El Partido Libre y el Partido Nacional coincidieron en 12 candidatos para conformar una nueva Corte Suprema de Justicia en los tres intentos que hubo para su elección. Los que más llamaron la atención fueron Anny Ochoa, de afiliación nacionalista, y Milton Jiménez Puerto, un exfuncionario cercano al ex presidente Manuel Zelaya pero cuya afiliación pública es con el Partido Liberal. Ambos con tachas y denuncias que ponen en duda su integridad.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera
Con reportes de Jennifer Ávila y Celeste Maradiaga
Milton Jiménez Puerto y Anny Ochoa tienen varias cosas en común: coinciden en las propuestas nominativas presentadas respectivamente por la bancada oficialista y por el Partido Nacional para integrar la nueva Corte Suprema de Justicia y también coinciden en que ambos fueron denunciados en el proceso previo a su nominación como candidatos, entre los dos sumaron un total de 15 denuncias y tachas interpuestas por instancias de la sociedad civil que fueron desestimadas por la Junta Nominadora.
Además, Jiménez Puerto y Anny Ochoa podrían ser considerados magistrados «bisagra» por ser propuestos por las tres fuerzas políticas más importantes en el Congreso Nacional y permitir consensos para inclinar la balanza en decisiones judiciales clave. La elección de este tipo de magistrados puede influir en las acciones penales que se podrían dar con una posible llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), por ejemplo.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) incluyó a ambos en un informe de perfiles ciudadanos que solicitó la Junta Nominadora y describe acciones irregulares o relacionadas con cualquier tipo de acto de corrupción de 53 de los 105 postulantes que participaron en la segunda etapa del proceso.
Anny Ochoa incluso fue incluida en una lista de candidatos que la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) no apoya, según ellos por ir en contra de su aspiración de una Corte «libre de injerencias externas que históricamente han degenerado el objetivo principal de las instituciones democráticas».
Ochoa también fue incluida en una carta pública del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en la que nombran a abogados y abogadas que según ellos están «vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos».
Contracorriente accedió a una serie de informes relacionados con las denuncias que fueron presentadas en su contra, entre ellas, una relacionada al caso de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, en la que se demuestran las omisiones que cometió en favor de la abogada Ingrid Monzón – otra candidata a magistrada que no pasó del proceso de nominación – que intentó influir en las medidas de prisión asignadas a Bonilla.
Rosa Elena fue liberada ayer por la resolución de un recurso presentado para cambiar la medida de prisión por arresto domiciliario.
Mientras tanto, Milton Jiménez Puerto, quien ha demostrado ser cercano al expresidente Manuel Zelaya y es presentado como candidato del Partido Liberal para integrar la Corte, parece tener el camino allanado hacia la magistratura a pesar de que arrastra una serie de infracciones a la ley y señalamientos del CNA. Incluso la Embajada de los Estados Unidos en Honduras en un cable emitido el 16 de enero de 2008 lo señala como la causa del desprestigio que sufrió la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno del Poder Ciudadano dirigido por Manuel Zelaya.
Lo más reciente es que en 2022, Puerto brindó servicios legales a la empresa Astropharma, involucrada en un escándalo de corrupción en el país, y desde finales de 2015 tiene relación con Juan Antonio Piedras Sanz, quien hasta marzo de 2022 era socio mayoritario de la empresa. Los acusados y procesados judicialmente por este caso fueron recientemente sobreseídos como parte de las últimas decisiones de una Corte Suprema señalada por favorecer la corrupción en el país.
Milton Jiménez Puerto se negó a dar una entrevista a este medio para explicar estos vínculos con actores involucrados en corrupción, y aseguró que nunca brindaría servicios o representaría a Astropharma y que es falsa cualquier vinculación entre él y los actores antes mencionados. Contracorriente encontró documentos de estas empresas que confirman que sí han estado relacionados.
