La propuesta de una reforma tributaria por parte del Gobierno dirigido por Xiomara Castro provocó la inmediata reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que manifestó que no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con la ley propuesta por la administración. «Mejor que digan se prohíbe la inversión privada», dijo en conferencia de prensa el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho. Por su parte, el gobierno sostiene que si no hacen estas reformas Honduras caería en la categoría de «paraíso fiscal».
Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
El miércoles 8 de marzo, el ministro de la Secretaría de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, se reunieron con dirigentes del sector privado para presentarles un proyecto denominado Ley de Justicia Tributaria. De acuerdo con esta propuesta de ley –que aún no ha llegado al Congreso Nacional– se eliminarían 10 de los 18 regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país. También se pretende crear figuras para combatir la evasión fiscal.
La administración actual asegura que, solo en el 2022, Honduras dejó de percibir casi 60,000 millones de lempiras en impuestos y que la mayoría de estos beneficios se le otorgaron a los más ricos del país.
El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, calificó la propuesta del Gobierno como «peligrosa» y agregó en relación con una reforma tributaria, «que nos expliquen si quieren que se mantengan o no las empresas» dijo en un claro rechazo a lo pretendido por la administración de Xiomara Castro.
En apariciones en medios de comunicación del país, funcionarios como Rixi Moncada (ministra de Finanzas), Rodolfo Pastor (ministro de Presidencia) y la presidenta Xiomara Castro han hecho referencia a que en Honduras actualmente existe un modelo tributario «injusto»que aumenta los privilegios de los más ricos recrudeciendo la desigualdad y la exclusión. En la propuesta de ley compartida por la SAR a los medios de comunicación, el ministro Marlon Ochoa, aseguró «que la estructura tributaria heredada de 12 años de gobiernos al servicio de las élites es una memoria viva del despojo».
Ramón Barrios, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional, le dijo a Contracorriente que quienes no están de acuerdo con la reforma tributaria son los grandes empresarios y que en el país debería existir un sistema tributario progresivo en el que las grandes fortunas y patrimonios contribuyan con más impuestos al Estado. Barrios aseguró que en Honduras «los grandes empresarios usualmente tienen sus empresas como sociedades anónimas y con esto ellos contribuyen con menos impuestos que usted y yo que estamos en una nómina, porque al ser sociedad anónima tributan [los empresarios] mucho menos de lo que deberían y a eso usted les suma que usualmente esas grandes fortunas son las beneficiadas con las exoneraciones en Honduras, en conclusión: son los que pagan menos», afirmó.
La propuesta de una reforma tributaria no tiene el consenso de todos los funcionarios del actual gobierno, pues en un debate transmitido por Canal 5, los ministros Marlon Ochoa y Pedro Barquero, establecieron posiciones muy distintas. Barquero declaró que él no conoció el proyecto de ley hasta el día que se lo presentaron a los empresarios y Ochoa le respondió que no lo conocía porque no estaba de acuerdo con la propuesta.
Ochoa agregó que el Gobierno se plantea derogar estos regímenes que tienen características abusivas, «la propuesta busca eliminar los abusos y en segundo lugar busca profundizar la justicia tributaria. Este sistema económico está diseñado para el beneficio de unas cuántas familias » dijo.
Barquero expuso que considera que la propuesta «no es la medicina que nos va a curar de los males que en gran parte Marlon ha descrito bien. Yo estoy de acuerdo y me consta que han habido abusos, pero no son la mayoría y con el marco legal que tenemos suficientes herramientas para castigar estos abusos».
En el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria presentado por la SAR al Cohep se contempla que se derogarán 10 regímenes de beneficios para «evitar la inscripción de nuevas empresas en marcos legales desnaturalizados, abusivos y lesivos».
Hay que aclarar que las empresas ya inscritas en los 10 regímenes que desaparecerán, mantendrán los beneficios por el tiempo acordado pero ya no se admitirán más. Los regímenes que se propone eliminar son: Zonas Libres (le quedan 27 años), Régimen de Importación Temporal (14 años), Call Center (duración no disponible), Energía Renovable (tiempo de duración de los contratos), Energía Térmica (tiempo de duración de los contratos), Agroindustrial (creado en el 2006), Fomento al Turismo (20 años), Transporte Terrestre, ZOLITUR (17 años) y Alianza Pública Privada (tiempo de duración del contrato).
