 10 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario La Gaceta el decreto legislativo que contiene la suscripción del contrato entre el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, el cual tiene una duración de siete años, teniendo validez hasta el 2028. Según el contrato, el «Proyecto Ciudades Seguras» tiene la finalidad de homologar los servicios que ya proporcionaba Dynamic Corporation al Estado de Honduras desde 2015. Este contrato tiene una duración de siete años, por lo que se extiende hasta 2028. Sin embargo, el decreto no contiene los detalles sobre el pago de servicios que realizaría el Estado de Honduras a la sociedad mercantil.
Según el decreto, entre los servicios que estaba obligada Dynamic Corporation a brindar al Sistema de Emergencia 911 están el control, suministro y mantenimiento de la plataforma tecnológica para los proyectos «Ciudad Segura de Valle de Sula y sus anexos» y «Ciudades Inteligentes Tegucigalpa» y el suministro de soporte técnico para todo el hardware y software.
En los contratos suscritos en 2015, la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation fue contratada por medio de la Secretaría de Seguridad y el pago de estos servicios se hizo por medio del ahora extinto fideicomiso de la Tasa de Seguridad. Los detalles de estos contratos permanecieron ocultos debido a que, en 2015, este aún estaba protegido por la Ley de Secretos, la cual fue derogada hasta 2022.
Según el decreto publicado en septiembre de 2021, el contrato aprobado por el Congreso Nacional establece que Dynamic Corporation continuará proporcionando por otros siete años los servicios a los proyectos «Ciudad Segura de Valle de Sula y sus anexos» y «Ciudades Inteligentes Tegucigalpa». Adicionalmente, fueron extendidos sus servicios a las ciudades de Tela, Choluteca, Santa Rosa de Copán y Lempira a través de una suscripción directa, en la que también se proporciona la administración, enlaces de datos, mantenimiento, sostenimiento y el soporte técnico para el hardware y software de la plataforma tecnológica utilizada en los proyectos «Ciudad Segura de Valle de Sula y sus anexos» y «Ciudades Inteligentes Tegucigalpa».
Además, en el decreto 73-2021 se establece que la suscripción de este contrato es necesaria porque tanto los proyectos «Ciudad Segura de Valle de Sula y sus anexos» y «Ciudades Inteligentes Tegucigalpa» han sido una base para combatir y reducir la criminalidad en Honduras.
«Estos proyectos han constituido la base fundamental para combatir y reducir la criminalidad, reforzar la seguridad en las ciudades en que se implementan, así como brindar un servicio directo a la población en situaciones de emergencia, situaciones que no hubieran sido posibles si no es por la implementación de cámaras de videovigilancia, sensores inteligentes de detección, líneas telefónicas de emergencia y equipamiento de respuesta ciudadana», indica el decreto.
Dynamic Corporation: «Las cámaras del 911 no funcionan desde el 1 de septiembre y no las han podido levantar»
El director comercial de la sociedad mercantil Dynamic Corporation, Oscar Castro, aseguró a Contracorriente que desde el 1 de septiembre de 2022 —fecha en la que esta empresa decidió cortar los servicios que proporcionaba al Sistema Nacional de Emergencias 911—, las cámaras de seguridad del 911 no han vuelto a funcionar en su totalidad.
Castro indicó que las declaraciones en las cuales distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, aseguran que el Estado ya había restablecido el funcionamiento de las cámaras de seguridad del 911 en un 60% no son ciertas. «Las cámaras del 911 no funcionan desde el 1 de septiembre y no las han podido levantar», agregó.
«No podíamos conciliar reactivando los servicios porque el mismo contrato lo dice, porque esto iba a incrementar la mora, nosotros no seguimos cobrando después del 1 de septiembre. El servicio fue totalmente detenido y el Gobierno, digamos, hizo algunas acciones técnicas de su parte, intentaba levantar una cosa y se le caía a los cinco días, levantaba otra cosa y se le caía al rato, y nunca hubo una consistencia como el servicio que Dynamic venía dando», afirmó Oscar Castro.
Sobre esto, el representante de Dynamic afirmó que no conocen quién se está encargando actualmente de proporcionar el servicio de las cámaras de seguridad del 911 a la población, y que solo se han enterado de esto a través de la información que ha surgido en medios de comunicación.