Milton Jiménez, el ex funcionario del Poder Ciudadano que aspira a liderar la Corte
Cuando en febrero de 2022 varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya iniciaron el proceso legal para beneficiarse de la amnistía que otorgó el Congreso Nacional, Milton Jiménez Puerto se presentó en los juzgados de letras de Tegucigalpa para representar a Enrique Florea Lanza, ex secretario de la presidencia del gobierno del Poder Ciudadano, quien en ese momento todavía era prófugo de la justicia al haber sido acusado por 11 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado, algo que él catalogó como persecución política por ser parte del gabinete del presidente depuesto por un golpe de Estado.
Puerto también había sido señalado por diversas irregularidades en las instituciones que lideró en ese mismo gobierno y en su momento fue investigado, pero al final no fue requerido judicialmente. El 25 de febrero de 2022, cuando Flores Lanza recibió una de las cartas de libertad, aseguró a medios de comunicación que ahora sí se estaba «iniciando el proceso de reconciliación nacional».
Aunque Puerto mantiene un vínculo estrecho con el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, ha sido mencionado como un candidato que respondería a intereses del Partido Liberal en la Corte Suprema, y en ese sentido, Mario Segura, jefe de bancada de ese partido y Rafael Sarmiento, jefe de bancada de Libre, declararon en medios de comunicación que la simpatía de Puerto era por la institución rojo y blanco, y que incluso había votado por ellos en las últimas elecciones.
Pero los señalamientos hacia Puerto van más allá de su ambivalencia partidaria. El CNA apuntó que Milton Jiménez Puerto «ha defendido los intereses» de la empresa JACKALS, en la que figura como presidente el español Juan Antonio Piedras Sanz a quien en marzo de 2015 la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en España investigó por un caso de lavado de activos en el Banco de Madrid y su casa matriz Banca Privada Andorrana.
Contracorriente verificó en documentos del registro mercantil que el bufete de Milton Jiménez ha brindado servicios legales a JACKALS al menos desde septiembre de 2015, apenas unos meses después de que se hicieron públicas las investigaciones de la Sepblac.
Hasta marzo de 2022, Piedras Sanz también figuraba como socio mayoritario de la empresa Astropharma, acusada por el Ministerio Público de Honduras por la venta irregular de medicamentos al Estado. Las acusaciones en contra de los implicados en ese caso llegaron hasta la ex vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez y su familia, quienes mantenían una relación de hecho con la empresa, según una investigación publicada en Contracorriente.
Finalmente, el 7 de marzo de 2022, Piedras Sanz traspasó sus acciones al abogado Olman Rolando Zapata Tinoco, quien hasta ese momento figuraba como representante legal de Astropharma. Dicha operación fue firmada por Carlos Zamora, secretario del Consejo de Administración y ex gerente general, quien también fue acusado por la fiscalía por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos. Todo esto se realizó ante los oficios del abogado, notario y ahora candidato a magistrado de la Corte Suprema, Milton Jiménez Puerto.
El 31 de enero, en medio de las negociaciones de los partidos políticos para elegir una nueva Corte, la Sala de lo Penal de la CSJ ratificó la resolución absolutoria a los 14 implicados en el caso Astropharma, entre ellos Carlos Zamora y la ex diputada Lena Gutiérrez.
Sumado a los señalamientos del CNA en su informe, la Junta Nominadora recibió tres denuncias en contra de Jiménez Puerto, las primeras dos relacionadas con su accionar administrativo mientras titulaba la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Banca y Seguros. La otra denuncia apuntaba a que «en diversas fechas y ocasiones durante su trayectoria profesional [Jiménez Puerto] se ha visto involucrado en problemas, tanto a nivel nacional como internacional, con las fuerzas de seguridad y orden en vista de infracciones a la ley de tránsito y desacato a la autoridad, lo que ha concluido en escándalos públicos sobre su actuar».
Sobre estas denuncias, Jiménez Puerto argumentó en su defensa que no tenía ningún tipo de responsabilidad por presunción de enriquecimiento ilícito y que «los problemas con fuerzas de seguridad» se debieron a detenciones arbitrarias, argumentos que fueron aceptados por la Junta Nominadora para el descargo de las acusaciones.