En su artículo 1, el proyecto de ley establece que tiene por objetivo promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración.
La pobreza en Honduras ha alcanzado al 73 % de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y la migración no se ha detenido pues diariamente cientos de hondureños salen del país especialmente rumbo a los Estados Unidos. El año pasado, los migrantes enviaron más de 8,700 millones de dólares en remesas.
Ese proyecto de ley también indica que las empresas inscritas en los regímenes revocados mantendrán sus beneficios por «el tiempo de goce dictaminado en la instancia correspondiente»pero también, en su artículo 14, se señala que gozarán del beneficio otorgado hasta la finalización contemplada en la ley que le dio origen «excepto cuando la Sefin cancele estos beneficios de conformidad con los casos y los efectos establecidos en el Código Tributario». Los casos contenidos en el mismo instrumento jurídico son el uso indebido o el abuso en perjuicio del Fisco y que los beneficiados hayan incumplido los compromisos y objetivos estipulados en el régimen al que se adhirieron.
La propuesta de ley no contempla el final de las exoneraciones, propone derogar 10 regímenes de los 18 existentes y enmarcar la creación de dos instrumentos, uno para la inversión nacional y otro para la extranjera. Ambos tendrán una duración de cinco años con la posibilidad de renovarse a conveniencia de las partes.
En lo relacionado con el mercado nacional, la Ley ordena la creación del Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo (RINDE), que será administrado por la SAR y tendrá por propósito «aumentar la rentabilidad de las inversiones enmarcadas en la presente Ley». En los beneficios se contempla la deducción del doble del gasto en empleos permanentes con salario no inferior al salario mínimo vigente. Estipula la Ley que, «por cada un (1) lempira gastado en estos empleos, se podrá deducir un (1) lempira adicional».
La inversión extranjera podrá adherirse al Régimen de Zonas Francas las cuales tendrán por propósito, según la propuesta de ley, fomentar la inversión extranjera directa, promover las exportaciones y aumentar la competitividad del país y generar empleo y obtener una mayor generación de divisas. Los incentivos en este régimen no difieren mucho del anterior: exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sus impuestos conexos sobre utilidades, exoneración del Impuesto Sobre la Venta (ISV) y exoneración de pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos y derechos consulares y demás impuestos que tengan relación con las operaciones aduaneras.
El proyecto de Ley de Justicia Tributaria contiene otros elementos como retornar al principio de renta mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de las grandes empresas a paraísos fiscales. De acuerdo con las justificaciones de la Ley, entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por la reforma introducida al Código Tributario. De aprobarse el cambio, 503 empresas y personas naturales empezarían a pagar por los ingresos percibidos en el exterior.
Con el principio de renta mundial, el Estado determina poner impuestos a sus habitantes por las utilidades que produzcan, sin importar si estos ingresos se producen dentro o fuera del territorio. En la región, este principio es utilizado por países como Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela.
Además, se propone aprobar la figura de beneficiario final con la que se pretende, señala la Ley, evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad. En la presentación, la SAR mencionó que una forma de evasión fiscal es que la empresa hondureña pertenece a un holding de empresas establecido en Panamá u otro paraíso fiscal, pero la persona natural beneficiaria de las utilidades está en Honduras. Contracorriente participó en una investigación internacional en la que se demostró que varios políticos y empresarios hondureños estaban ligados a offshore ubicadas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (CCIC), presentó un análisis en donde aseguró que a pesar que el proyecto de ley presenta algunos avances en materia de transparencia y colaboración para evitar la evasión fiscal «la empresa privada ve con preocupación un proyecto de ley que contiene más bien una reforma ideológica, cargada de resentimiento y apasionamiento, en vez de sustentarse en criterios económicos y técnicos con una perspectiva objetiva que verdaderamente promueva el desarrollo del país».