Castro continúa explicando que la suspensión de servicios por parte de Dynamic Corporation al Sistema Nacional de Emergencias 911 se dio debido a la deuda por 18 meses que tiene el Estado de Honduras con esta empresa. Además, Castro asegura que antes de la suspensión se enviaron 14 notificaciones previas a todas las entidades involucradas: Sistema Nacional de Emergencias 911, Tasa de Seguridad, Secretaría de Finanzas e incluso a la presidencia de la República.
Después de esto —explicó Castro— la empresa y el Gobierno de Honduras conformaron una mesa de negociación en la que el Gobierno decidió cancelar el contrato como su única oferta.
«El gobierno nos dice “le voy a cancelar el contrato, mi única oferta es cancelar el contrato” y nosotros le dijimos que no porque tenemos millones de dólares invertidos en esto y no es conveniente para el país, negociamos para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado [2022] en medio de la crisis», señaló Oscar Castro.
En medio de esto, el representante de la empresa explicó que el Gobierno consultó con empresas internacionales el precio y la prestación de los servicios proporcionados por Dynamic Corporation, pero que al no lograr conseguir a otra empresa que los suplantara, fueron llamados a una segunda mesa de negociación en diciembre de 2022.
«Cuando vieron que no lo podían hacer nos llamaron a una especie de conciliación auspiciada por la Cámara de Comercio, en la que representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Sistema de Emergencias se sentaron con nosotros. Ahí hicimos una contrapropuesta muy agresiva, que significaba seguir ampliando servicios por el mismo valor y el Gobierno nos dijo que iba a escalar esto a la decisión política», aseguró Oscar Castro.
Castro indicó que Dynamic Corporation no obtuvo respuesta por parte del Gobierno en todo el mes de diciembre, pero que después les notificaron que se debía esperar a que se eligiera la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener una respuesta del Estado.
«Nuestra oferta siempre estuvo en sus manos desde diciembre —indicó el representante de Dynamic Corporation—, y en el marco de la conciliación auspiciada por la Procuraduría, en la que llegamos a un punto medio en el que el 99% del requerimiento se pudo cumplir, ahí sentimos que había una voluntad final del tema, nuestra sorpresa es que, cuando esperamos que todo se va a reactivar, se publica el decreto de la interventora».
En el artículo 3 inciso d) del Decreto Ejecutivo PCM 11-2023, se ordena a la Comisión Interventora «presentar y promover todas las acciones correspondientes para la declaración legal de la nulidad del contrato con Dynamic Corporation, así como garantizar la deducción de responsabilidades a que haya lugar». Castro, representante de Dynamic Corporación, aseguró que hasta el momento no ha existido un acercamiento o notificación por parte de la Comisión Interventora a la empresa.
«Somos una empresa 100% hondureña con 22 años en el mercado latinoamericano, un elemento poco común porque las empresas hondureñas no tienden a expandirse geográficamente. Estamos en nueve países: toda Centroamérica, México, Ecuador y Jamaica, además, tenemos más de 300 empleados con personal altamente calificado de ingeniería y no solo somos una empresa integradora, sino que creamos nuestros propios productos; menciono todos estos elementos porque se ha dicho de una forma mal intencionada que la empresa es de maletín y nada más lejos de la verdad que ser una empresa de maletín, somos la empresa que más proyectos de cámaras ha puesto en Centroamérica, nadie ha puesto más proyectos de seguridad y videovigilancia», argumentó el representante de Dynamic Corporation.
Desde 2015, año en el que esta empresa suscribió los primeros dos contratos con el Estado de Honduras, Dynamic Corporation ha instalado 4, 200 cámaras en distintas ciudades de Honduras. Con la suscripción del nuevo contrato en 2021, se acordó subir el número de cámaras de vigilancia a 5,100. De estas cámaras, 1,350 fueron renovadas antes de que Dynamic Corporation suspendiera los servicios al Estado.
En este contrato, indicó Castro, Dynamic capacitó a personal, se cambiaron los protocolos de atención y también se encargó de homologar todos los servicios de atención a la ciudadanía, entre ellos la Policía Nacional, los bomberos, la ambulancia, entre otros, en un solo número telefónico: el 911.