Una de esas ocasiones en las que Jiménez Puerto estuvo involucrado en altercados públicos fue en la víspera de año nuevo de 2007 cuando todavía era ministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese momento, circuló un video en el que se le identifica en estado de ebriedad, tirado en el suelo, intentando escapar de la custodia de un agente policial. A pesar de que Jiménez Puerto presentó su renuncia ante el ex presidente Zelaya tras la difusión del video, no terminó su vínculo con el gobierno ya que pasó al cargo de asesor legal de la presidencia, el mismo puesto que en la actual administración ocupa Enrique Flores Lanza.
Contracorriente tuvo acceso a una serie de cables diplomáticos de la embajada de los Estados Unidos en Honduras, en lo que se evidencia que, en 2008, tras la renuncia de Jiménez Puerto, esa embajada manifestó satisfacción por su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su entonces sustitución por Edmundo Orellana, quien actualmente ocupa el cargo de ministro de la Secretaría de Transparencia del gobierno de Xiomara Castro.
El extracto de la comunicación diplomática cita que «el exministro de Gobernación Orellana es muy conocido y respetado tanto por la diplomacia como por la comunidad internacional. Anteriormente se desempeñó como Embajador de Honduras en las Naciones Unidas y como el primer fiscal general de Honduras. Es independiente y no necesariamente se doblegará a la presión del presidente, pero Zelaya parece estar listo para aceptar esto a cambio de aumentar el prestigio de una institución que ha sufrido mucho bajo el mandato de Milton Jiménez Puerto. Los diplomáticos de carrera se quejan de que la Secretaría de Relaciones Exteriores está llena de cientos de activistas que no tienen títulos ni experiencia, lo que perjudicó su reputación a nivel internacional. Esto disminuyó su reputación, junto con el video de YouTube de Jiménez golpeando a la policía en un estupor ebrio, hizo obvio que se necesitaba un cambio».
Tras este altercado, en 2008 Jiménez Puerto fue arrestado en Estados Unidos por «conducta indebida» en un incidente en una autopista en Miami, Florida; según los informes, Jiménez Puerto iba de copiloto hacia el aeropuerto de esa ciudad cuando les detuvo la policía por una infracción de tránsito, tanto él como la conductora se conducían en estado de ebriedad y se resistieron sin violencia por lo que fueron detenidos por nueve horas y pagaron una multa. Además, en 2013 también fue retenido en ese país por posesión ilegal de armas. En todas estas ocasiones logró salir bien librado pagando multas o a través de sobreseimientos definitivos. Ante la Junta Nominadora, Jiménez Puerto argumentó que los altercados con la policía se deben a detenciones arbitrarias y que ha sido objeto de la brutalidad policial debido al ejercicio de su función pública.
Jiménez Puerto también tiene antecedentes de trabajo con organizaciones de derechos humanos, en particular ha trabajado muy de cerca con el Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh), quienes también lo representaron ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por un caso de secuestro, prisión ilegal y tortura ejecutada por elementos de las Fuerzas Armadas en 1983.
Berta Oliva, directora del Cofadeh, explicó que Milton Jiménez ha sido un colaborador constante en su organización, asesorándolos en diversos temas. Además, apuntó que si él o la abogada Sonia Dubón, cuestionada por su relación con el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, resultan electos como magistrados o incluso presidentes del Poder Judicial, apoyarán su función pública ya que, según ella, tienen mayor claridad que otros candidatos en el tema de derechos humanos.
Sobre los incidentes de violencia y altercados con la policía, Berta Oliva explicó que hay varios factores que no se consideran al juzgar estas acciones; en primer lugar aseguró que nadie puede estar feliz si es víctima de una detención arbitraria mientras es un alto funcionario del Estado, por lo que apunta que estos acontecimientos fueron provocados con la idea de desprestigiar al «blanco más débil» del gobierno del ex presidente Zelaya mientras era amenazado previo al golpe de Estado. También aseguró que el comportamiento del ahora postulante a la Corte, tiene que ver con el trauma de las personas que fueron víctimas y sobrevivieron a la política de seguridad represiva y violatoria de los derechos humanos que se instauró en toda la región en la década de los ochenta.