Facussé criticó la pretensión del Gobierno de eliminar todos los regímenes existentes, asegurando que eso envía un mensaje de que «todas las empresas y todas las actividades son malas», lo que a su juicio está alejado de la verdad. Afirmó además que estos regímenes, que se pretenden eliminar, son manejados por muchos países vecinos y alrededor del mundo como instrumentos de desarrollo económico. «Honduras no es una isla, competimos para atraer inversión, nacional y extranjera, el trabajo que tenemos que hacer es corregir lo que está malo, proteger lo que está bueno para desarrollar la economía», expresó.
El presidente de la CCIC argumentó que el sector privado jamás avalará «abusos o ilegalidades», al tiempo que expresó que «se debe evaluar régimen por régimen, exonerados por exonerados y comparar beneficio con costo para el Estado».
Sobre los dos nuevos regímenes propuestos en el proyecto de ley —Régimen de Zonas Francas y RINDE —, Facussé manifestó que el Régimen de Zonas Francas es «discriminatorio» y que de aprobarse así como está «para el hondureño será prohibido invertir en industrias de exportación, ya que el proyecto limita a que sea capital en su mayoría extranjero el que pueda invertir en este régimen, esto es totalmente discriminatorio y errado».
Eduardo Facussé: «Quienes perderán no serán las empresas, pues estas muy probablemente se mudarán a países vecinos, será nuestra población cuando estas oportunidades se muden».
Regímenes de exoneraciones
El primer régimen de exoneraciones que se creó en el país fue el de la Zonas Libres (ZOLI), ley emitida en 1976 y que en aquel momento constituyó la Zona Libre de Puerto Cortés. Esa ley establecía que en dicha zona podrían establecerse y funcionar «empresas comerciales e industriales, básicamente de exportación y de actividades conexas o complementarias, nacionales y extranjeras, bajo el régimen que se establece en la presente Ley».
En el artículo 4 de dicha ley se exonera a las empresas inscritas a ZOLI de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y gravámenes que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación y exportación. Además, se les exime de impuestos y cobros municipales y el cobro de impuesto sobre la renta por ganancias.
Bajo este régimen operan gran cantidad empresas exoneradas dedicadas a diferentes rubros y actividades económicas como las maquilas, call center, agrícolas, entre otras. De acuerdo con un estudio realizado de las zonas libres en Latinoamérica, en 2018 había 600 «zonas francas» establecidas en la región, albergando más de 13.000 empresas. En ese documento se registra que en Honduras hay 39 zonas francas que albergan 289 empresas.
Las empresas que se encuentran bajo el régimen de Zonas Libres están exentas del Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto sobre los combustibles —que para el resto de población ronda entre el 30 y 40% del costo— y Derecho Arancelario de Importación (DAI).
En 1984, o sea, hace casi 40 años, se legisló para crear el Régimen de Importación Temporal que permite la importación de materias primas, mercancía semielaborada y maquinaria sin pago de impuestos del ISR y el DAI. La justificación fue aumentar las exportaciones con el perdón fiscal. En el decreto del régimen se solicita «una declaración jurada, en la cual, hará constar el uso que se haya hecho de todos los bienes importados durante cada semestre bajo este mecanismo de importación temporal, lo mismo que la información relativa al valor, cantidad, clase o tipo y destino de los bienes exportados».
Otro de los regímenes es el de Energía Renovable que empezó en el 2007, cuando el presidente de la República era José Manuel Zelaya Rosales y el presidente del Congreso Nacional era Roberto Micheletti. Entre los incentivos aparecían la exoneración del ISV, el ISR y el pago de todos los impuestos, tasas y aranceles para aquellos equipos relacionados a la generación de energía renovable. Este régimen tuvo reformas en el 2013 y 2020. Aunque no todas las empresas están exoneradas de todos los impuestos contemplados, en el portal de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) hay 753 registros adheridos al régimen. En 1994, durante la administración de Rafael Leonardo Callejas se creó el Régimen de Energía Térmica, en el cual los beneficiarios no pagan ISR, impuesto al combustible y derecho arancelario.
También en el 2006, cuando gobernaba Zelaya Rosales, el Legislativo creó Zolitur con el propósito de impulsar el turismo en las Islas de la Bahía que tuvo reformas en el 2011, 2012, 2013 y 2021. Los registrados al régimen, que pueden ser empresas o personas naturales, están exonerados de pagar el ISR, ISV, Impuesto al combustible y el derecho arancelario. En el 2017 se emitió la Ley de Fomento al Turismo que contiene básicamente las mismas exoneraciones que ZOLITUR, excepto el (ACPV).