«[El sistema Nacional de Emergencias 911] fue tan bueno que el Ministerio Público, que no estaba formando parte del Sistema de acuerdo con la Ley, fue hablar con el Sistema y le dijo “yo quiero una oficina aquí”, esto porque el Sistema de Emergencia le generaba más de 8,000 evidencias científicas forenses que judicializar por mes, entonces, el Ministerio Público se metía al sistema y utilizaba esa información», señaló el representante de Dynamic. Además, Castro dijo que el Sistema generaba más de 17 mil videos de accidentes de tránsito, daño a la propiedad pública, entre otros.
Óscar Castro aseguró que este proyecto se realizó luego de que se licitara con tres empresas privadas este servicio. En esta licitación, Dynamic ofreció 10 millones de dólares menos que las otras. Agregó que se integraron los protocolos de atención en las llamas por violencia doméstica y contra la mujer, protocolos de asuntos de riesgo social con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y el protocolo de atención médica por casos de Covid19 a inicios de la pandemia.
«En Honduras no hay ningún proyecto que se le compare en complejidad tamaño tecnológico, inversión, plataformas de última generación y servicios integrados a este», indicó Castro.
El contrato suscrito entre Dynamic Corporation y el Estado en 2015 tuvo un costo de 90 millones de dólares, y su duración fue de siete años, finalizando en 2021. El contrato más reciente, aprobado por el Congreso Nacional en 2021, tiene un costo de 154 millones de dólares y tiene una duración de siete años y medio.
Este contrato contiene una ampliación en la prestación de servicios de Dynamic, lo que incluye a la zona sur y la construcción de un Centro de Operaciones de Emergencias en Comayagua, edificio que ya está construido y amueblado —según el representante de Dynamic— pero que no entró en funciones debido al desacuerdo entre esta empresa y el Estado. Entre los avances de esto estuvieron la red de cámaras en Choluteca, Nacaome, San Lorenzo y otros puntos de la zona sur, y la modernización de la plataforma tecnológica del Sistema de Emergencias 911.
«Cuando llegamos con las nuevas autoridades les entregamos el contrato, les dimos más de 8,500 folios de fotocopias de contratos, actas, entregas de diseños, todo lo que se había entregado hasta el 2021 y le dimos copia de todo lo que ya estaba en proceso, los diseños del edificio nuevo, las plataformas tecnológicas, las inversiones en curso y les preguntamos “¿seguimos o paramos?“ y las autoridades en ese tiempo dijeron “la presidenta ve esto con buenos ojos, el proyecto es un proyecto exitoso, vamos a seguir adelante” o sea, hubo una anuencia inicial de continuar eso», reveló Oscar Castro.
Además, Castro aseguró que de febrero a septiembre de 2022 el Gobierno actual continuó recibiendo los informes mensuales de satisfacción de entrega de servicios por parte de Dynamic. Y también acompañaron a visitar las obras del edificio en construcción en Comayagua.
Sin embargo, el Estado aún adeuda cuatro meses en el pago del contrato, de septiembre a diciembre de 2021.
El pago de servicios a Dynamic Corporation era ejecutado por los fondos del fideicomiso de la Tasa de Seguridad; sin embargo, este pago debía ser aprobado por el Sistema de Emergencias 911 luego de revisión de informes de gestión entregados por Dynamic. Este y otros fideicomisos fueron derogados en mayo de 2022.
Castro explicó que las cámaras instaladas antes de diciembre de 2021 ahora son parte del Estado de Honduras, pues el contrato suscrito en 2021 ordena que estas sean renovadas y las anteriores sean entregadas al Estado de Honduras para que sean utilizadas en municipalidades u otros sitios de conveniencia.
El representante de Dynamic Corporation aseguró que no han recibido comunicación alguna con la Comisión Interventora del 911, pero que continúan anuentes a mantener una conversación y llegar a un punto conciliatorio con el Estado.
Sin embargo, luego de la suspensión del servicio de cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911, Dynamic no ha vuelto a proporcionar este servicio y desconocen qué entidad o quiénes son los encargados de que estas cámaras continúen —según funcionarios del Gobierno— en un funcionamiento parcial.
Además, indicó que han sido respetuosos del proceso de la interventora, por lo que han decidido no emitir ningún pronunciamiento sobre esto. Respecto a una demanda en contra del Estado si deciden cancelar el contrato con Dynamic Corporation, Oscar Castro aseguró que están analizando la situación y los distintos escenarios, por lo que aún no definen su proceder ante esta posible acción.