«Es parte del estigma que le colocaron desde hace mucho tiempo a Milton Jiménez y a los que lograron sobrevivir aquella época, usted cree que alguien que viene de una reunión de noche y que lo estén esperando como en una encerrona militares y policías de su mismo gobierno, que lo enchachen y le hagan lo que le hicieron va a estar feliz. Esto era parte de toda la estrategia para descalificar a los ministros del gobierno de Zelaya», explicó la defensora de derechos humanos.
Berta Oliva también apuntó que estas consideraciones «no quieren decir que Milton no pueda tener y no tenga relaciones con los grupos de poder económico, con los grupos de poder fácticos, no, yo no puedo decir que no las tenga».
Además, justificó que Jiménez Puerto es un «abogado exitoso» y que no tiene una pensión para vivir sin trabajar, y que «si es representante de grupos económicos no es porque sea un mal abogado, es porque necesitan de su sapiencia».
Por otro lado, según Jessica Isla, analista y defensora de derechos humanos, para el aspecto específico de los derechos de las mujeres que se definen en la Corte Suprema de Justicia, es preocupante que Jiménez Puerto sea electo como magistrado ya que, desde sus altercados pasados hasta las entrevistas en el proceso de nominación, ha demostrado no ser un candidato idóneo.
«Milton es una persona que ha demostrado ser violenta, en público ha agredido a otros servidores públicos y en la entrevista que le hicieron para el proceso de nominación le preguntaron cómo procedería si tuviera un empleada que es acosada sexualmente por otro empleado, entonces él dijo que le llamaría para conciliar, entonces desde ahí le está diciendo cuál es su postura alrededor de los derechos de las mujeres», apuntó Isla.
Jessica Isla explicó que si este candidato es electo para presidir el Poder Judicial o si solo se convierte en magistrado, es un mal mensaje ya que implica que hombres violentos que incluso han sido arrestados por agresión y escándalo público pueden llegar a esos puestos de poder.
Isla también argumentó que «preocupa a nivel político porque sabemos que durante el gobierno de Zelaya él fue una de las manos derechas, pero ahora aparece por el Partido Liberal, entonces uno se plantea si es una estrategia de Libre para conseguir también más apoyo metiéndolo en otro partido, es como un tener un caballo de Troya».
La analista también recordó que mientras Jiménez Puerto era ministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, organizaciones de sociedad civil buscaron su apoyo para impulsar una ley para combatir la trata de personas en el país; sin embargo, el ex funcionario les mintió reiteradamente y finalmente les ignoró.
El 25 de enero, Contracorriente consultó a la doctora Ligia Ramos, diputada del PSH, sobre la nominación de Jiménez Puerto considerando que ellos habían anunciado una lista de los candidatos que no apoyan y en la misma no aparecía el nombre del ex funcionario. En ese momento Ramos aseguró que no votarían por Puerto.
«Lo de Milton Jiménez Puerto pues es una persona que no la tenemos en rojo, pero no es una persona idónea para nosotros. Sí tenemos una lista de personajes idóneas que no la vamos a compartir en este momento porque yo creo que eso se debe llevar a la mesa de consenso aquí en el Congreso Nacional para poder salir con una nómina» apuntó Ramos. Una semana después, la misma congresista acudió a una conferencia de prensa en la que el coordinador del PSH y designado presidencial Salvador Nasralla anunció que Jiménez Puerto era uno de los candidatos que integraban su nómina para magistrados de la Corte.
El diputado Tomás Ramírez, jefe de la bancada del PSH en el Congreso Nacional, dijo a Contracorriente que esta decisión se tomó a raíz de que tres partidos políticos están interesados en él como candidato y cree que «la nueva Corte debe ser integral con todos los partidos siendo parte».
El abogado Jiménez Puerto se negó a responder cualquier pregunta que le hizo este medio relacionada con las denuncias que recibió la Junta Nominadora, o sobre sus relaciones con Juan Piedras Sanz y Astropharma.
Anny Ochoa y los conflictos del Partido Nacional
La bancada del Partido Libre integró su propuesta nominativa, presentada dos veces ante el Congreso Nacional, con varios candidatos del Partido Liberal y del Partido Nacional, entre ellos la abogada Anny Ochoa.
Ante esto, la diputada María Antonieta Mejía le aclaró a Contracorriente que la primera nómina del 25 de enero no había sido consensuada con la bancada del Partido Nacional pero que los créditos de la abogada Ochoa para ocupar una magistratura en la Corte Suprema eran innegables.