Otro de los regímenes es el de las Alianzas Público Privadas. Bajo este esquema entraron a operar proyectos como el corredor logístico, que une San Pedro Sula y Tegucigalpa, Siglo XXI, Palmerola Airports y el Centro Cívico Gubernamental. En estas obras el Estado fue un gran inversionista, pero después, el bondadoso benefactor, eximió a los socios privados de pagar ISR, ISV, ACVP y el derecho arancelario de importación.
Hay un régimen orientado a las empresas agroindustriales que fue establecido en el 2006 a través del cual las empresas agroindustriales se exoneran del pago del ISV por concepto de importación o compra local de maquinaria, equipos y materiales de riego, sistema de riego para agricultura, material de limpieza industrial, empaque y envases, que intervienen directamente en el producto agroindustrial final comercializable. En el 2012, se dio un régimen especial a la industria de los call center, sector que se dedica al proceso de tercerización de distintos tipos de servicios que hacen las empresas.
A través de una solicitud de información, Contracorriente tuvo acceso a los montos exonerados por régimen en el año 2021 y parte del 2022 (para 2023 no se cuenta con datos sobre las exoneraciones del ISR).
El régimen que más gasto tributario generó para el Estado fue el de Zonas Libres, por el cual, 292 empresas en el 2021 y 276 en el 2022, dejaron de pagar 3, 293 millones de lempiras. En un análisis realizado por el Gobierno, del período 2016-19 se refleja que 348 empresas fueron exoneradas anualmente de un promedio de 4,700 millones de lempiras, por lo que en cuatro años solo este régimen generó un gasto tributario de 19 mil millones de lempiras. La SEFIN asegura que en ese período 92 empresas obtuvieron exoneraciones por montos mayores a lo que exportaban.
Bajo el régimen de las APP, entre 2021 y 2022, se exoneró a 11 empresas de pagar un poco más de 1,490 millones de lempiras. Con el decreto de bienes y servicios exento, se le eximió de pagar únicamente a tres empresas la cantidad de 1,816 millones de lempiras. De acuerdo con el portal de la Sefin, las tres empresas exoneradas con este régimen en 2021 y 2022 son Comercial Laeisz, Rentas Americas Honduras, SA de CV y la térmica Luz y Fuerza de San Lorenzo S. A. de C.V. (LUFUSA), que pertenece a la familia Kafie.
En el mismo período, entre 2021 y 2022, las empresas adheridas al régimen para incentivar la producción de energía renovable, fueron dispensadas con un poco más 2,267 millones HNL, según la información enviada por la SEFIN a Contracorriente. En total, fueron 124 empresas –64 en el 2021 y 60 en el 2022– las que gozaron de estos beneficios. Curiosamente, más del 50 % del porcentaje de las exoneraciones para la producción de energía limpia—alrededor de 1,382 millones de lempiras– se le dispensaron a estas empresas en el impuesto por combustible.
Datos proporcionados por el Gobierno actual indican que entre 2009 y 2022 se crearon 6 regímenes nuevos de exoneraciones fiscales, además, la información indica que se ampliaron 11 beneficios ya existentes en regímenes ya existentes.
En los 13 años antes mencionados, el Estado dejó de percibir 451, 000 millones de lempiras en exoneraciones y exenciones fiscales, según información de la SAR, que también indica que el 98 % de las exoneraciones se concedieron al 20 % más rico del país. El 80 % más pobre de la población apenas recibió un poco más de 1 % del monto que fue exonerado. Desde el Gobierno se menciona que entre 2019 y 2021, 25 grupos económicos concentraron más de la mitad (50.59%) del monto total de exoneraciones a través de 137 empresas.
Información compartida por el Gobierno indica que entre 2009 y 2022, el Estado dejó de percibir 451.000 millones de lempiras en exoneraciones.
En su disertación ante los medios de comunicación, el director ejecutivo del COHEP, Armando Urtecho, pidió que si habían empresas que habían hecho uso indebido de las exoneraciones que se las exhiba y sancione, pero que no se condene a todo el sector.