«La Constitución de la república indica que el obligado a dar la seguridad del país es el Estado, entonces, quien debió haber analizado los datos más fríamente y más objetivamente fueron ellos, nosotros como empresa privada no damos la seguridad de la población», respondió el director comercial ante la situación de inseguridad que vive el país y la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad.
Comité del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad nombrado por la administración actual intentó renegociar el contrato entre el 911 y Dynamic Corporation
En mayo de 2022, el Congreso Nacional aprobó derogar 19 fideicomisos, dentro de estos, también se anularon los fondos de la Tasa de Seguridad, a través de los cuales el Estado de Honduras pagaba los servicios de Dynamic Corporation. Antes de que este se derogara, en abril de 2022, la presidenta Xiomara Castro nombró a Sergio Vladimir Coello como uno de los tres directores propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, en otras palabras, la Tasa de Seguridad. Ese comité estaba siendo dirigido por el Gobierno, la empresa privada y la sociedad civil.
El abogado Sergio Coello —subsecretario de Gobernación y Descentralización—, explicó a Contracorriente que en los planes del comité estaba la negociación del contrato entre el Sistema de Emergencia 911 y la sociedad mercantil Dynamic Corporation. «En su momento, nosotros lo que hicimos fue renegociar el contrato, pero no logramos avanzar, la dirección ejecutiva sí hizo una auditoría exhaustiva en cuanto a la presentación de servicios que estaba brindando la sociedad mercantil Dynamic», indicó Coello. Entre los puntos a negociar estaba la modificación en el precio de los servicios que proporciona Dynamic y que estos estuvieran enmarcados en la Ley.
El abogado Coello señaló que la documentación de soporte con la que contaba el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, está en manos de Pastora Bonilla, quien fue nombrada por la presidenta Xiomara Castro como Directora Ejecutiva del Comité de Administraciones y Adquisiciones de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Contracorriente contactó a la licenciada Pastora Bonilla, quien se negó a dar declaraciones sobre este tema a este medio. Un exempleado de la Tasa de Seguridad explicó a Contracorriente que la licenciada Pastora Bonilla no tiene intenciones de sacar a la luz estos documentos y que con su llegada a este ente despidió a empleados e integró a personal de su afinidad con mejores salarios.
«Ella [Pastora Bonilla] dice que no dejaron nada [de documentación sobre la Tasa de Seguridad] y no es cierto, existen 25 cajas de documentos de todo lo que se hizo con ese recaudo y todo lo que quedó de dinero ahí en inversiones», aseguró el exempleado, quien prefiere mantenerse en el anonimato.
Para Juan Carlos Aguilar, asesor legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aún no existe transparencia total del Gobierno por no revelar los avances en la liquidación del fideicomiso de la Tasa de Seguridad ni las condiciones del contrato entre el Estado y la sociedad mercantil Dynamic Corporation. Además, Aguilar cuestionó que otra junta interventora no es la solución más oportuna que podría dar el Gobierno actual.
«Se están repitiendo situaciones que quizás en algún momento fueron señaladas como malas; ya el modelo de las juntas interventoras que comenzó a implementarse de forma más fuerte en los últimos 12 años ha demostrado ser ineficiente y ha generado grandes gastos, esto porque normalmente las personas o miembros interventores son personas que ostentan salarios bastante altos», explicó a Contracorriente el abogado Aguilar.
Además, Juan Carlos Aguilar aseguró que las juntas interventoras, más que generar cambios y dar soluciones a las instituciones, sirven para apaciguar la opinión pública y la crítica que realiza la ciudadanía, medios de comunicación u organizaciones sobre la mala gestión o acciones de las instituciones o empresas del Estado.
Finalmente, el asesor legal de ASJ calificó como preocupante la situación que vive la ciudadanía ante los últimos hechos violentos que se han registrado en el país y la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad del 911.
«Hay que ver cuáles serán los resultados de esta junta interventora a corto plazo, lo primero que tendrían que hacer es realizar una investigación con respecto a los temas de contratación pública y también debe trabajar de una manera integral», indicó Juan Carlos Aguilar.