«No se puede desconocer que Anny Ochoa es una mujer de partido que tiene su corazón azul. Cada uno de los candidatos tiene su ideología, pero también consideramos que ella tiene las competencias para tomar ese cargo. Queremos darle la oportunidad a mujeres de relevancia como ella que puedan hacer su trabajo con respeto a las leyes y temor a Dios para que su accionar sea enfocado de la manera correcta», apuntó Mejía sobre la nominación a la abogada.
Ochoa fue la postulante que más tachas o denuncias tuvo durante el proceso de selección, que fueron 12 en total; sin embargo, la Junta Nominadora las desestimó todas, a pesar de que sí admitió al menos una de las responsabilidades que la implican en un mal procedimiento cuando fue supervisora general del Poder Judicial. Esa admisión de responsabilidad no implicó que Ochoa fuera descartada de la lista de candidatos.
En junio de 2019, la abogada Ilia Rivera, inspectora de juzgados y tribunales, remitió a la oficina de Ochoa un informe de investigación por una denuncia en contra de la abogada Ingrid Monzón, quien fue postulante en el actual proceso de selección de candidatos a la Corte Suprema y en ese entonces era magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán.
En dicha denuncia se describía cómo Monzón intentó influir en la decisión de sus compañeros magistrados en el caso de revisión de medidas de prisión para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, quien cumple una condena en la cárcel por los delitos de apropiación indebida y fraude y estaba solicitando prisión domiciliaria. La razón de estar a favor de Bonilla, según la denuncia presentada por los magistrados, sería una relación sentimental que Monzón habría tenido con el abogado Julio Cesar Ramírez Mejía, defensor representante de la ex primera dama de la nación.
Dicha relación era desconocida por el resto de los compañeros magistrados que deliberaban sobre la solicitud de cambio de medidas, pero tras la renuncia del abogado Ramírez de la defensa de Bonilla y el retiro de la abogada Monzón del Tribunal y su traslado como magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, los magistrados del Tribunal se dieron cuenta del conflicto de interés y entendieron la insistencia de Monzón por influir en la decisión.
La denuncia de los magistrados fue interpuesta ante la inspectora de los juzgados y tribunales quien remitió la misma hasta la supervisora general del Poder Judicial, quien es la instancia máxima de decisión en ese tipo de casos y que ocupaba en ese momento Anny Ochoa.
En su resolución sobre el caso para juzgar si Monzón había cometido irregularidades en perjuicio de la administración pública, Ochoa dio «el beneficio de la duda» a la abogada Monzón considerando que previo a su salida del Tribunal no había evidencias públicas suficientes para demostrar su relación sentimental con el abogado Ramírez Mejía.
En el proceso de selección de la Junta Nominadora también fueron denunciados estos hechos, y la abogada Monzón defendió su posición argumentando que «la situación que ha suscitado no está acorde a los ejemplos de comportamiento y no se genera una apariencia de independencia e imparcialidad, de tal suerte que exista confianza ciudadana en que ella impartirá adecuadamente justicia».
Por otro lado, aunque Anny Ochoa también fue denunciada ante la Junta Nominadora por emitir un dictamen favorable para Monzón, se declaró sin lugar la denuncia en su contra justificando que «aunque la resolución [emitida por Ochoa en favor de Monzón] tiene un razonamiento contradictorio por cuanto señala que cualquier observador razonable podría considerar que la conducta de la abogada denunciada (Ingrid Monzón) podría ser reprochable, pero a renglón seguido la exonera de cualquier responsabilidad. Y también resulta de análisis que estas reiteradas denuncias pueden señalar que existe una falta de diligencia de la abogada postulante, sin embargo estas son situaciones que pueden ser analizadas en la matriz de evaluación técnica de este proceso de selección».
Finalmente, Ochoa resultó ser la octava mejor calificada de las 23 candidatas finales en todo el proceso de nominación.
El MADJ también mencionó a Anny Ochoa en un listado enviado a los jefes de todas las bancadas políticas en el Congreso Nacional de candidatos reprobables en este proceso por estar «vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos».