Por su parte, el economista Rafael Delgado Elvir dijo a este medio que Honduras debe crear un sistema tributario que se base en principios de eficiencia y justicia y lo que tenemos en este momento no es un sistema que responda a esas condiciones, «empezando porque la tributación que descansa sobre el ISV que es un impuesto que grava los artículos que uno consume y no hace diferencia de rico o pobre, lo pagamos todos por igual».
Delgado destacó que el ISR, que es un impuesto que grava según ganancias o propiedades no es tan importante, como el ISV y sostiene que por eso se califica al sistema tributario hondureño como regresivo, «que castiga proporcionalmente más a los que tienen menos ingresos».
Días antes de la publicación de la propuesta, el presidente del Cohep, Mateo Yibrín, respondió a las perspectivas de recaudación que tiene el Gobierno, que menciona que se dejan de percibir casi 60.000 millones de lempiras por las exoneraciones y con esto hay una acentuación de privilegios: «Ese es un discurso de este y anteriores gobiernos, de los 49,755 millones HNL registrados en 2021, L18,015.2 millones son incentivos para las empresas y 28,479 millones HNL son exenciones, que favorecen a los consumidores, con lo cual los referidos “privilegios” son un 36 % del gasto tributario, que tiene un retorno social y productivo, pues facilitan inversiones, producción, exportaciones, empleo y otros impuestos al gobierno y alcaldías», dijo el dirigente empresarial.
La reunión que crispó los ánimos con el sector privado
En la reunión entre los representantes del gobierno y el COHEP, el ministro Ochoa dijo que en 12 años se habían otorgado en exoneraciones por más de 451.000 millones de lempiras y que de no haber existido esos beneficios no tendríamos deuda pública, «el objetivo del proyecto es, por lo tanto, revertir este sistema de privilegios que poco beneficio le han traído el pueblo hondureño y crear en su lugar un sistema tributario justo y nuevos regímenes de exoneraciones que efectivamente estén vinculados a la contraprestación social y económica que recibe el pueblo que es el empleo».
El Cohep mostró su posicionamiento en contra del proyecto de reforma tributaria en una conferencia de prensa en la que Armando Urtecho, director ejecutivo de la organización, manifestó que jamás se han opuesto a la revisión de las exoneraciones y exenciones y que los gobiernos «quieren poner en la mente del hondureño que el sector privado se ha aprovechado en perjuicio de la población, eso es lo que han querido hacer, lo que pasa que no lo dicen de esa manera, no lo dicen porque son cobardes y saben que nosotros le podemos responder», dijo.
Urtecho manifestó que la propuesta del Gobierno, «[…] es peligrosa. Creemos que debemos ser serios y responsables al analizar este proyecto de justicia tributaria que no tiene nada de justicia». El representante empresarial pidió hacer un estudio serio y responsable y manifestó que no es «con sangre en las declaraciones no se van a corregir las cosas, es con estudios técnicos. Les llamamos a que estudien, a que revisen y a que no traten como enemigo al sector privado porque es lo que parece en las declaraciones de los funcionarios últimamente».
Las declaraciones del director ejecutivo del Cohep fueron más allá respecto a la intención del Gobierno de aprobar un proyecto de reforma tributaria, según dijo es más fácil establecer un decreto que diga «se prohíbe la inversión privada en Honduras, hacer por decreto: cúmplase. Tienen las empresas tantos días para desaparecer”, así como lo hicieron en Nicaragua».
La propuesta provocó la reacción de la embajadora estadounidense Laura Dogu quien manifestó en un evento en Tegucigalpa su preocupación «por el impacto que tendrá la nueva Ley de Justicia Tributaria en la creación de empleo y crecimiento económico». La diplomática consideró que la propuesta gubernamental no solo alejará nuevas inversiones, sino que podría provocar que las existentes se vayan a otro país. En contraste, destacó los esfuerzos para reducir los abusos provocados por los privilegios fiscales.