En relación con la candidatura de Anny Ochoa, Víctor Fernández, coordinador del MADJ, le dijo a Contracorriente que «es una persona con claros vínculos con los actores políticos de la última década, es la representación más clásica del gremio de los abogados y abogadas de este país que están al servicio de la podredumbre del país que han servido de pasador de todos los desastres institucionales de este país, de hecho por eso está en esos cargos que tiene en el Poder Judicial. Tiene una carrera de sometimiento y servilismo que es inocultable».
Entre las 12 denuncias que recibió Anny Ochoa, también se encontraba una relacionada con un familiar cercano de Antonio Rivera Callejas– diputado nacionalista que actualmente cursa su cuarto periodo como congresista– involucrado en el caso de corrupción «Pacto de Impunidad» que presentó en 2017 la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC-MP), en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La denuncia que presentaron ante la Junta Nominadora describe que la abogada Ochoa siendo jueza de la niñez dictó un fallo en agosto de 2012, en donde no atendió un proceso investigativo mandatorio en el caso de la niñez y omitió informar al Instituto Hondureño de la Niñez y Adolescencia (IHNFA) concediendo así la adopción irregular de una menor en riesgo social a una pareja que se describe en la denuncia como de «alta posición política y económica en Honduras».
Un amplio expediente del caso al que Contracorriente tuvo acceso de forma confidencial describe que dos ciudadanos españoles residiendo en Honduras presentaron una demanda el 13 agosto de 2012 ante el Juzgado Segundo de Letras de la Niñez de Francisco Morazán, alegando que, a pesar de haber cumplido todos los requisitos de ley, fueron excluidos del proceso de adopción de una menor cuya madre ellos habían apoyado en su proceso de embarazo y quien ya había manifestado querer darles en adopción a la niña. Dicha exclusión fue a causa de una denuncia anónima que dejó a ambos como candidatos no idóneos para la adopción.
En cambio, se vieron beneficiados con la adopción de la niña el hermano del diputado Nacionalista Antonio Rivera Callejas, y su esposa; ambos habían apoyado a la pareja española para atender las necesidades de la menor y su madre en Honduras mientras avanzaba el proceso de adopción; sin embargo, según consta en los documentos, la pareja hondureña se encariñó con la menor y decidió empezar el proceso para convertirse en su familia sustituta llevándola a su casa y cuidándola durante diez meses sin autorización del IHNFA.
El expediente del caso al que Contracorriente tuvo acceso contiene un correo electrónico entre dos religiosas que eran parte de la casa hogar en el que la madre de la niña, una mujer de 26 años de escasos recursos, se refugiaba durante su embarazo. Dicha comunicación describe que el diputado Antonio «Toño» Rivera Callejas fue uno de los principales gestores de la adopción cuando se dio cuenta que la jueza que llevaría el caso era «amiga de su familia».
La denuncia que se presentó ante la Junta Nominadora alegó que no se llevó a cabo una investigación exhaustiva que determine la relación entre ambas familias, y señala las irregularidades considerando que estaba involucrada una familia de poder económico y político con el potencial de influir en el fallo emitido por la jueza Anny Ochoa. La Junta desestimó esta denuncia argumentando que la abogada emitió una resolución sobre una medida provisional y no sobre la adopción, por lo que consideran que dicha medida se desarrolló en el marco de la legalidad y «en beneficio de la menor».
Buscamos a la abogada Anny Ochoa para que respondiera a los señalamientos y la relación que tiene con altos dirigentes del Partido Nacional pero no contestó a ninguna de nuestras comunicaciones.
Sobre los candidatos que arrastran antecedentes vinculados a la corrupción y a los grupos de poder en el país, el abogado Víctor Fernández señaló que muchos de los que aspiran, y que seguramente serán magistrados, son pésimos funcionarios y son prueba de cómo este tipo de perfiles han hundido al país «en una vergüenza de sociedad e institucionalidad».
Además, apuntó que «a estas alturas que estas personas se hayan filtrado en los candidatos finales de la Junta Nominadora es una vergüenza, me llena de indignación, pero nos da mucha fuerza para denunciar».