«Es más fácil hacer un decreto que diga: “se prohíbe la inversión privada en Honduras, hacer un decreto: cúmplase. Tienen las empresas tantos días para desaparecer”, así como lo hicieron en Nicaragua». Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep
Inversiones, empleo y presupuesto
El presidente de Cohep, Mateo Yibrín, afirmó que cualquier reforma fiscal que sea manejada de manera secreta afectará la atracción de inversiones y generará incertidumbre, ya que del programa de inversiones para en el triángulo norte de Centroamérica solo entre el 5 % y 10 % de las inversiones está llegando a Honduras y con esto se deduce, añadió, que el clima de negocios en Guatemala y El Salvador es mejor que en el país. «Debemos hacer las reformas que permitan mejorar nuestro clima de negocios y la imagen de Honduras como destino de inversión», recalcó.
Para el economista Rafael Delgado hay un «problema terrible»en ese proceso de la captación de inversiones y no es solamente en Honduras, también en otros países, especialmente los centroamericanos y es que dan incentivos fiscales «como un anzuelo para atraer inversión extranjera».
Delgado explicó que los desafíos para captar inversiones a nivel mundial hacen a algunos países caer en una espiral, pues luego viene otro país y hace lo mismo, después el vecino ofrece aún más beneficios hasta que «caemos en una competencia perversa donde cada vez más se conceden exoneraciones fiscales más profundas con la intención de captar algo de la inversión, pero ese proceso es fatal para la finanzas públicas y economía de un país», sentenció.
Dijo además que a los inversionistas incluso se les ofrece otros beneficios como subsidios escondidos, pues a veces se congelan los salarios, se devalúa la moneda, entre otras medidas. En Honduras, por ejemplo, el salario mínimo del obrero de maquila, es el más bajo en la clasificación por sectores.
Delgado manifestó que en las grandes economías del mundo también hay exoneraciones, pero que se hacen de forma muy cuidadosa y dirigida a unos sectores que se desean promover sin poner en riesgo a toda la situación fiscal y todo el contexto económico del país, «nosotros hemos abusado de esa herramienta y creo que eso debe pararse».
La reforma tributaria propuesta por el Gobierno puede ligarse a la interrogante de cómo hará el Gobierno para financiar el Presupuesto General de la República para el 2023, en la cual, para el Cohep y otros sectores, la expectativa de ingresos está sobreestimada.
Mateo Yibrín explicó que en el Cohep se consideró que en la proyección de ingresos tributarios estimada para 2023 se fijó en una cifra de L144,000 millones, la cual indicó le parece «exagerada» tomando en consideración el histórico de los ingresos y el crecimiento de la economía en 2023, dados los efectos que «podríamos» tener, derivados de la recesión anunciada en nuestros principales mercados. «Las exoneraciones están más ligadas a la voluntad política del gobierno y los incentivos, dependerán del ritmo de la actividad económica», dijo.
El presidente del Cohep añadió que en el sector privado se ha insistido mucho en la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción; si se hace, «el Gobierno dispondrá de más fondos para atender los programas sociales y necesidad de inversiones productivas; además, el gobierno debe centrarse más en la reducción de gasto corriente donde los sueldos y salarios ya sobrepasan los 67 mil millones de lempiras solo para la administración central en lugar de generar nuevas cargas para las empresas y los ciudadanos».
Al hablar sobre la corrupción, el diputado Barrios mencionó que en lo que va de Gobierno no han tenido denuncias de corrupción, aunque reconoció que eso no quiere decir que no haya, afirmó que viene la elección del Fiscal General este año, pero que el gran salto se dio eligiendo la Corte Suprema de Justicia. «El país va avanzando, vamos a elegir Tribunal Superior de Cuentas, esperamos cerrar este ciclo que contribuye a la lucha contra la impunidad con la llegada e instalación de la CICIH».
Rafael Delgado, afirmó que una vez reconocido que una reforma diseñada con amplios consensos es necesaria, también hay que pedir un plan para el mejoramiento en la calidad de la inversión y el gasto, «porque no le vamos a dar al Gobierno más dinero, con argumento de vamos a eliminar la injusticia tributaria, para seguir gastando y despilfarrando dinero, toda reforma tributaria debe ir atada a con resultados en el mejoramiento de la calidad del gasto y la inversión en el país, sino con la excusa de combatir la desigualdad le vamos a entregar más dinero al Gobierno para que lo despilfarre».
